El proceso de paz en Colombia

Caminando hacia la vida digna, recreando la paz

José David Toro Vanegas
Publicado en febrero 2017 en La Migraña 20
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Colombia ha vivido a través de su historia política varios acuerdos de paz, desde aquellos que le pusieron fin a la guerra de los mil días a comienzos del siglo pasado donde los conservadores con el apoyo de la iglesia católica y en complicidad con un sector del liberalismo impuso una hegemonía conservadora por más de 30 años, lo que se conoció como “la regeneración”. En los años cincuenta bajo el gobierno del general Rojas Pinilla, se negoció la paz con las guerrillas liberales del Llano, lideradas por Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, la gran mayoría de esta dirigencia que participó de las negociaciones con el gobierno fue asesinada. A finales de los cincuenta, bajo la junta militar que se instauró luego de la gobierno del general Rojas Pinilla, se creó lo que se conoció como el frente nacional para darle fin a la guerra partidista entre liberales y conservadores que se desató luego del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en el año 1948. Este acuerdo de hegemonías partidistas, garantizaba alternarse el poder y la paridad institucional entre liberales y conservadores cada cuatro años durante un periodo de 16 años. Fue un pacto entre élites que excluyó de la posibilidad de acceder al poder a otros actores políticos como el partido socialista y el partido comunista, al grueso de la población no se le tomó en cuenta en esta negociaciones, lo que provoco el surgimiento de las insurgencias populares con las que hoy se pretende negociar el conflicto armado.
A mediados de los años 80 se abre una negociación entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional ELN y otras insurgencias, que surgieron poco después de terminado el frente nacional, negociación que a la postre permitió la aparición de dos movimientos político de izquierda, la Unión Patriótica (UP), agrupaciones políticas que fueron eliminadas a sangre y fuego del escenario político nacional con más de 5000 de sus militantes masacrados y cuatro candidatos a la presidencia asesinados durante una campaña electoral a la presidencia de la república, genocidio por el cual fue condenado el estado Colombiano por la Corte Penal Internacional (CPI). La mayoría de militantes de estos dos movimientos que no cayeron bajo las balas del régimen retornaron a las filas de la insurgencia y otros tuvieron que abandonar el país.

A finales de la década del 80 el gobierno colombiano inicia una nueva negociación con la guerrilla del M19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y otras insurgencias. De esta negociación surge la alianza democrática M19 como partido político y se logra la realización de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991. La dirigencia de estos grupos subversivos fue asesinada en su mayoría, otros de sus integrantes fueron víctimas de atentados y unos pocos hoy hacen parte de la vida política, incluidos algunos que hoy militan en la ultraderecha.
Nuevamente para finales de los 90, el gobierno Colombiano, inicia un diálogo con las FARC-EP lo que se conoce como los Diálogos del Caguán. Estos diálogos también fueron la antesala de una de las épocas más sangrientas para los movimientos sociales y de mayores golpes propiciados por parte del estado a la insurgencia, el surgimiento del paramilitarismo como política de estado, y de la implementación de la política neoliberal y la doctrina de la seguridad nacional.

Aunque la salida negociada al conflicto social y armado que durante más de sesenta años hemos vivido los colombianos, es un anhelo de los pueblos y de la gran mayoría de los movimientos sociales que han enarbolado la consigna de negociación política al conflicto armado, como una condición ineludible para transitar hacia la paz, es necesario precisar, que las FARC-EP y el gobierno Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos iniciaron un proceso de negociación del conflicto social y armado hace más de 4 años, lo que hoy se conoce como mesa negociación de la Habana por recomendación o imposición del gobierno Norteamericano. El Gobierno estadunidense testaferro de las transnacionales de los hidrocarburos, de las multinacionales mineras y la agroindustria, logra “persuadir” fundamentalmente al gobierno colombiano de las bondades que le traería a la maltrecha economía colombiana, las grandes inversiones de los capitales transnacionales que llegarían al país en un eventual posconflicto. Es evidente el hecho de que el gobierno Gringo tiene una injerencia permanente en la mesa de la Habana con el señor Bernard Aronson actual delegado de los E.E.U.U. a la mesa de negociación de la Habana.1

El presidente Santos ex ministro de guerra en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, vende a los colombianos y a la comunidad internacional la participación de los E.E.U.U. en las negociaciones, por el peso político y jurídico que posee la administración estadunidense en la región, Tenemos que recordar que E.E.U.U. tiene instaladas siete bases militares en territorio colombiano y ha participado de manera directa en el conflicto “interno” de este país. Una injerencia de los E.E.U.U. en el conflicto, es el “plan Colombia” que se vendió al pueblo norteamericano como un plan de lucha contra las drogas y terminó financiando la lucha contra insurgente. Colombia es un aliado geoestratégico en la región para el gobierno estadunidense en su injerencia continental, Dineros del plan Colombia sirvieron para modernizar las fuerzas de seguridad de Colombia y hasta para pagar las recompensas de los falsos positivos (muertes extrajudiciales de civiles que después se hacían pasar como guerrilleros muertos en combate, una empresa criminal por la que hoy cientos de miembros del ejército colombiano están condenados, otros tantos se encuentran en etapa de juzgamiento y más de 4.500 Colombianos fueron asesinados bajo esta modalidad).

Para muchos analistas internacionales y nacionales los acuerdos logrados en la Habana, Cuba, son todo un tratado internacional de resolución de conflicto y las 310 páginas donde se recoge lo pactado, contemplan una amplia variedad de temas y en algunos como la justicia transicional, tierras, narcotráfico y participación en política se lograron acercamientos importantes. Aun con todos los logros alcanzados en estos acuerdos, el gobierno sustrajo desde el inicio de las conversaciones dos grandes temas; la “doctrina militar” y el “modelo de desarrollo”, de tal suerte que el modelo impuesto de hacer de Colombia un país extractivista y negar la vocación agrícola y campesina de nuestros pueblos se mantiene, tal cual como lo recomiendan las entidades multilaterales, como el Banco Mundial BM, Fondo Monetario Internacional – FMI, Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el PENUD entre otros, todos ellos invitados junto a la nobleza mundial, el secretario de estado Jhon Kerry y los mandatarios de la región a la firma de los acuerdos el pasado 26 de septiembre en la ciudad colombiana de Cartagena.

Las causas del conflicto social y armado en Colombia se alimenta de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el miedo impuesto por la iglesia, la ignorancia agenciada por el estado a través de la escuela y medios de comunicación, el desarraigo de los campesinos enajenados por “el progreso” que los convierte en consumidores y los aleja de su capacidad productora, todos estos males se anidan en el modelo de desarrollo que impone el sistema capitalista. Que ha contado con una clase política lacaya que se ha confabulado con fuerzas oscuras del terrorismo internacional, el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, la califica como una ¨democracia genocida¨. Las maniobras electorales siempre han restringido la participación política de los sectores sociales, quienes a pesar de la violencia institucional han mantenido su iniciativa en las luchas populares.

La doctrina militar, el otro tema vedado en las negociaciones de la Habana, es una imposición de la cúpula castrense formada y adoctrinada en la oscura escuela de las américas, de mala recordación para los pueblos del sur del continente. Aun reconociendo los buenos oficios de un importante sector de las fuerzas armadas de Colombia, la insurgencia y la gran mayoría del pueblo Colombiano que le apuestan a un país en paz, existe otro sector de las fuerzas militares, no menos importante que mantiene un perverso contubernio entre el narcotráfico, empresarios y para políticos. Los grupos para militares mantienen su poder territorial, militar y político ejemplarizado en el ex Presidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez que representa una fuerza de ultraderecha en el congreso de la república con incidencia en las políticas públicas, el presupuesto nacional y los medios de comunicación que están en manos de los mismos empresarios que financian la guerra.

Lo acordado entre el gobierno y las FARC-EP gira más alrededor de las consecuencias que ha dejado el violento conflicto en Colombia, que sobre las causas que le dieron origen. El tema de la tenencia de la tierra es parte neurálgica del conflicto social y armado. A mediados del siglo pasado el 80% de los colombianos vivían en zona rural y el otro 20% en las grandes ciudades, 60 años después las cifras se han invertido, el 20% de los colombianos pervive en la zona rural y el 80% sobrevive en las grandes ciudades y este desarraigo sistémico está acompañado del despojo de la tierra. Hoy en Colombia según datos del último censo agropecuario realizado en el año 2015 existen 42.3 millones de hectáreas para uso agropecuario de las cuales el 46 % de estas tierras productivas están en manos del 0.4% de la población; el 80% de las tierras productivas, es decir, 33.8 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería extensiva y el 20%, o sea, 8.5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura de las cuales 7.1 millones son utilizadas para la agroindustria (el 90% de esta producción se exporta) y solo 1.4 millones de hectáreas que cultivan 5 millones de campesinos producen el 43% de los alimentos que consumimos los colombianos y el 70% del alimento de los sectores populares.

En Colombia, se calcula que 9 millones de hectáreas son tierras despojadas a los campesinos. Lo negociado en la Habana en materia de tierras que es el primer punto de los acuerdos, tiene como propósito legitimar este despojo que ha desarraigado a seis millones de Colombianos y ha sumido en la pobreza al pequeño campesino para abrirle paso a la agroindustria, la mega minería y la ganadería extensiva.

Si bien es cierto, que la FARC-EP es una de las insurgencias de mayor número de combatientes y una de las más antiguas del continente, partimos de considerar que existen otros protagonistas de la guerra en Colombia como es el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL,. Particularmente el ELN ha iniciado negociaciones con el gobierno nacional en la hermana república de Ecuador, lo que se conoce como la mesa de Quito. El gobierno de manera unilateral acaba de aplazar su instalación pública prevista para el pasado mes de octubre. Esta fase de la negociación se plantea con una dinámica muy diferente a las negociaciones que se han ido desarrollando con la FARC-EP. Según informes de inteligencia militar, el ELN tiene un número de combatientes menor al que tiene la FARC-EP y para el gobierno colombiano no representa una amenaza militar significativa; pero su base social, su incidencia política en organizaciones de base, el procurar mantenerse al margen del narcotráfico y hasta su influencia cristiana, le ha permitido al ELN tener una importante simpatía y militancia en sectores sindicales, intelectuales y populares. Para algunos estudiosos del tema, el apoyo político y social del ELN es muy significativo. Esta negociación con este sector de la insurgencia se configura como un desafió para el gobierno nacional por cuanto el ELN insiste en una participación mucho más activa del pueblo colombiano en las negociaciones con el gobierno (la convención nacional se plantea como un inamovible por parte del ELN).2

Igualmente desde los movimientos sociales, populares y partidos políticos de izquierda se ha venido exigiendo la participación activa y protagónica de quienes le apuestan a una paz con justicia social y vida digna, estos sectores vienen impulsando la Mesa Social para la Paz (MSP). La agenda social para la paz, las cumbres de paz, de la cumbre agraria, de hecho, el movimiento agrario viene negociando con el gobierno nacional. Un pliego de peticiones del sector, de otro lado los movimientos agrarios, sociales y populares vienen impulsando una agenda de paz que busca la justicia social y la vida digna en los territorios. Propuestas que se pretende constituir en el escenario donde se pueda negociar no el conflicto armado, sino, el conflicto social. Estas iniciativas es una apuesta del movimiento popular, campesino y social que aun abrazando lo acordado en la Habana, no se siente recogido en su integralidad por lo acordado y se da como respuesta a la imposición de un gobierno que se niega a negociar con la insurgencia, “la doctrina militar” y “el modelo de desarrollo”.

Los acuerdos logrados por la insurgencia de la FARC-EP y el gobierno nacional despertaron toda clase de reacciones. Se llevó a cabo un plebiscito promovido por el gobierno que tenía el propósito de consultar al pueblo colombiano si estaba o no de acuerdo con lo logrado en la mesa de negociación en la Habana. Según estudiosos de la jurisprudencia, estos acuerdos no necesitaban ser sometidos a un plebiscito ya que desde el punto de vista jurídico, la constitución política de Colombia en su Art 22 establece que (la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento), de tal suerte y según los entendidos, la consulta plebiscitaria fue una apuesta política del presidente Santos con la cual pretendía legitimar su gobierno y desvirtuar a quienes se oponían a los acuerdos de paz. (Para otros menos ingenuos, esto corresponde a una gran jugada maestra). Nadie en Colombia esperaba un rechazo a esos acuerdos y menos después de lo acontecido el 26 de septiembre en Cartagena, donde la comunidad internacional se dio cita para legitimar los acuerdos.

También desde las fuerzas que se anidan en el poder, se viene agitando una “cruzada nacional” como la posibilidad de articular a todas las fuerzas de la derecha. y los sectores más retardatarios se declaran en la oposición a las negociaciones con las insurgencias. Después de los resultados del plebiscito, el presidente Santos, un reconocido “jugador de póker”, establece un diálogo con el ex presidente Uribe Vélez como líder de la oposición, para “negociar” lo acordado en la mesa de la Habana. Esto nos hace recordar anteriores pactos de las élites que le han puesto “fin” a otros conflictos, acuerdos entre castas políticas y la burguesía comercial agroexportadora que se han realizado en el pasado y que han permitido a este oscuro contubernio mantenerse en el poder.

Los analistas políticos, las mafias encuestadoras, el secretario general de las Naciones Unidas y los mandatarios de la región quienes auguraban un triunfo aplastante por el “SI” que aprobará los acuerdos, incluso algunos de los que promovieron el voto negativo a los acuerdos los tomó por sorpresa el resultado en las urnas. En este proceso, 34.9 millones de colombianos habilitados para votar fueron convocados el 2 de octubre a pronunciarse sobre los acuerdos de paz, firmados en Cartagena el pasado 26 de septiembre, de los cuales un poco más de 13 millones (37.2%) acudieron a las urnas. El “NO” que representó a quienes rechazaban lo acordado en la Habana, se impuso por un estrecho margen de escasos 60.000 votos, que representa el 0,43% de los votos. El “NO” obtuvo 6´431.376 votos que corresponden al 18.5% de los colombianos habilitados para votar. El 62.8 % equivalentes a 21.9 millones de ciudadanos habilitados se marginaron de esa contienda electoral, por diversas razones: algunos desgastados por las corruptelas electoreras, optaron por la indiferencia, otros son el resultado de la desinformación y el engaño de los medios de comunicación y un número importante no creen en el proceso electoral como mecanismo para lograr cambios y transformaciones significativas. Los sectores barriales, populares, campesinos, indígenas, raizales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales y políticas que han vivido la guerra en Colombia tienen un acumulado de conciencia política importante, como herencia de este conflicto. En el 62.8% de colombianos que no asistieron a las urnas puede estar parte de la solución y no el problema como algunos ven, si bien es cierto no todos se marginaron de manera consciente de las urnas, la gran mayoría reconocen en el sistema electoral uno de los mayores engaños de la democracia moderna, la mal llamada democracia representativa,

Los resultados del plebiscito consultivo des configuraron todo el panorama político previsto en Colombia. Panorama que se agitó aún más con la declaración del gerente de la campaña por el “NO” a los acuerdos, Juan Carlos Vélez, político de las entrañas del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien relató ante los medios de comunicación la forma engañosa como adelantaron la campaña y denunció a su vez los nombres de los empresarios y los montos con que se financió la mencionada tramoya. También le contó al país cómo los medios de comunicación habían estado al servicio de desinformar a los electores e igualmente, Francisco Santos ex vicepresidente de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, primo del actual mandatario de los colombianos y una de las cabezas visibles de quienes hicieron parte de la campaña por el “NO”, salió ante los medios de comunicación a declarar qué personas de su partido el (centro democrático CD) no quieren la paz. En este mismo ensombrecido escenario político se dio a conocer además la labor de las llamadas iglesias cristianas quienes manipularon desde los púlpitos a los feligreses en contra de los acuerdos logrados en la Habana. Los resultados del 2 de octubre en las urnas dejaron claro el contubernio entre la desinformación de los medios de comunicación, el apoyo de los empresarios a la guerra, la manipulación de quienes profesan una fe y la perversidad de una clase política que ha usufructuado y ha hecho sonar los tambores de la guerra durante décadas.
El traspiés sufrido por los acuerdos en las urnas el pasado 2 de octubre, ha sido el terreno propicio para que amplios sectores de la sociedad salgan a las calles a respaldar los acuerdos y a exigir el inicio de las negociaciones públicas con el ELN. La movilización social y defensa los acuerdos en las plazas públicas ha logrado convocar a diversos ciudadanos. Ante este escenario la FARC-EP y el gobierno Nacional se han visto en la necesidad de buscar el apoyo social y político de las bases, apoyo que se desconoció en buena medida durante la etapa de negociación; los adversos resultados electorales también sirvieron para desenmascarar a los promotores de la guerra y le permitió al pueblo colombiano y a la comunidad internacional conocer la mezquindad y el engaño de quienes promovieron el voto negativo y el rechazo a lo acordado en la mesa de negociación de la Habana sin mayores argumentos, solo cuidando sus oscuros intereses.

Después de varias reuniones entre los voceros del SI y quienes promovieron el NO, luego de que el presidente Santos y el ex presidente Uribe se reunieron a puerta cerrada, para negociar un nuevo acuerdo. El gobierno y la insurgencia han renegociado los acuerdos firmados el 26 de octubre en Cartagena, según los negociadores de la habana. La mesa para la paz está servida. Hoy más que nunca el pueblo colombiano está maduro para caminar los senderos de la paz, la degradación de la guerra ha hecho que el pueblo sea escéptico frente a la fiesta de la guerra, así que el objetivo no puede ser la guerra en sí misma, ni la guerra por la guerra. La salida al conflicto social y armado debe ser una negociación política y los promotores de la guerra deben ser conscientes que este es un proceso que requiere la participación de quienes han padecido la guerra y no solo de quienes han estado en el frente de batalla o de quienes azuzan o trafican con la guerra; no es solo sobre las consecuencias del conflicto social y armado, no es solo el silenciamiento de los fusiles, debemos ir a los orígenes del conflicto, a las causas que hicieron que el pueblo recurriera a las armas como alternativa frente a las desigualdades e hiciera uso del derecho universal a la rebelión frente a la injusticia. No podemos permitir un acuerdo entre las elites, una negociación que utilice los poderes de la gobernanza para legitimarse política y socialmente perpetuándose aún más en el poder.
La negociación del conflicto armado con la insurgencia es fundamental para el inicio de un proceso de paz, como también es urgente que el gobierno se comprometa a desmontar toda la estrategia paramilitar a desmantelar los grupos paramilitares, las Bacrim y otras bandas criminales que tienen una evidente convivencia con un sector de las fuerzas de seguridad del estado. Es necesario revisar la “doctrina militar”, defender la creación de la justicia transicional, el tribunal especial para la paz. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, son indispensables en la construcción de la paz. Es importante que el pueblo y la comunidad internacional conozcan cual es la responsabilidad de los medios de comunicación, de los empresarios, de las transnacionales en el conflicto. Es necesario además establecer que la escuela debe producir seres humanos felices para la vida digna y no zombis funcionales al sistema, que las iglesias dejen de traficar con la fe de sus feligreses, ponerle fin a las “empresas” electoreras, y a la especulación de la banca Nacional e internacional. Se hace necesarios gobiernos que estén dispuestos a estructurar una verdadera reforma agraria que permita que los indígenas, los afrodescendientes y los mestizos regresen a sus territorios ancestrales,

El “modelo de desarrollo” tiene que ser parte de esa negociación hacia la “paz estable y duradera” que pregona el gobierno. Colombia tiene una amplia variedad de climas y pisos térmicos, excelentes tierras, el acceso a 2 mares, casi 3.000 km de costas, una importante reserva hídrica y una privilegiada ubicación en la zona ecuatorial que la convierte en potencia energética y de producción de alimentos. El pueblo colombiano posee una enorme vocación agrícola, no queremos la engañifa de la mega minería, no queremos una ganadería extensiva, no queremos la agroindustria que produce combustibles, queremos un campo que produce alimentos para la vida.

Reivindicamos la vida, como la razón de ser nuestra existencia como pueblos, creemos en el territorio como la posibilidad de garantizar la soberanía alimentaria.

Nota, Reconociendo la injerencia gringa en los acuerdos de la Habana, la incertidumbre es total a la luz de los resultados electorales en E.E.U.U.

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José David Toro Vanegas

Miembro del consejo académico de la Universidad Intercultural de los Pueblos-UIP. Programa Universidad Sin Fronteras – USF.


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