Crónica de una traición:

El caso ecuatoriano

Gabriela Rivadeneira B.
Publicado en Diciembre 2019 en La Migraña 33
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Este relato no pretende ser concluyente y seguro se escapan detalles o sucesos que también fueron parte de este tiempo. Este escrito es apenas una breve cronología desde una mirada personal, una mirada desde adentro, que quizá carezca de mayor rigurosidad en la autocrítica.

Un proceso como el que vivimos en la última década es difícil de sintetizar por sus mismas condiciones dialécticas, políticas e históricas, y, más complejo aún, explicar la posterior trasgresión al pueblo ecuatoriano, por el que sería electo como el sucesor de Rafael Correa. Trataré, entonces, de ser lo más sucinta frente a los acontecimientos anteriores y posteriores al 24 de mayo 2017, día donde no solo se consagró el cambio de mando presidencial, sino principalmente, fecha del viraje conservador del gobierno de Lenin Moreno.

Breves rasgos de una década
de Revolución

Los frutos que hoy se evalúan como inéditos en la región son producto de una transformación política radical, que el pueblo ha labrado y cultivado desde las simientes. Se debe resaltar el levantamiento indígena de los años 90 que marcó en el Ecuador nuevas disputas por los sentidos y las relaciones de poder, la lucha por un Estado intercultural y plurinacional como nuevo escenario en la agenda política; el protagonismo de las organizaciones y movimientos sociales que en su momento lograron detener el avance de las políticas privatizadoras y promovieron los derrocamientos a presidentes por actos de traición al pueblo y el forajidismo que, desde una clase media capitalina y al grito de “fuera todos”, dieron origen al proceso político de transformación social más importante desde el retorno a la democracia.

Hace 12 años, Rafael Correa, un joven guayaquileño, exministro de economía del Gobierno de Palacios, aparece en el escenario nacional para irrumpir con el discurso tradicional. Su identidad sencilla pero firme le permitió sintonizar con las consignas sociales de ese momento. Su discurso reflejó la voz de un pueblo que reclamaba y exigía la soberanía como derecho político inalienable.

Ese es tal vez el legado más importante de esta Revolución, porque, así como las soberanías se diluían, también lo hacía el país y la Patria Grande.

El verbo recuperar fue prioridad. Se recuperó el control de la base militar norteamericana que se había injertado en el puerto de Manta, se recuperó la capacidad de planificación del Estado, se recuperó la posibilidad de hacer inversión pública, se recuperaron los legados de Eloy Alfaro; en cuanto a la integración nacional, al tiempo que se recuperaba la soberanía en el manejo de nuestra economía, que dejaba de obedecer a las necesidades del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para ponerse al servicio de la ciudadanía.

Junto con la Revolución Ciudadana (RC), los ecuatorianos recuperamos la soberanía de nuestros recursos naturales y renegociamos todos los contratos petroleros que ofendían los intereses del país, denunciamos los tramos de deuda externa que se originaron de manera ilegítima o manejo de intereses reñidos con la ética y nos negamos a pagar cuotas extorsivas que dejaban de lado la enorme deuda social que se acumuló por años en el país, así como en casi toda Latinoamérica. La soberanía geográfica, alimentaria, manejo de la política internacional y todas las soberanías tuvieron primero que recuperarse.

En ese despertar, por supuesto, que se levantó y engrandeció el sueño de Bolívar, la Patria Grande, con UNASUR y su sede en Ecuador y toda la región unida en años de intenso ejercicio de autodeterminación, que nos colocó ante el mundo como un actor político de importancia global e indispensable en el diálogo.
Este legado de soberanía, sin dudas, es la mayor amenaza para el eje del Norte. La democracia participativa y consolidada es otro legado innegable. Venimos de un proceso donde los presidentes duraban en promedio año y medio. Ecuador tuvo siete presidentes en los diez años anteriores a la llegada al Gobierno de Rafael Correa.

Las instituciones eran débiles o inexistentes y todo el espectro de lo público estaba cooptado por una élite económica que mantenía un status quo fracturado entre la opulencia de unos pocos y la pobreza extendida a las grandes mayorías.

Esta Revolución en democracia, que fue ratificada en las urnas catorce veces en diez años, se caracterizó por un sostenido proceso de redistribución de la riqueza nacional y fundamentó su accionar en la construcción de una democracia hacia la igualdad de derechos, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades.

Se consolidó la democracia cuando casi dos millones de ecuatorianos salieron de los niveles de pobreza, se incrementaron las tasas de matrícula en todo el sistema educativo y se cerraron las brechas de género en el ingreso escolar. Se logró que más del 25 % de los estudiantes universitarios fueran los primeros en su familia en acceder a estudios superiores y que más de 10 000 jóvenes fueran becados por el Estado para especializarse en las 50 mejores Universidades del mundo, para que a su retorno la apuesta por la sociedad del conocimiento se ponga en marcha.

Se amplió la conciencia de identidad y pertenencia que suma a los derechos de todas las poblaciones y colectivos que accedían a tratos equitativos o de reparación. Se fomentó el estudio y reconocimiento de idiomas kichwa y shuar, así como de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, reconocimiento a la presencia centenaria de los pueblos montubios y afros, la presencia pública de la interculturalidad, política solidaria hacia personas con discapacidad, derechos políticos de los migrantes y de los grupos LGBTIQ, derechos democráticos de los jóvenes desde los 16 años, derechos laborales de las trabajadoras remuneradas y no remuneradas del hogar, presencia de mujeres en altos cargos y funciones públicas, son testimonio de conquistas políticas impensables antes de que la Revolución Ciudadana ocupara el Gobierno del Estado en Ecuador.

Se presentaron al mundo propuestas de vanguardia en derechos humanos, como, por ejemplo, la movilidad humana como derecho universal, y, en derechos económicos, la proposición de terminar con las guaridas que resultan ser los paraísos fiscales –esos agujeros ilegítimos de recursos mal habidos–, que llevó al gobierno de la Revolución Ciudadana a realizar una consulta popular donde los ecuatorianos aprobaron la prohibición para que actores políticos y funcionarios públicos no puedan tener recursos en esos espacios.

En Ecuador se apostó por una ruptura política en la Constituyente de Montecristi de 2008, que parió una carta magna que coloca a los intereses de los seres humanos por sobre los intereses del capital. Se demostró, con el conjunto de países gobernados por líderes progresistas en la región, que era posible cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, reduciendo las brechas de desigualdad, que se evidenciaron con la salida de millones de personas de la pobreza. Demostramos, que un proyecto nacional y popular es efectivo cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, el camino a la sociedad del “Buen Vivir”.

América Latina previa
al viraje ecuatoriano

El progresismo en la región bosquejó un nuevo relacionamiento geopolítico. El accionar en bloque permitió la apertura con otros polos en el mundo, que, para los países dependientes de la economía del norte no estaba contemplado.

La relación con los países no alineados, con los países de Asia, EuroAsia y la relación sur–sur con el bloque latino, no tardó en esperar respuesta de EE. UU., y sus consecuencias se fueron evidenciando en acciones que atentan a nuestras democracias, a la autodeterminación de nuestros pueblos y a nuestras soberanías nacionales y regionales.

Pronto se vio el comienzo de una oleada de persecución política en América Latina, mediante la utilización de los sistemas de justicia para anular a los líderes progresistas de la región, es decir, el Lawfare en toda su expresión. Seguro habrá casos que merezcan una investigación judicial, pero no por eso se puede desconocer el entramado de intereses que hay detrás de las acusaciones contra –no casualmente– grandes artífices de la unidad latinoamericana y de la justicia social, como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, casos emblemáticos con los que se visibilizó que la estrategia regional de descrédito a progresistas y sus proyectos políticos estaba en marcha.

Se trata de intereses económicos y geopolíticos poderosos, que buscan inhabilitar a líderes con amplio respaldo popular, capaces de volver a ganar elecciones y poner nuevamente en marcha procesos populares y progresistas en sus países y, con ello, la posibilidad de volver a impulsar con fuerza y determinación la agonizante integración regional soberana.

El Lawfare es un recurso que sirve para despolitizar el debate político y reducirlo a una multitud de querellas judiciales, para desprestigiar a quienes han representado —y lo seguirán haciendo— una opción soberana y popular frente a la hegemonía de las élites, el gran capital y el eje del Norte.

Se debe recordar que, sin la actuación determinante de Lula Da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez no habría sido posible sepultar el ALCA, aquella iniciativa de “integración” neocolonial que promovía el Gobierno de Estados Unidos, en la Cumbre de Mar del Plata en 2005.

A partir del liderazgo de Rafael Correa, Ecuador se sumó a esta gran marea continental, antineoliberal y latinoamericanista. No por nada su Gobierno pronto se convertiría en objeto del ataque del entramado de intereses desplazados, articulados a los medios de comunicación hegemónicos que asumen el lugar de oposición política de los procesos populares, allí, donde esa oposición aparece fragmentada o debilitada en términos institucionales, en un escenario en el que, en muchos de nuestros países, los aparatos judiciales comenzaron a operar también con agendas políticas.

En este escenario, la concentración mediática, la cooptación de los parlamentos por las élites y la instrumentalización política de la justicia, se convierten en los medios privilegiados del montaje de un nuevo Plan Cóndor, justo cuando los proyectos políticos populares y progresistas de la región enfrentan severas dificultades, producto de una coyuntura económica mundial compleja y difícil.

Si bien es cierto, que no se deben buscar todas las explicaciones en el despliegue de este renovado plan de recolonización de nuestra América, no se puede negar esta dimensión de “revancha de las élites”, con políticas de realineamientos y subordinación a los intereses de la potencia tradicionalmente hegemónica. Los hechos que en el continente dieron pauta a que la derecha instaure un discurso del “fin del ciclo progresista” fueron llevados a través de golpes parlamentarios. Con leguleyadas jurídicas, se logró instaurar la “duda” de la legitimidad de nuestros representantes para justificar todo tipo de atropellos en el sistema democrático. En otros países, fueron los procesos electorales los que permitieron el retorno de políticas neoliberales llevadas a través del ejercicio de Gobierno.

En noviembre de 2015 se consagraba Mauricio Macri como presidente de Argentina, con una propuesta de Gobierno demagógica, carente de contenido programático. Su vacío en el discurso político no era inocente. Generar el falso discurso de “no izquierdas ni derechas” abre un camino más sencillo para que la despolitización justifique la desinstitucionalización de los Estados.

El bloqueo económico aplicado a Venezuela por parte de los EE. UU., y respaldado por la oposición al Gobierno de ese país, profundizó una crisis económica y una creciente ola migratoria hacia los países de la región, que generó no solo xenofobia, sino la utilización perversa del supuesto fracaso progresista.

La apretada victoria del “no” en el referéndum en Bolivia, que en febrero de 2016 buscaba abrir la puerta a una nueva postulación presidencial, fue uno de los acontecimientos que acentuaba el debate de las “formas dictatoriales” con las que se pretendía perennizar en el poder a los proyectos populares y/o progresistas. Este hecho fue utilizado por las corporaciones mediáticas para acrecentar las supuestas diferencias entre Gobiernos democráticos de derecha y los Gobiernos dictatoriales de izquierda.

El golpe parlamentario a Dilma Rousseff, en agosto de 2016, se sumó a otros funestos acontecimientos que acabaron con presidencias legítimas y asestaron durísimos golpes a procesos políticos pertenecientes al campo progresista. Allí están: Honduras (Zelaya, junio de 2009) y Paraguay (Lugo, junio de 2012) como ejemplos extremos de esas prácticas direccionadas a desestabilizar procesos democráticos. Lo acontecido en Brasil sentó un precedente que, aunque carente de toda legitimidad, sin dudas fue inspiración y aliento para las derechas más antidemocráticas y revanchistas de la región. En Brasil, en un proceso viciado de nulidad desde sus inicios, se consumó el derrocamiento de un Gobierno por el voto de 61 senadores sobre una presidenta elegida por 54 millones de ciudadanos.

Si bien estos resultados no correspondieron a un rechazo abierto a las políticas públicas ejecutadas por los Gobiernos progresistas, fueron la puerta de entrada de la derecha y el restablecimiento del neoliberalismo en la región.

Este fue el panorama en el que se encontraba la región, cuando en Ecuador la Revolución Ciudadana debatía sobre las características de su sucesor en el proceso electoral presidencial.

El peso de las decisiones

Durante el Gobierno de Rafael Correa, quien escribe este artículo tuvo la oportunidad de formar parte del buró político de la Revolución Ciudadana. En ese espacio se generaron permanentes reflexiones, debates, discusiones y se tomaron resoluciones, posiblemente las más complejas de los últimos años, en especial la de la transición de mando a raíz de la decisión de Correa de no postularse a lo que hubiera sido su cuarta elección presidencial.
La intensidad de la discusión incluía la propuesta de incorporar una transitoria en el texto final del proyecto de enmienda constitucional —realizada en la Asamblea Nacional en el 2015—, que cerraría la posibilidad de su postulación para las elecciones de 2017, así como la de los asambleístas que llevaban ya dos periodos en funciones.

Frente a esta discusión, el 15 de noviembre del 2015, pronuncié lo siguiente en mi blog personal: Es en este sentido que quiero manifestar la que ha sido mi postura pública a lo largo de todo este tiempo. Estoy firmemente convencida de que el presidente Rafael Correa ha sido el mejor presidente en la historia de nuestro país y es la persona que mejor garantiza la continuidad de este proyecto histórico. Coincido con él cuando señala que nuestro movimiento tiene grandes cuadros políticos en condiciones de asumir el liderazgo. Sin embargo, sigo creyendo que, en un contexto mundial y regional complejo, la voz del Ecuador y el liderazgo del presidente Rafael Correa deben continuar.

Nosotros no abrazamos la política para defender proyectos personales ni para alinearnos detrás de un nombre, sino para construir un proyecto colectivo, un proyecto de país. Es la defensa de ese proyecto colectivo la que debe convocarnos a reflexionar profundamente sobre la coyuntura y los retos que tenemos a futuro, y en este marco sobre la pertinencia o no de la transitoria. Claro está que, como militante orgánica, asumiré la posición de consenso de mi bancada y de mi Movimiento.

En ese momento, el país atravesaba situaciones complejas. La caída del precio del barril de petróleo, el terremoto en la costa ecuatoriana, la apreciación del dólar y la desventaja comercial y económica frente a la devaluación de las monedas de Colombia y Perú —países vecinos de Ecuador—, la arremetida desproporcionada de los medios de comunicación, la articulación de los grupos de poder económico en contra del régimen, entre otros factores que exigían tanto una respuesta inmediata en términos de políticas públicas, como también de decisiones frente al escenario electoral y la disputa presidencial, que a esta altura sobrepasaba la frontera y se convertía en un reto regional para frenar la escalada de Gobiernos neoliberales.

En ese marco, largas horas de discusión interna se llevaron en el buró político en los meses anteriores a la toma de decisión, sobre quien sería el sucesor de Correa en la candidatura presidencial. Mientras el análisis de encuestas nos daba un margen de diferencia importante entre Moreno y los demás presidenciables, la militancia se fraccionó entre dos opciones, Lenin Moreno o Jorge Glas. Lenin Voltaire Moreno Garcés, quien había sido durante los primeros seis años de gobierno vicepresidente de Correa y los cuatro años posteriores —financiado por el Gobierno ecuatoriano— relator especial de las Naciones Unidas para las discapacidades en Ginebra, quien gozaba de simpatía por el trabajo realizado en diversas campañas de tinte social especialmente ligada a los Derechos Humanos y a las discapacidades. Vale mencionar que Moreno fue —por la voluntad política de Rafael Correa— protagonista de la campaña gubernamental construida en torno a la “Misión Solidaria Manuela Espejo”, que atendió a las personas con discapacidad del Ecuador, y que se convertiría en un ícono de los Derechos Humanos a ser replicada por diferentes países del mundo.

Por otro lado, Jorge David Glas Espinel, quien durante el Gobierno de Correa ocupó varios cargos de designación y de elección, venía de ser presidente del Fondo de Solidaridad, ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, vicepresidente de la República 2013-2017, asumió el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del año 2016, dirigió la política petrolera, de sectores estratégicos y de cooperación internacional para mega obras construidas en el período de la Revolución.

Al final, la decisión tomada se vinculó a la posibilidad real de ganancia electoral que brindaba Moreno, en un binomio con Jorge Glas. Pero, dadas las condiciones previas de las discusiones tanto del buró político como del conjunto de la militancia, las relaciones internas quedaron bastante fraccionadas, que se evidenció en la campaña con una separación absoluta de las estrategias del binomio y del movimiento.

Así, mientras Moreno más se separaba de los símbolos de Alianza PAÍS (AP), el instrumento político de la Revolución Ciudadana, y se vestía de color blanco; el verde flex era utilizado por Correa, Glas, y gran parte de la militancia a nivel nacional. Quienes llevaban la estrategia de comunicación política de la campaña lo justificaron con el argumento de que se necesitaba refrescar la imagen del candidato y de la política nacional frente a la polarización generada en el país por el correísmo.

Pronto aparecía la sospecha de que con Moreno se garantizaba la lid electoral, pero no se certificaba una línea ideológica de continuidad del proyecto político. Por eso, la obtención de la mayoría en la elección de asambleístas se tenía, por un lado, la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional para resguardar el respeto y cumplimiento constitucional, junto con el contrapeso necesario para controlar decisiones del ejecutivo que podrían afectar derechos de las mayorías y cambiar el rumbo de la propia Revolución Ciudadana.

Se tenía, además, a Jorge Glas como segundo al mando y la Secretaría Ejecutiva del movimiento gobiernista de Alianza PAÍS. De esa manera, y aduciendo también que el país tenía autoridades éticas y profesionales en las otras funciones del Estado, el respeto al mandato constitucional y al proyecto ganador en las urnas, se iba a garantizar el desarrollo del pueblo ecuatoriano.

Si bien esas primeras diferencias simbólicas, podían ser los inicios de una trama inesperada, lo más duro llegó con la victoria electoral. Aunque el margen fue estrecho, apenas con 2.28 puntos de diferencia y con escándalos de fraude liderados por el candidato vicepresidencial de Lasso, se impuso la catorceava victoria electoral de la Revolución Ciudadana y un respiro para la región, la confianza de saber que la Revolución y la patria quedaban en “buenas manos”.

Después del triunfo electoral, el 1 de mayo de 2017 en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí y como reconocimiento a la amplia votación obtenida, realizamos la VI Convención Nacional del Movimiento Alianza PAÍS, en un acto masivo, elegimos a Lenin Moreno como presidente del Movimiento, Jorge Glas como primer vicepresidente, Ricardo Patiño como segundo vicepresidente y, quien escribe, como secretaria ejecutiva. Por primera vez en una década, se elegía un presidente del Movimiento distinto a Rafael Correa, quien había anunciado meses atrás su decisión de apartarse de la política y residir en Bélgica. En ese espacio se ratificó también la línea política de AP y el proyecto político ganador en las urnas.

Las tensiones no bajaron en los días posteriores a la victoria. El proceso de transición interna fue abordado desde lo técnico, indicadores, cifras, logros y pendientes de cada una de las áreas de Gobierno. Sin embargo, se descuidó la transición política; donde tranquilizaba tener compañeros del proceso como parte del anunciado gabinete mientras preocupaba tener incorporaciones de los rostros públicos de las cámaras de comercio y del poder económico del país, así como la congratulación de los dueños de las corporaciones mediáticas sobre los anunciados procesos de diálogo y el “restablecimiento de la democracia en el país”.

Pronto emergió una suerte de Gobierno compartido entre dos tendencias radicalmente opuestas, con dos visiones de país diferenciadas en dos planes de trabajo opuestos, la Revolución Ciudadana por un lado y, por otro, la propuesta del banquero candidato presidencial perdedor en las urnas.

24 de mayo 2017: el inicio de la ruptura

La Asamblea Nacional recibía con alfombra roja al electo presidente de la República. Lenin Voltaire Moreno Garcés, ingresó al salón principal del Palacio Legislativo a las 10:00 acompañado por Rocío de Moreno, quien fuera designada por el mandatario como “primera dama de la nación”, una figura que con la toma de posesión de Correa en 2007 se eliminó cuestionando la categorización de primeras, segundas o terceras clases ciudadanas. Al interno, un salón lleno con autoridades de diferentes países del mundo, representantes de las funciones del Estado, cuerpo diplomático, representantes sociales y ciudadanos, parlamentarios, autoridades de Gobiernos locales, familiares de Correa, Moreno y Glas.

Rafael Correa decidió entregar la banda presidencial, a pesar de haber tenido un quebranto de salud ocasionado por una neumonía que posterior a la entrega de la banda presidencial lo llevó a ser internado en una casa de salud de la capital. Su despedida entre llanto y vivas, acompañada de consignas de agradecimiento, canciones, y el abrazo de quienes estaban en el escenario principal, incluyendo el de Moreno que lo llamó “hermano querido”.

Minutos después de la salida de Correa de la Asamblea Nacional, dio inicio el primer discurso presidencial de Moreno. Sus palabras ratificaron su espíritu conciliador, habló de diálogos con los sectores sociales, incluso con los sectores antagonistas al proyecto político. Anunció también la eliminación del espacio semanal de rendición de cuentas conocido como “Enlace Ciudadano”, donde el presidente Correa les hablaba a los ecuatorianos todos los sábados desde distintos puntos del país.

En ese marco, envió un mensaje a los medios de comunicación:

Les aseguró que mantendría una relación “fresca, fluida y dialogante”; se refirió puntualmente al restablecimiento de las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, y mencionó que hay que abandonar “la cuadratura del socialismo del siglo pasado”, apostando por lo que considera un socialismo nuevo, moderno e inclusivo. Señaló que gobernará sin ideologías, pues ese sería el modelo de inclusión y el Gobierno para todos.
Un ambiente incómodo con el ala progresista del correísmo y el aplauso excesivo de los antagonistas de la Revolución fue el saldo de la sesión de posesión de Moreno en la Asamblea Nacional. Posteriormente y a través de varias reuniones del buró político de AP, quien escribe pudo aprender a conocer a Lenin Moreno. Su capacidad para decir y hacer de manera diferente, sentir, decir y hacer sin coherencia y sus primeros rasgos de deslealtad, manifestados en sus declaraciones sobre la situación económica del país con la expresión de que la mesa no estaba servida, expresión que, utilizada por los medios de comunicación y la oposición, empezó a cimentar un cono de desconfianza a la administración gubernamental liderada por Correa.

El 12 de junio de 2017 ocurrió el último encuentro del buró de la Revolución Ciudadana. Tuve la oportunidad de estar en esa reunión junto a Rafael Correa, Lenin Moreno, Jorge Glas, Ricardo Patiño —en ese momento consejero de gobierno—, José Serrano —presidente de la Asamblea Nacional—, Paola Pabón — exparlamentaria y ministra de la política— Alexis Mera, Eduardo Mangas, Fernando y Vinicio Alvarado.

Al terminar la reunión, con desacuerdos más que acuerdos, una fotografía se hizo pública, buscando tranquilizar especialmente a la militancia que estaba inquieta por los primeros anuncios de Moreno, contradictorios a la Revolución Ciudadana. A esa altura, ya se estaba consciente de que, a pesar de los esfuerzos por conseguir un mínimo acuerdo interno, las cartas estaban echadas. La ruptura era un hecho y se debía manejar con madurez, firmeza y seguridad de las acciones, sobre todo por el capital político de la Revolución y las aspiraciones de una mayoría que en las urnas eligió la continuidad de toda una serie de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las grandes mayorías.

47 días después del cambio de mando, con diferencias marcadas y públicas, el 10 de julio de 2017 Rafael Correa salió del país rumbo a Bélgica, como lo había anunciado años antes de dejar su mandato. En el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital y antes de tomar el avión, se dirigió a sus coidearios, con micrófono en mano desde una tarima improvisada: “No estoy muy seguro si venció la Revolución Ciudadana. Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones”. En su discurso pidió a los militantes “cuiden la revolución y la patria” y, anunció su decisión de desafiliarse de Alianza PAÍS si continúan los pactos de Moreno con grupos políticos de oposición.
Para ese entonces, Moreno había mantenido reuniones y acuerdos políticos con los Bucaram, los Social Cristianos, y otras organizaciones políticas que la Revolución Ciudadana había catalogado como “partidocracia” y que estaban reviviendo gracias al llamado de Moreno. A su vez, pronto se supo de una reunión de Moreno con los dueños de los medios de comunicación monopólicos el día 12 de julio 2017 en en el Palacio presidencial de la Carondelet, donde se acordó la revisión, es decir, el vaciamiento, de la Ley de Comunicación, una ley de la Revolución Ciudadana que buscaba la democratización de los medios y el respeto de los Derechos Humanos en el manejo de la comunicación.

Cada vez eran más obvias las diferencias ideológicas y programáticas. La crisis interna se agudizó con la decisión del Gobierno de convocar a una consulta popular, que, entre otros aspectos, buscaba modificaciones a la Constitución y apartar de la vida política a Rafael Correa. Fueron públicas las declaraciones de Moreno que referían al odio que iba adquiriendo hacia quienes habían votado por él o el llamado a que se “respiren aires de libertad”, dejando de lado el “comportamiento ovejuno”, expresión utilizada por la oposición hacia el correísmo. Eso resquebrajó rápidamente las estructuras del Movimiento Alianza PAÍS y dividieron a la militancia, que en una mayoría orgánica exigía acciones inmediatas de la dirigencia en contra de Moreno por atentar a la unidad y al mismo proyecto al que se decía representar.

El preso político ecuatoriano

Los desencuentros en los planos político-programáticos, de gestión de gobierno y de la táctica política respecto al énfasis de la gestión pronto generaron las primeras rupturas en el gabinete ministerial, en el bloque de legisladores y en las estructuras de dirección del Movimiento, que, además, había sido invisibilizado en las decisiones que se adoptaban al interior del Gobierno.

El 2 de agosto de 2017, Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador, hizo pública una carta dirigida a Moreno, con fuertes críticas sobre el manejo económico, anunciando un futuro paquetazo para el pueblo. Denunció el pacto con los Bucaram para el manejo de sectores estratégicos y señaló fuertemente que, con el Gobierno de Moreno se estaba instaurando las bases de un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia nacional.

Esa carta provocó que Moreno retire las funciones a Glas, lo despoje de su seguridad y de mecanismos de movilización, así como de los recursos que se manejaba desde la vicepresidencia para cumplir con las responsabilidades encargadas. Según un informe sobre judicialización de la política y bloque político, realizado por el Colectivos de Abogados por la Democracia, coordinado por Virgilio Hernández, ese: fue el inicio de una persecución judicial sin límites, ejecutada tanto desde la Fiscalía General del Estado como desde los tribunales de justicia, violentado las normas establecidas por la Constitución de la República respecto del debido proceso y la presunción de inocencia que ha desembocado en un vicepresidente destituido de su cargo que lleva más de un año en prisión, sin tener aún sentencia ejecutoriada y en violación flagrante al artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que la prisión preventiva será una medida de carácter excepcional y en contraposición a las normas de convencionalidad sobre la aplicación de las medidas cautelares.

El día 21 de octubre de 2018 se trasladó a Jorge Glas desde el Centro de Rehabilitación n.° 4 de Quito al Centro de Rehabilitación de Latacunga, sin que exista ninguna justificación de por medio y sin tomar en cuenta que, al haber ejercido el cargo de vicepresidente de la República del Ecuador, necesitaba de medidas especiales que puedan precautelar su seguridad y, al mismo tiempo, permanecer en Quito ante la existencia de una enfermedad grave de carácter degenerativo, certificada por médicos especialistas.

En respuesta a estos hechos arbitrarios cometidos por las autoridades ecuatorianas, Jorge Glas, desarrolló un proceso de resistencia pacífica, a través de una huelga de hambre, que duró 52 días. Sin resultados positivos en las apelaciones y medidas de protección ante su estado de salud decidió levantar la medida tras el pedido realizado por el movimiento y la militancia.

Crónica de una usurpación anunciada
y el prolongado bloqueo a la RC

El 25 de agosto 2017, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pabón renunciaron al gabinete de Moreno haciendo la denuncia pública del viraje conservador. Estas renuncias, sumada a la persecución iniciada contra Jorge Glas, junto a las declaraciones públicas, más la conformación del gabinete y las vocerías de derecha que tomaron fuerza al interior del Gobierno, fueron el detonante para que se convoque el 31 de octubre de 2017, a reunión de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza PAÍS.
En esta sesión se reafirmó el programa de Gobierno de Alianza PAÍS, se rechazó la consulta popular inconstitucional y con mayoría de 22 de los 32 miembros de la Dirección Nacional se destituyó de la presidencia del Movimiento a Lenin Moreno, aplicando la normativa interna del movimiento y apegados a las normas que regulan a las organizaciones políticas en el país.

Esta acción que afianzó a la militancia correísta, tuvo la reacción inmediata de los que compartían el espacio de AP y del gabinete, interpelaron al Órgano Electoral que ya cooptado por el Gobierno, a través de leguleyadas jurídicas otorgaron la representación jurídica del movimiento a Moreno, quién de manera inmediata conformó una dirección nacional ilegítima que tomó posesión inmediata de este y los bienes muebles que contábamos a la fecha, incluyendo la histórica sede de la Shyris, a pesar de no contar con el veredicto final del Órgano Electoral. Hicieron uso de la fuerza pública para el desalojo de la sede, donde había militancia haciendo vigilias para defender el espacio.

De esa manera, con claras irregularidades, el movimiento fundado por Correa se quedaba sin su principal líder. En esa época se advirtió que Alianza PAÍS sin Correa es como un café descafeinado. Sin sus fundadores y quienes daban vida a ese instrumento político, Alianza PAÍS estaba destinado al fracaso. Continuaron meses de litigios jurídicos en los órganos electorales sin respuesta, dejando en absoluta indefensión a quienes denunciamos el atropello del Gobierno en las decisiones electorales. De manera inmediata, se decidió convocar a la Convención Nacional de militantes de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa viajó al Ecuador para el efecto y el 3 de diciembre 2017 en la ciudad de Esmeraldas se hizo pública la ruptura con el Gobierno de Moreno, y se ratificó la línea política progresista y se anunció la reorganización de la estructura nacional de la Revolución Ciudadana y la presentación al Órgano Electoral de la solicitud de reconocimiento de nuestro propio casillero.

La usurpación de AP apenas fue el inicio de un bloqueo político irracional, muchas veces con argumentos risibles. El 29 de diciembre de 2017 se presentaron los requisitos formales al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar la autorización para la recolección de firmas bajo el nombre de Movimiento Revolución Ciudadana, misma que fue contestada con la negativa del CNE el 23 de enero de 2018, argumentando que la denominación Revolución Ciudadana, es la consigna que identifica al Movimiento Alianza PAÍS y al anterior Gobierno. También justificó su negativa porque con fecha 13 de diciembre de 2017 se había presentado una solicitud, por parte de una persona cercana al entonces director provincial de Pichincha y actual secretario ejecutivo de Alianza PAÍS, Gustavo Baroja para que reserve el nombre de Partido de la Revolución Ciudadana, maniobra con la que se impedía el registro al correísmo; esta fue la segunda negativa del CNE.

La tercera negativa apareció cuando se presentó el 6 de marzo de 2018 la solicitud bajo el nombre de Movimiento Revolución Alfarista. El CNE agencioso por cumplir las órdenes de Carondelet, negó la solicitud aduciendo que como organización política de izquierda no podíamos llevar el nombre de quien fuera un liberal en su época.

Tan risible este argumento que mereció la respuesta inmediata de los historiadores más importantes del país, fundamentando las razones por las que Eloy Alfaro se debía considerar no solo un liberal, sino además un radical, cuyo pensamiento revolucionó su época y confluyó con ideas anarquistas, socialistas y comunistas que surgieron en Ecuador a partir de la segunda década del siglo XX. Cuando la apelación llegó al Tribunal Contencioso Electoral, sin argumento alguno y sin escuchar a las partes, dispusieron el archivo de la misma.

Esta tercera negativa y con la cercanía de la fecha para la convocatoria a elecciones seccionales del mes de marzo 2019, entramos en la exigencia de buscar otras alternativas. Con las negativas del CNE sabíamos que ninguna solicitud directa del correísmo iba a tener respuesta positiva. Fue así que el 05 de mayo de 2018, hicimos pública la alianza con el Movimiento Acuerdo Nacional MANA, que ya tenía casillero otorgado por el CNE para el inicio de recolección de firmas. En apenas 70 días la organización recogió 462 000 firmas gracias al trabajo de su militancia que logró llegar a casi medio millón de ciudadanos que ratificaron su confianza en el liderazgo de Rafael Correa y en la vigencia del proceso de la Revolución Ciudadana.

Sin embargo, una nueva maniobra impidió la presentación de firmas, puesto que un día antes de la entrega de las firmas, actores políticos antagónicos a la RC, dijeron en rueda de prensa y aseguraron tener la representación legal de MANA, expulsaron de la agrupación, aún no reconocida, al expresidente Rafael Correa y a otros nueve dirigentes nacionales. Esta acción fue secundada por el Consejo Nacional Electoral que no dudó dos veces en otorgar la representación jurídica a estos actores que montaron este galimatías para impedir nuevamente que la RC tenga su representación formal en el sistema electoral.

Fue el cuarto rechazo al correísmo por parte de un Gobierno que promueve “aires de libertad” en un país donde la democracia, así como la constitución están de vacaciones.

La consulta inconstitucional

Moreno presentó el 2 de octubre 2017 ante la Corte Constitucional la propuesta de referéndum que contenía siete preguntas, entre ellas, la inhabilidad política a personas acusadas de corrupción; la eliminación de la posibilidad de reelección a funcionarios que cumplieron dos periodos para el mismo cargo; y la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la designación de un consejo transitorio que tenga la potestad de evaluar a todas las autoridades de control del Estado.

Cito las tres preguntas porque eran las que tenían el interés primordial en la consulta popular, las demás fueron preguntas demagógicas utilizadas para lograr una votación mayoritaria en las urnas.

El fondo de la consulta era la inhabilitación política de Rafael Correa y la toma por asalto de las funciones del Estado para promover la “descorreización del Estado”.

El 4 de febrero 2018, el “No” promovido por el correísmo logró un apoyo promedio en las urnas del 35 % lo que nos situó como primera fuerza política a nivel nacional y única fuerza de oposición al Gobierno de Moreno.

Fueron todas las organizaciones políticas y sociales inscritas para la consulta promoviendo el sí, frente a una sola organización social inscrita para el no. Cobijados por el “Foro de Mujeres” y con la presencia física de Rafael Correa recorriendo el país, en una campaña en cancha inclinada, sin medios de comunicación, sin recursos económicos, sin partido político, se demostró la fortaleza de una organización política de hecho, con presencia en todo el territorio ecuatoriano y en las circunscripciones del exterior, que empezaba a despertar tras los golpes de la traición perpetuada por Moreno y sus aliados políticos y económicos.

Los resultados de la consulta recayeron en la imposibilidad de Correa de una futura candidatura presidencial. Promovió la puerta abierta a la persecución judicial y política contra ex funcionarios o colaboradores del Gobierno de la RC y del mismo Rafael Correa, que lleva más de 14 procesos judiciales en marcha y decenas de auditoría de contraloría.
Las arbitrariedades cometidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, han afectado al conjunto de la institucionalidad del Estado de derecho y a los principios básicos del régimen democrático.

Actualmente, las autoridades de control son transitorias o encargadas, designadas sin debidos procesos y que responden ante el poder de turno. Llevamos más de cuatro meses sin Corte Constitucional, una vacancia que afecta protección de derechos y denota la magnitud de la ruptura del Estado de Derecho.

Retrocesos, retos y reconstrucción

Describimos aquí, en simples rasgos, lo que han sido 20 meses de acelerados retrocesos para el pueblo ecuatoriano. No es dramático, ni exagerado afirmar que inició “el ciclo de la desesperanza”. Con el actual Gobierno, los pobres están condenados a la pobreza, mientras los pudientes se reafirman en la acumulación del capital. Regresamos como país, a aquella denominada larga y triste noche neoliberal de la que habíamos creído salir como pueblo hace más de diez años.

¿Cómo no íbamos a ser objeto de ese ataque concertado de las grandes corporaciones económicas y mediáticas, si fuimos elegidos como parte de un proyecto de transformación radical de la sociedad, de sentido profundamente popular, hacia la equidad y la justicia social? Sabíamos, que nos íbamos a enfrentar a poderosos intereses. Pero la política implica tomar decisiones en un campo atravesado por el conflicto, conflicto de intereses: principalmente el que enfrenta a las grandes mayorías sociales con las pequeñas minorías de privilegio. Quien crea que se puede obrar desde el consenso absoluto, miente o se miente a sí mismo y esa es la trampa del unanimismo construida por Moreno en lo que va del ejercicio de su Gobierno.

Hoy el Ecuador vive un golpe real a la economía, al no existir un plan de desarrollo nacional. Todas las medidas parches tomadas en estos meses afectan directamente a las clases populares, lo que a su vez acrecienta las brechas de desigualdad. Las políticas económicas del Gobierno han perdonado más de cuatro mil millones de dólares a los grupos de poder económicos más grandes del país, mientras han recortado cerca de quinientos millones de dólares al presupuesto de educación. Una cantidad similar fue quitado al presupuesto de salud de este 2019, afectando, especialmente, a quienes son beneficiarios de la política de gratuidad.

Nuevamente, las grandes mayorías confinadas al margen del desarrollo. Se recortaron subsidios a los combustibles; se redujeron salarios y despidieron a más de 100 000 funcionarios públicos; se retomaron las políticas del FMI; se negocian TLC y se arrodillan a los arbitrajes internacionales. Se atenta a nuestra soberanía con la instalación de oficinas de cooperación militar estadounidense en Carondelet, se desentienden de los procesos de paz de la región, niegan la UNASUR y el sistema de integración regional de nuestra América, anuncian la entrega de Assange.

¡Cuánto por contar y cuánto por luchar!

En nuestro país la contrarrevolución comenzó solapada en banderas de continuidad con el programa votado en las urnas. Pero Moreno es apenas la delgada membrana de la contrarrevolución. Quienes dirigen las operaciones se valen de su figura insípida e intrascendente para devolver el poder a las oligarquías.

En síntesis: destruir lo que despectivamente llaman “correísmo”. Los interesados en esa destrucción saben que tienen dos principales obstáculos para la consumación total de sus objetivos antidemocráticos: la memoria de la Revolución Ciudadana y el capital político con el que cuenta. Saben que, si no dan la estocada ahora, se van a enfrentar cada día que pase con un referente más grande y que poco a poco suma respaldos. En torno a la Revolución Ciudadana como un renovado proyecto político popular y progresista en el que van a confluir si hacemos las cosas bien, las aspiraciones del conjunto más vasto de las ecuatorianas y los ecuatorianos.

Está claro que la persecución que se enfrenta no es judicial, es política y, como todo problema político su solución también es político. Ellos quieren una pseudodemocracia donde las mayorías estén proscriptas. Frente a ello, la tarea colectiva será trabajar para volver a ser vértice de un movimiento amplio y ciudadano, que le devuelva la democracia al pueblo.

Ellos sueñan con un Ecuador para minorías, sin Revolución Ciudadana que les quite el sueño. Nuestro desafío es recrear un movimiento progresista lo más amplio posible, capaz de construir una nueva victoria popular y plantear al pueblo ecuatoriano un rumbo de dignidad, soberanía y justicia social.

Vamos a enfrentar en las calles, en los barrios, desde los movimientos sociales el ataque abierto a la democracia. Vamos a enfrentar en las urnas la disputa política necesaria, a pesar del bloqueo pautado por el Gobierno en nuestra contra, hoy tenemos un movimiento político nacional que nos ha cobijado para que los cuadros políticos de la Revolución Ciudadana disputen las elecciones locales de marzo 2019 y, quienes estamos convencidos de este proyecto de transformación, tengamos una perspectiva real de disputa electoral, en la recuperación de un proyecto nacional y popular.

Entendiendo que en la lucha política no existen ni los triunfos ni las derrotas definitivas, pues no son procesos lineales ni siquiera progresivos, sino que muchas veces son contradictorios e incluyen en su origen elementos que nos llevan a tener avances y retrocesos.

Más allá de los monstruos que regresaron a quitarnos los sueños, vamos a resistir a las políticas antipopulares y antinacionales. ¡Democracia a la medida de las élites no es democracia! ¡Democracia sin la principal fuerza política del país, no es democracia! ¡La Revolución Ciudadana está en las calles, en la memoria y en el corazón de las mayorías populares! ¡Volveremos!

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Gabriela Rivadeneira B.

Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Politécnica Salesiana, en la carrera de Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, de la cual se graduó en 2015. A finales de 2012 aceptó ser candidata a asambleísta nacional donde obtuvo casi 3.5 millones de votos. Es presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador desde 2013. En junio de 2014, el gobierno de Chile, a través del embajador Gabriel Ascencio, impone a Gabriela Rivadeneira la condecoración Orden Bernardo O’Higgins, en el Grado Cruz.


Nota: