Fue desarrollada en Bolivia

El Arma Global de Estados Unidos

Loreta Tellería Escóbar
Publicado en agosto 2017 en La Migraña 23
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La “crónica de una larga operación encubierta” es lo que Juan Carlos Zambrana Marchetti nos relata en una obra fundamental para entender la otra cara de las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y de seguridad, entre Bolivia y Estados Unidos en el periodo 1939-2016. Su libro, Destrucción de Naciones: El Arma Global de Estados Unidos desarrollada en Bolivia, publicado en 2015, cuenta, con una precisión asombrosa basada en documentos desclasificados y cables de wikileaks, el cuándo, cómo y por qué Estados Unidos desarrolló en Bolivia una larga serie de estrategias con el único fin de inocular en el país lo que el mismo autor define como “el virus troyano de la dependencia y el sometimiento”.

El texto parte por describir la profecía autocumplida del “Excepcionalismo estadounidense”, bajo el cual Estados Unidos es el país elegido por Dios para guiar los destinos del mundo, lo que de manera discursiva no sólo se convierte en un privilegio, sino también en una obligación moral. Sin embargo, la historia ha demostrado que es a partir de este “destino manifiesto” que el “concepto de Construcción de Naciones no sería más que un eufemismo para expresar en forma suave lo que en realidad es una brutal intervención en la soberanía de otros países” (Pág. 5).

La historia de Bolivia en el siglo XX, relatada desde la perspectiva de sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, paradójicamente, es la misma que la historia oficial, con la distinción de que en esta última se comete la omisión, voluntaria o no, de desconocer a aquél actor externo que movió convenientemente los hilos del poder para diagramar una historia de pobreza, marginación y dependencia.
Es de esta manera, que gobiernos con tintes nacionalistas, como fueron los de Toro, Busch y Villarroel, en la primera mitad del siglo XX, que aplicaron políticas encaminadas a recuperar la soberanía política y económica de Bolivia –Toro con la nacionalización de la Standard Oil, Busch con la nacionalización del Banco Central y sus medidas en contra de la oligarquía minera, y Villarroel con políticas en desmedro de las empresas extranjeras y la clase dominante, y a favor de los trabajadores–, fueron prácticamente “eliminados” de la vida política y eficientemente sucedidos por gobiernos pro-Estados Unidos.

Al respecto, Zambrana nos muestra que el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda (15 de abril de 1940) fue paradigmático en este sentido. Durante su gestión se firmó un tratado de cooperación con Estados Unidos, según el cual Bolivia se comprometía a indemnizar a la Standard Oil por haber sido nacionalizada y a venderle toda su producción de estaño, excepto la que vendía a Inglaterra. Posteriormente, en diciembre de 1941, llegó a Bolivia la Misión Bohan, para empezar a estudiar la supuesta diversificación económica del país. Sin embargo, con este Plan:

“En lugar de la difusión del conocimiento especializado mediante la industrialización científica de su sociedad, se abrirían las puertas a las transnacionales extranjeras, para que estas trajeran a sus técnicos e ingenieros, monopolizaran el conocimiento, perpetuaran la dependencia y siguieran saqueando al país. En lugar de aplicar una auténtica reforma agraria en sus maravillosas tierras, con el objetivo de darles a sus pueblos indígenas capacidad productiva, lo cual hubiese generado riqueza social, se estimularía al sistema capitalista de la hacienda del criollo y de la corporación agrícola, lo cual concentraría la riqueza en pocas manos, generando sólo riqueza individual y sectorial. Finalmente, en lugar de lograr la igualdad social para sus pueblos, se consolidaría la desigualdad con el enriquecimiento de las élites y la postergación de los grandes sectores populares.” (Pág. 11).

El Plan Bohan se convirtió en el preludio del “experimento boliviano”, aplicado por Washington para manipular, desideologizar y derechizar cualquier intento de revolución latinoamericana. La nueva cara del intervencionismo de guante blanco, fue implementada por Harry Truman con el anuncio del Programa Punto IV en enero de 1949, tres años antes de la Revolución Nacional. De acuerdo a los documentos desclasificados, mostrados prolíficamente por el autor, el plan consistía en intervenir en los asuntos internos de esos países, manipular a sus gobiernos, hacerlos económicamente dependientes y luego conducirlos inexorablemente a la dominación perpetua.

Pero Bolivia no era cualquier país, su dominio no sólo representaba una pieza del control imperial, significaba el control de ingentes recursos naturales, tal como lo expresa el informe enviado por el embajador Florman a Washington en mayo de 1950:

Bolivia tiene todas las riquezas codiciadas por todos los pueblos. Su tierra produciría casi todos los cultivos, algunas cuatro veces al año. Hay ríos con oro que corre suelto y venas enterradas de metales escasos y minerales. La potencial riqueza per cápita de Bolivia supera a la de cualquier otra nación. Bolivia tiene un metal (estaño) que les fue negado a todos los otros países del hemisferio occidental. Ella tiene los productos que nosotros necesitamos y los que vamos a necesitar.” (Pág. 19)

Al Plan Bohan le siguió el Informe Keenleyside de 1951, diseñado por la ONU y patrocinado por Estados Unidos. Este informe fue aprobado por una Junta Militar, lo que demuestra cuán importantes y oportunos eran los principios democráticos que la ONU y Estados Unidos decían defender con entereza. Zambrana, a través de una descripción meticulosa del Informe, demuestra que “con la excepción de la presidencia de la república, toda la administración pública quedaría en manos de los “expertos” de las Naciones Unidas, bajo la batuta del estadounidense Carter Goodrich” (Pág. 47).6

No obstante, en este escenario, un episodio no esperado vendría a aclarar las turbias aguas de la dependencia. El 9 de abril de 1952, la Revolución Nacional, encabezada por Víctor Paz Estenssoro, representaba en su génesis el objetivo de la construcción de un país diferente. La Reforma Agraria, la Nacionalización de las Minas y el Voto Universal se constituyeron en un programa de gobierno históricamente esperado y buscado por las clases populares y excluidas de Bolivia.

Por humillante que parezca, los documentos desclasificados detallan que no le fue difícil a Estados Unidos apropiarse de la Revolución. La primera señal del gobierno de Paz para congraciarse con el imperio fue la ratificación de Víctor Andrade en la Embajada de Bolivia en Washington. Clara abdicación de una Revolución que pretendía reformar el Estado colonial, y que en los hechos, con la ratificación del embajador Andrade, mostraba su decisión voluntaria de seguir con los programas de “cooperación” del gobierno de Estados Unidos. Gobierno que, paradójicamente, años antes había sido cómplice de un golpe de estado militar, para negar la presidencia a Paz luego de haber ganado una elección democrática.

“Sólo cuando Estados Unidos se sintió seguro de que su intervencionismo sería aceptado por Bolivia, reconoció al gobierno de Víctor Paz y la revolución boliviana pasó a ser la única revolución socialista y antiimperialista de la historia de la humanidad, que fuera apoyada por Estados Unidos.” (Págs. 73-74)

El apoyo significó seguir un plan preestablecido por el gobierno norteamericano. Se obligó al país, en lo específico, a indemnizar a los Barones del Estaño por la nacionalización, y en lo general, a seguir al pie de la letra las recomendación de política económica impuestas por la Embajada, con lo que se daba inicio a un plan cuyo fin era abrir las puertas de Bolivia a capitales foráneos, reduciéndola a simple exportadora de materias primas.

El Código Davenport, promulgado en octubre de 1955, diseñado por expertos legales estadounidenses, tal como lo demuestran los documentos desclasificados, entregó los hidrocarburos a las transnacionales extranjeras, dejando al país con las arcas nacionales en déficit permanente. La gran beneficiaria del Código Davenport fue la Gulf Oil, empresa transnacional que se llevaba el 89% de las ganancias de la explotación petrolera, dejando el 11% a los bolivianos, porcentaje por el cual se creó una histórica disputa entre Santa Cruz y el gobierno central.

Lo que vendría después es resumido claramente y sin tapujos en el siguiente párrafo:

“Lo que hizo Estados Unidos con el control que logro del gobierno boliviano es una materia digna de mucho análisis. La parte visible de la historia registra que restauró completamente a las Fuerzas Armadas, hasta que creyó oportuno entregarles nuevamente el poder y apoyarlas para que escriban una de las páginas más oscuras de la historia boliviana: la de las dos décadas de sangrientas dictaduras militares, de la eliminación de los líderes de la izquierda, de la restauración de una “democracia” con gobiernos condicionados a las políticas de Washington, y las dos décadas de imposición del neoliberalismo económico que forzó la entrega de todas las empresas nacionales y riquezas naturales a las corporaciones transnacionales. Todo eso, en una supuesta búsqueda de desarrollo. Sin embargo, con tan desastrosas consecuencias, resultaba sospechoso que Estados Unidos fuera tan experto en cuanto a su propio desarrollo y tan inepto para promover el desarrollo ajeno. Sin duda alguna, algo oculto había en la historia oficial de la asistencia estadounidense para el desarrollo de Bolivia.” (Pág. 129).

La restauración de las Fuerzas Armadas como instrumento de seguridad interna fue otra señal de la abdicación del gobierno “revolucionario”. La firma de tratados de cooperación militar en junio de 1956, donde se involucraba la intervención de misiones militares en el Ejército y la Fuerza Aérea, supuso el dominio monopólico de los militares norteamericanos sobre las reformas, doctrina, equipamiento, capacitación, etc., de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

El sumun de la dependencia, y el fin de la Revolución, estuvo representado por la promulgación, durante el gobierno de Siles Zuazo, del Decreto Supremo de Estabilización Monetaria del 15 de diciembre de 1956. Más conocido como Plan Eder, fue diseñado para tener un completo dominio de la política y la economía boliviana. Sus postulados (libertad de contratación y despido de mano de obra, aumentos salariales en función de la productividad, tipo de cambio libre, etc.) guardan una similitud maquiavélica con los del DS 21060, que 29 años después inauguraría el gobierno neoliberal en Bolivia.

El Plan Eder vino a configurar un escenario de tensiones sociales y políticas en el país, lo que tuvo como respuesta, no sólo la aceleración del fortalecimiento militar solicitado por el gobierno de Siles a la Embajada de Estados Unidos, sino también la orden gubernamental de dar fin con las milicias campesinas, que en su momento fueron el bastión de seguridad de la Revolución Nacional.

La investigación refleja que frente a la crisis política, económica y social que vivía Bolivia, Estados Unidos mostraba al mundo la imagen de una “buena revolución”. Tan buena había resultado, que el embajador Philip Bonsal, una vez terminada su misión en Bolivia, fue nombrado embajador en Cuba1.

“Es obvio deducir que si Bonsal había sido escogido para lidiar con el flamante gobierno revolucionario de Fidel Castro y Che Guevara, instaurado oficialmente el 1 de enero de 1959, no había sido porque su gestión en la Bolivia revolucionaria del MNR hubiese sido un fracaso, sino porque había sido exitosa al sumir al gobierno en un estado de dependencia permanente y un sometimiento mediante el cual la revolución estaba siendo derechizada.” (Pág. 228-229).

Por fortuna histórica, el destino de la Revolución Cubana no fue el mismo que el de la boliviana. Los líderes de aquella revolución no claudicaron a sus principios, ni aún bajo la permanente presión, chantaje y conspiración norteamericana. La estatura moral de Fidel Castro no desfalleció frente al poder económico de Estados Unidos, como sí sucedió en el caso de Víctor Paz.

Ya en su segundo mandato, iniciado en 1960, Víctor Paz dio fin con cualquier atisbo revolucionario. Zambrana nos muestra que ese gobierno de cuatro años fue sorprendentemente eficaz para eliminar las milicias civiles, restaurar las fuerzas armadas y consolidar la oligarquía cruceña como clase política dominante.

Los programas de cooperación del gobierno de Estados Unidos, como el de Alimentos para la paz, asistencia militar permanente, estabilización económica, etc., engranaron perfectamente con el anuncio del presidente Kennedy en marzo de 1961, de la Alianza para el Progreso. Una nueva estrategia con viejos objetivos, para cumplir el rol de gendarme mundial. Sólo unos meses después, en agosto, se implementó en Bolivia el Plan Triangular, un “esfuerzo” tripartito entre Estados Unidos, Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo aparente de fortalecer la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Sin embargo, el fin era promover todo un proceso de desnacionalización de la empresa estatal.

Para 1962, todo el cuerpo de seguridad del Estado era, en palabras del autor: “Made in USA”. Los documentos desclasificados muestran, por un lado, el enorme interés del gobierno boliviano por recibir equipamiento militar y policial norteamericano, y por otro, el también enorme interés del gobierno de Estados Unidos para formar una fuerza pública perfectamente adoctrinada. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en el pivote de la estrategia contrarrevolucionaria, a través de capacitación, equipamiento e implementación de programas como el de Acción Cívica, que tenía el objetivo manifiesto de acercar a los militares con la población mediante la construcción de obras de carácter civil y ayuda social y humanitaria, no sólo para hacer frente a la actividad guerrillera, como lo mencionan los documentos de forma explícita, sino también, y tal como la historia lo demostró, para poder complotar contra el gobierno de manera expedita.

La relación histórica de los hechos nos muestra que en octubre de 1963, el presidente Kennedy recibió a su par boliviano, Víctor Paz, en la Casa Blanca. El éxito de la “buena revolución” debía ser mostrado al mundo entero. Para 1964 el panorama interno era desalentador:

“En 1964 las milicias obreras habían sido lenta y discretamente dejadas fuera de las esferas del poder, mediante la organización del campesinado en torno a otros programas. Las fuerzas armadas estaban no sólo reconstruidas, sino también fortificadas y además adoctrinadas en la Escuela de las Américas, en Panamá. En el área civil, la nueva clase dominante agroindustrial estaba también fortalecida y había empezado a acercarse políticamente al MNR de Víctor Paz. Era el momento de mover todas esas piezas en el tablero político para posicionarlas en torno al poder. En ese sentido, con la anuencia de su gobierno benefactor, Víctor Paz modificó la Constitución Política del Estado para introducir un segundo mandato consecutivo. Se convocaron las elecciones, y en la fórmula del MNR apareció Víctor Paz como candidato a presidente, y como vicepresidente, la sorpresa del siglo, el general René Barrientos Ortuño.” (Pág. 336-337)

Barrientos se constituyó en el alfil de la estrategia norteamericana para apuntalar el proceso contrarrevolucionario. El 5 de noviembre de 1964, mediante un golpe de Estado, toma el poder e inicia un largo periodo de dictaduras militares en el país, caracterizadas por la represión social, la violación sistemática de los Derechos Humanos y la consolidación de un país pobre y dependiente.

No obstante, la historia de Bolivia muestra que el síndrome de la rebeldía circula no sólo por las venas de los excluidos, sino también de algunos militares capaces de hacer frente al saqueo de nuestros recursos naturales. En este escenario, fueron los gobiernos de Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres, quienes a través de medidas como la nacionalización de la Gulf Oil y la expulsión del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, representaron un escollo más en el camino de la subyugación imperial. Torres fue sustituido por el gobierno de facto de Hugo Banzer en agosto de 1971, y posteriormente, asesinado en el exilio argentino en 1976, como parte de la Operación Cóndor.

Banzer fue otro militar que al igual que Barrientos, en su época, tuvo el apoyo directo del gobierno norteamericano, tanto en su formación y adoctrinamiento militar como en su toma del poder. Su gobierno, miembro activo de la ola de dictaduras latinoamericanas avaladas por Estados Unidos en su plan anticomunista, fue el premio del neoliberalismo en el país, desarrollado en su máxima expresión por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en su segunda fase de estadista pro-Estados Unidos (1985-1989).

La defensa de los recursos naturales es el hilo conductor de los procesos revolucionarios en Bolivia. La “Guerra del gas”, de octubre de 2003, sólo fue posible ante la presencia de otro proyecto que, una vez más en la historia, tenía por objetivo esquilmar los recursos naturales del país. El plan fraguado por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con la intención de exportar gas natural a México y Estados Unidos a través de Chile, significó en ese momento la síntesis del saqueo y la dependencia económica en un país eternamente subyugado.
Los últimos capítulos del libro se enfocan en el gobierno de Evo Morales, desde su triunfo inédito en las elecciones de diciembre de 2006 hasta el año 2016. Las fuentes de los datos analizados provienen de los cables de wikileaks, y muestran, al igual que los documentos desclasificados, un común denominador de injerencia y conspiración.

Sólo como una muestra de este periodo, se puede mencionar lo que David Greenlee escribía días antes de que Evo Morales asumiera el poder:

“El 17 de enero de 2006 el embajador Greenlee envió a Washington un informe titulado: Lidiando con el gobierno boliviano liderado por el MAS.

[…]Después de enumerar otros programas, Greenlee concluye que reduciendo el rol de Estados Unidos a un rol de asesoría, en lugar de uno operacional, reduciría significativamente la huella de su gobierno en Bolivia. El informe termina con una información bastante reveladora:

Hay ideas iniciales, suministradas en el vacío de la salida del gobierno de Rodríguez y el ingreso del de Morales. Contamos con flechas en la aljaba, pero éste es tiempo para discreción y equilibrio, no para duras decisiones todavía” (Pág. 363-365).

Sin duda, la huella de su gobierno en Bolivia era profunda, y las flechas en la aljaba representaban presiones de tipo económicas, que amenazaban con dejar al país “desprotegido”. Al embajador Greenlee le sucedería otro con amplia experiencia en situaciones divisionistas. Philip S. Goldberg llega a Bolivia en agosto de 2006, y desde su llegada, de acuerdo a las revelaciones de los cables de wikileaks, no hace otra cosa que conspirar contra el gobierno de Evo Morales.

A pesar de que aún queda mucho por escribir del periodo de gobierno del “proceso de cambio” y la estrategia norteamericana para desestabilizarlo a través de su embajada y sus agencias de cooperación, el autor nos muestra las claves del complot, que en los hechos representan la aplicación sistemática e integral del “golpe suave”.

El nuevo escenario político hizo que la “cooperación” se distribuya entre los grupos políticos y cívicos opositores al gobierno. Departamentos como Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando, fueron depositarios de una serie de programas destinados a formar un movimiento contrarrevolucionario.

Entre los años 2006 y 2009 la larga lista de eventos conspirativos y desestabilizadores se cuenta por decenas. Entre los principales se destacan: el llamado a referéndums autonómicos, el sabotaje manifiesto de la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva constitución, el plan de magnicidio al presidente Evo Morales y el apoyo económico a los prefectos y comités cívicos opositores.

Ante la injerencia y conspiración, las respuestas, como nunca antes, fueron categóricas e irreversibles. En septiembre de 2008 se expulsó al embajador Goldberg; en noviembre del mismo año se expulsó a la DEA; y años más tarde, en mayo de 2013, se hizo lo mismo con USAID.

Ya en la parte final se señala que “el 6 de diciembre de 2009 (la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado) fue el momento histórico de la victoria definitiva de la Bolivia revolucionaria” (Pág. 467). No obstante, es bueno señalar que si bien se logró refundar Bolivia, aún no se logró derrotar al enemigo, ese que se personifica tanto en el gobierno de Estados Unidos como en las élites políticas y económicas nacionales opositoras, que, en un clásico contubernio, prefieren unos violar sistemáticamente los principios básicos del Derecho Internacional, y los otros, ser el furgón de cola del capitalismo.

El libro se convierte en una pieza clave de la historia no oficial de Bolivia. Leerlo es un permanente desafío a lo que la mayoría de los bolivianos hemos aprendido en el sistema educativo. El conocer la existencia de un poder extraterritorial que manejaba los destinos de un país permanentemente debilitado por ese mismo poder, no hace más que crear en el lector una combinación de sentimientos que oscilan entre zozobra, rabia y desencanto.

La investigación realizada por Juan Carlos Zambrana, no sólo por la temática y las fuentes consultadas, sino también por las condiciones en las que se realizó, mediante un trabajo ad honoren en el seno mismo del imperialismo, representa un documento pionero, único y urgentemente precursor de más investigaciones. El autor nos propone pensar la revolución que hoy vive Bolivia desde el lente de la historia, sin el cual sufrimos el riesgo de observarla bajo la mirada miope de la ignorancia y la ambición personal de los sectores que tratan de defenestrar al “proceso de cambio”.

Queda abierta, entonces, la invitación a leer esta importante investigación, apta para todo público, incluso para aquellos cuya visión ortodoxa mantiene la convicción de que la cooperación de Estados Unidos a los países latinoamericanos, como Bolivia, es “desinteresada y altruista”.

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Loreta Tellería Escóbar

Nacida el 21 de abril de 1977, estudio Ciencias Políticas y Economía. Tiene una Maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Especializada en la investigación de temas de seguridad y defensa, Fuerzas Armadas y Policía. En los últimos años trabajó en temas de seguridad ciudadana.


Nota: