Necesidad de un debate sobre Desarrollo en armonía con la Madre Tierra:

¿Ecologismo versus Ecosocialismo?

Cynthia Silva Maturana
Publicado en mayo 2017 en La Migraña 21
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Al revisar las noticias y manifestaciones de grupos ciudadanos, en torno al desarrollo de obras de infraestructura de gran envergadura que ha priorizado nuestro Gobierno liderado por el Presidente Evo Morales, podemos ver que se pretende instalar la imagen de una contraposición entre una ciudadanía preocupada por los impactos ambientales y un Gobierno preocupado por el desarrollismo, que hubiera abandonado el discurso en favor de la Madre Tierra.

Esta reducción de la complejidad de la problemática, busca únicamente desvirtuar aspectos fundamentales de la construcción del Estado Plurinacional y de los postulados de nuestro Gobierno en torno al desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, en un marco de respeto a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la responsabilidad estatal para que toda la población sea capaz, y tenga la posibilidad de satisfacer sus necesidades basicas.

El falso debate

El debate tendría que instalarse al márgen de un ambientalismo urbano, alejado de la realidad, que cree que esta no tiene matices, que todo es azul o verde, que los árboles y las plantas y todas las especies son todas igual de importantes…. claro ese es un enfoque imposible de debatir, es como una fe irracional que sublima en la naturaleza todas las maravillas…, pero extraña o malintencionadamente olvida a una especie … nosotros.

Verdaderamente hay que considerar que el bacilo de Koch o el mosquito Anopheles tienen el mismo derecho a la vida que un niño enfermo de tuberculosis o de malaria? (M. Lowy)

Un debate que se sitúa en la crítica permanente a cualquier desarrollo debido a que genera un impacto ambiental, no permite vislumbrar un camino, pues evidentemente todo desarrollo de infraestructura genera un impacto ambiental y por tanto la única respuesta sería no ejecutar ninguna acción.

Por otro lado, esta reducción del debate a los planteamientos de los impactos ambientales, nos llevaría en general a los postulados de la reducción del consumo, corriente ampliamente expandida, que también ignora la necesidad de reconocer que hay grupos humanos que pueden reducir su consumo, pero que hay amplias mayorías que no han llegado a satisfacer las necesidades básicas.

Y por tanto, es un postulado que se abstrae de las realidades de pobreza y marginalidad de amplias mayorías en el mundo, y se preocupa únicamente de una visión de “intocabilidad”, “intangibilidad” de la naturaleza, sin asumir la necesaria responsabilidad de analizar el efecto que dicha tendencia tiene en las oportunidades de futuro de muchas personas, colectivos y pueblos. Es evidente, que existen poblaciones incluso países cuyo consumo dispendioso debe ser revertido, pero también existen pobladores, por ejemplo los habitantes de las áreas protegidas de Bolivia, cuya pobreza determina que sus niveles de consumo ni siquiera se aproximen a los mínimos necesarios que les permitan cubrir sus necesidades básicas. Y se produce la paradoja que, comunidades crónicamente pobres reciban premios de conservación incluso de organismos internacionales.

….el «consumo excesivo» de la población, y la solución no es una «limitación» general del consumo, principalmente en los países capitalistas avanzados. Es el tipo de consumo actual, basado en la ostentación, el despilfarro, la alienación mercantil, la obsesión acumuladora lo que debe ser cuestionado (M. Lowy).

A esta visión idílica de la naturaleza, a esta tendencia de protección de la misma, se suma una visión distorsionada sobre las naciones y pueblos indígenas, condenándolos a ser un componente más de la naturaleza, y cerrando las posibilidades de un análisis real de las visiones de desarrollo, las necesidades existentes y las expectativas de estos pueblos.

No podemos partir de una comprensión romántica de la vida de los pueblos indígenas en sus territorios, cuando un niño o niña muere por diarrea en un territorio indígena, por una total ausencia del derecho al acceso a la salud. Cuando un niño y una mujer sufrieron un accidente en sus hogares por una lamparita de querosén, porque nunca fue prioritario el derecho a la energía, deben hacernos reflexionar desde una construcción política de “lo ambiental”.

Es legítimo que grupos de ciudadanos se agrupen para defender una área protegida o a los perritos abandonados, pero eso no significa que solo estos grupos deban definir las prioridades de desarrollo del Estado y menos aún las responsabilidades del Estado para la superación de la pobreza, particularmente de comunidades indígena originario campesinas.

Propuestas para contextualizar el debate

Lo histórico político.- No es lo mismo abordar el análisis del desarrollo de una obra, cualquiera sea ella, en un momento en que el país era controlado por los grandes capitales, con un gobierno débil y pusilánime y donde toda decisión de “desarrollo” tendía a incrementar el capital, la riqueza de los pocos, y exterminar los recursos de un país cada vez más empobrecido y dependiente; que debatir desde el momento en que el Estado interviene de manera decidida en políticas inclusivas, redistributivas, y plantea además un abordaje distinto del desarrollo, donde no pretende dejar de lado el derecho de bolivianos y bolivianas a una vida digna, pero tampoco busca exterminar la base natural que sustenta esta visión de desarrollo integral.

Situar el debate en el contexto histórico–político es central, por ejemplo hoy que vemos en el panorama mediático la preocupación sobre el avance de la deforestación y la responsabilidad de nuestro Gobierno en esta tendencia, no se puede olvidar que el primer millón hectáreas de deforestación fueron fruto de una decisión impulsada por el Banco Mundial a través del Proyecto Lowlands – Proyecto Tierras Bajas del Este.

Lo ambiental.- Otro elemento para el abordaje surge desde el análisis de la gestión ambiental (control y monitoreo) que se ha planteado en la Ley 1333 y su reglamentación, hasta ahora vigente, que ha llegado al punto de convertirse más en un proceso burocrático y administrativo, que en un sistema de gestión ambiental efectivo.

Aunque en su momento, este modelo tuvo la virtud de sensibilizar a la ciudadanía, de alertar sobre los problemas ambientales que se nos venían encima, de concientizar a la población sobre la problemática ambiental. Hasta ahora no ha tenido grandes frutos, y principalmente, porque la crisis ambiental no es un problema ambiental o del modelo de gestión ambiental, sino que es un resultado del modelo de desarrollo.
Fruto de este proceso concientizador, la ciudadanía manifiesta legítimamente y cada vez con más fuerza su preocupación pública. ¿Cuánta agua usan las operaciones mineras o industriales? ¿Están contaminando los recursos hídricos tan necesarios para la vida? Y esta molestia y preocupación, legítima por cierto, termina en una identificación de un solo culpable, el gobierno, por su ineficiencia, ineptitud, y su incapacidad de ser omnipresente, omnipotente, pero en un marco de condiciones de alta democracia y “libertades”. Son pocos los procesos que terminan en colectivos ciudadanos que van más allá del voluntarismo, y que debaten con profundidad y plantean el camino hacia soluciones en torno al modelo de desarrollo.

Entonces, tenemos un contexto de un creciente activismo social preocupado por la situación ambiental, pero un sistema y régimen ambiental anacrónico.

Es decir, pese a que siguen vigentes los instrumentos y se realizan permanentemente todos los pasos establecidos en la norma: estudios de evaluación de impacto ambiental, medidas de mitigación, informes de monitoreo: y muchos otros, se va haciendo evidente que el modelo de gestión ambiental no está permitiendo evaluar con seriedad y claridad realmente la situación de las funciones ambientales, la situación de la base natural y, por tanto, entender la magnitud del riesgo de los sistemas económicos, productivos, sociales y culturales que dependen de la base natural. Es decir, desde la perspectiva del ambientalismo, no podremos abordar la situación de los sistemas de vida.

Más aun, al haber dejado de lado la perspectiva de análisis territorial en el régimen ambiental, todo el sistema se realiza en torno a las obras consideradas individualmente, el sistema de análisis al no estar acompañado por otros de análisis de la situación en el territorio, no se puede conocer cuál es el efecto sinérgico de las muchas actividades, obras o proyectos autorizados.

Por ejemplo, se autoriza el uso de recursos hídricos para cada obra individualmente, pero la norma no ha previsto el análisis territorial – funcional integral, que permita planificar el uso de los recursos, y por tanto garantizar no sólo la disponibilidad de agua para los usos productivos, industriales y humanos, sino además garantizar el caudal para la vida, la garantía de las funciones ambientales.

Este régimen ambiental también condena a las autoridades responsables, incluso en las Grandes Obras, a esperar los estudios de evaluación de impacto ambiental, para realizar el análisis respectivo y otorgar la licencia ambiental.

Cuando en realidad lo que se debería hacer –y lo estamos avanzando también– es acompañar desde el diseño con estudios en profundidad, entre otros, para alcanzar las obras con mayores criterios de equilibrio ambiental y respeto a los derechos de los pueblos y naciones.
No deslindamos responsabilidades, por el contrario debemos –y estamos en el proceso– de desarrollar un nuevo régimen ambiental que surga desde la visión del Estado Plurinacional, desde la perspectiva del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra.

Propuestas para abrir el debate

La necesidad de una perspectiva ecosocialista, define situar los problemas ambientales desde una perspectiva de ejercicio del poder político, es decir, la única posibilidad de alcanzar el desarrollo integral y armónico con la Madre Tierra radica en avanzar en la construcción del Ecosocialismo.

Entonces, debemos abordar el debate desde el país que el año 2006 ha definido la dignidad y la inclusividad como base de sus acciones, que toma decisiones para beneficio de las grandes mayorías, las postergadas, las excluídas, que no ha dejado de lado a las clases medias, y, siendo honestos, que sigue beneficiando a las clases más pudientes; pero, desde un país que aún basa su desarrollo económico en las actividades extractivas, pero no para sustentar los bolsillos de las transnacionales, sino para invertir en las bases materiales de la construcción de nuestro Estado Plurinacional, la educación, la salud, la infraestructura, el acceso a la energía, al agua segura y potable, el desarrollo de las bases productivas como los sistemas de riego, el sanemiento de tierras con modelos más inclusivos.

Es en ese contexto que debemos situar el desarrollo de las megaobras y el análisis sobre su impacto ambiental.

Es decir, se plantea la necesidad de un debate sobre las decisiones de grandes obras desde una perspectiva integral, desde la visión de país que cuya perpectiva está plasmada en la Constitución Política del Estado. Proyectos como la Hidroeléctrica del Chepete – Bala, deben ser situados con una mirada de largo plazo en todas las fases de su ejecución, por tanto ha de ser larga, como lo es el mismo análisis ambiental y el seguimiento que debe hacerse.

Situemos entonces el debate de lo ambiental, desde las vertientes del necesario conocimiento sobre los impactos de una obra en el territorio y desde la necesidad de encarar la modificación del régimen ambiental hacia una serie de sistemas y proceso que hagan una gestión ambiental integral y efectiva.

Se plantea pues, que para abrir el debate debemos plantearnos el abordaje desde varios puntos:

  • ¿Los derechos colectivos de los pueblos indígenas serán afectados irremediablemente poniendo en riesgo su capacidad y posibilidades de avanzar en su visión de desarrollo?
  • ¿Los efectos del proyecto ponen en riesgo funciones ambientales y los componentes de la base natural, al punto que el ecosistema en su conjunto se halla en riesgo? ¿No existen medidas, acciones, correcciones al diseño que eviten los efectos mayores?
  • ¿Los beneficios del programa obra o proyecto se enmarcan en una estrategia mayor? ¿Buscan alcanzar beneficios nacionales y locales?
  • El Estado, por consideraciones “ambientales” ¿puede omitir sus responsabilidades para lograr que la población, particularmente pobre y vulnerable, tenga acceso y poder sobre los medios para satisfacer sus necesidades básicas?

En un equilibrio de los beneficios y los efectos negativos, es que un debate inteligente puede situarse y podemos encontrar los procesos para la mejor toma de decisiones. Enfocarnos en un solo aspecto de la cuestión, a veces aprovechado por posiciones partidistas, sólo llevará a tomar decisiones equivocadas.

Es decir, así como no es suficiente la justificación de las obras por la vía de su aporte a la economía nacional, tampoco es suficiente detenernos en los impactos ambientales, con una visión cerrada, localista y no sistémica.

¿Se deben defender los sistemas que sustentan la vida? Definitivamente. Pero el reto es hacerlo a través de un proceso de desarrollo integral, en que se alcance la satisfacción de las necesidades básicas, en un contexto donde se establezcan las condiciones para que las visiones distintas del Vivir Bien sean posibles. Es pues el reto del debate establecer los caminos, analizar las contradicciones, proponer los procesos….

Se debe impulsar la reflexión sobre un socialismo que se enfrente al imperialismo ecológico, que tenga como una de sus fundamentales señas de identidad la lucha antiimperialista e internacionalista contra la mercantilización de la naturaleza y de la especie humana, que demuestre en la lucha que es el capitalismo el responsable de la catástrofe ambiental que se multiplica y se acerca rápidamente, que demuestre que el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra es posible; esta reflexión es vital y urgente.

Mientras sigamos secuestrados por un ecologismo que no profundiza en las causas estructurales de la crisis ambiental, particularmente las relaciones de poder, el debate no es posible y nuestro avance se hace más lento.

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Cynthia Silva Maturana

Formación profesional en el ámbito de la biología. Muy tempranamente apoyó al proceso de reivindicación indígena por los territorios indígenas (hoy tierras comunitarias de origen – TCO).

Fue Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal (2010-2012). Durante este período probablemente el mayor logro alcanzado ha sido la formulación de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Ha desarrollado junto a un equipo multidisciplinario, el proceso de consulta previa libre e informada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, fruto de este proceso se alcanzaron las propuestas necesarias para el desarrollo integral de este territorio, incluyendo la decisión de la construcción de una carretera ecológica dentro del mismo. Actualmente, se desempeña nuevamente como Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, desde agosto del 2016.


Nota: