Protagonismo de vanguardia

El Sujeto Histórico (IOC) y el Estado Plurinacional de Bolivia

Juan Carlos Pinto Q.
Publicado en agosto 2017 en La Migraña 23
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Aprendiendo a reconocer lo que somos

Bolivia es un país mayoritariamente indígena, el 62% (INE, Censo 2001) y 41% (INE, Censo 2012) de los ciudadanos que asumen ser parte de una identidad originaria lo hace a través del auto reconocimiento, lo que quiere decir que el orgullo de ser diferente y multicultural es asumido a la par de un proceso de interpelación al Estado por la histórica exclusión de la mayoría. El Estado excluyente del pasado fracasó en impulsar una ciudadanía sustentada en el hecho de la igualdad de todos los bolivianos ante las leyes, pero en el que en los hechos éramos tratados de manera diferente, vivíamos excluidos y sentíamos la discriminación de nuestra diversidad cultural, que para los poderosos era una expresión folklórica y no una razón de derecho para sentirse parte de las decisiones que se toman en el país.

Producto de esta condición, el proceso histórico creó dos sistemas económico-políticos, que a pesar de estar obligados a la convivencia, desarrollaron formas excluyentes de coexistencia. Existen pedazos de Bolivia que tienen una lógica liberal que toma sentido a través del mercado y la propiedad individual, junto a una democracia representativa que se expresa a través de la libre concurrencia en comicios electorales donde los partidos son los principales actores. Pero también existe la otra lógica comunitaria de convivencia y de toma de decisiones, que ha permanecido en la semiclandestinidad, sobreviviendo a pesar de la represión, la persecución y la imposición autoritaria. Esa que se originó en su forma primaria en los ayllus y comunidades, pero se ha impregnado en la forma gregaria en la que gran parte del pueblo boliviano toma sus decisiones; nos referimos a las juntas de vecinos, asociaciones o gremios –que son otra forma de identidad política no reconocida–, que con los movimientos sociales empezaron a recuperar el protagonismo político sin intermediaciones partidarias.

El temor al desmembramiento territorial, y particularmente a que la diversidad indígena pudiera avasallar la autoridad de un Estado descentralizado, ha hecho que históricamente los sectores dominantes se decidieran por un Estado centralizado que mantuviera el monopolio de los hilos del poder.

La excesiva concentración geográfica de los poderes del Estado impidió que el desarrollo nacional sea equitativo en todas las regiones del país, generalizó la corrupción en el funcionamiento estatal y privilegió nuestra relación dependiente primario exportadora con el mundo, pero durante la vigencia del Estado liberal y republicano no tuvo mayores percances. Sin embargo, cuando el poder central entró en crisis y los representantes de los grupos de poder del oriente (que se encontraban muy bien representados en los ministerios de todos los gobiernos de turno) perdieron el gobierno, se atrincheraron en los poderes locales y departamentales para combatir el “centralismo” que ellos mismos habían creado.

Estos son los temas que históricamente se incubaron en la estructura excluyente del Estado republicano y que irrumpieron en la vida del pueblo a través de las políticas neoliberales de los gobiernos que se sucedieron a partir de 1986, profundizando las contradicciones y la miseria del pueblo. El año 2000, el movimiento indígena encabezó movilizaciones que expresaban el agotamiento de la propuesta política económica neoliberal e interpelaban en las calles y las comunidades a los regímenes centralistas, que optarían por la represión y la muerte hasta que los presidentes –que pretendieron salvar la estructura de poder vigente– fueron echados por el pueblo, dándose curso de forma democrática a la victoria electoral de Evo Morales junto a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, como señal de un cambio revolucionario en Bolivia.

La exclusión y el racismo.
De la colonia a la república

Bolivia es un país que aprendió a aceptarse a sí mismo después de siglos de derramamiento de sangre y de negación a causa del colonialismo, que nos enseñó a sentir vergüenza de nuestra diversidad. Durante mucho tiempo los que se encumbraron en el poder nos hicieron creer que el ser indios era la razón del atraso. Los primeros colonizadores explotaban a los indios y se preguntaban si tenían alma; en la República los consideraban como pueblos necesitados de patrones para vivir mientras imponían relaciones serviles. Incluso en los años 70, al dictador Banzer se le ocurrió la idea de traer africanos blancos para “mejorar la raza”, poniendo de manifiesto que el colonialismo se había desplegado como la forma de dominación permanente hacia la mayoría plurinacional del país.

Bolivia, a diferencia de los vecinos latinoamericanos, se constituyó en medio de la incertidumbre y el miedo de los colonizadores, primero criollos y luego republicanos, a tanta identidad india que los rodeaba. Por eso, tras el levantamiento de Túpac Katari, en 1780, vivirán con el trauma histórico del cerco a las ciudades y posteriormente, a partir de la Guerra Federal (en 1899), asumirán como enemigo permanente a los pueblos indios y generalizarán la exclusión para evitar cualquier tentación democrática.

El proceso de la independencia, que finalizó con la fundación de la República, se sostuvo en muchos pueblos originarios que ofrendaron su vida, pero a los que no se considera como protomártires, porque los nacientes libertadores soñaban con una República criolla, sin indios; eso se vio reflejado históricamente desde la primera Constitución Política del Estado (1826) hasta el año 1961, cuando recién se instituye el voto universal en Bolivia. A lo largo de esa historia republicana encontramos que las Constituciones, modificadas a gusto y capricho de caudillos y políticos –conservadores o liberales–, mantuvieron y “constitucionalizaron” la exclusión. Los llamados “ciudadanos”, aquellos hombres nacidos en el país, mayores de 21 años o casados, que sabían leer y escribir y “no estaban sujetos a otro en calidad de servidumbre”, eran apenas el 5% de la población. Con argumentos que provenían de la Europa esclavista y que en la Colonia se habían institucionalizado, se negaba a los pueblos originarios su calidad de ciudadanía y de personas, para asumirlos como menores de edad, necesitados del tutelaje de un patrón que decida por ellos. Las condiciones de ciudadanía sólo podían ser llenadas por el criollaje, que sabía que únicamente la continuidad del régimen colonial respecto a los pueblos originarios preservaría sus intereses como nuevos dueños de la República.

Por eso, no fue casual que en los años 90 los pueblos indígenas del oriente organizaran una gran marcha de cientos de kilómetros desde sus comunidades hasta La Paz, para expresar y detonar todo ese cúmulo de exclusión y explotación silenciado en la vida republicana, que durante las guerras nacionales que se tuvo con los países vecinos –que Bolivia perdió todas– fueron los pueblos indígena originario campesinos, quienes estando al frente de las batallas, como “carne de cañón”, defendiendo un país del que no se sentían parte y en el que no habían sido convocados a participar, iniciaron ese proceso de identificación y reconocimiento de ellos mismos como parte de este país.

Los pueblos indígena originario campesinos –la gran mayoría del país– sólo presenciaron el cambio de rostro de los patrones en los diferentes momentos de la historia, incluso los sectores progresistas que antes que reconocerlos como protagonistas les hicieron objeto de paternalismo y asistencialismo, expresiones también de colonialismo. Aun así, lo indígena originario campesino tejía con los años redes sociales cada vez más extensas y precisaba cada vez de mejor manera la demanda de construir un nuevo país. Asumían que la resistencia era parte de su propuesta histórica y mientras más eran reprimidos, más se reconocían a sí mismos en su identidad, se afirmaban en su relación armoniosa entre ellos como comunidad y con la naturaleza, y más se diferenciaban de quienes tenían como política el odio, la codicia y el desprecio racista.

El horizonte político de la inclusión

La elección de Evo Morales como Presidente significó un quiebre histórico en la historia boliviana y latinoamericana. Por primera vez las mayorías votaron por uno de ellos, se arriesgaron a soltarse de padrinazgos y señoríos para atreverse a construir un país nuevo. Es así que una de las primeras medidas asumidas por el nuevo gobierno fue precisamente convocar a una Asamblea Constituyente que defina los horizontes de la nueva Bolivia. Una Asamblea que por primera vez reuniera a los representantes de la plurinacionalidad boliviana, pero al mismo tiempo a aquellas minorías que durante décadas nos habían gobernado. La mayoría de la plurinacionalidad tuvo todo un proceso de encuentro cuando cada uno de los asambleístas se vio frente al reto de conciliar los mandatos locales recibidos, con la perspectiva de construir una visión de país para todos los bolivianos y bolivianas. Ese fue el momento fundacional, el de la diversidad empezando a tejer pedazos de historia para construir una nueva.

El Pacto de Unidad, que conglomeraba a las principales organizaciones indígena originario campesinas (CSUTCB, Bartolinas, CONAMAQ, CIDOB y CSCIB), fundamentales en la lucha anti neoliberal, también aportó con sus propuestas y reflexiones sobre el proceso de cambio y se hizo presente en la Asamblea Constituyente, no sólo con cerca de la mitad de asambleístas de la mayoría del MAS-IPSP, sino también con un documento de propuesta donde claramente se expuso que el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) expresan las utopías andino-amazónicas y han sido una forma de vida comunitaria de resistencia al colonialismo, que hoy se quiere rescatar como propuesta frente al mundo capitalista. La política del consenso así como la rotación de las responsabilidades son parte de la vida comunitaria.

De esta manera, a pesar del complot opositor, del racismo del que los propios asambleístas fueron víctimas, del destrozo de los bienes estatales, de la humillación de los campesinos en las calles; en definitiva, de la respuesta señorial a la propuesta comunitaria y de inclusión para el país, se aprobó la Constitución Política del Estado Plurinacional, asumiendo que somos parte de una historia republicana y liberal; pero incorporando el horizonte comunitario del “vivir bien”, a ser desplegado y realizado por las organizaciones sociales y el Estado Plurinacional. Se ha constitucionalizado el reconocimiento de nuestra identidad plurinacional que se encuentra estructuralmente ligada a esta utopía del “vivir bien” como realidad y como tarea.

A lo largo del texto constitucional se propone la convivencia entre estas dos maneras de entender el país. Junto a los derechos individuales, que fueron un logro liberal de la Europa de la Revolución Francesa y que han sido el parámetro del constitucionalismo con el que se inauguraron nuestras Repúblicas, se incluyen los derechos colectivos de los pueblos indígena originario campesinos, que tanta lucha y sangre les han costado en el continente para finalmente poder ser reconocidos por las Naciones Unidas.

Paradójicamente, Bolivia, un país que vivió de espaldas a su realidad y que desde sus clases dominantes se limitaba a copiar el marco legislativo del Primer Mundo, con el cual vivimos la era republicana, fue el primero en constitucionalizar ese logro histórico.

Con relación a la justicia, que generalmente privilegió a los poderosos sobre los oprimidos, ahora incorpora al ámbito constitucional, junto a la justicia ordinaria, la justicia comunitaria, que siempre fue menospreciada, pero también aprovechada por los colonialistas cuando les permitían a los pueblos usarla para resolver sus temas internos. Actualmente, la justicia “de indios” dejó de ser un folklorismo para ser parte del reconocimiento de que existen formas diferentes y plurinacionales de mejorar la convivencia y solucionar los conflictos. De la misma forma, la representación política de los pueblos indígena originario campesinos en los órganos del Estado se constitucionalizó, y aunque muchos de esos espacios fueron posibles gracias a sus propios méritos en el marco de la equidad y la inclusión, también se han generado legalmente espacios de representación para que nunca más se los deje de lado.

Las autonomías es otro gran tema que permitió constitucionalizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, porque ellos, que vivieron durante siglos subordinados y resistiendo, hoy tienen la posibilidad de reconstruirse territorialmente en el marco del Estado Plurinacional. Sin embargo, también deberán coexistir con los otros niveles de autonomía y sobre todo, después de siglos de colonización, volver a inventar un mundo propio desde la identidad y la no dependencia.

Otro espacio fundamental en donde participan los pueblos indígenas originarios campesinos es el de la economía comunitaria que, en el marco de la economía plural reconocida por el Estado Plurinacional, implica el reconocimiento pleno de una economía de la vida que ha sobrevivido casi en la clandestinidad, permitiendo que los pueblos subsistieran compartiendo la pobreza en la que los había sumido esa suerte de colonización permanente de las oligarquías. El gran reto es que el potenciamiento de esta economía desde la comunidad sea una respuesta humana e histórica frente al capitalismo, que además de ampliar intensivamente la explotación del trabajo, está exterminando los recursos del planeta. Pero quizás lo más importante, que de alguna manera está expresado en el espíritu constitucional, es que los pueblos indígena originario campesinos son parte incluyente del país y parte constituyente del Estado Plurinacional.

La organización política de los movimientos sociales

Existió un largo recorrido histórico para que la representación Indígena Originaria Campesina llegara al momento actual. Desde la memoria larga de las insurrecciones indígenas que no dejaban de interpelar al Estado colonial, para generar inclusiones parciales, que pasaron por el Voto Universal en 1956, donde junto a este derecho, se inauguró la época del “pongueaje político” en el que los dictadores de turno usaron a los campesinos para movilizar apoyo político. Es a finales de los 60 cuando dirigentes aymaras conforman el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA) en torno al manifiesto de Tiahuanaco que expresa la necesidad del pueblo indio de recuperar su territorio y luchar por el poder. Este movimiento clandestino en sus primeros años, luego decide participar en la apertura democrática del 78 -79 y 80 en los que logró por primera vez en todos los casos 2 diputados indígenas, que rápidamente fueron asimilados por el sistema político sin mayores consecuencias en el campo político. Sin embargo, más allá de la representación formal, la lucha campesina y originaria desde los 70 empieza a definir su independencia junto a la identidad política propia en la conformación de la Confederación Única de Campesinos “Túpac Katari”. Los dirigentes indígenas y originarios, por un camino propio, empezaron un proceso de recuperación de su propia historia, desde la organización sindical y junto a un enclave académico de avanzada en las universidades, desde donde empezaron a recuperar la historia escrita y volcarla sobre sus comunidades. La izquierda había hecho muy poco en ese sentido debido a una opción ideológica que consideraba solamente a los obreros como revolucionarios, y a los campesinos, originarios e indígenas como propietarios pequeño burgueses y por tanto carentes de capacidad ideológica para sumarse en un primer momento a la revolución.

Desde entonces, empiezan los caminos paralelos de estos actores políticos que iniciarían luego la nueva historia, pero que a pesar de ello no dejaron de tener encuentros, fusiones momentáneas y distanciamientos en el camino de la confrontación con el Estado republicano y colonial, principalmente con su versión neoliberal. También habrá que mencionar que ese Estado Neoliberal en su búsqueda de legitimación, y junto a los sectores “entristas” de la izquierda, que pretendían “dulcificar” al modelo; generaron políticas como la llamada “Participación Popular”, en la que se descentralizaron recursos hacia las alcaldías para su administración y gestión. Ello provocó por una parte que los sectores indígenas originarios se hicieran autoridades, y por otra parte sean parte de los comités de vigilancia, que en definitiva los hizo parte del Estado y les quitó el miedo simbólico al poder que siempre los había excluido. La constitución del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), finalmente Movimiento Al Socialismo (MAS) como sigla prestada para poder acceder a los procesos electorales bloqueados por la política formal, expresa en su recorrido precisamente la irrupción de los movimientos sociales desde las calles y las movilizaciones hacia las urnas y el gobierno.

Algunos de los elementos fundamentales que explican su proceder político inicial hablan de una reacción frente a la exclusión política y al “partidismo” jerarquizado de derechas y de izquierdas, que habían, una vez más, señorializado la participación electoral y el derecho a la participación política. Por eso el MAS se crea en el horizontalismo asambleísta de la toma de decisiones y en el marco de la tradición sindical de organización y participación. Pero además, en su contenido programático expresa la politización de las acciones reivindicativas de las organizaciones sociales, que históricamente fueron reprimidas por la derecha y despreciadas por la izquierda. El sujeto social y el sujeto político se encontraban separados intencionalmente por el sistema político; el MAS fue capaz de construir una síntesis entre lo social y lo político que dé lugar a la representación política directa de los movimientos sociales, sin intermediación, para evitar repetir lo que la historia política de los partidos había hecho hasta ese momento: traicionar el mandato de los mandantes y electores.

En una interpelación histórica a los partidos, se plantea ser expresión de la diversidad y la pluralidad, dando lugar orgánicamente a que la mayoría se exprese en la representación política directa de ellos mismos, sin dejar de ser parte de sus organizaciones (más bien ser parte de ellas es lo que da lugar a la pertenencia en el instrumento donde se mezclan militantes, adherentes y simpatizantes). Esta síntesis política de la plurinacionalidad, y de las clases populares que confluyen como organizaciones y movimientos sociales, da lugar al instrumento que sin dejar las formas tradicionales de lucha y presión en torno a reivindicaciones locales y nacionales produce además una cada vez más clara definición de lucha por el poder.

Los espacios que gradualmente fueron ganados electoralmente desde las alcaldías del Chapare, hasta los curules parlamentarios, expresaban este avance político donde la relación entre los movimientos sociales y el liderazgo era el eslabón fundamental, convirtiendo al instrumento en espacio de organización electoral (un papel por demás efectivo en todas las elecciones en las que se participaron). Esta doble vía de acción transformadora puede explicar, en cierta medida, tanto el éxito del MAS en la obtención del poder político como los niveles de legitimidad que se mantienen desde por lo menos el año 2002.

Su clara definición antimperialista, marcada por la lucha cocalera, que acuñó un liderazgo y definió ideológicamente un comportamiento político más allá de la tradición de izquierda o derecha, expresaba que los espacios políticos se ganan con acción política que genera la capacidad de sumar y hegemonizar las distintas corrientes ideológicas y a los sectores sociales enfrentados con el sistema neoliberal. La esencia campesina y cocalera del MAS en sus inicios se fue transformando para dar lugar a una representación nacional que, sin dejar de expresar a la plurinacionalidad y a los pobres, va internalizando políticamente la propuesta política de los sectores más politizados, que albergaban una profunda reivindicación nacionalista, pero también la reivindicación indianista de la identidad que implicaba necesariamente un discurso descolonizador y un liderazgo asumido en su identidad india. En ese marco, las clases medias se acercan inquietas por lograr respuestas frente a la incertidumbre que irradiaba el sistema neoliberal y, con el pasar del tiempo, sectores de izquierda que habían navegado en aguas neoliberales y otros grupos descontentos se suman al proyecto del proceso de cambio, algunos con sincera convicción, pero muchos otros por oportunismo político para copar espacios de conducción, asumiendo que el instrumento no contaría con cuadros políticos para ello.

El liderazgo indígena y originario

Este largo proceso de constitución de la representación política propia, tuvo también a una guerrilla katarista (el EGTK) que logró encumbrar a un viejo líder del MITKA fundador de la línea indianista, Felipe Quispe, quién dirigirá desde la dirección de la CSUTCB “TK” la ofensiva antineoliberal desde el campo aymara. Luego, este dirigente construirá su propio partido, el Movimiento Indio Pachacuti, que logrará copar la representación aymara del altiplano paceño en las elecciones del 2002.

El MAS y el MIP se empezaron a posicionar en sus respectivos espacios rurales con liderazgos claramente identificados, que expresaban la existencia también de dos corrientes diferenciadas sobre la construcción alternativa al neoliberalismo. Por un lado, el MIP con una importante representación en el campo aymara, planteó desde la CSUTCB un discurso claramente indianista y reivindicativo de la existencia de la otredad india en Bolivia; sin embargo, las consignas reivindicativas del nacionalismo aymara no le permitieron generar un discurso inclusivo de lucha con otros sectores y regiones del país, y las traiciones internas y actuaciones individuales desgastaron esta opción política, cuyo líder se estancó en la crítica personal a los nacientes liderazgos, en lugar de hacerse parte del debate por la construcción de un nuevo país.

En cambio, el MAS partía de otras bases sociales, los cocaleros, que son una identidad intercultural creada por la expansión de sectores campesinos hacia áreas económicamente más rentables, y en muchos casos guardan relación incluso territorial y de producción con su lugar de origen. Aunque se trata de aymara y quechua parlantes, el castellano se convirtió en el principal puente de encuentro, vínculo organizativo y de las luchas sectoriales en la defensa de su nueva territorialidad y espacio de producción. Muchos de ellos, migrantes de más de dos generaciones, incluso han olvidado su idioma originario y han creado una nueva cultura de convivencia en torno al sindicato y la producción de la coca, que al mismo tiempo se ha convertido en su identidad política. Evo Morales es el representante de ese movimiento, que fue capaz de interpelar no sólo a la política tradicional, fusionando lo social con lo político sin intermediarios partidarios, sino que además supo sumar las oposiciones al modelo neoliberal en una gran alianza con los movimientos sociales, que desde distintas aristas cercaron al Estado neoliberal. Esa capacidad de sumar a los diversos le otorgó una nueva identidad política al nacionalismo de izquierda, y desde el indianismo aymara y de otras identidades no sólo se identificó al liderazgo como uno popular, sino que el asumir a Evo como uno de ellos significó que la identidad india se encontraba plenamente reivindicada para empezar una nueva historia. Eso implicaría en términos políticos una agenda diferenciada y a veces contradictoria para lograr conciliar la pluralidad de visiones en la construcción de un mismo país. El liderazgo evista concentró la energía histórica del proceso de transformación, que por distintas corrientes y en distintos momentos pugnó por la revolución. Como líder, Evo fue capaz de tender los puentes de encuentro entre la diversidad, entre lo sindical y lo comunitario, entre el protagonismo indio y el nacionalismo que reivindica la patria como espacio territorial y subjetivo, de encuentro y pertenencia de todos y todas. Y aún más, cuando este líder muestra su desprendimiento de la lógica del enriquecimiento en el poder, junto a una disciplina de trabajo más cercana a la vida cotidiana del pueblo, expresa una posición ética sobre el poder y la política que será reivindicada permanentemente por él en los espacios mediáticos, a la par de la entrega constante de obras para los sectores más alejados del país.

Una nueva representación política IOC para un nuevo país

Luego de este momento histórico, el país empezó a generalizar la inclusión y la representación política Indígena Originario Campesina desde el naciente Estado Plurinacional. El congreso se vistió de mayorías que recorrían sus señoriales espacios republicanos, que significa que más de 2/3 de Senadores y también de diputados son del MAS y dentro esta mayoría más del 80% se autoidentifican como IOCs. Sin embargo, cabe mencionar que en la representación legislativa nacional, los pueblos indígenas y originarios sólo han elegido por vía directa a 7 diputados de las 36 identidades inicialmente reconocidas en la Constitución. La Asamblea Constituyente había propuesto la representación directa, pero las negociaciones con la oposición y las regiones, impidieron un mayor número para evitar que quiten representación a los departamentos.

En los ministerios los rostros morenos y originarios empezaron a ser más comunes junto a funcionarios de planta que durante años fueron parte de distintos gobiernos. Sin embargo, los ministerios y la mayor parte de los puestos jerárquicos no son representativos de los IOCs; sin duda en el entronque histórico que vive el país, la formación académica lleva años de discriminación encima, que pone en el dilema al Estado Plurinacional entre ser eficientes y ser incluyentes.

A nivel jerárquico, donde ministras/os, senadores y diputados, así como en la elección de jueces y los propios vocales del Órgano Electoral, donde la mayoría indígena impregnó estos puestos elegidos por el Congreso, en elecciones directas o bien en las elecciones municipales se impuso definitivamente una nueva representación en las autoridades, expresión de que una nueva élite política se constituye en el país.

En definitiva, el país ha cambiado y lo seguirá haciendo como nunca antes en su historia. Los retos son grandes y las tareas mayores para que la inclusión y la reforma estructural no se quede en un capitalismo liberal más dulce y distribuidor, sino que generemos las condiciones para la construcción del Socialismo Comunitario con el poder de las organizaciones sociales.

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Juan Carlos Pinto Q.

Sociólogo boliviano, diplomado en Derechos Humanos. Ex prisionero político. Ha escrito libros sobre temas relacionados con democracia intercultural, y el sistema penal y penitenciario. Ha sido coordinador nacional de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica. Fue coordinador nacional de la REPAC (Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente) y posteriormente el coordinador general de la organización y sistematización de la Enciclopedia histórica documental del proceso constituyente boliviano. Fue director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Actualmente es el director general de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.


Nota: