Los retos del nuevo momento político

Colombia en su laberinto

Jerónimo Ríos Sierra
Publicado en agosto 2017 en La Migraña 23
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Uno de los grandes acontecimientos del pasado año 2016, y que continúa a lo largo de este año 2017, ha sido el fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Un conflicto que, junto al aún vigente con la otra guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha perdurado durante más de medio siglo como uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría. Asimismo, podría decirse que su superación, unido al fallecimiento de Fidel Castro, un día después de la firma del Acuerdo de Paz, el 25 de noviembre de 2016, fungiría como perfecto corolario – contradiciendo a Hobsbwam (1994)- a lo que pudiera entenderse como el largo siglo XX.

Breve repaso a la historia del conflicto armado interno

El conflicto armado colombiano hunde sus raíces a inicios del siglo XX, ante una falta de democratización de la tierra y por extensión, frente a una carencia de mínimos de dignidad que inspiran la aparición de los primeros grupos de campesinos levantados en armas, a finales de los años treinta (Gilhodes, 1972; Legrand, 1988). Sin embargo, la situación de desamparo y exclusión, sumado a un Estado débil en lo institucional pero fuerte en el recurso de la fuerza frente a la protesta, encuentra en el magnicidio del liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, un punto de polaridad irreconciliable que conduce al país a una suerte de guerra civil partidista entre liberales y conservadores que, hasta 1964, dejó consigo más de 200.000 víctimas mortales (Pécaut, 2006).

Aun con todo, la descomposición del tejido social y las carencias de un Estado nación fracturado por identidades partidistas se mantuvo constante, incluso superada esta etapa de la historia del país conocida como La Violencia, albergando la necesidad de seguir abanderando cambios en la estructura de la propiedad de la tierra y en la reivindicación de transformaciones estructurales. Transformaciones, que inmersas en un contexto de Guerra Fría, y al albor de la Revolución Cubana y la penetración del marxismo en América Latina, soliviantaron la emergencia de diferentes guerrillas de corte marxista-leninista, destacando, entre todas, la aparición de las FARC y del ELN, en 1964.

Las FARC surgían tras un elenco de confrontaciones con el Estado, especialmente desde 1955, en lo que se conocieron como las “repúblicas independientes”, con apenas 300 campesinos insurrectos y con una marcada impronta radical agraria que va a estar presente durante toda su vida (Pizarro, 2011). Mientras, el ELN lo hacía inspirado en la revolución cubana, de acuerdo a elementos de mayor intelectualidad y proximidad a focos de acción social como la universidad pública, el sindicalismo y la teología de la liberación.

En ambos casos se puede compartir la idea de que hasta los años ochenta las guerrillas en Colombia no fueron un problema, a tenor de su escasa capacidad operativa –que alguien denominó como “crecimiento vegetativo”- y al hecho de que las prioridades del Estado pasaban más por invertir en infraestructuras e incrementar, aunque fuese deficitariamente, las bases mínimas sociales de lo que se presume como un Estado de Derecho (Aguilera, 2010).

Empero, los años ochenta cambian la realidad del conflicto armado colombiano por diversas razones. La izquierda colombiana continuaba estigmatizada y sin atisbo alguno de entrar en los límites de un sistema político restringido de facto. Asimismo, la capacidad operativa y el pie de fuerza de las FARC-EP y el ELN comienzan a crecer muy sustancialmente, en paralelo a la presencia de otros grupos guerrilleros como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el M-19 o la guerrilla indigenista Quintín Lame. Igualmente, ante la situación de un Estado con más territorio que presencia, comienzan a erigirse grupos paramilitares que, amparados en la legalidad, se convierten en dueños y señores de la seguridad y el poder local, sobre todo, en el norte del país. Finalmente, no se puede obviar la aparición de las primeras plantaciones cocaleras y, por extensión, los primeros laboratorios que serán el pilar de fenómeno de los cárteles narcotraficantes como el de Cali y Medellín (Lee, 1991). Es decir, sumando todo lo anterior, y sobre la base de una estructura social por completo desigual, bajo un abandono institucional de la dimensión rural y unido a una inalterada ineficacia institucional, se daba en Colombia la realidad idónea para que la violencia, que desde 1964 había sido tan residual como periférica, pase a ocupar el centro de la agenda pública.

Tras esfuerzos gubernamentales de diverso alcance y contenido, no es hasta inicios de los noventa que la situación de violencia creciente consigue en cierto modo mitigarse, gracias a la desmovilización de las guerrillas del EPL, M-19 y Quintín Lame y a la desaparición de los cárteles de la droga. Un cambio en la magnitud de la violencia que igualmente se acompañó de un nuevo orden constitucional en 1991, cuya necesidad se justificaba a efectos de conferir al nuevo Estado colombiano mayores calidades democráticas, territoriales y de inclusión social.
Sin embargo, pudiera decirse que tras el paso de los años todo cambió para que nada cambiase fruto de que las debilidades gubernamentales se mantuvieron constantes, la dimensión social del Estado continuó desatendida y la única manera de superar el conflicto armado se siguió interpretando desde un sentido estrictamente militar y reactivo. Lo mismo sucedía para las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, las cuales llegaron a sus máximos históricos de presencia territorial y número de efectivos y cuyo principal enemigo armado, lejos de ser la Fuerza Pública, terminó por ser el paramilitarismo. Solo por plantear algunas cifras al respecto, en 1998 las FARC-EP se aproximaban a los 12.000 combatientes en 186 municipios y el ELN acumulaba otros 2.500 efectivos en 90 municipios. Ambas guerrillas, solo en 1998 protagonizaron 585 acciones armadas (Ríos, 2017).

Bajo este contexto es que intenta iniciar un proceso de diálogo con las FARC-EP el presidente electo ese mismo año 1998, Andrés Pastrana, y que se definió como “Proceso del Caguán”. Se trataba de un intento que, en el fondo, estaba lastrado por una falta de voluntad política de ambas partes y que volvió infructuoso cualquier esfuerzo tras 1.139 días sin que ni siquiera se consiguiera abordar con éxito el primer punto de la agenda. Verdaderamente, y tras muchos testimonios y declaraciones en el seno de las FARC-EP es posible observar cómo el Caguán sirvió para consolidar más de 2.000 nuevos reclutamientos, desdoblar frentes de guerra, incrementar la presión armada en más de 200 municipios e instrumentalizar, en favor de la guerrilla, un área de más de 40.000km2 que en inicio el proceso de paz había desmilitarizado en favor de las negociaciones (Ríos, 2017). De la misma manera, el Gobierno, a la vez que mantenía el diálogo incrementaba muy sustancialmente el gasto militar – de un 2.9% en 1998 a un 3.5%-, toda vez que iniciaba un plan de modernización de la Fuerza Pública y suscribía el Plan Colombia con Estados Unidos. Este último, un instrumento de cooperación militar de más de 8.000 millones ejecutados durante más de una década. Es decir, si a todo se sumaba una agenda de 60 puntos, con falta de mecanismos con vistas a un cese al fuego bilateral y un proceso de dejación de armas, y ausente de mecanismos de participación de la comunidad internacional y de la población civil, era de esperar que más pronto que tarde el proceso de diálogo fracasase (Chernick, 2011).

El resultado de lo anterior fue un incremento de la violencia entre Estado, guerrillas y también paramilitarismo que se vio favorecido por la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe, en el año 2002, bajo la consigna de derrotar militarmente a las guerrillas y restaurar la paz en el país. Favorecido por el cambio en el código geopolítico estadounidense, tras los atentados del 11 de septiembre, y por la resignificación del terrorismo en la agenda global, con Álvaro Uribe comienza una militarización de la vida cotidiana colombiana que integra no sólo a la Fuerza Pública, sino igualmente, al resto de poderes del Estado y también al activismo social y a los medios de comunicación. Cualquier atisbo de crítica a la necesidad de una política de mano dura contra las guerrillas –redefinidas como grupos terroristas- se volvía susceptible de ser interpretado en clave de simpatía con las guerrillas.

Durante ocho años se supera el 4% del PIB en gasto policial y militar, se incrementa un 40% el pie de fuerza en Policía Nacional y Fuerzas Militares, se intensifica como nunca antes el número de operativos militares, especialmente contra las FARC-EP, y se invierte en un proceso de modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública, especialmente visible en contrainteligencia, fuerza aérea y capacidad nocturna para el combate. Claro está, el resultado no se hizo esperar. Comenzaron a observarse, en apenas dos años, significativos avances en el control territorial de la Fuerza Pública de manera que la percepción subjetiva de seguridad se incrementó, especialmente, en los mayores núcleos urbanos y de población, y se empezaron a obtener los principales réditos militares de tan ingente inversión. Una vez que el paramilitarismo dejó de ser necesario en la lucha sucia contra las guerrillas procedió a desmovilizarse –sin garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición- y comenzaron a ser capturados o dados de baja en el combate algunos de los nombres más significativos, sobre todo en el mando de las FARC-EP, tal y como sucedió con “Iván Ríos”, “Simón Trinidad”, “Negro Acacio”, “Raúl Reyes” o “Mono Jojoy”.

Sin embargo, y tras ocho años de confrontación directa, las FARC-EP y el ELN pierden la mitad de su capacidad de combate y de su presencia territorial, si bien ello no se traduce en visos de victoria militar en favor del Estado. Todo lo contrario, desde 2008 y hasta 2010 las cifras del conflicto armado interno parecen enquistarse, y no se aprecian nuevas conquistas territoriales ni derrotas militares de la guerrilla. Es decir, comienza a darse un proceso de consolidación territorial del activismo y presencia guerrillera, mayormente sobre enclaves periféricos, próximos a la frontera con Venezuela o Ecuador, donde la geografía, el arraigo local, el mayor conocimiento del territorio y la presencia de cultivos cocaleros operaban como variables y ventajas competitivas en favor de la guerrilla, lo cual cuestionaba directamente la eficiencia de una salida militar al conflicto armado (Ríos, 2016).

De enemigos a adversarios. Cambios en la gestión del conflicto armado interno

La llegada de Juan Manuel Santos, en agosto de 2010, a la presidencia de Colombia auguraba que, en cuanto a la gestión del conflicto, habría una absoluta continuidad en la política de mano dura, dada la muy cercana relación entre Santos y su predecesor. Sin embargo, el otrora ministro de Defensa de Uribe, rápidamente dio un giro de 180° dejando entrever que su línea en la gestión del conflicto sería muy diferente. En su primer día como mandatario normalizó relaciones políticas con Venezuela y Ecuador, al ser consciente que cualquier intento de normalización del conflicto en aras de un proceso de diálogo, necesariamente, requería de buenas relaciones con sus vecinos andinos. De igual forma, en marzo de 2011 encargó a su Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, la tarea de iniciar diálogos informales con el Secretariado de las FARC-EP, los cuales transcurrieron en suelo venezolano y permitieron, a través de varios encuentros, ir perfilando la agenda temática de negociación. Así, finalmente, a finales de agosto de 2012, Juan Manuel Santos aparecía en pantalla de todos los medios de comunicación para reconocer que, tras más de quince meses de diálogo secreto, en octubre de 2012 se fijaba la fecha para el inicio formal de un diálogo de paz con las FARC-EP.

Este diálogo iniciaría en Oslo y continuaría en La Habana con el apoyo de Noruega y Cuba en función de garantes, y de Chile y Venezuela como acompañantes, suponiendo un cambio en forma y fondo con respecto a la experiencia del Caguán que invitaba, aún con dificultades, al optimismo.

El punto de partida para pensar en que en esta ocasión un Acuerdo de Paz resultaba factible reposa en la propia dinámica que el conflicto había acumulado en los últimos meses. Sirviéndonos del concepto que acuña William Zartman (1985, 1993, 2001) como “estacanmiento doloroso” (mutually hurting stalemate), esto era precisamente lo que había transcurrido en Colombia. Es decir, el conflicto armado interno había encontrado en la continuación de la violencia una posibilidad que resultaba mutuamente desfavorable tanto para la guerrilla de las FARC-EP como para el Estado. Esto, porque la primera había desterrado para siempre cualquier posibilidad de tomar el poder político por las armas y fruto de una correlación de fuerzas cada vez más favorable al Estado veía como, paulatinamente, sus enclaves de presencia y activismo cada vez eran más periféricos y difíciles de mantener frente al envite de la Fuerza Pública colombiana. Por otro lado, el Gobierno había perdido la posibilidad de seguir asestando nuevos golpes estratégicos a las FARC-EP. Los nuevos escenarios de confrontación obligaban a ingentes inversiones en los operativos donde, por el factor frontera, el mayor desconocimiento del territorio, la geografía selvática y/o montañosa o la elevada presencia de minas antipersonas, resultaba mucho más difícil el combate con la guerrilla. Un combate que, además, por todo lo anterior, ya no se resolvía con el factor determinante que en otros contextos había supuesto la fuerza aérea.

Aspectos aprendidos del pasado

De este modo, ante esta coyuntura de empate crítico, se hace necesario la búsqueda de formas alternativas desde las que superar la confrontación armada de manera que se reivindica la importancia de un diálogo de paz que, desarrollado mayormente en La Habana, durará cuatro años pero que va a integrar muchas de las lecciones aprendidas del pasado.

En primer lugar, la agenda responde a seis puntos temáticos muy concretos que, a su vez, satisfacen reivindicaciones y necesidades de lado y lado. Por parte de las FARC-EP se integran dos aspectos que han sido una reclamación histórica de la guerrilla, tal y como sucede con los puntos de “reforma rural integral” y de “participación política”. De parte del Gobierno se establecen los puntos sobre “fin del conflicto” y “solución al problema de las drogas ilícitas”. Finalmente, en favor de la sociedad civil se desarrolla un quinto punto que vela sobre “la reparación de víctimas”, concluyendo el Acuerdo de Paz con un sexto que recoge todo lo que tiene que ver con “implementación, verificación y refrendación” de los compromisos adquiridos.

Además de una agenda reducida en sus términos y complejidad, se pueden encontrar otros aspectos que ayudarían a la óptima finalización del conflicto armado entre FARC-EP y Estado colombiano. Así, por ejemplo, en el equipo negociador de la guerrilla se apreciaba una impronta mucho más política que militar, de manera que las voces más significativas fueron, sobre todo, las de “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”. El primero, congresista durante los años ochenta por Unión Patriótica. El segundo, jefe del Bloque Caribe y considerado, en estos momentos, el mayor ideólogo de las FARC. También destacaba la presencia de “Pablo Catatumbo”, Comandante del Bloque Occidental, y seguidor de la línea política del exdirigente de las FARC-EP, “Alfonso Cano”. Expresado de otra manera, se identifica un mayor protagonismo de los bloques más políticos de la guerrilla, quedando relegando a un segundo plano los de impronta más beligerante, como son el Bloque Sur y el Bloque Oriental, que en el Caguán llevaron el peso de las negociaciones. Por parte del Gobierno es posible encontrar un cambio con relación al pasado, al integrarse en el inicial equipo negociador tanto la presencia del General Mora, por parte de las Fuerzas Militares, como del General Naranjo, por el lado de la Policía. Un hecho este que cerraba las posibles fracturas cívico-militares que tanto daño hicieron en el pasado.

En lo relación al papel de la comunidad internacional, y en relación con lo mencionado anteriormente, desde el principio se establecieron dos sedes. Noruega, con amplia experiencia en resolución de conflictos, financió los primeros acercamientos e hizo de lugar de encuentro para los primeros diálogos antes de su inicio formal. De otro, Cuba, además de servir de escenario formal de diálogo, puso a disposición de las partes todo lo que concerniente a cobertura sanitaria, logística y transporte, seguridad y alojamiento. Asimismo, a ambos se sumaban Chile y Venezuela en calidad de acompañantes, con el propósito de facilitar labores de mediación y diálogo.

También, en lo concerniente a las víctimas y su protagonismo en el desarrollo del proceso de paz se observaron elementos diferenciadores con respecto al pasado, pues directamente, tuvieron voz sesenta víctimas seleccionadas por la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas, bajo criterios de equilibrio y pluralismo buscando representar a minorías étnicas, colectivos LGTB, empresarios, sindicalistas, militares o campesinos. Aun con posibles mejoras, lo cierto es que éste fue un ejercicio que confirió legitimidad, en tanto que otorgó interlocución a otros actores que fueron afectados por el conflicto, lo cual dio a la negociación una visión de conjunto e integración cuyas propuestas, en partes, fueron finalmente incorporadas al Acuerdo.

Por último, la estrategia de comunicaciones también resultó mucho más seria que el Caguán, a tenor del recurso de comunicados conjuntos para hacer frente a las situaciones de mayor alcance y enjundia del proyecto. En total, hubo hasta 109 comunicados con los que se garantizó que la información que saliese de la mesa de diálogo hacia la sociedad civil y los medios de comunicación resultase controlada, consensuada y discutida previamente y en todo momento.

De todo lo anterior es que se desprendió el éxito de obtener un Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. No obstante, si bien no se trata de hacer un resumen de lo dispuesto a lo largo de las más de 300 páginas que comprenden el Acuerdo, sí que resulta útil reivindicar algunas cuestiones que dan cuenta de lo satisfactorio que resultó el mismo para los intereses de Gobierno y FARC-EP.

Por ejemplo, la reforma rural integral se ha orientado hacia una mayor democratización de la posesión y propiedad del uso de la tierra buscando una erradicación de la pobreza extrema además de un acceso progresivo a la propiedad y una democratización la tenencia de la tierra que se prevé que afecte a diez millones de hectáreas. Asimismo, a efectos de participación política, se han blindado las garantías para realizar un efectivo ejercicio de oposición política, tanto a efectos de movilizaciones y protestas sociales, como desde el ejercicio estrictamente partidista. De este modo, se garantiza el acceso a medios de comunicación, la financiación pública durante ocho años para ir conformando el tránsito de las armas a las urnas de las FARC-EP, toda vez que se le permite a la guerrilla un mínimo de representación institucional en el Legislativo por dos períodos presidenciales.

Por su parte, el punto tres recoge un completo elenco de acciones y medidas, las cuales han sido implementadas exitosamente durante el primer semestre de 2017, con las que garantizar la concentración de los excombatientes de las FARC-EP en zonas de transición donde, además de un desarme verificado en su ejercicio por un mecanismo tripartido formado por representantes de las FARC-EP, Gobierno y Naciones Unidas, se llevarán a cabo todas las acciones psico-sociales y formativas orientadas a la reincorporación civil de los excombatientes. El punto cuatro, además de suponer la proximidad con el narcotráfico de las FARC-EP, sin el cual no se comprende su capacidad de combate a lo largo de las últimas dos décadas y media, reconoce la necesidad de problematizar la gestión de este problema en clave trasnacional y entiende que desincentivar la producción cocalera pasa por integrar estímulos económicos, sociales, técnicos y productivos en los pequeños productores. Finalmente, el punto temático sobre víctimas incorpora la necesidad de una justicia transicional que prima la amnistía e indulto de los excombatientes, previa contribución a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que para los mandos directivos y los delitos graves y muy graves se encuentra una plena articulación con lo recogido en el Estatuto de Roma de 1998. De igual forma, se establece la necesidad de una unidad de búsqueda para los miles de desaparecidos por razón del conflicto y una comisión de la verdad que deberá contribuir a la reconciliación y la recomposición simbólica del tejido social afectado por el conflicto. Todo, como establece el punto seis, a partir de elementos de seguimiento y verificación a la implementación del Acuerdo en el que la comunidad internacional tendrá el papel protagónico.

Retos y escenarios futuros que enfrente el país

El Acuerdo de Paz de La Habana con las FARC-EP supone, en sí, lo que en resolución de conflictos e investigación para la paz se denomina como “paz negativa”. Es decir, la paz concebida como la ausencia de guerra, pero no como la ausencia de las condiciones estructurales y simbólicas que dieron lugar a dicha guerra (Galtung, 1969). Expresado de otro modo, el verdadero reto del Gobierno colombiano, y también del Estado, se encuentra en lo que se denomina como posviolencia o posconflicto armado, y que exige toda una nueva definición estructural, institucional y política del Estado colombiano que entraña una mayor dificultad.

Lo anterior no quiere decir que finalizar un conflicto armado sea una cuestión baladí. Lo que significa es que el verdadero reto de superar la violencia política en Colombia pasa por lo que llega después del Acuerdo, a efectos de su implementación. Así, el país acumula en la actualidad veinte millones de personas pobres, en situación de vulnerabilidad. A éstas, se añade el hecho de que hay más de siete millones de desplazamientos forzados y otros tres millones de personas que no saben leer y escribir. Asimismo, Colombia es el país más centralizado de América Latina, donde el 85% del presupuesto del Estado lo gestiona el Gobierno central, y presenta coeficiente Gini, según CEPAL, de 0,54, que lo convierte en el segundo país más desigual del continente y uno de los cinco más desiguales del mundo. El informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 2011 ya alertaba de una cuestión, aún irresoluta: el 1,1% de la población colombiana concentra casi el 50% de su territorio. Y, podemos seguir. Nos encontramos con el décimo país del mundo en precariedad laboral, con niveles de informalidad que, en algunas regiones, supera el 80%, y donde el estigma del narcotráfico sigue presente. Entre 2014 y 2015 la superficie cultivada de coca se incrementó en más de 30.000 hectáreas y, en la actualidad, Colombia presenta una superficie cocalera de 96.000 hectáreas que, es de largo, la mayor del mundo (UNODC, 2016).

Como se entenderá, y aunque el Acuerdo de Paz apunte algunos elementos en favor de la descentralización municipal y la promoción de cultivos alternativos, lo cierto es que la desactivación de estos elementos como concomitantes de la violencia en Colombia exigen una redefinición de los aspectos de base, respecto de cómo se organiza el Estado colombiano. Es imprescindible fortalecer la democracia local, la rendición de cuentas y la transparencia, aproximar los extremos y acortar la distancia entre quienes toman la decisión de la política pública y sus beneficiarios. Con todo, resulta prioritario fortalecer la participación ciudadana en tanto que la cultura política colombiana, hasta el momento, si por algo se caracteriza, es por desafección y desconfianza. Dos perversos elementos que, como plantean en algún momento los economistas Daron Acemoglu y James Robinson (2012), han contribuido a que las élites políticas colombianas desatendieran, sin consecuencia alguna, las demandas sociales de la ciudadanía en aquellos enclaves de mayor vulnerabilidad y violencia.

Es decir, sin generación de ingresos locales, sin fortalecimiento de una institucionalidad municipal, acompañada de los debidos organismos de control, y sin asignación de competencias y una mayor transferencia de recursos, resulta muy difícil ser optimista con el Acuerdo de Paz de La Habana más allá de que se trate, como señala el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en un acuerdo de obligada referencia y aprendizaje.

Y he ahí la principal amenaza. La violencia en Colombia, desde hace décadas viene lastrada por su proximidad a las fuentes de poder criminal que, precisamente, encuentran en todo lo anterior, un balón de oxígeno para proliferar y consolidarse en las regiones más periféricas del país. Enclaves en muchas ocasiones fronterizos, donde la ausencia del Estado es una ventana de oportunidad y donde el control de los cultivos y de las rutas cocaleras termina siendo un negocio más que rentable.

Por si fuera poco, concurren otros tres elementos conexos con lo anterior que afectarían directamente a la sostenibilidad de la paz en Colombia. En primer lugar, la propia negociación con la guerrilla del ELN. Una guerrilla, en términos de pie de fuerza y alcance territorial, mucho más débil que las FARC-EP, pero con unas particularidades propias que no facilitan el diálogo. Un componente ideológico mucho más ortodoxo, un equipo negociador mucho más beligerante, una agenda en la que se encuentran temas mucho más espinosos, como el modelo extractivo, y una organización más horizontal que las FARC-EP, donde la confrontación de posiciones, ad intra del grupo armado, resulta mucho más evidente.

En segundo lugar, se hallaría la persistencia de la amenaza paramilitar. El paramilitarismo, redefinido a modo de “bandas criminales”, sigue presente en más de 200 municipios del país, y cuenta con un volumen de efectivos que supera los 2.000 integrantes. Inmersos en el negocio de la coca, se encuentran detrás de la muerte de más de ciento sesenta activistas sociales en el último año y medio y son una amenaza, no sólo a modo de crimen organizado, sino respecto de la implementación real y efectiva del Acuerdo, principalmente, en aquellos escenarios donde la debilidad institucional se presenta con mayor evidencia.

Por último, quedaría el escenario de las próximas elecciones presidenciales de 2018. La baja popularidad de Juan Manuel Santos, unido a la atomización de la izquierda y la ausencia de nombres fuertes como candidatos continuistas con el Acuerdo de Paz, supone un riesgo para una política de gobierno que debería entenderse, per se, como política de Estado. En este momento, el escenario más probable a efectos de una eventual segunda vuelta se concentra en el lado del tablero político más conservador y escéptico, cuando no enemigo, con el Acuerdo de Paz. Ello, unido a una eventual reconfiguración de la relación con Estados Unidos no hace sino llevarnos a la conclusión de que Colombia se encuentra inmersa en un laberinto en el que la paz y los esfuerzos por consolidar la misma aún tienen importantes retos y desafíos ante sí.

Referencias bibliográficas

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Jerónimo Ríos Sierra

Abogado y politólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una maestría en Política y Democracia y una especialización en Unión Europea por la UNED. Maestría en Relaciones Internacionales y una maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina, ambas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad se encuentra realizando su tesis doctoral, Los enclaves de la violencia en Colombia 1998-2012, bajo la dirección de Heriberto Cairo y María Lois, también en la Universidad Complutense de Madrid.

Es docente invitado en la maestría en Unión Europea de la UNED en España y de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Igualmente es docente y director del centro de investigaciones de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás y consultor en la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI Colombia.

Entre sus líneas de investigación destacan la cartografía del conflicto colombiano en sus múltiples expresiones y las relaciones euro-latinoamericanas en el marco de las cumbres presidenciales y la cooperación internacional.


Nota: