Migración forzada y neofascismo:

A propósito de ‘caravanas’ y paisajes migratorios de control

Jacques Ramírez Gallegos
Publicado en abril 2019 en La Migraña 30
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Introducción

Cada día que pasa nos encontramos con nuevas escenas de terror que dan cuenta de miles de historias de migrantes que intentan llegar a su destino y que se ven impedidos por las prácticas –antiguas y nuevas– de los Estados que refuerzan su enfoque de seguridad y control. Ante el incremento de migrantes a nivel mundial, los Estados han reforzado la idea de la potestad soberana que tienen para controlar y/o regular los flujos migratorios, las admisiones y estancia de los extranjeros en sus territorios.

A esta mirada de seguridad nacional se han sumado visiones que consideran a la migración como un problema de seguridad pública, al interior de los Estados, colocando discursivamente a los migrantes como los responsables de la alteración del orden, la estabilidad, así como de poner en riesgo los servicios sociales públicos como la educación, la salud o alterar el mercado laboral interno. Finalmente, nuevas corrientes han utilizado el calificativo de seguridad humana o seguridad ciudadana que recupera la idea de protección a las personas expuestas a amenazas e incluye la preocupación por los derechos humanos de los migrantes.

La tesis que sostengo es que las políticas migratorias contemporáneas cada vez más cobran fuerza a favor del control y la seguridad nacional y menos para ayudar a los migrantes y la defensa de sus derechos. En otros textos he hablado de la yuxtaposición de enfoques entre derechos y seguridad (Ramírez, 2018a), sin embargo en la nueva fase del neoliberalismo que estamos viviendo planteo –parafraseando a mi colega Eduardo Domenech– que estamos presenciando el surgimiento de políticas de control con rostro (in)humano. Ni las críticas al paradigma de la gobernabilidad migratoria (Geiger y Pécoud, 2010), ni a las teorías de las securitización de la migración (Triviño, 2016) alcanzan para comprender la dimensión que está tomando las políticas migratorias en la actualidad.

Aunque podríamos describir en todo este texto lo que ocurre por varias geografías del mundo, quizá las mas visibles las escenas de migrantes en el mediterráneo y la respuesta de la ‘fortaleza’ Europea, hemos elegido dos paisajes migratorios ocurridos recientemente en nuestro continente con el objetivo de entender que el problema es global y que en América Latina, región donde se habla mucho de derechos humanos, se mantienen las mismas prácticas.

Paisajes migratorios

1. Corredor migratorio Centro América–México–Estados Unidos

Las frecuentes noticias de violencia y muerte que nos llegan desde México, principal país de tránsito del mayor corredor migratorio del mundo, hacen que muchas veces nos olvidemos del drama que viven los migrantes sobre todo provenientes del Triángulo Norte de Centro América (Honduras, Salvador, Guatemala) y el sur de México en su intento por alcanzar no el sueño americano sino en varios casos la reagrupación familiar y salir de la violencia estructural que se vive en dichos lugares (Anguiano y Villafuerte, 2016).

Si bien este corredor migratorio tiene más de cuarenta años, a partir del 2014 las imágenes que nos llegaron de esta zona fueron de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados que trataban de llegar a Estados Unidos pasando por la pesadilla del tránsito. Aquella vez se habló de una ‘crisis de niños migrantes’. La película “La jaula de oro” de Diego Quemada o el material fotográfico de John Moore (Taylor, 2018) retratan magistralmente la peligrosidad de la ruta en la que 106738 NNA migrantes no acompañados fueron detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos entre el 2014 y 2015 (Castañeda, 2016), la mayoría de ellos necesitados de protección internacional (UNHCR, 2014).

Bajo las políticas de externalidad del control, desde el Plan Puebla Panamá impulsado por el ex presidente mexicano Vicente Fox al iniciar el siglo, se establecieron mayores controles en la frontera sur de México para impedir que los migrantes centro y sur americanos lleguen a Estados Unidos. Es por esto que en la frontera sur (en Tapachula) se estableció uno de los mayores centros de detención de migrantes, la llamada Estación Migratoria siglo XXI. A esto hay que sumar la Iniciativa Mérida y la puesta en marcha del Programa Frontera Sur en el 2014, donde se implementaron nuevos mecanismos de control para hacer de México un Estado–Tapón de migrantes. Según Castañeda (2016), las detenciones de migrantes en México desde el inicio del programa Fronteras Sur aumentaron considerablemente llegando a las 93613 detenciones (de julio 2014 a junio 2015) equivalente al 99 % de las detenciones realizadas los dos años anteriores. Si contabilizamos desde enero del 2015 a septiembre del 2018, México expulsó a 436 125 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños (Meléndez, 2018).

La respuesta de Estados Unidos ante este incremento de migrantes fue declarar ‘crisis humanitaria’ mientras la patrulla fronteriza capturaban a dichos migrantes y los encerraba en los centros de detención esperando por su destino: algunos ser deportados a su país de origen y los que corrían con mayor suerte se les otorgaba refugio y se reagrupaban con sus familias.

En el tránsito por México, según el informe de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, los niños detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU (CBP) sufrieron una serie de abusos sistémicos. Los niños describen uso excesivo de fuerza, ser pisoteados, golpeados, pateados, atropellados, electrocutados y ser obligados por los agentes de la CBP a permanecer en posiciones incómodas. También reportan abusos verbales, ser llamados “perros”, “pedazo de mierda”, “hijos de puta” y “prostitutas” y que “contaminan al país”. En las denuncias, los niños describen la falta de comida y agua potable, frías y sucias celdas sin camas adecuadas y la falta de artículos higiénicos. También señalan haber sido amenazados con ser violados o con la muerte, ser obligados a quitarse la ropa al ser interrogados y que los agentes de la CBP los han tocado indebidamente. Todo esto debe ser considerado como formas de tortura practicados en dichos centros de detención (ACLU, 2018).

Para aquellos que logran superar el tránsito, ahora se ven amenazados por la nuevas políticas del huésped de la Casa Blanca que no solo ha ratificado con ampliar el muro que separa Estados Unidos de Latinoamérica (no solo de México), sino con deportar –lo cual ya empezó– entre 2 o 3 millones de migrantes1Vale señalar que en la era Obama se deportaron a 2,9 millones aproximadamente. Castañeda, A. (2017).; limitar el número de personas que entran en calidad de refugios, encarcelar a los que tienen antecedentes penales (que incluye aquellos que cometieron infracciones menores como de tránsito vehicular por ejemplo o infringieron las leyes de migración). Y lo que es aún más brutal, han empezado a rastrear a los padres de los NNA no acompañados, utilizando a los menores para llegar con su paradero, acusándoles penalmente no solo por estar ‘ilegales’ sino de contribuir al tráfico de personas por llevar a sus hijos a Estados Unidos (Ordóñez, 2017). Bajo esta nueva mirada implementada por Trump, los padres de los niños no acompañados también son parte de la red de coyotes y bajo su política de “tolerancia cero” a la inmigración fuimos testigos en el mes de julio de este año de la detención y separación de 2 300 hijos de migrantes de sus padres.

A finales de este año, una vez más sonaron las alarmas en esta región del mundo y nos llegaron las imágenes de la denominada “Caravana Migrante” que partió desde San Padre de Sula, Honduras, el 12 de octubre y que fue creciendo en el camino hasta llegar a México unos 7 000 migrantes incluidos menores de edad. De esta país, donde el 3% de las familias ricas poseen el 80% de los recursos del país, se calcula que migran entre 80 000 y 100 000 al año (Guillamón, 2018). Aunque ya se ha dicho que este corredor migratorio tiene mucha historia y se han visto algunas caravanas en el pasado reciente (y otras después de la primera caravana), no se ha visto ninguna con esta magnitud, con tanta convicción y desesperación, y que al caminar en grupo y medianamente organizados han prescindido de ‘coyotes’ y han escapado (no todos) de la violencia del tránsito y de la industria de la migración clandestina que ocurre cuando viajan dispersos (Durad, 2018; Varela, 2018).

Ante las amenazas de Trump de quitar el apoyo en cooperación económica a los países centroamericanos si dejan pasar la marcha y cumpliendo el rol de México de estado–tapón, vimos como la Policía Federal ponía rejas en el puente del río Suchiate, enviaba helicópteros para patrullar la frontera e intentaba bloquear el paso de los marchantes. Su objetivo no logrado fue disuadir y amenazar con deportar aquellas personas que huyen forzadamente de la miseria, las pandillas, la violencia, los homicidios, el miedo, la corrupción, el extractivismo y el cambio climático que se vive en el Triángulo Norte. Vimos un discurso de odio y racismo en redes sociales frente al paso de caravana por México, pero también vimos muestras de hospitalidad y solidaridad del pueblo mexicano y de organizaciones sociales para ayudar a este éxodo que –mientras termino de escribir estas líneas– están por llegar a la frontera norte…

2. Suramérica

En el espacio suramericano también se habla y se discute actualmente bastante sobre migración, especialmente por el incremento de los flujos desde Venezuela lo que ha provocado que varios países de la región se conviertan en destino y tránsito migratorio. Según Naciones Unidas el número de migrantes venezolanos es de 3 millones de personas2Datos a noviembre del 2018 pero no se indica la fecha de inicio del cálculo. Según (CRIES y Stanley Foundation, 2017) desde que inició el nuevo siglo hasta el 2014 existían 1.5 millones de venezolanos fuera del país., de ellos la mayoría que han salido en los últimos años han tenido como destino un país de Suramérica. En términos porcentuales dependiendo de la fuente utilizada se calcula que entre el 7 y 10 % de la población venezolana ha salido de su territorio.

Una vez más se colocó a este incremento la etiqueta de “éxodo y crisis migratoria” la cual es fruto del grave deterioro de las condiciones de vida a lo que hay que sumar otros elementos que permiten entender las causas estructurales de dicha migración: dependencia del petróleo y de los precios del mercado internacional, un control de cambio que favorece a las mafias importadoras y cambiarias a expensas del Estado, sanciones económicas y financieras internacionales por parte de Estados Unidos, la Unión Europa y Canadá catalogado por el gobierno como bloqueo económico; un aparato productivo nacional en condiciones precarias y unos índices de inflación, desabastecimiento y especulación que someten a muchos ciudadanos de a pie a una situación de precariedad y mal vivir.

Colombia, que en los últimos 50 años ha expulsado migrantes, la mayoría forzados y que constituye el primer país en el mundo con mayor desplazamiento interno (7.2 millones según el último informe del Consejo Noruego para Refugiados, IDMC, 2017) superando a Siria e Iraq, ahora recibe a cientos de miles de venezolanos, muchos de ellos colombo-venezolanos que tiempo atrás llegaron como refugiados o hijos de migrantes colombianos. El gobierno de Colombia, al igual que otros de la región como Perú o Chile emitieron algunas resoluciones o decretos “parche” (permisos temporales/especiales de permanencia) o crearon visas especiales (visa de ‘responsabilidad democrática’) para hacer frente a este flujo, más preocupados en deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro y en captar fondos de cooperación internacional que en defender los derechos de los migrantes y otorgar facilidades de residencia. Se calcula que aproximadamente el 27 % de los migrantes venezolanos que han migrado algún país de Suramérica han obtenido algún permiso temporal de residencia (Ramírez, 2018b). La presencia de venezolanos en varios países de la región ha provocado rechazo, xenofobia y la percepción de incremento de inseguridad.

En otros países como en la Argentina reforzaron su enfoque de control migratorio y vuelven a meter el miedo como forma de hacer política. La publicación del Decreto de Necesidad Urgente (DNU 70/2017) emitida por Mauricio Macri estableció impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes, aceleró los trámites de expulsión, eliminó la unidad familiar como condición para evitar la deportación, así como el programa de abordaje territorial para documentar a los migrantes. En dicho país no han llegado muchos venezolanos, comparado con los países de la costa del pacífico, porque las condiciones económicas no atraen a los migrantes y por el contrario se ha viso este año el incremento de personas (tanto de argentinos como de migrantes radicados en dicho país) que están saliendo. Pese a esto el gobierno de la Alianza Cambiemos utiliza y vincula a los migrantes con la delincuencia y narcotráfico tal como vimos en la reciente detención de cuatro extranjeros en los exteriores de la Cámara de Diputados, dos de ellos venezolanos, a quienes se les revocó la residencia y buscaban un mecanismo para una “deportación express”.

En Brasil cerraron la frontera del extremo norte en Roraima para impedir el paso de migrantes venezolanos, muchos de ellos indígenas pertenecientes al pueblo Warao que se empezaron a asentar en los municipios de Pacaraima y Boa Vista. El incremento de esta migración produjo brotes de xenofobia que terminó con la quema de las pocas prendas con las que viajan las y los venezolanos y el regreso de muchos de ellos a su país. Vale resaltar que en Roraima ganó en primera y segunda vuelta el candidato de extrema derecha Bolsonaro, quien ya se ha pronunciado en contra de la migración.

En Ecuador, país que había construido un enfoque de derechos e impulsado la migración intrarregional en el anterior gobierno, decidió a mediados de agosto (y no por casualidad después de la visita del vicepresidente de Estados Unidos) restringir el ingreso de venezolanos al prohibir las entradas de aquellos que arribaban con cédula de identidad o partida de nacimiento, y solo permitiendo el paso a quienes porten pasaporte vigente, violando así la Ley de Movilidad Humana y Acuerdos Multilaterales firmando en el seno de la CAN y MERCOSUR.

Esta medida tomada por el gobierno de Moreno el 18 de agosto provocó reacciones de organizaciones de derechos humanos quienes interpusieron medidas cautelares. Si bien se logró eliminar tal requisito de entrar solo con pasaporte (documento muy complicado de conseguir en Venezuela por el costo y la demora en la entrega), la cancillería emitió el Acuerdo Ministerial No. 244 en el que se señala que los ciudadanos venezolanos podrán ingresan a Ecuador con cédula de identidad siempre y cuando arriben con “un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno del Ecuador o por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela debidamente apostillado”. Medida similar también fue implementada por el gobierno del Perú. El resultado de tales políticas fue el descenso de los ingresos de venezolanos por los puestos de control migratorio fronterizos desde septiembre del presente año y a nivel político, la expulsión de la embajadora de Venezuela de Ecuador y de su par en Caracas por la “guerra de datos” que ha ocasionado este flujo, unos inflando y otros minimizando.

Como se ha observa en los dos casos analizados, estamos presenciado una migración forzada cuya respuesta estatal de los países de tránsito y destino ha sido la implementación de diferentes dispositivos de control y seguridad para impedir que los migrantes lleguen a su destino. Dos elementos adicionales que complementan el pasaje securitista a nivel global constituyen el incremento de muros/vallas fronterizas a nivel global y el incremento de centros de detención para migrantes.

En la actualidad hay 70 muros alrededor del mundo, de ellos el 81 % se construyeron en el siglo XXI. El año que más muros se construyeron fue el 2015 (18 muros alrededor del mundo), a lo que habría que sumar a futuro la propuesta del partido del electo presidente Bolsonaro de construir un muro en la frontera suroeste de Brasil con Paraguay. De igual manera en este siglo proliferaron los Centros de Detención Migratoria, existiendo en la actualidad 1.268 centros en uso en todo el mundo, la mayoría en América (493, de esos 210 en Estados Unidos y 58 en México) y Europa (377) también construido la mayoría en los últimos años. Todos estos elementos señalados configuran lo que algunos autores han denominado la época de la securitización (Pallitto y Heyman 2008).

Neoliberalismo neofascista

Años atrás los gobiernos se cuidaban de hablar de frente sobre migración y seguridad y preferían referirse sobre el tema bajo el paraguas de la gestión y gobernabilidad migratoria. En esta nueva fase del neoliberalismo y con la llegada al poder de gobiernos de extrema derecha y ultranacionalista vemos un giro que pone en riesgo los derechos y la vida misma de los migrantes.

Si Nancy Fraser (2017) señalaba que han muerto las políticas ‘neoliberales progresistas’, ahora estamos viendo el nacimiento de las políticas neoliberales fascistas en donde los temas migratorios o antimigratorios y los discursos racistas, para ser más exactos, se han colocado desde las campañas electorales y ya en el poder se han transformado en políticas migratorias cada vez más con enfoque de control y seguridad nacional puro y duro. Domenech (2013, 2) se refería acertadamente a la gobernabilidad migratoria como las políticas transnacionales “de control con rostro humano”, y con este término hacía alusión al “universo de ideas y prácticas que, enmarcadas en los discursos de los derechos humanos como fuente de legitimación, persiguen la misma finalidad que las políticas más abiertamente restrictivas, prometiendo ser más eficaces en la consecución de su objeto: controlar los flujos migratorios internacionales”. Hoy en día esas políticas tienen menos rostro humano, en donde cada vez se nombra la palabra seguridad y menos la palabra derechos. El nuevo universo de ideas, discursos y prácticas apela directamente a la migración como un problema y a los migrantes como una amenaza a la seguridad. Actualmente vivimos políticas de migración con rostro (in)humano, donde estos son vistos abiertamente como terroristas, narcotraficantes, criminales, invasores, y los nuevos esclavos del siglo XXI.

De esta manera, si antes se fluctuaba entre el control y los derechos como parte del enfoque de la gobernabilidad migratoria, que se tradujo en marcos jurídicos y discursivos donde aparecía ambas miradas (Ramírez, 2017), hoy en día vemos el aparecimiento de ideologías, gramáticas, prácticas y regímenes de seguridad y control que desprecian abiertamente al “otro”, que naturalizan la exclusión y utilizan el miedo como pretexto para estigmatizar a los migrantes, impulsar su expulsión, impedir su llegada e incrementar su rechazo.

Al estigmatizar se empieza a construir un racismo de Estado que, como señala Memmi (1982), al relacionarlo con la categoría clase y nación adquiere características particulares; y el racismo mana como una producción relacional actualizada, promovida por el temor xenófobo que realza de manera generalizada y definitiva diferencias reales o imaginadas sobre el otro/a que se busca excluir, rechazar o expulsar. Y es justamente esta construcción del migrante que dio paso a los enfoques de seguridad y control racializado que se transforman en políticas migratorias, programas o acciones concretas contra los migrantes.

Hay que resaltar que el enfoque de control y seguridad ha sido el paraguas bajo el cual se han construido los marcos jurídicos y políticos sobre migración en la mayoría de países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Primero a partir de los temores de la infiltración comunista en la era de la Guerra Fría hasta nuestros días cuando se relaciona la migración internacional y el tráfico de migrantes con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo (Faist, 2005; Izcara, 2017).

El enfoque de control y seguridad nacional parte de considerar “sospechoso” a todo extranjero, por lo que se pone una serie de filtros para su ingreso y permanencia en el país: documentos de viaje (pasaportes), visas y una serie de estrategias, requisitos y dispositivos tecnológicos para identificar a quiénes son consideramos migrantes beneficiosos y perniciosos. Nuevamente esta idea de quiénes son aceptados involucra los temas de raza, clase y moral.

Sin embargo, dicho control racializado adquiere nuevos matices en el siglo XXI. En primer lugar, hay una efectiva construcción discursiva de que ciertos migrantes son un problema y una amenaza a la seguridad nacional, a la estabilidad del Estado y a la cohesión social. A lo que hay que sumar la estigmatización de los migrantes como una amenaza a la seguridad pública interna y a los servicios sociales bajo el argumento según el cual con su llegada se altera el orden y la estabilidad social, incrementa la delincuencia, la prostitución y otros delitos, así como la idea de que colapsan los servicios de salud, educación o seguridad social. Este elemento esta muy vinculado con el rechazo a los migrantes pobres, lo que se ha denominado aporofobia (Cortina 2017).

A esto hay que añadir el uso de los nuevos medios tecnológicos, teléfonos inteligentes y redes sociales usados por una gran parte de la población (como Facebook, WhatsApp, Twitter) para posicionar e incrementar el odio y rechazo hacia los ‘otros’. Pero lo más complejo y novedoso es el uso tecnológico por parte de los Estados para sofisticar la información de los perfiles de los migrantes. Las ‘sospechas razonables’ de un migrante como amenaza que encontrábamos en ciertas leyes de Estados Unidos, se apoyan ahora de estas nuevas tecnologías y algoritmos generados a través de Big Data para detectar ‘sospechosos’ y potenciales amenazas. Estas empresas portadoras de grandes bases de datos como Microsoft, Amazon, entre otros, están colaborando con tecnología moderna con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para facilitar la vigilancia, el rastreo, la detención y deportación de inmigrantes irregulares (BBC 2018). Si las teorías del darwinismo social ayudaron a justificar la discriminación y el racismo en el siglo XX, en la actualidad los algoritmos, dichos sistemas de perfiles demográficos y patrones, están cumpliendo tal propósito.

En tercer lugar, estos discursos, “actos del habla” como señala Hammerstad (2011), crean una sensación de crisis y urgencia que permite medidas excepcionales y de emergencia por parte de los Estados como ya señalamos. En la construcción de dicha estigmatización juegan un papel muy importante los medios de comunicación y las redes sociales. En cuarto lugar, existe una discriminación étnica en los procesos de control y seguridad (Bourbeau 2011) donde el fenotipo sigue siendo un elemento central a la hora de hacer o no mayores controles. En otras palabras, desde el control racializado se construyen discursos y acciones gubernamentales en los cuales se ve a ciertos grupos de migrantes como indeseables, sujetos perniciosos, obstaculizando su ingreso o deportando a dicha población. El caso de las políticas migratorias del gobierno de Piñera en Chile frente a los migrantes haitianos ejemplifica lo señalado.

Todos estos elementos señalados dan cuenta de prácticas discriminatorias gubernamentales, desde la ciudadanía, quienes cada vez más apoyan a los políticos que ponen el tema migratorio como un problema e incluso apoyan el ‘cazar’ migrantes ‘ilegales’, construyendo una lógica totalitaria de exclusión. Esto es más explicito en los gobiernos nacionalistas y de extrema derecha que están llegado al poder en varios países del mundo, incluida nuestra región.

A manera de cierre

Todos los elementos señalados configuran la nueva cara del neoliberalismo fascista. Este “momento neofascista del noeliberalismo” como lo define Erik Fassin (2018) caracterizado por impulsar y practicar la xenofobia, el racismo y la aporofobia, y que en temas migratorio se concreta en el incremento de deportación, judicialización de la migración, expulsión, confinamiento, muros, extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y muerte.

En otras palabras presenciamos unas necropolíticas migratorias, es decir la administración y gestión de la violencia y la muerte de migrantes irregulares y de políticas inhumanas caracterizadas por el odio hacia los ‘otros’ donde unas vidas tienen más valor que otras. Discursos, políticas, leyes y prácticas gubernamentales y ciudadanas que se empieza a imporner en varias partes del globo y cuyas víctimas más visibles, pero no los únicos, son los migrantes sobre todo los migrantes no blancos y pobres, que osan cruzar una frontera de manera clandestina.

Pero su osadía, su capacidad de agencia como actores sociales y políticos transnacionales en movimiento, la determinación, resistencia y lucha por su propio futuro y sus repertorios de accción colectiva –como las marchas de los ‘sin papeles y sin miedo’ o las recientes ‘caravanas de la dignidad’ que se dirigen a Estados Unidos–, ponen en jaque a los gobiernos y rechazan con su accionar al sistema neoliberal fascista que les considera desechables y que intenta aniquilarlos en origen, tránsito o destino.

Bibliografía

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Jacques Ramírez Gallegos

Doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México.. Docente-investigador, Universidad de Cuenca. Profesor invitado en FLACSO, Universidad Andina y exDecano de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios-Ecuador y Docente invitado en varias universidades de América Latina. Especialista en temas de movilidad humana Tiene varios libros y artículos sobre migración. Su última publicación titula: Migración, Estado y Políticas (2017) y Hacia el Sur. La construcción de la ciudadanía suramericana (2016)


Nota: