Derechos políticos vulnerados de las mujeres en Bolivia

María Eugenia Rojas Valverde
Publicado en mayo 2017 en La Migraña 21
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En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública por medio de elecciones democráticas y ocupan espacios políticos sufren acoso y violencia política por motivos de género, que representa el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles de ellas; además de infringir sus derechos al ejercicio electoral por el cual fueron elegidas, paulatinamente más generalizados y tolerados social y políticamente. La violencia contra las mujeres, candidatas, electas y/o en ejercicio, prestas a ocupar o que ya ocupan cargos y funciones públicas, genera cuestionamientos, en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad para su cumplimiento.

En consecuencia, el acoso y la violencia política se constituyen en un problema de la sociedad en su conjunto, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso, se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves al haberse naturalizado.
La irrupción de las mujeres en los espacios de decisión política ha encontrado numerosos obstáculos, dando lugar a situaciones de acoso y de violencia en contra de ellas, en todos los niveles de gobierno. Frente a esta situación, se plantean diversas medidas importantes para defender los intereses y derechos políticos y electorales de todas las mujeres que se encuentran en la función pública.

Hasta mediados de los 90, año en el que se formaliza la participación de las mujeres en la política, en casi toda Latino América y el Caribe, así como su presencia, primero en el ámbito municipal, luego, mucho después su visibilidad y representación, en cargos Presidenciales y Legislativos; pero hasta entonces no constituían parte de la agenda política, ni eran parte de la agenda gubernamental ni de movimientos sociales femeninos o feministas.

En relación a las mujeres en la política, que se ejercitan en el espacio público, se tiene asignaturas pendientes con ellas; es necesario conocer el arduo proceso que se desarrolló hace más de una década y el proceso de identificación de un fenómeno social y político que iba en desmedro de las mujeres en su lucha por mantenerse o constituirse en sujetas de derechos políticos y del cumplimiento de la justicia electoral. Este largo proceso que ha develado hechos perversos en contra de ellas, con el único fin de causar la deserción de las mujeres del campo de la actuación de la esfera pública, incluso instrumentalizando su actuación desde la suplencia a la titularidad de un cargo electo, lo cual impide el desarrollo de liderazgos efectivos y el empoderamiento necesario que permitan cambiar las estructuras y sistemas electorales y de partidos políticos, que las obligan a someterse o a imitar estrategias políticas masculinas. Se necesita plantear estrategias que coadyuven su inclusión y el ejercicio libre en su participación (con vos y accionar propios), así como de responder a una justicia electoral que dejará atrás concepciones que resisten a quitar la centralidad del poder como un asunto propiamente masculino y a la vez las proteja y de garantías.

Se gestó de esta manera, determinando a su vez las perspectivas y limitaciones, una de las más importantes iniciativas legislativas en la presente década; dando a conocer sobre las condiciones de trabajo y oficio político de todas las mujeres que emprenden e intentan ingresar a la política, además de desentrañar las consecuencias de lo público y sus efectos en diversidad de ámbitos que perjudican a las mujeres entre estos su entorno familiar, su salud y su trabajo, que las mujeres confrontan al ejercer los puestos de representación política-pública.

Esperando contribuir a este propósito, a partir de la iniciativa boliviana, surgen posteriormente diversos estudios que revelan y ofrecen un marco conceptual, normativo y jurisprudencia nacional e internacional; además, algunas constataciones y diversas prácticas de acoso y de violencia política develadas según su contexto cultural. Adicionalmente, se argumenta y justifica sobre la violencia política como uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos y constitucionales de las autoridades políticas femeninas, en etapas pre electorales, durante y post electorales; actos que se convierten en las más comunes en la región. También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad. Es necesario el abordaje de las dificultades de aplicar la normatividad actual y los insuficientes y/o inexistentes mecanismos para su cumplimiento.

Por ello, se planteó la necesidad de contar con una “Ley” que determine las causas, efectos y la sanción respectiva a los(as) agresores(as), además de acciones de prevención, de las instancias competentes y la promoción de estudios para una aproximación de las competencias precisas, tanto a nivel nacional, departamental y municipal especialmente. Los diversos tipos de acoso y violencia política frenan la gestión pública, por tanto, pueden constituir un costo mayor al momento de ejecutar los programas y proyectos, conduciendo a que no se los realice o se lo haga de manera claramente deficitaria, en relación a los objetivos marcados por el propio municipio.

Es necesario aplicar la nueva Ley 243, para proteger, prevenir y sancionar/penalizar el acoso y la violencia política hacia las mujeres; determinando fehacientemente que en Bolivia, los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos”, provocados por razones e intereses político-partidarios, machistas y patriarcales, ya se encuentran definidos y reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres de manera diferenciada, siendo primordial contar con recursos humanos-financieros e infraestructura institucional. En muchos casos los planteamientos realizados hasta ahora son ambiguos, porque no se cuenta con el apoyo necesario, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y sanción.

Breve evaluación del cumplimiento de la Ley 243

La Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (LAPVM), fue aprobada el 28 de mayo de 2012 (Ley No. 243). Constituye el primer instrumento legal a nivel nacional y regional que tiene el propósito de proteger a las mujeres en ejercicio activo de sus derechos políticos, de actos que por años fueron utilizados para marginar y discriminar a candidatas y/o para restringir o suspender de las funciones políticas a las mujeres.

La importancia de la Ley 243 radicó en el hecho que debería haber proporcionado seguridad jurídica a todas aquellas mujeres que son o pudieran ser víctimas de acoso y violencia política: candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político pública en todos los niveles de la organización territorial del Estado. Su importancia también radicó en que marca un hito en la legislación nacional, de América Latina, el Caribe y el mundo en lo que refiere a la obligación que asume el Estado; sin embargo, la norma no prevaleció a través de las instancias competentes, para atender y sancionar todos aquellos actos de acoso y violencia política que se ejerzan en contra de las mujeres y que vulneren el ejercicio pleno de sus derechos políticos, debido a una falta de claridad en las competencias, protocolos de atención y de conocimiento de estos hechos. Es decir, hasta hoy no se ha abordado la atención institucional de los casos de acoso y violencia política.

Siendo que la Ley 243 faculta a denunciar a la víctima, también pueden denunciar terceros como sus familiares y cualquier persona natural o jurídica. Además obliga a denunciar a todas y todos los servidores públicos que conozcan de las faltas y delitos. Por otro lado, la Ley 243 establece expresamente que el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, es la instancia encargada de diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas dirigidas a prevenir, atender y hasta sancionar todo acto o hecho que constituya falta o delito de acoso y/o violencia política.

Sin embargo, todavía este profundo avance legislativo en favor de las mujeres en la política, precisa refuerzos y un firme apoyo administrativo y de una instancia con poder de decisión política y económica fuerte, además de una sistematización de la información y jurisprudencia en la materia de los casos judiciales, para su debido seguimiento. O sea, esta norma requiere de refuerzos, puesto que todas las instancias de gobierno deberían contar con protocolos de atención para su derivación a la instancia que corresponda.

En cuanto a la prevención, la Ley 243 considera y determina de manera general las acciones de prevención que debe realizar el Estado y las instancias públicas responsables de supervisar y coordinar su cumplimiento; aunque no mencionan las instancias competentes para la resolución de los casos.

De igual forma, LAVPM establece que en el marco de las autonomías, tanto los Estatutos Autonómicos como las Cartas Orgánicas, normas institucionales locales, así como disposiciones normativas y reglamentarias deben incorporar medidas de prevención de acoso y violencia política (Art. 11). En este marco autonómico, no existen mecanismos de rendición de cuentas sólidos e institucionalizados para ejecutar las leyes de conformidad con los derechos constitucionales y los derechos humanos y políticos de las mujeres, en los que se debieran asignar recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes. Además de adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada sensibilización, socialización de las normas a favor de las mujeres, como la Ley 243.


Establece también la Nulidad de Actos como otra política de prevención de hechos de acoso y violencia política. Todos los actos que sean realizados como consecuencia de faltas o delitos que constituyen acoso y/o violencia política serán declarados nulos, una vez que dicha situación haya sido debidamente demostrado ante las instancias competentes y que cuente con una resolución definitiva (Art. 9 LAVPM). Hasta ahora se desconoce que exista alguno.

En cuanto a la atención de los casos de acoso y/o violencia política sobre hechos o actos para que sean atendidos de manera oportuna y no queden impunes, la ley reconoce tres vías: administrativa, penal y constitucional. En la vía administrativa, la ley establece agravantes de la sanción, es decir razones o causales, por las que la sanción de las faltas específicamente graves se pueden aumentar al máximo de la sanción, es decir hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes. Las sanciones que se impongan en la vía administrativa deben ser cumplidas sin que ello impida que paralelamente los mismos agresores puedan ser denunciados y sancionados en la vía penal cuando corresponda (Art. 18 autonomía de sanción, LAVPM). Aún no existe una instancia que atienda de manera institucionalizada los casos de acoso y violencia política.

Por la vía penal, la LAVPM establece que el Ministerio Público es la instancia donde se debe denunciar la comisión de delitos de acoso y violencia política y dispone también cuáles son hechos o actos que están tipificados como tales (Art. 20, LAVPM). Esta vía también reconoce la aplicación de agravantes o causales por las que las y los administradores de justicia deben aumentar con un tercio de la pena. La Ley prohíbe la conciliación al disponer que los delitos de acoso y violencia política no pueden ser resueltos a través de la conciliación, esta vía es a la que se ha recurrido regularmente, en casos penales sobretodo; pero existen otro tipo de casos que deberían ser atendidos como señala la Ley ante Ministerio de Justicia, Viceministerio de Autonomías y en otros casos muy recurrentes en el Tribunal Supremo Electoral.

Es preciso establecer tribunales especializados que se dediquen exclusivamente a casos de delitos electorales por casos de acoso y violencia política en las instancias apropiadas como el TSE.

Sobre la atención por la vía constitucional, LAVPM dispone que se recurrirá a esta vía sólo cuando corresponda y ante la instancia competente, de conformidad a la Constitución Política del Estado (CPE) vigente y a las leyes vigentes1. Esta es otra instancia que no cuenta con ningún protocolo de actuación.
Se contempla la importante intervención del Órgano o Instancia Electoral como responsable de definir las políticas y estrategias de educación democrática, incorporando el enfoque de género para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Art. 10, parágrafo II, LAVPM). Así como atender en primera instancia las renuncias de las mujeres candidatas, electas y/o en el ejercicio de la función político-pública, así como remitir los antecedentes al Ministerio Público cuando los servidores/as públicos/as tengan conocimiento de actos (delitos) de acoso y/o violencia política (Art. 25, LAVPM) y adoptar la reglamentación necesaria para garantizar la paridad y alternancia en los procesos de habilitación extraordinaria de suplencias (Disposición final y única LAVPM).2

El reconocimiento expreso que hace la LAPVM respecto a la intervención de la instancia Electoral es muy importante al permitir identificar nuevos roles u obligaciones para este órgano como directo garante del ejercicio pleno de los derechos políticos electorales en particular de las mujeres, y con ello la obligación que asume como parte del Estado para garantizar y hacer efectiva la democracia participativa, representativa intercultural y con perspectiva de género.

El artículo 24 de la LAPVM establece que la renuncia debe ser presentada en primera instancia al Órgano Electoral, lo que implica que la institución en referencia no sólo debe recibir a la brevedad posible todas las renuncias sino además revisar y analizar minuciosamente cuáles son “las causas reales que motivan dicho acto”, si es que éstas responden a las causales de renuncia que prevé la normativa especial o si de lo contrario pueden ser consecuencia de un acto de acoso y/o violencia política. El resultado de dicha consideración es lo que finalmente permitirá al Órgano Electoral fundamentar la pertinencia de emitir conforme a sus atribuciones y competencias una resolución que determine la habilitación de una suplencia o la negación de la misma.3

Las otras obligaciones que dispone la Ley 243 sobre las Organizaciones Sociales e Instituciones Públicas son la incorporación en sus estatutos y reglamentos internos, disposiciones sobre prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres en un plazo de 180 días a partir de su vigencia (Disposición transitoria cuarta LAVPM). Las Organizaciones Políticas y sociales deben incorporar disposiciones específicas para promover y garantizar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres (Disposición transitoria cuarta LAVPM). Adicionalmente, las instituciones públicas deben modificar sus reglamentos internos, de personal, disciplinarios u otros incluyendo las faltas de acoso y violencia política que se atienden en la vía administrativa y que están establecidas en el Art. 8 de LAVPM en un plazo de noventa días a partir de la publicación de la ley (Disposición transitoria quinta).

Todas estas disposiciones sin duda enriquecen la legislación en favor de la mujer y garantizan sus derechos políticos, además establecen y reconocen la igualdad en la participación y los derechos entre mujeres y hombres, el derecho a una vida sin violencia y ofrece una base muy importante para exigir y lograr la igualdad en la práctica.

De hecho la Ley 243 establece y se constituye apenas en un punto de referencia central para las diversas iniciativas políticas y culturales que deben impulsar cambios en las normas sociales y marcar las pautas para el cambio de actitudes patriarcales en los espacios públicos-políticos y electorales.

No obstante, para hacer realidad el ejercicio de los derechos de las mujeres, no basta con una mera reforma jurídica, la traducción de la igualdad ante la ley en resultados equitativos no es automática, y menos para erradicar la violencia dentro de las sociedades machistas existentes. Las desigualdades socioeconómicas y políticas se encuentran profundamente arraigadas, las normas sociales discriminatorias existen en todos los ámbitos, privados o públicos, no conoce barreras éticas menos morales, prácticas recurrentes perjudiciales sin sanciones ni culpables, aquí reivindico el caso de Juana Quispe hasta ahora sin resolución.

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María Eugenia Rojas Valverde

Ha estudiado ciencias económicas y financieras, es activista comprometida por los derechos de las mujeres, especialista en derechos humanos y gestión al desarrollo, cuenta con títulos académicos a nivel licenciatura, maestría, diplomados y post grados en diversidad de países y universidades. Estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, así mismo es parte y socia activa de la RED LAD. Ha escrito varios artículos y documentos relacionados a la vulneración de los derechos políticos de las mujeres e indígenas originarios campesinos, entre estos el libro titulado “Derechos Políticos de las Mujeres; Entre la inseguridad y la violencia política de algo riesgo”. Desde el aporte investigativo ha realizado estudios de género, apoyando a las instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia INE, Unión Europea UE, PNUD y ONU MUJERES.


Nota: