La Consulta y la carretera

El TIPNIS. Territorio en debate

Cynthia Silva Maturana
Publicado en agosto 2017 en La Migraña 23
Rounded image

En las últimas semanas la promulgación de la Ley 969 de Protección y Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, ha renovado un fuerte intercambio de opiniones, enfocado en los supuestos impactos de la construcción de una carretera que atravesaría este territorio, cuyo trazo y diseño no existen.

Este intercambio ha dejado de lado el contenido completo de esta Ley, que establece el mandato a diseñar e implementar los instrumentos fundamentales para cumplir con los acuerdos emanados del proceso de consulta previa libre e informada, llevada adelante el año 2012: la protección del TIPNIS, la agenda de desarrollo y el plan integral de transporte destinado a la articulación y vertebración territorial.

Lamentablemente, en este debate han estado ausentes las comunarias y comunarios del TIPNIS, su voz ha sido expropiada por quienes haciendo uso de los beneficios del desarrollo y la tecnología decidieron hablar por ellos, pero sin ellos, sin escucharlos, sin conocerlos, y finalmente, sin estar dispuestos a correr su misma suerte.

Estos ventrílocuos del TIPNIS han pretendido posicionar en la opinión pública una visión apocalíptica, reproduciendo una vieja lógica que antepone la naturaleza a las personas, que ve los árboles e incluso el bosque pero que invisibiliza a las comunidades y no las reconoce como sujetos que deben participar del desarrollo integral, en sus propios términos.
Una lógica del pasado que una vez más cosifica al indígena, al de carne y hueso, imponiendo sobre él una imagen romántica que lo condena al pretender naturalizar la pobreza y el aislamiento.

TIPNIS – El parque nacional y territorio indígena

Esta área protegida fue declarada como Parque Nacional a través del Decreto Supremo No. 7401 en 1965, hace más de 50 años, para conservar las cuencas, mantener “reservas vírgenes”, evitar los riesgos a la belleza escénica producidos por la intención de desarrollar la carretera marginal de la selva y los planes de colonización, y dejando claro que los parques nacionales son centros de recreo, turismo y defensa de los recursos naturales renovables.

Muchos años después, en 1990, se logra un hito histórico. Fruto de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, emprendida por los pueblos y naciones indígenas del Beni, se aprueba el DS 22610 del 24 de septiembre del 1990. Este Decreto reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo (Art. 1) y establece que debe respetarse la condición del Parque Nacional Isiboro-Sécure, en la calidad y límite establecidos por el Decreto Supremo 7401 (Art. 3).

Y finalmente establece:
Artículo 6°. Toda construcción y obras de desarrollo, particularmente, de vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, debe contar, previamente, con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, con la participación de la organización indígena de la región. Las obras que estén en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar con su respectivo estudio de impacto ambiental. Asimismo, todo proyecto o estudio a realizarse deberá ser consultado y coordinado con la organización indígena de la región.

Es decir que, aunque, lamentablemente, se sujetó los derechos de los pueblos indígenas a los criterios proteccionistas de hace 50 años, se reconoció que se podrían desarrollar obras de infraestructura, también carreteras, en condiciones de consulta con los pueblos indígenas y de evaluación de su impacto ambiental.

Esto fue establecido en un Decreto que fue un triunfo del movimiento indígena y celebrado por los actores de la sociedad civil, incluyendo los que hoy opinan furiosamente en contra de la Ley 969, que levanta la intangibilidad de la Ley 180 y que busca impulsar el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, en todas las comunidades del TIPNIS.

Otro elemento a considerar son las tensiones por la tierra, que desde 1990, y antes, se han mantenido en el TIPNIS, tanto de asentamientos y avasallamientos ilegales en la zona sur, como de amedrentamiento e intento de desconocimiento de estos derechos en el norte, por parte de “terceros” que no querían perder sus privilegios.

Un ejemplo:

Que, en fecha 19 de enero de 1990, autoridades del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y del Centro de Desarrollo Forestal Nacional firmaron, conjuntamente, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Confederación de Colonizadores, un Convenio para dar solución definitiva al problema de los asentamientos de colonización en los parques nacionales, particularmente en los de Amboró, Carrasco-Ichilo e Isiboro-Sécure, constituyendo Comisiones Mixtas con la finalidad de establecer líneas rojas para evitar nuevos asentamientos (Parte considerativa del D.S. 22610).

El Gobierno del Presidente Morales, no actuó nunca con equívocos, mantuvo una línea consistente en esta materia, que se puede probar con las permanentes acciones como fue el caso de septiembre de 2006 en que se procedió al desalojo de colonizadores en el TIPNIS, con el apoyo de la fuerza pública.
La conclusión del proceso de saneamiento puso los límites claros para el TIPNIS, y décadas después, la Ley 969 vuelve a ratificar la prohibición de asentamientos de personas que no sean titulares del derecho en el TIPNIS, y establece diversos dispositivos y mandatos para asegurar el cumplimiento de esta prohibición.

La consulta: un acuerdo entre
el Estado y los pueblos indígenas

En el 2012 se realizó la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS (Ley No. 222), sobre tres aspectos acordados con ellos mismos: La visión de desarrollo, las condiciones para la construcción de una carretera ecológica y la continuidad o no de la Ley 180 y su declaración de intangibilidad.

Este proceso de consulta, desarrolló al máximo los estándares internacionales establecidos en el marco del Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, y ratificado por Ley 1257 en Bolivia. Pero además extremó los esfuerzos para alcanzar un proceso de consulta único en nuestro país.
Se inició con la entrega de información apropiada y pertinente, muchos meses antes del inicio de la consulta. Información que incluía la Ley 222, el Convenio 169 y la explicación del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, los temas a ser consultados y el contenido de los mismos, y otros aspectos relevantes.

Para el proceso de consulta se aseguró de respetar los mecanismos propios de los pueblos indígenas del TIPNIS, las asambleas comunales y el Encuentro de Corregidores; las decisiones colectivas por consenso, nunca por votación individual, el respeto a aquellos que no quisieran ser consultados, el pacto de respeto de los acuerdos finales, y muchos otros. El proceso de consulta íntegramente fue supervisado en su rol de observador por el Órgano Electoral Plurinacional OEP, de acuerdo a la norma vigente en que le da esta responsabilidad.

Los resultados detallados del proceso de consulta se encuentran en los informes publicados y difundidos. Un resumen de los mismos incluye:

  • 58 comunidades ejercieron su derecho a la consulta, 11 comunidades decidieron no hacerlo.
  • Se acordaron las líneas prioritarias para el desarrollo integral de las comunidades, plasmadas en una propuesta de Agenda del Vivir Bien del TIPNIS.
  • En torno a la Ley 180 se acordó: “El órgano ejecutivo deberá presentar una propuesta de Anteproyecto de Ley Abrogatoria de la Ley 180. Dicha abrogatoria no debe afectar de ninguna manera el carácter de territorio indígena y de área protegida que tiene el TIPNIS, y debe garantizar la integridad y protección del mismo. El SERNAP deberá establecer y comunicar las medidas necesarias para acompañar la gestión de la comunidad de Concepción del Ichoa, respetando su decisión de tener la menor interferencia externa posible”.Medidas de Protección y salvaguarda del TIPNIS. Numerosísimas medidas y preocupaciones fueron planteadas en este punto, cuyas conclusiones fueron:
    • Presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Protección del TIPNIS.
    • Elaborar de manera participativa un nuevo Plan de Protección, que incluya todas las demandas de los Pueblos Indígenas del TIPNIS.
    • Prever el SERNAP–MMAyA los recursos necesarios y apropiados para el establecimiento y funcionamiento del Plan de Protección del TIPNIS de manera óptima.
    • Alcanzar un acuerdo –las comunidades lo consideran de gran importancia– con las Federaciones del Trópico, que asegure el respeto a los límites del TIPNIS y sus comunidades indígenas.
  • En torno a la Carretera ecológica, los acuerdos incluyen:
    • Establecer un sistema multimodal de transporte, que beneficie efectivamente a las comunidades y asegure el menor impacto ambiental posible al TIPNIS.
    • Desarrollar un diseño altamente participativo de la carretera ecológica y el sistema multimodal de transporte del TIPNIS.
    • Establecer medidas de control especiales dedicadas tanto a evitar que el proceso de diseño y/o la construcción de la carretera puedan facilitar asentamientos ilegales, o aprovechamiento ilegal de recursos.
    • Asegurar que la indemnización por la carretera se invierta en empresas comunales de transporte, programas de turismo comunitario y otros programas que beneficien a las comunidades.

Esta es la voz de las comunidades, de los hombres y mujeres del TIPNIS, plasmado en un acuerdo de cumplimiento obligatorio con el Estado, y que se plasma en la aprobación de la Ley 969 de Protección y Desarrollo Integral del TIPNIS.

El verdadero debate

Nuestro país ha pasado en los últimos diez años, de ser la cenicienta de Sudamérica a convertirse en un referente internacional en materia de crecimiento económico y transformación social. En este decenio a partir de la nacionalización de los hidrocarburos el PIB casi se ha cuadruplicado, se ha construido más infraestructura vial que en toda la historia previa de nuestro país, 3 millones de personas han dejado de ser pobres, se han constitucionalizado los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, se ha construido un Estado autonómico con un modelo de democracia intercultural y mucho más. Sería demasiado largo repasar cómo ha cambiado nuestra Bolivia en este tiempo.

Después de 180 años de república finalmente las bolivianas y bolivianos asumimos el reto de forjar nuestro propio desarrollo, velando por el bien de todos y no de unas cuantas familias como en el pasado. Esto, por supuesto representa un reto enorme pues debemos avanzar rompiendo esquemas, viejas barreras mentales y formas de ver el mundo que responden al pasado.

Hoy, uno de esos retos es seguir garantizando el crecimiento del país a partir de un desarrollo integral que necesariamente debe estar en armonía con la Madre Tierra. Un desarrollo en el que necesariamente los derechos individuales y colectivos de las personas deben ejercerse de forma complementaria con los derechos de la Madre Tierra.

Es en este marco, que debe situarse el verdadero debate reconociendo que el ataque furibundo contra la Ley que establece el mandato al Plan de Protección y Desarrollo Integral del TIPNIS, ha mostrado también la posición estancada del conservacionismo que no ha avanzado en un análisis de los avances y los logros reales de esa postura.

Entonces abordemos por tanto otra línea del debate necesario, que hoy se refleja en el TIPNIS pero que se ha venido expresando en muchos otros ámbitos del Proceso de Cambio. Se trata del repentino rebrote instrumental de un ambientalismo colonial basado en argumentos anacrónicos que ha desinformado a un activismo joven que está en búsqueda de sentidos, pero sin comprender que lo ecológico no está separado de lo político.

En nuestro Estado nos hemos preguntado si deberíamos tener que elegir entre la protección de la naturaleza y el bienestar de los bolivianos, si podríamos cerrar los ojos al derecho al desarrollo de todos los ciudadanos y ciudadanas, si para conservarla debemos separarnos de las áreas protegidas encerradas como pedazos de “naturaleza”, sacrificando las posibilidades de salir de la pobreza de los seres humanos -nuestros hermanos y hermanas- que quedan dentro y fuera de estas áreas.

Con las leyes de la Madre Tierra 71 y 300, el Estado y la sociedad dijimos que NO, que el “ambiente” entendido como todo lo que nos rodea a los humanos, es una falacia, porque somos parte de la naturaleza. Acordamos que necesitábamos entender la dimensión ecológica como un componente más del desarrollo integral. A esta base conceptual nos guiaron nuestras matrices culturales e históricas, hablándonos del Vivir Bien y la búsqueda de armonía, pero con justicia, mostrándonos el camino a una nueva forma de construir plurinacionalidad, de construir futuro, pero un futuro de verdad con posibilidad real de superar la pobreza en nuestro país.

Porque también debemos ser honestos con nosotros mismos, cualquier visión integral de desarrollo que sea sustentable, justa, inclusiva, digna, respetuosa de la diversidad de nuestros pueblos, requiere de una base material suficientemente constituida. Ninguna persona que viva preocupada por la sobrevivencia de los hijos, nadie que tema que las hijas sean madres jóvenes y sin apoyo, nadie que se enferme sin poder llegar a un hospital, nadie que lleve su cabeza de plátano al hombro por kilómetros para comprarle un cuaderno al pequeño que ira a la escuela, nadie que pierde la compra del mes cuando la canoa se hunde, puede dedicarse a la realización de sus sueños. Para saldar la deuda ecológica primero tenemos que saldar la deuda que tenemos con los que más sufren, en especial los pueblos indígenas originarios.

Por eso la necesidad de un nuevo planteamiento, el Desarrollo Integral en Armonía con la Madre Tierra, un desarrollo que siente las bases materiales y no materiales del Vivir Bien, pero manteniendo las funcionalidades y los procesos como sistemas socio-ecológicos dinámicos, en perpetuo cambio y reproducción. Un desarrollo integral que nos llega a todos y todas, que nos permite soñar con que no somos un país postergado sino líder, pero no líder porque una élite se apropia la mayor parte de nuestras riquezas y se pasea por el mundo disfrutándolo, y tampoco líder por tener intelectuales que en la calidez y arrebujados en el reconocimiento de sus títulos, se pasean dando conferencias sobre los derechos indígenas, y los modelos de desarrollo, y como “el otro” debería vivir.

Esta osadía de plantear una alternativa al desarrollismo y al ambientalismo colonial, es pues fruto del amor y del profundo compromiso de todos y todas los que participamos técnicos, profesionales, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones interculturales, jóvenes, y tantos y tantas otras, que nos animamos a creer que con la ecología social otro horizonte es posible y lo confirmamos con la propuesta y promulgación de esta Ley.

Rounded image

Cynthia Silva Maturana

Formación profesional en el ámbito de la biología. Muy tempranamente apoyó al proceso de reivindicación indígena por los territorios indígenas (hoy tierras comunitarias de origen – TCO).

Fue Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal (2010-2012). Durante este período probablemente el mayor logro alcanzado ha sido la formulación de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Ha desarrollado junto a un equipo multidisciplinario, el proceso de consulta previa libre e informada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, fruto de este proceso se alcanzaron las propuestas necesarias para el desarrollo integral de este territorio, incluyendo la decisión de la construcción de una carretera ecológica dentro del mismo. Actualmente, se desempeña nuevamente como Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, desde agosto del 2016.


Nota: