El fenómeno de la migración venezolana en Suramérica

Contexto geopolítico de la crisis migratoria regional

Yoharlis Linárez
Publicado en abril 2019 en La Migraña 30
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La segunda década del siglo XXI ha traído para la región cambios políticos y económicos que evidencian un reflujo de las fuerzas de los movimientos sociales y planteamientos políticos alternativos en la región que inauguraron el presente siglo con importantes avances en el contexto geopolítico regional. Las políticas de integración regional, desarrollo económico con inclusión social, soberanía de los Estados sobre las materias primas y garantía de los derechos humanos, impulsadas por gobiernos alternativos al establishment mundial hoy se ven truncadas por un giro en la correlación de fuerzas políticas, inestabilidad económica producto del quiebre de los precios de las materias primas, altos índices de corrupción que han debilitado la institucionalidad de los Estados y el agotamiento del discurso progresista por el desgaste ocasionado en el ejercicio del gobierno.

Tales cambios han generado condiciones particulares en los países de la región y en ese contexto se viene experimentando un flujo importante de personas que, al no ver satisfechas sus expectativas de vida en sus naciones, deciden migrar buscando mejor calidad de vida en otros países. En ese sentido, los actuales flujos migratorios han rebasado la capacidad de los Estados de la región. En la actualidad, dos grandes flujos migratorios han puesto a prueba las políticas migratorias de los países de la región: el primero, incrementado a partir del 2015, es el flujo migratorio de venezolanos en Suramérica y el segundo, más reciente, la caravana migrante que se desplaza desde los países de Centroamérica hacia los Estados Unidos.

1. Contexto geopolítico: posicionamientos políticos predominantes en el tratamiento de la migración venezolana

La migración venezolana, como evidencia de la crisis migratoria regional, ha sido altamente mediatizada, se le ha dado un tratamiento político polarizado y ha demostrado la incapacidad de los Estados y los organismos internacionales para atender la crisis migratoria de manera efectiva y oportuna. En medio de un convulsionado escenario político de elecciones presidenciales, destituciones a presidentes, crisis institucional e inestabilidad económica, se han fijado posiciones con respecto al flujo migratorio de venezolanos por la región que responden a intereses políticos de alianzas o grupos de países que a su vez se enmarcan en un determinado bloque con influjos geopolíticos en la región. En ese sentido, se pueden identificar por lo menos tres posicionamientos políticos sobre el tema en cuestión, a saber:

a. Crisis humanitaria, intervencionismo y desconocimiento al gobierno venezolano (EUA/OEA/Colombia)

En este primer posicionamiento político se ubican las tesis de la declaración de “crisis humanitaria”, intervencionismo y desconocimiento al gobierno venezolano como solución a la crisis migratoria venezolana. La misma viene siendo sostenida por parte de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), desde hace aproximadamente tres años, fundamentada sobre la base de la pérdida del Estado de derecho en Venezuela, la ruptura del hilo constitucional y el establecimiento de una dictadura en el país petrolero. Esta tesis ha sido respaldada por el gobierno de los Estados Unidos que desde la emisión de la Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, también conocida como Decreto Obama, ha declarado a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”1Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015. Disponible en: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13692.pdf. Tal decreto administrativo significó el asidero jurídico para el bloqueo y las sanciones económicas contra el país caribeño, y que ha sido ratificada y extendida por el actual presidente de los EE. UU. Donald Trump. El 24 de agosto de 2017, por medio de la Orden Ejecutiva 13.808, Trump impone nuevas sanciones motivadas por la emisión de la moneda digital petro por parte del gobierno venezolano, como lo señala el preámbulo de la orden referida: “…y a la luz de las recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones estadounidenses emitiendo una moneda digital en un proceso que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal…”2Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13808.pdf.

Uno de los principales actores que ha fijado posición en cuanto a la necesidad de una intervención ha sido el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien, en ocasión de su visita a Cúcuta, el 14 de septiembre del 2018, manifestó: “en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”3Disponible en: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article218434745.html. Tales aseveraciones prendieron las alertas y generaron distanciamiento de algunos países de la región, fundamentalmente los que conforman el Grupo de Lima. Asimismo, el Secretario General del organismo interamericano había anunciado la creación de un grupo de trabajo para atender la crisis migratoria, por decisión del Consejo Permanente de la OEA, en sesión extraordinaria del 5 de septiembre del mismo año, designando como coordinador del mismo al exalcalde David Smolansky, dirigente del partido Voluntad Popular, organización que dirigió las protestas contra el gobierno de Maduro en el primer trimestre de 2017 y que ha tenido una posición insurreccional y con bastante acercamiento al gobierno estadounidense y el uribismo colombiano.

Por su parte, el gobierno de Colombia a la cabeza del presidente Iván Duque ha jugado un papel protagónico por ser este el país vecino de Venezuela que, según las cifras dadas por migración Colombia, ha recibido más de un millón de venezolanos. A su vez, ha tenido una posición bastante firme en cuanto a su desconocimiento del gobierno venezolano y su denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por “crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos”. En primera instancia, el mandatario colombiano fijó posición con relación al gobierno venezolano ante medios de comunicación el 19 de junio de 2018, de la siguiente manera. “No podemos aceptar una representación con un Gobierno que consideramos ilegítimo, obviamente lo que se mantendrán serán las relaciones consulares, que hacen parte de los protocolos normales del derecho internacional para manejar los temas migratorios y seguiremos operando de esa manera”4Declaraciones reseñadas por France 24 y varios medios de comunicación. Disponible en: https://www.france24.com/es/20180620-ivan-duque-embajador-venezuela-unasur.

Con esta posición, Iván Duque no envió representación diplomática a la nación vecina por no reconocer los resultados de la elección presidencial adelantada en el país petrolero del 20 de mayo del presente año, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de este país proclamó como presidente a Nicolás Maduro para un nuevo período de gobierno 2019-2025. Del mismo modo, el presidente Duque fijó posición con relación a organismos multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), afirmando que “el resultado de Unasur es trágico porque terminó siendo el gran validador de la peor dictadura que haya visto Suramérica en años»5Idem, lo que evidencia su posición de acercamiento a la OEA y a la posición de su Secretario General, Luis Almagro. Cabe destacar que Colombia es aliado estratégico de EE. UU. en la región y que ha jugado una posición de cabeza de playa en la subregión suramericana.

Puede ser previsible que con el triunfo electoral de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, por su posición político-ideológica, este Gobierno dé un giro radical en las relaciones exteriores, aunque Bolsonaro descartó la posibilidad de apoyar una intervención militar en Venezuela, para Fernando Cutz, quien hasta abril fue el máximo responsable para Suramérica del Consejo de Seguridad Nacional y que asesora al presidente Trump en política exterior y seguridad, “puede que ahora se den las condiciones para llevar un plan adelante”6Según afirmación a la ABC. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-trump-ofrecera-bolsonaro-colaboracion-militar-para-venezuela-201810292027_noticia.html.

b. Injerencia diplomática (Grupo de Lima/Declaración de Quito)

El segundo posicionamiento político es el que ha sido liderado por el Grupo de Lima y la Declaración de Quito. Este posicionamiento juega un papel más moderado en el contexto geopolítico de la región. El Grupo de Lima es una instancia multilateral conformada por 17 países que suscribieron la Declaración de Lima7Disponible en: https://ep00.epimg.net/descargables/2017/08/09/325283de2b3c8ff466987a2b99da5b7a.pdf, el 8 de agosto de 2017, en la cual se planteó, entre los puntos más importantes, la condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela, continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y desconocer la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y los actos que emanen de ella. Desde este grupo, en un primer momento se hicieron propuestas de asistencia y protección a los migrantes, así como apoyo a los venezolanos que aún permanecen en su país, para lo cual hicieron solicitudes al Gobierno venezolano para establecer mecanismos para el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, el papel del Grupo de Lima ha quedado supeditado a un grupo de presión política en el contexto regional y, por su parte, el Gobierno venezolano desconoce todas las acciones y declaraciones emanadas de este bloque de países.

En este posicionamiento también se encuentra Ecuador, que impulsó la primera reunión regional de alto nivel sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas, en la que participaron 13 países y que se llevó a cabo en Quito, el 3 y 4 de septiembre de 2018. En esta reunión se da la Declaración de Quito8Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/declaracion_quito_reunion_tecnica_regional.pdf, que en su acuerdo número dos establece:

Continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno, con la provisión de asistencia humanitaria; acceso a mecanismos de permanencia regular, incluyendo la consideración de procesos de regularización migratoria; combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes; lucha contra la violencia sexual y de género; protección infantil; rechazo a la discriminación y la xenofobia; acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado; y, en general, continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables

Es importante aclarar que los países que forman parte de este bloque de posicionamiento político frente a la crisis migratoria venezolano han trascendido el hecho declarativo y, por el contrario, no han cumplido con los acuerdos. Tal situación se evidencia en las recientes decisiones de países como Ecuador y Perú, que apuntan hacia políticas restrictivas que responden a un cambio de enfoque de derechos humanos a un enfoque securitista. En el caso de Perú, el presidente Martín Vizcarra confirmó que se dejará de otorgar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a venezolanos, argumentando que “hay que buscar el equilibrio entre la solidaridad y la posibilidad real de dar ayuda”9Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/29/peru-dejara-de-otorgar-permiso-temporal-de-residencia-a-los-venezolanos/. En esta misma línea, Ecuador, que venía teniendo políticas migratorias de apertura con enfoque de derechos humanos, ha declarado la emergencia migratoria en su frontera norte, en vista de que diariamente ingresan 4200 venezolanos por el puesto fronterizo de Rumichaca: “El objetivo es establecer un plan de contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria”, según el comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana.

En este bloque de posicionamiento se puede ubicar a Chile, cuyo presidente, Sebastián Piñera, declaró que se otorgará a los venezolanos migrantes la visa de responsabilidad democrática, que comenzó a regir el 16 de abril de 2018. Esta visa debe tramitarse en el consulado chileno en Caracas, lo que quiere decir que los venezolanos que desean emigrar a Chile deben solicitar dicha visa dentro del territorio venezolano.

c. Negación de la crisis migratoria

El tercer posicionamiento político ha sido el de la negación de la crisis migratoria, liderado por el Estado venezolano, aunque producto de la presión ejercida por la realidad y por el discurso mediático, ha habido algunas reacciones por parte de su gobierno, como el impulso del Plan Vuelta a la Patria, una política de retorno dirigida a los migrantes; según la Cancillería venezolana, hasta el 24 de octubre de 2018 han retornado 8401 migrantes10Disponible en: http://mppre.gob.ve/2018/10/24/asciende-a-8-401-cifra-de-repatriados-venezolanos-a-traves-del-plan-vuelta-a-la-patria/.

No obstante, los organismos oficiales de cada uno de los países de la región aportan cifras que reflejan el creciente flujo migratorio de venezolanos. Entre los primeros diez países receptores se encuentran: Colombia, que lidera la lista con 1100000 migrantes venezolanos, Perú 410000, Estados Unidos 390000, Chile 240000, España, 230000, Ecuador 180000, Argentina 120000, México 95000, Panamá 80000 y Brasil 59000. Según Infobae, se estima que para agosto de 2018 3029240 de venezolanos habían salido de su país11Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/09/03/el-desgarrador-exodo-de-venezolanos-en-numeros/. Estas estimaciones coinciden con el último reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que señala que las cifras de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo alcanzan los tres millones12Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/press/2018/11/5be443b54/la-cifra-de-personas-refugiadas-e-inmigrantes-venezolanas-alcanza-los-3.html.

Ante esta realidad, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado que todo forma parte de una campaña de desprestigio: “Es encabezada por una campaña mundial de declaraciones de voceros del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, acusándonos de migrar a otros lugares del mundo y creando un escándalo para justificar una política de intervención al país».

Ahora bien, ninguno de estos tres posicionamientos políticos frente a la migración venezolana han generado soluciones efectivas al padecimiento de las personas que se encuentran transitando por las diferentes rutas de Suramérica, lo que evidencia que el tratamiento ha sido sesgado, altamente mediatizado y polarizado, respondiendo a intereses geopolíticos y económicos de los poderes fácticos en la región. Independientemente de la cantidad y las causas por las cuales se genera este flujo migratorio, la realidad es que las personas migrantes se tienen que enfrentar en condiciones de precariedad y vulnerabilidad a los obstáculos impuestos por las burocracias estatales, la indiferencia de los organismos internacionales, las mafias de trata de personas, las mafias de gestores de documentos, las inclemencias climáticas, la manifestaciones de xenofobia y, en general, la violación de sus derechos humanos.

No se puede olvidar que la migración es inherente a la condición humana y en el contexto regional es necesario y pertinente construir una política migratoria consensuada por todos los Estados de Suramérica, los organismos internacionales, las iglesias y la sociedad civil que permita superar la actual crisis migratoria.

2. Protocolo Regional de Atención Integral al Migrante como propuesta de solución concertada a la crisis migratoria

El Protocolo Regional de Atención Integral al Migrante (PRAIM) se propone como un mecanismo regional para el tratamiento de la crisis migratoria que está experimentando la región con el flujo migratorio de venezolanos, en un esfuerzo mancomunado por parte de los Estados de la región suramericana, los organismos internacionales, las iglesias y la sociedad civil. Esta propuesta ha sido producto de la construcción colectiva de expertos, académicos y estudiosos del tema migratorio. El PRAIM se presenta como una política pública migratoria a ser evaluada, coordinada y ejecutada en una acción conjunta de los Estados de la región y los organismos internacionales competentes.

A saber:

Considerando

  1. Que las naciones de la región se han comprometido con la defensa y garantía de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios, acuerdos y tratados internacionales.
  2. Que los Estados de la región han mostrado voluntad para la cooperación e integración regional para abordar los asuntos inherentes a nuestra región.
  3. Que existe la necesidad de implementar políticas públicas de atención integral y de manera conjunta por parte de los Estados y organismos internacionales para atender la creciente afluencia de personas venezolanas en condiciones de vulnerabilidad por la región.

Proponemos

  1. Que los Estados de la región asuman, en consecuencia con los convenios internacionales y el espíritu de solidaridad humana, el Protocolo Regional de Atención Integral al Migrante, como una estrategia regional de atención y solución a la actual crisis migratoria que se presenta con la movilidad humana en masa de nacionales venezolanos por la región.
  2. Se declare el Canal Humanitario Panamericano sobre los aproximadamente 6800 km de distancia que hay entre el cruce fronterizo San Antonio del Táchira (Venezuela) – La Parada, Norte de Santander (Colombia) y Santiago de Chile. Se toman en consideración estos dos puntos como referencia de partida y fin del Canal Humanitario Panamericano porque por el cruce fronterizo entre San Antonio del Táchira y La Parada, se registra la mayor salida de venezolanos, y en el caso de Santiago de Chile, por ser este el último punto de destino a donde se plantean llegar los migrantes venezolanos. Este sería un tramo que recorrería cuatro países (Colombia, Ecuador, Perú y Chile).
  3. Se instalen Puntos de Acogida y Atención Integral Humanitaria (PA-AIH) en cada uno de los cruces fronterizos existentes en el trayecto y a cada 500 km de distancia aproximadamente, en sitios que cuenten con los servicios vitales (agua, alimentación y descanso), atención médica integral, registro migratorio, encuesta de caracterización y orientación integral y psicológica. En cada Punto de Acogida y Atención Integral Humanitaria estarán atendiendo funcionarios certificados por parte del Estado en donde se encuentre ubicado el punto, de la Cruz Roja, personal médico asistencial y de labores humanitarias certificados por los organismos internacionales como la ACNUR y OIM, y personal experto para la aplicación de la encuesta de caracterización y la orientación integral y psicológica certificados por las universidades, centros de estudios y facultades de ciencias sociales de la región.
  4. La aplicación del Protocolo Regional de Atención Integral al Migrante debe ser de forma coordinada y conjunta entre los Estados, los organismos internacionales y el llamado tercer sector (ONG, iglesias, academia y sociedad civil).
  5. Cada país debe comprometerse con que sus organismos de seguridad velarán por la seguridad e integridad física de los migrantes que estén pasando por su territorio y del personal que esté en labores de atención humanitaria al migrante en los Puntos de Acogida y Atención Integral Humanitaria.
  6. Los recursos necesarios para implementar estas acciones saldrán de un Fondo Humanitario creado por los aportes de la Comunidad Internacional, los organismos competentes y las donaciones de los Estados.

El Estado Plurinacional de Bolivia está en la capacidad de liderar esta propuesta, por tres razones fundamentales:

  1. Bolivia fue sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos de un Mundo sin Muros -que tuvo lugar en Tiquipaya en junio de 2017- donde se firmó la Declaración de la Conferencia Mundial hacia la Ciudadanía Universal. En esta se planteó superar la perspectiva hegemónica de la política migratoria que plantea exclusivamente una gestión de las migraciones de manera regular, ordenada y segura por una visión actual, real y humanista que permita acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes.
  2. Bolivia ostenta actualmente la Presidencia Protémpore de UNASUR, el bloque político más importante del continente.
  3. Bolivia será sede de la XIII Conferencia Suramericana de Migraciones.Estas tres razones fundamentales facultan al gobierno del presidente Evo Morales para liderar una acción que permita la movilidad intrarregional de los ciudadanos venezolanos, el pleno ejercicio de sus derechos y el rechazo a la criminaglización de la migración bajo falsos enfoques de seguridad y control.

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Yoharlis Linárez

Es lingüista, docente, escritora e investigadora. Graduada como Educadora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Lara y en la Universidad de Los Andes, en Mérida, como Magíster en Lingüística. Se especializa en sintaxis y análisis del discurso, así como en gramática de la lengua española.

Actualmente, lidera-junto a Emilio Useche-el proyecto Huellas en el Sur una investigación sobre la migración venezolana en Suramérica.


Emilio Useche

Es politólogo, político, articulista y asesor venezolano. Estudió en la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. Su trabajo de grado Asamblea Departamental de Santander como espacio para la Participación Política. Crisis diplomática colombo-venezolana de 2009, recibió la mención publicación. Politólogo con especialización en Gerencia Pública de la Universidad Nacional del Táchira.

Fue asistente Parlamentario en la Asamblea Nacional de su país, candidato para el Consejo Legislativo del Estado Mérida y candidato a diputado por la misma región.