Pensar caminos de diálogo, apertura judicial y de convivencia

La administración de justicia

Leticia Lorenzo
Publicado en Septiembre 2019 en La Migraña 32
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Introducción

Este texto tiene por objeto presentar algunas reflexiones personales sobre el funcionamiento de la justicia formal y su enorme capacidad de cambiar todo para que nada cambie. No pretendo presentar una visión pesimista y determinante de los actuales poderes judiciales; pero sí intentaré poner en debate algunos mecanismos que permiten a los sistemas judiciales pasar casi desapercibidos en un mundo en el que, afortunadamente, los distintos poderes de un Estado democrático y social de derecho reciben cada vez más interpelaciones.

En ese sentido, en un primer apartado presentaré las concepciones actuales existentes alrededor de la administración de justicia, su funcionamiento e integración y los problemas que se generan con relación a los temas en los que debe intervenir.

En un segundo momento me referiré a la estructura de los poderes judiciales, cómo se integran y cuáles son los mecanismos de ingreso a los diversos estamentos que componen a la administración de justicia. Allí también, señalaré algunos cuestionamientos que se vinculan con la mayor o menor amplitud para gestionar en forma pacífica y adecuada los conflictos.

En tercer lugar presentaré una contraposición entre una justicia pensada desde la “eficiencia” en términos cuantitativos y una justicia pensada desde la calidad y el servicio para con las personas que buscan respuesta. Vincularé esta contraposición con la organización y funcionamiento judicial para reflexionar sobre cómo generamos poderes judiciales que tienden a expulsar a quienes deberían sentirse incluidos y respetados por este poder público.

Un cuarto apartado lo dedicaré a verificar diversas formas de participación popular que considero esenciales para pensar en una administración de justicia de cada a las personas vulnerables.

Finalmente, intentaré proponer algunos lineamientos que considero necesarios para una administración de justicia verdaderamente democrática.

Desarrollo

Hablo en el título de este texto sobre refundar, democratizar o perdurar. En la última década muchos de los debates vinculados con el funcionamiento de los poderes judiciales han involucrado la palabra “democratizar”. “Hay que democratizar al Poder Judicial”. “Deben incorporarse mecanismos de democratización de la justicia”. En muchos discursos que impulsan determinadas reformas a los sistemas judiciales encontraremos con facilidad la palabra “democratizar” como fundamento para medidas no solo diversas, sino en algunos caso casi contradictorias.

La palabra “refundación” no es tan usual, pero también puede verificarse. Bolivia, sin ir más lejos, incorporó al sistema judicial en la refundación del Estado que significó su proceso constituyente. Incluso, generó un mecanismo de acceso a los más altos cargos judiciales inédito en la región: la elección por voto popular. En el caso de la Argentina, mi país, es impactante ver cómo todas las resistencias se alinean y rápidamente se pronuncian públicamente ante cualquier atisbo de propuesta de repensar el Poder Judicial1Como muestra de esta situación basta buscar en línea las reacciones de amplios sectores ante las declaraciones formuladas por el escritor Mempo Giardinelli, una persona que siempre se ha pronunciado críticamente sobre el poder judicial y su funcionamiento..

La ventaja simbólica del uso de ese tipo de conceptos vinculados con la administración de justicia es que en cierta medida el funcionamiento judicial comienza a aparecer como un tema de las agendas públicas de los diversos países, se ponen en discusión temas más concretos vinculados a las decisiones judiciales y comienza a abrirse (aunque con bastantes limitaciones) la reflexión para trascender el ámbito de les abogades como únicas personas cuya opinión se considera como válida. Es decir: se amplía la posibilidad de discusión sobre el funcionamiento de la justicia.

Sin embargo, pese a la irrupción de esos conceptos en los últimos años y la asociación cada vez más frecuente de las innovaciones, cambios, reformas que se proponen a los poderes judiciales con esas ideas, tengo cierta sensación de que el poder judicial tal y como lo conocemos históricamente, logra perdurar. Al parecer, la cantidad de anticuerpos que los poderes judiciales han ido generando a lo largo de su historia institucional surten efecto cuando tienen que enfrentarse a los gérmenes que proponen transformaciones2No es casual, en ese sentido, que los poderes judiciales más “jóvenes” tengan menos reparos a la hora de generar cambios sustanciales. .

En lo que sigue, trataré de referirme a algunos aspectos donde identifico mayor presencia de esos anticuerpos. A la vez, iré detallando cuáles son los gérmenes de la transformación.

¿Cómo concebimos al sistema de administración de justicia?

Las palabras “lentos”, “burocráticos”, “secretos”, se asocian con mucha facilidad cuando se trata de pensar a los sistemas judiciales. Respuestas que nunca llegan, o llegan cuando ya no sirven. Trámites incomprensibles para las personas usuarias. Necesidad de intermediación permanente a través de una abogada o abogado (quienes tampoco suelen ser muy claros en las explicaciones sobre por qué se tiene que hacer determinada cuestión).

El dicho popular “es preferible un mal arreglo a un buen juicio” da una muestra bastante clara de qué es lo que creemos socialmente sobre las administraciones de justicia. Podríamos acordar que la mirada externa sobre los poderes judiciales es sumamente crítica.

Creo que internamente hay un problema actual de concepción: los poderes judiciales siguen autopercibiéndose como instancias establecidas para resolver conflictos patrimoniales que involucran a un sector de la población bastante diminuto: hombres de clase media, con formación y patrimonio propio. Para ese público meta fue pensado originalmente el poder judicial: para dirimir en cuestiones económicas, entre quienes podían llegar a tener algún conflicto de ese tipo. Una minúscula y privilegiada porción de la población.

¿Cuál es la situación de la actualidad? Por una parte, se comienza a integrar el concepto de “conflicto” en el ámbito judicial. La exigencia trasciende la cuestión de definir patrimonios y pasa a complejizarse en términos de verificar las mejores formas de dar una respuesta pacífica a conflictos que también trascienden la cuestión económica. Por otra parte, y con esa necesidad de ampliar la mirada, las poblaciones vulnerables irrumpen en el ámbito judicial: conflictos ambientales; de consumidores; de niños, niñas o adolescentes; de comunidades indígenas; de mujeres; de personas privadas de libertad; personas con discapacidad.

El poder judicial de este tiempo debe involucrarse en tantas temáticas tan diversas y con tantas aristas diferentes, que parece claro que aquella concepción original y autopercepción actual sobre una dedicación mínima y restringida a determinado sector de la población y determinado tipo de conflictos, queda bastante chica.
Por eso probablemente las primeras palabras que surgen cuando preguntamos qué se piensa sobre la administración de justicia sean las que mencionaba al inicio: lenta, burocrática, secreta. Pretender una intervención similar a la diseñada para aquellos conflictos económicos a cuestiones tan complejas como las que involucran muchas vulnerabilidades diferentes, es prácticamente asumir desde la partida misma que la respuesta judicial no será efectiva.

Por ello, en este primer punto considero necesario asumir que pensar un poder judicial diferente, adecuado a la época, implica tomar varios desafíos:

Variar la concepción de las personas que integran los poderes judiciales en varios aspectos:

  • Intervienen sobre conflictos;
  • Esos conflictos son complejos;
  • Esa complejidad implica pensar diversas formas de intervención
  • En consecuencia, el poder judicial debe replantearse en cuanto a una concepción única o una concepción diversa y adecuada a los distintos ámbitos de intervención.

Variar la interacción entre el poder judicial y el resto de los poderes y entre el poder judicial y la población. Más allá que me referiré a la participación popular, también es necesario repensar la interacción cotidiana con las personas usuarias del sistema judicial. Concebir un poder judicial orientado a la intervención en conflictos que involucran a personas vulnerables, también genera desafíos específicos:

  • Repensar el lenguaje judicial y transitar el camino desde una jerga incomprensible y cerrada hacia una forma de comunicación válida, próxima y asertiva cuyo destino final sea la comprensión de las decisiones por parte de las personas involucradas.
  • Reflexionar sobre las barreras existentes para el acceso efectivo de la población a la justicia. Tanto las barreras macro de tipo normativas como las cotidianas, relacionadas con el trato, la infraestructura, la posibilidad de interlocución válida, información eficiente.

Variar la concepción del poder judicial y definirlo como una verdadera instancia de acceso y protección de la población, próxima, clara, ágil y diligente, podría implicar un buen parámetro de análisis de los cambios puntuales que van proponiéndose e introduciéndose, para verificar cuánto nos acerca o nos aleja de un poder judicial con esas características.

¿Cómo se estructuran los poderes judiciales de la región?

En este segundo punto quisiera referirme a la organización y composición de los poderes judiciales. Desde el punto de vista organizacional, entiendo que seguimos atravesando problemas tanto a nivel de gobierno judicial, como a nivel de gestión interna de los poderes judiciales y de respuesta efectiva a las personas que concurren en busca de respuestas.

A nivel de gobierno judicial la actualidad no presenta grandes novedades: no existe, desde mi punto de vista, una conciencia real por parte de las cabezas institucionales del poder judicial como un verdadero poder del Estado. A partir de esa falencia, no encontramos políticas públicas en materia de administración de justicia. Las reformas procesales que se han dado en las últimas dos décadas en la región son un claro ejemplo de esa falta de mirada de política pública en varios aspectos:

  1. No ha habido una mirada integral sobre los procesos judiciales. Durante la década de los 80 la discusión estuvo centrada en la necesidad de una reforma a la justicia penal3Absolutamente comprensible desde el plano político ya que nos encontrábamos en muchos países de la región transitando hacia nuevas democracias, luego de obscuros períodos dictatoriales. Pero difícil de sostener pasadas ya más de tres décadas desde ese entonces. y fueron reformándose las legislaciones hacia sistemas orales, con una pretendida celeridad, división de funciones y procurando minimizar la restricción de derechos de las personas sin condenas. Sin embargo, ese proceso de reforma no se vinculó de ninguna forma con el resto de los subsistemas judiciales (civil, penal, laboral, administrativo, ambiental, etc.), que mucho tiempo después comenzaron a dar discusiones sobre la necesidad de reformar procedimientos, pero sin tomar la experiencia de lo sucedido en penal. Cada subsistema del proceso judicial funciona con absoluto desentendimiento de lo que sucede en los otros ámbitos y esta lógica se replica en las cabezas judiciales, que no en pocas ocasiones asumen que tienen a su cargo una parte de la justicia en función a su especialidad jurídica, sin una mirada sobre el todo que les permita encarar cambios más armónicos.
  2. La distribución de recursos económicos, personas y estructuras físicas al interior de la justicia. En este aspecto también puede verse reflejada la ausencia de una mirada integral. No suelen observarse análisis de contexto para la distribución de personal y así podemos encontrar subsistemas con enormes cargas laborales (que no siempre se reflejan en “cantidad de casos”, sino que puede darse por la complejidad de las situaciones a abordar) y escaso personal; en tanto otros subsistemas con cargas más manejables (por número, por partes involucradas, por simplicidad de la conflictividad) suelen tener una asignación de personas similar a los otros subsistemas. Algo similar ocurre con las asignaciones presupuestarias: no hay un análisis macro para determinar dónde se disponen los recursos, o las estructuras edilicias.
  3. La administración de justicia sigue estructurada desde les abogades. Pese a la complejidad de la que vengo hablando en los asuntos que deben atenderse judicialmente, aún hoy encontramos plantas de personal prácticamente copadas en un todo por abogadas y abogados. Incluso cuando se presenta la posibilidad de incorporar otras profesiones (desde la medicina, la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la comunicación, la sociología, etc.) estas profesiones continúan subordinadas al trabajo de les abogades, aun cuando sus aportes para la gestión de la conflictividad podrían resultar de una efectividad mucho mayor. Esta situación ni siquiera parece ponerse en discusión en la actualidad.

Estas cuestiones, entre otras, se ven claras cuando analizamos cómo se han ido dando las diferentes reformas procesales en nuestra región, cuál ha sido la participación de los órganos de gobierno judicial (muchas veces fragmentaria o incluso contraria a las reformas, con un grado de protagonismo muy discutible) y cuáles han sido los cambios que han sido impulsados efectivamente por el propio gobierno judicial. Sobre este último punto probablemente encontraremos que mayoritariamente los gobiernos judiciales ingresan en procesos de discusión promovidos por otros espacios (los poderes ejecutivo o legislativo, acciones de organismos de la sociedad civil interesadas en la temática); es muy poco frecuente que sea el propio órgano judicial quien impulsa una transformación por voluntad y análisis propio.

Estas falencias en el gobierno judicial repercuten en la gestión interna de los poderes judiciales, entendiendo este universo como todos los organismos que se crean para mejorar la administración judicial (áreas encargadas de planificación, administración del personal, capacitación, estadística y gestión informática, etc.). Existe, desde mi punto de vista, una “inflación gerencial” al interior de los poderes judiciales: se crean cada vez más organismos con tareas especializadas y bajo la loable finalidad de contribuir a mejorar el trabajo diario y la respuesta a los usuarios. Sin embargo, encontraremos que son frecuentes las ocasiones en las que estos organismos no tienen ningún vínculo entre sí, no realizan una planificación conjunta, superponen tareas e incluso encaran actividades que pueden resultar contrarias unas con otras. La capacitación es, en este ámbito, un ejemplo muy notable de la situación que describo: los organismos de capacitación judicial suelen mantenerse como pseudo instituciones académicas, dedicadas a generar cursos de formación en temas de derecho sustantivo y/o procesal, completamente desconectados del trabajo que se encuentran realizando otros organismos. Rara vez se ve que el organismo de capacitación coordine, por ejemplo, con el organismo de informática para realizar un plan de capacitación, asistencia y seguimiento a la implementación de sistemas informáticos en forma conjunta. Tampoco se ve que los organismos encargados de la gestión del personal realicen reuniones conjuntas con quienes tienen a su cargo la estadística y la administración para definir un plan conjunto de ingreso de personal.

En definitiva, todos estos organismos que comienzan a aparecer en los poderes judiciales y que tienen una muy buena intención inicial, terminan convirtiéndose en compartimentos estancos, sumamente burocráticos y sin ningún tipo de control que posibilite evaluar su grado de aporte a una respuesta más efectiva para los usuarios. Ello, sumado a un gobierno judicial bastante desinteresado en este funcionamiento interno, genera que en definitiva este tipo de organismo termine vinculándose más por cuestiones de relacionamiento personal que por políticas institucionales con aquellos sectores que reciben algún tipo de asistencia.

Finalmente, en la línea de quienes trabajan en forma directa gestionando las demandas de los usuarios, veremos una repercusión directa de los problemas que he señalado.

La estructura de las unidades judiciales continúa manteniendo muchas semejanzas con el tradicional “juzgado feudo”: un juez o jueza que tiene a su cargo una serie de funcionarias y funcionarios, y un grupo de empleados administrativos que tienen bajo su cargo el trámite de los casos que ingresan. El personal depende del juez o la jueza y ello genera varios inconvenientes:

  • El juez o jueza toma más tiempo en gestionar las cuestiones vinculadas al personal que en realizar trabajo jurisdiccional.
  • La delegación de funciones es la regla: si la mayor parte del trabajo del juez o jueza se irá en tareas de gestión, alguien debe realizar el trabajo jurisdiccional. Allí es donde aparece el montaje del caso como algo en que todos los integrantes del juzgado pueden intervenir y el juez o jueza reduce su tarea a firmar lo que otros hicieron en su lugar.
  • Evidentemente un abogado o abogada (juez o jueza) no tiene ninguna preparación profesional seria para ocuparse de tareas de administración y gestión del juzgado. Por tanto, todo se sigue haciendo como siempre se hizo. Y, como ya dijimos, ese “siempre se hizo así” se vincula a un sistema judicial obsoleto, limitado a resolver temas patrimoniales, que se traslada a la exigencia actual de gestión de conflictividad compleja y asunción de responsabilidad frente a personas con múltiples vulnerabilidades.

Adicionalmente, con esta estructura encontramos que hay tantas formas de entender y aplicar la ley (e imprimirle el trámite a un caso concreto) como “unidades juzgado” existan. Son numerosos los problemas para quienes litigan los casos cuando en cuestiones que son absolutamente irrelevantes para la decisión de fondo se establecen métodos de trabajo diferentes de acuerdo al juzgado en el que se litigue el caso.

Esta lógica de “se sigue haciendo así porque así siempre se hizo” está tan presente en los poderes judiciales de la región que realmente es digna de un estudio aparte. Es real que el factor “resistencia al cambio” tracciona enormemente para mantener las cosas en el statu quo. Pero resulta incomprensible que en unidades judiciales sobrepasadas, atrasadas en sus respuestas, con problemas edilicios (muchas veces originados por el peso del papel que se utiliza), con problemas a nivel de personal (que termina licenciado por razones de salud a causa de las múltiples presiones que recibe un sistema que siempre llega tarde), con un nivel de legitimidad prácticamente nulo, no se busquen caminos alternativos que permitan mejorar el trabajo y la respuesta.

Por ello, la “refundación”, “democratización” o “transformación” de los sistemas judiciales debe necesariamente hacerse cargo de que no puede seguir planteando lo mismo para buscar resultados diferentes.

Es necesario contar con un diseño de política pública judicial, que integre a todos los subsistemas judiciales desde una mirada del conflicto (“la justicia tiene fueros, las personas tienen conflictos” suele decirse) y que piense un formato de trabajo que permita armonizar las distintas intervenciones4Contar con procesos escritos y procesos orales conviviendo en el mismo sistema judicial, por ejemplo, resulta inconveniente cuando metodológicamente ello se define por la “materia” del proceso de que se trate (procesos civiles escritos, procesos penales orales, o viceversa). Distinto puede resultar cuando la definición del método de intervención se vincula a la complejidad del conflicto y la posibilidad de respuesta más rápida y efectiva a la persona, independientemente de la materia que implique. Algo similar se presenta cuando un mismo conflicto es abordado por distintas “materias” (familia, violencia, penal) en forma absolutamente aislada, sin un diálogo interno que busque una solución común. y avanzar hacia respuestas comunes y claras para las personas.

En ese marco (y recién en ese marco), puede pensarse en una “profesionalización” real de la administración interna del poder judicial, con unidades destinadas a la implementación concreta de esa política pública judicial a partir del diseño e implementación de formas de trabajo adecuadas en cada unidad de trabajo “hacia el público”.

Y a partir de allí, las personas que gestionan y responden a la conflictividad presentada por les usuaries deben tener la tranquilidad de poder orientar su trabajo en forma exclusiva a ese ámbito: la toma de decisiones en los casos concretos en que les toque intervenir. Despejándose así de todo el trabajo vinculado con lo administrativo, la gestión de las personas, y demás tareas para las que por lo general carecemos completamente de preparación. Ello necesariamente debe llevarnos a pensar en nuevos modelos de administración de justicia.

Justicia de mercado versus justicia de cuidado

Muy vinculado con lo que acabo de exponer aparece esta idea de contraponer una justicia “de mercado” con una justicia “de cuidados”5Tomo la analogía de los textos feministas que abordan las cuestiones económicas y cómo repercute en la mujer el tener que dedicarle buena parte de su tiempo a las tareas no remuneradas vinculadas al hogar y al cuidado de las personas.. La justicia concebida en el ámbito pequeño de la definición de cuestiones patrimoniales es una justicia que fácilmente puede pensarse desde la lógica “de mercado”: la única tarea de esta justicia es brindar una respuesta concreta que ponga fin a un conflicto entre dos personas en el ámbito de una disputa patrimonial. Una cuestión casi matemática.

Ahora bien, nos encontramos en la actualidad ante una justicia que debe recibir a múltiples vulnerabilidades, aprehender una sociedad mucho más compleja, definir situaciones en las que no pocas veces todas las partes interesadas tienen una posición vulnerable que debe ser equilibrada para encontrar la mejor solución posible para el conflicto. En ese contexto necesariamente tenemos que empezar a pensar en una lógica mucho más vinculada a “los cuidados”.

Cuidar a las personas que concurren al sistema de administración de justicia surge como una necesidad básica por la que este sistema existe en la actualidad. Sin embargo, la idea de cuidado es tan ajena a la lógica tradicional de funcionamiento de los sistemas judiciales, que el implementarla puede recibir calificativos que van desde “poco profesional” hasta “innecesario” sin explicaciones ni mayores debates al respecto. Retomo algunos ejemplos y sumo otros muy concretos:

  • La notificación. Pese a tratarse de una comunicación del poder judicial a una persona para que haga o deje de hacer alguna cosa, el texto y formato de las notificaciones judiciales suele ser tan complejo que mucha gente incurre en faltas solo por no haber tenido la oportunidad de entender qué era lo que se requería. Parece ser que nos interesa más la forma que el fondo.
  • La atención. Los poderes judiciales tienen una particular predilección por el “aquí no es” que se suele sumar al “no era hoy, tiene que venir otro día”. La cantidad de derivaciones internas que realizamos para que la persona (si tiene mucha suerte) finalmente acceda a la información que pretendía, son incontables. No hay centrales de atención que permitan comunicarle claramente a una persona si puede acceder a la información, trámite y gestión que precisa y dónde puede hacerlo. En general consideramos que atender a las personas es una tarea menor (no son pocos los ejemplos en los que se “degrada” a alguien poniéndole en una mesa de atención al público), lo hacemos de mala gana o, lo que es mucho peor, damos información falsa y generamos enormes inconvenientes en la vida de una persona que, probablemente no solo tenga un conflicto sino que, además, no tenga una cantidad enorme de tiempo y recursos para estar yendo de un lado a otro a verificar cómo seguir adelante con su caso.
  • La espera y el tiempo. Otra característica bien presente en los poderes judiciales se vincula a la creencia de que el tiempo de los otros es eterno. Nos da lo mismo hacer esperar a una persona durante horas, aun cuando podríamos haberla atendido inmediatamente en cuanto llegó. Y nos da lo mismo sacar la resolución vinculada a un trámite al filo del cumplimiento del plazo, incluso cuando podríamos haberlo hecho el mismo día en el que fue presentada. No hay una conciencia de la importancia del tiempo de quienes concurren a la justicia. Y hasta parece existir una horrible idea en sentido que “hacer esperar es darle la importancia que merece al sistema de justicia”. Cuando esa espera pueda determinar situaciones tan sensibles como los alimentos para una niña o la libertad de una persona que se encuentra detenida.

Seguramente pueden sumarse numerosos ejemplos dados en este texto. Lo que me interesa señalar es que la espantosa visión que está presente en esos tres pequeños universos que acabo de señalar es la que se vincula con una justicia “de mercado”. En una justicia con ese formato no es relevante el tiempo de las personas ni que entiendan ni que sean correctamente atendidas. Lo único relevante es darle finalización al proceso.

Una justicia de cuidados es una justicia centrada en las personas, su atención, la comprensión de las respuestas. Una justicia de cuidados procura que la persona que concurrió al sistema reciba una respuesta que no le obligue a volver una y otra vez. Esa visión de la justicia, presente en muchos instrumentos internacionales que hemos asumido los poderes judiciales6Las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo., no se debate en nuestros sistemas judiciales ni se discute al momento de implementar reformas. Si tomamos esta contraposición entre justicia de mercado y justicia de cuidados para evaluar los formatos e intereses detrás de la implementación de las recientes reformas a la justicia, nos encontraremos permanentemente en el escenario de discutir la efectividad de una justicia que sigue pensándose como justicia de mercado, preocupada exclusivamente por las resoluciones, sin ninguna consideración al cuidado que debe ponerse en el proceso.

La participación popular en la administración de justicia

Considero altamente probable que las razones por las que la administración de justicia en pleno siglo XXI puede seguir teniendo una configuración y una vocación propia del siglo XIX, tiene relación, a diferencia de lo que sucede con los otros poderes estatales, el poder judicial es una especie de poder residual.

¿A qué me refiero? Todos estamos al tanto del nombre de nuestro presidente y vicepresidente y sabemos que cada determinado período debemos concurrir a elecciones para seleccionar a las personas que ocuparán esos cargos. Vemos a diario (con mayor o menor profundidad) noticias que se vinculan con las grandes políticas estatales: cómo marcha la economía, qué sucede con la educación, cuál es la situación de la salud, qué pasa con la política internacional… aun sin tener experticia en cada uno de esos ámbitos, sabemos que atraviesan nuestra vida (tenemos hijos en el colegio, podemos requerir atención sanitaria, el rumbo de la economía determina nuestras posibilidades individuales de progreso o retroceso) por lo que no solo tenemos algún nivel de opinión sobre el presidente y vicepresidente, sino que solemos estar bastante al tanto de quiénes son los ministros de las principales carteras de Estado.

Algo similar ocurre con la función legislativa: aún sin conocer a todas y cada una de las personas que integran los parlamentos, acostumbramos estar al tanto de quiénes presiden las asambleas legislativas, quiénes presiden las comisiones importantes, cuáles son las leyes estructurales que se debaten y cuál es la posición de cada quien en esos debates. La legislación que emana la Asamblea Legislativa también atraviesa nuestra vida en tanto puede ampliar o restringir nuestros derechos actuales. Incluso cuando se trata de debates sobre legislación troncal, solemos ver los debates en transmisiones en vivo. Y, por supuesto, elegimos y renovamos nuestras elecciones sobre los integrantes de los parlamentos en forma periódica.

No ocurre lo mismo con el Poder Judicial. Aún en países como Bolivia que avanzó en la elección popular de las autoridades judiciales, sigue manteniéndose un alto nivel de desconocimiento sobre quiénes integran el Poder Judicial, cuáles son sus funciones cotidianas y cuál es el grado de impacto en las vidas de las personas. Probablemente eso se deba (y por ello hablo de “poder residual”) a que a diferencia de lo que pasa con los otros dos poderes, al poder judicial solo concurrimos cuando hemos sufrido alguna situación particular que no hemos podido resolver en forma autónoma y necesitamos la decisión de un tercero (desde un contrato incumplido hasta la comisión de un delito, pasando por un divorcio contencioso o la determinación de una pensión específica para una niña o un niño). En definitiva, la presencia permanente que tienen el ejecutivo y el legislativo en nuestra cotidianidad no se da con el poder judicial, con quien solo podríamos llegar a tener una relación esporádica.

Esa situación hace, desde mí entender, que al poder judicial le resulte mucho más fácil sustraer de la rendición de cuentas, el escrutinio público y la actualización de su organización a las demandas actuales. Al no tener una mirada popular tan presente e interesada, las posibilidades de hacer perdurar un modelo totalmente disfuncional para esta época son mucho más altas.

En ese sentido, es que creo que la participación popular en la administración de justicia es uno de los pocos caminos que pueden llevar a una real transformación (o refundación) de su funcionamiento. Dado que, como he mencionado, una intervención “voluntaria” en la justicia por parte de una persona solo se da en el contexto en que tiene algún conflicto irresoluble por otros medios y debe someterse a la justicia, ese tipo de intervención no puede considerarse una verdadera participación (no solo porque no es voluntaria, sino porque hay un interés particular y específico que le impedirá a la persona ver más allá de su caso y el resultado).

Por ello, es necesario generar sistemas donde la población tenga la posibilidad de participar no como parte en un conflicto, sino como decisora y/o contralora de la gestión judicial.

Como decisora, el instituto del jurado popular no puede estar fuera de un sistema de administración de justicia de esta época. La riqueza que aporta la población tomando decisiones en procesos judiciales jamás será equiparable a la que brinda la justicia técnica. La posibilidad de que la decisión en un proceso la tomen las personas que son pares de quienes protagonizan el caso, que conocen el contexto social, económico, cultural, que podrán valorar el caso en su real dimensión no puede quitarse de la agenda de una justicia democrática. Y no me refiero aquí solo a los juicios penales. Estoy convencida de que el jurado popular debe extenderse a todos los procesos judiciales. No solo por esa enorme posibilidad de contar con decisiones más jutas, sino por la obligación técnica que impone a los abogados litigantes y a la justicia profesional, que ven permanentemente auditado su trabajo por las personas que concurren a valorar el mismo como jurados populares.

Pero otra cuestión que no puede perderse de vista es la necesidad de generar mecanismos de participación en la rendición de cuentas. Los poderes judiciales deben mostrar a la ciudadanía en forma metódica, sistemática y periódica cuáles son los resultados que producen, cómo los producen y cuál es el costo que tienen esos resultados. Es necesario posibilitar el contraste, verificar que los recursos públicos están siendo bien utilizados y también reflexionar sobre las necesidades para la mejora de la justicia. Si no se generan espacios de participación en que la comunidad pueda saber cuál es el rumbo actual de su sistema de justicia, ¿cómo podemos pretender superar la crisis de legitimidad que actualmente nos atraviesa?

Conclusiones

Simplemente a modo de resumen, quisiera dejar claro que no tengo una visión pesimista sobre la administración de justicia. Ello no quita que sea sumamente crítica de nuestro funcionamiento actual. Estoy absolutamente convencida de que quienes trabajamos en este siglo, al interior de los sistemas judiciales, debemos concentrar nuestra energía en pensar caminos de apertura judicial, de diálogo y de convivencia. Debemos también aprender a escuchar y dialogar con otros ámbitos profesionales.

La complejidad de los asuntos que en la actualidad llegan a la administración de justicia no pueden ser seriamente abordados en exclusividad por abogades. La interdisciplinariedad es una necesidad de nuestros días y ello debe llevarnos a pensar en nuevos modelos de justicia, con mayor participación y protagonismo de otras ciencias y ámbitos profesionales para la construcción de decisiones más acertadas y asertivas.

La comunicación y nuestra obligación de adaptarnos a esta nueva misión de la justicia vinculada a dar respuesta a las poblaciones vulnerables no pueden ser obviadas. No podemos escribir en latín, citar autores de dos siglos atrás, construir oraciones sin final, pretender comunicar con estructuras gramaticales inasequibles. Tenemos mandatos sobre comunicación clara. Los organismos del Estado cada vez se ocupan más de este tema, cada vez trabajan más en la comunicación efectiva. Nosotros, los judiciales, trabajamos con la palabra. No podemos seguir pretendiendo que nuestra técnica o nuestro profesionalismo pasa por hablar (o escribir) una jerga incomprensible. Acercarnos a la comunidad implica mejorar nuestra comunicación en todos los ámbitos.

Los cuidados como centro de nuestra atención laboral deben reflexionar. Estoy segura que cualquier persona que trabaje en ámbitos judiciales cuenta con, por lo menos, una historia personal que pone en evidencia a muchas personas que concurren a la justicia no “para tener razón”, sino “para ser escuchadas”. Debemos escuchar más. Debemos cuidar más a las personas que apelan a la justicia. Nadie acude al poder judicial por placer, detrás de un “caso” hay un conflicto al menos; y detrás de los conflictos hay historias de vida, miradas sobre el mundo, implicancias culturales. Debemos desarrollar la capacidad de tener siempre esas circunstancias presentes y ejercer la función desde el cuidado, antes que desde el mercado.
Finalmente, un poder judicial de este siglo debe rendir cuentas. Tanto a nivel institucional como individual de cada una de las personas que lo componen.

Las características propias del diseño constitucional de los poderes judiciales nos garantizan a quienes los integramos; una serie de condiciones, que no están presentes en ningún (o casi en ningún) otro espacio: inamovilidad en el cargo, intangibilidad de los salarios, independencia en el ejercicio del cargo. Esas condiciones deben ser defendidas permanentemente, pero también deben ser auditadas. Parte de nuestro trabajo debe ser el de rendir cuentas de nuestra labor.

Caso contrario, seguiremos contribuyendo a la opacidad en la que en la actualidad siguen inmersos los poderes judiciales.

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Leticia Lorenzo

Argentina, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, en 2000, con orientación en derecho penal. Jueza Penal del Colegio de Jueces del Interior de Neuquén desde mayo 2018 hasta la fecha. Es Profesora Adjunta Regular en la asignatura “Adaptación profesional de procedimientos penales” en la Universidad Nacional de La Pampa. Estuvo a cargo de la Escuela Judicial de Neuquén entre 2013 y 2018. Fue Coordinadora de Capacitación del INECIP entre 2011 y 2013. Se desempeñó como Coordinadora de Estudios del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA) entre 2008 y 2011. Trabajó en diversos organismos vinculados con la reforma judicial y el acceso a la justicia en Bolivia entre 2000 y 2007.


Nota: