Son derechos fundamentales y transversales

La Constitución Política del Estado: el derecho al trabajo y al empleo

José Gonzalo Trigoso Agudo
Publicado en Septiembre 2019 en La Migraña 32
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1. Introducción

Es un acontecimiento épico el proceso histórico boliviano que devino en la conformación de las condiciones subjetivas adecuadas a la configuración económica y social en crisis por la que atravesaba el país, que tuvo la capacidad de (i) apartar del control del aparato estatal a las fuerzas políticas neoliberales que lo usufructuaron desde 1985, (ii) asumir la conducción del Estado y (iii) construir un proceso constituyente que aprobó una nueva Constitución Política del Estado, acorde con las necesidades de un pueblo que por siglos había sido excluido de la toma de decisiones de políticas públicas.

2. Antecedentes histórico-políticos

Nuestra historiografía postulaba que el horizonte formativo de la historia contemporánea boliviana correspondía a la quiebra del Estado de la Rosca minero-feudal, acontecida entre 19351Fin de la guerra del Chaco (1932-1935) con la pérdida del territorio en disputa y la muerte de 50 000 combatientes. La derrota tuvo la virtud de unir a los diversos estratos sociales movilizados en el teatro de operaciones. Así, intelectuales, obreros y campesinos, blancos, mestizos e indios se reconocieron como explotados en las trincheras. y 19522El 9 de abril de 1952 se produjo la Revolución Nacional que transformó las estructuras económicas, políticas y sociales heredadas desde la fundación de la república. Habiendo aprobado entre otras las siguientes medidas: (i) Voto Universal el 21 de julio de 1952, (ii) Nacionalización de las Minas el 31 de octubre de 1952. (iii) Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953, (iv) Campañas de alfabetización y Código de Educación a partir de 1954, (iv) etcétera., y por tanto era imprescindible explicar en forma detallada todo este periodo para recién proceder a dar cuenta de los momentos posteriores. Esta situación comenzó a cambiar después de las elecciones de 1985, cuando se produjo una alianza de las organizaciones políticas de derecha, que aprobó el Decreto Supremo 21060 el 29 de agosto dando inicio al periodo neoliberal boliviano, en el contexto de la política de la Perestroika en la URSS3Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Rusia., la posterior caída del Muro de Berlín el 11 de noviembre de 1989 y el triunfo de la globalización (norteamericanización) económica capitalista. Por tanto, la explicación del origen del nuevo Estado neoliberal se producía a partir de la contraposición entre el capitalismo de Estado o Estado de Bienestar de 1952 y el capitalismo de libre mercado o Estado neoliberal. La ideología de la globalización estableció que el libre mercado dominaría al mundo indefinidamente, se habló del fin de la historia y dado el poderío político-militar norteamericano, se consideró como imposible que se produzca una nueva transformación económica y social. El neoliberalismo había llegado para quedarse.

Pero los heroicos movimientos sociales bolivianos resistieron al neoliberalismo y finalmente lo derrotaron (i) en las calles y carreteras, en octubre de 2003 con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa Gisbert en junio de 2005 y (ii) en las urnas el 18 de diciembre de 2005 con el triunfo de Evo Morales y Álvaro García Linera con el 53,74% de la votación.
Se produjo un desplazamiento en la comprensión de nuestra realidad, que ahora se explica constitutivamente por la resistencia al neoliberalismo y su posterior derrota. El imaginario de la conciencia social boliviana, a partir del actual impresionante desarrollo económico y de la hegemonía ideológica antineoliberal y antimperialista, considera al neoliberalismo como parte de un pasado que no debería retornar; así como en su momento las generaciones de 1952 dejaron en el ayer a los elementos constitutivos de la Rosca minero-feudal.

La consolidación de las bases programáticas del Proceso de Cambio ha transformado la realidad boliviana, permitiendo comprender la importancia de los antecedentes contextuales del proceso constituyente, la construcción democrática y social del texto constitucional, su aprobación por la Asamblea Constituyente, el referéndum, su promulgación y los cambios producidos en dicho texto.

3. Sociedad y texto constitucional

La dicotomía base material de la sociedad – superestructura ideológica permitió desarrollar en el derecho político los conceptos de constitución real y constitución formal4La Salle, Ferdinand. ¿Qué es una constitución? La Salle, Ferdinand. ¿Qué es una constitución? Grupo editorial Tomo. 2009.. Se utiliza el término “constitución” para designar el conjunto de normas fundamentales que caracterizan un ordenamiento jurídico-estatal, haciendo referencia a la expresión escrita de la constitución formal con relación a la constitución real.

La constitución real es la suma de los factores reales de poder en la sociedad y la constitución formal es el texto en el que se inscriben los derechos y obligaciones de esos factores reales de poder. La mecánica de clases y articulación de estratos sociales y consiguiente correlación de fuerzas determina dichos derechos y obligaciones.

En nuestra historia moderna observamos dos situaciones en las cuales no existió correlación directamente proporcional entre la constitución real y la constitución formal. El primer caso está referido a la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, que se desenvolvió sin aprobar su propia Constitución, siendo que no existía una oposición organizada que hubiera podido impedirlo o negociarla. Las grandes transformaciones como el voto universal, nacionalización de las minas, reforma agraria, etc., se aprobaron por vía de decretos leyes, aunque en los hechos los cambios ya se habían producido al margen de la norma legal. La revolución recién aprobó su Constitución el 31 julio de 1961, es decir, nueve años después; en tanto la revolución actuó al amparo de la Constitución de 1945, del Gobierno de Gualberto Villarroel, que había profundizado la Constitución Social de Germán Busch de 1938. Dichas constituciones a pesar de ser avanzadas correspondían a la realidad impuesta en tiempos de la Rosca, las minas estaban en manos de los tres Barones del Estaño5Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo., la tierra y los indios en calidad de pongos y colonos bajo servidumbre personal de los terratenientes afiliados a la Sociedad Rural Boliviana y el derecho al voto era censitario excluyendo al 90% de la población de la vida democrática.

El otro ejemplo corresponde al neoliberalismo que aprobó el Decreto Supremo 21060, por el que se entregaron los recursos naturales a las trasnacionales y privatizaron/capitalizaron las empresas estatales, se desmantelaron los derechos sociales y laborales de los trabajadores, etc. Esta transformación económica fue posible aplicando el D.S. 21060 por encima de lo dispuesto por la Constitución. Los siete presidentes6Víctor Paz, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, Tuto Quiroga, y Carlos Mesa. neoliberales no aprobaron una nueva constitución, solo reformaron la Constitución de 1967 en 1994, 2004 y 2005, de forma superficial sin constitucionalizar su sistema económico; en los hechos, un decreto supremo se aplicó por encima de la Constitución.

4. El proceso constituyente

La resistencia popular alejó del Gobierno al neoliberalismo. El triunfo popular en las elecciones de 18 de diciembre de 2005 se materializó con el juramento a la presidencia de Evo Morales el 22 de enero de 20067A diferencia de los triunfos electorales del MNR en 1951 y de la UDP en 1978, 1979 y 1980, desconocidos por los militares mediante golpe de Estado, evitando el acceso al poder a los ganadores de esas elecciones.. El Gobierno convocó a Asamblea Constituyente mediante la Ley 3364 de 6 de marzo de 2006 y el 2 de julio se eligió a los constituyentes que iniciaron su labor el 6 de agosto.

Iniciado el trabajo, se organizaron comisiones y subcomisiones, creándose la correspondiente para tratar lo que hasta entonces se conocía como “Régimen Social” de la Constitución, es decir, los derechos laborales de los trabajadores asalariados.

La Constitución fue aprobada el 10 de diciembre de 2007, refrendada por el pueblo el 25 de enero de 2009 por un 61.43 % de los votos y fue promulgada por el presidente el 7 de febrero de 2009.

5. El constitucionalismo social en Bolivia

El régimen social fue incorporado por primera vez en la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución Social promulgada por Germán Busch Becerra en 1938. Estableció que el trabajo y el capital gozan de la protección del Estado, que la ley regularía los seguros obligatorios (enfermedad, accidentes, paro forzoso, invalidez, vejez, maternidad y muerte), los desahucios e indemnizaciones a los trabajadores, las primas por utilidad, el trabajo de las mujeres y los menores, la jornada máxima, el salario mínimo, el descanso dominical y los feriados, vacaciones, etc. Que las autoridades controlarían, las condiciones de seguridad y salubridad en los centros de trabajo. Garantizó la libre sindicalización, el contrato colectivo y el derecho a huelga. Que el Estado resolvería los conflictos laborales y que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.

Posteriormente, el Gobierno del My. Gualberto Villarroel en la Asamblea Constituyente de 1944-1945 incorporó la garantía del fuero sindical para los dirigentes sindicales.
La Constitución de Víctor Paz de 1961 incorporó que las disposiciones sociales, son de orden público, retroactivas cuando la ley expresamente lo determine, y que los derechos y beneficios reconocidos de los trabajadores son irrenunciables.

La Constitución de Barrientos de 1967 mantuvo todo el Régimen Social anterior y perduró hasta el 2009, a pesar de ser transgredida por los diversos golpes de Estado militares8Los militares interpretaron y aplicaron la Constitución a su manera, a modo de ejemplo, el Decreto Supremo 08497 de 6 de octubre 1969 de Ovando: “Se declara la vigencia de la Constitución en todo lo que no contraríe el mandato de las Fuerzas Armadas y las disposiciones dictadas por el Gobierno revolucionario”. y después por los Gobiernos neoliberales.

Las reformas a la Constitución de 1967 correspondientes a 1994, 2004 y 2005 no modificaron el Régimen Social.

6. Trabajo y empleo en la Constitución actual

La Constitución trata el trabajo y empleo como derechos fundamentales9Ubica al trabajo y empleo en su Primera Parte: Bases Fundamentales del Estado. Derechos, Deberes y Garantías. Título II. Derechos Fundamentales y Garantías. Capítulo V. Derechos Sociales y Económicos. Sección III. Derecho al Trabajo y al Empleo. a diferencia del criterio anterior de régimen especial.

Y señala lo siguiente:

“Artículo 46.

  • Toda persona tiene derecho:
    1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
    2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
  • El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
  • Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.

Establece el derecho al trabajo decente, a la estabilidad laboral, a la protección de todas las formas de trabajo, prohibiendo toda forma de explotación laboral.

“Artículo 47.

  1. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.
  2. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción.
  3. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción”.

Es una novedad constitucional, ya que establece la protección genérica a todo tipo o forma de trabajo y no únicamente al trabajo asalariado como hasta ahora había sido entendido el denominado Régimen Social. Su parágrafo II, señala dicha protección especial para los trabajadores por cuenta propia y campesinos. En realidad es la protección directa a los campesinos, gremialistas, y en general pequeños propietarios o cuentapropistas. Se entiende que a futuro habrá que elaborar una nueva norma legal secundaria que establezca el estatuto legal de estos trabajadores no asalariados.

En cuanto al parágrafo III, establece la protección, el fomento y el fortalecimiento al trabajo comunitario en cualquiera de sus formas de producción, esto significa el apoyo a las formas históricas y tradicionales de trabajo como el ayni, la minka, humaraqa, yanapa, etc.

El tratadista Isaac Sandoval Rodríguez considera que la historia del derecho al trabajo comienza con el modo de producción capitalista, por lo que cualquier historia anterior correspondería al trabajo, pero no a su concreción normativa posible únicamente en el capitalismo. Bajo esa aserción postuló la imposibilidad de incorporar modalidades laborales precolombinas al derecho del trabajo moderno. Sin embargo, no tomó en cuenta que los modos de producción difícilmente se dan en plenitud y que más bien lo existente son las formaciones sociales caracterizadas por la articulación de varios modos de producción subordinados a uno de ellos denominado de punta o vanguardia. El caso boliviano participa de esa característica, por eso la Constitución reconoce cuatro formas económicas: estatal, comunitaria, privada y cooperativa, su entramado constituye la base plural constitucional10. Resultando que estas formas distintas se interrelacionan económica y socialmente, pues el capitalismo no es un enclave o bolsón aislado, sino que interactúa con lo comunitario y cooperativo, creando relacionamientos y expresiones capitalistas con especificidades propias en los puntos de contacto.

“Artículo 48.
I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”.

Por tanto, no están sujetas a la voluntad individual propia del derecho civil o del interés particular del empleador, sino reguladas por el Estado encargado de velar por su cumplimiento.

“II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Estos principios que fueron compendiados y estudiados por Américo Plá Rodríguez han sido constitucionalizados, positivados con carácter de interpretación y aplicación obligatoria. Antes, eran proclamados por trabajadores, abogados y autoridades judiciales y administrativas en términos doctrinales; esa situación ha sido superada por la Constitución al positivarlos. De entre todos estos principios el fundamental del que derivan los demás es el principio de protección a la trabajadora y al trabajador, el in dubio pro operario.

“III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”.

En la Constitución Social de 1938 ya se había incorporado este principio, que prohíbe a las trabajadoras y los trabajadores renunciar a sus derechos, por tanto, el empleador solo podrá demostrar el cumplimiento de su obligación mediante documento de pago total o por sentencia ejecutoriada.

“IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”.

La constitucionalización del privilegio y preferencia de estos conceptos es uno de los logros más importantes, puesto que si bien los artículos 14 de la Ley General del Trabajo, 1345 del Código Civil y 15921 del Código de Comercio lo disponían, en cambio había una serie acciones empresariales y de los operadores de justicia para evitarlo; su constitucionalización cancela todo ese accionar, siendo que en caso de quiebra o liquidación de empresas, los beneficios sociales y los salarios de los trabajadores serán cancelados en primer lugar, antes que otras acreencias ordinarias, ya sean hipotecarias o quirografarias.

El otro elemento esencial de este parágrafo IV radica en la imprescriptibilidad acreencias sociales y laborales. De tal manera, que quedaron sin valor los artículos 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario que fijaban la prescripción de derechos a los dos años de haber nacido; es una figura constitucional laboral novedosa e importante; única en su género en el mundo. Es indudable que generará un enorme desarrollo constitucional y normativo, por todas las consecuencias jurídicas que implica.

“V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Eleva a rango constitucional la igualdad salarial de géneros, cuyo axioma es a igual trabajo, igual salario.

“VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”.

Combate la discriminación laboral hacia la trabajadora y garantiza la inmovilidad laboral de la madre y el padre trabajador.

“VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación”.

Obliga al Estado a la incorporación de jóvenes en el sistema productivo, en la búsqueda de eliminar la desocupación de la juventud. Actualmente, los distintos niveles gubernativos han incorporado políticas de primer empleo en beneficio de este estamento social.

“Artículo 49.
I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva”.

En el periodo neoliberal, tanto el Estado como los empleadores aplicaron distintas medidas destinadas a evitar la negociación colectiva, la Constitución ratifica la legislación secundaria que regula la negociación colectiva así como los convenios internacionales como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

“II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales”.

Se ha ratificado el texto anterior constitucional, pero se incorpora la figura de la reincorporación de trabajadoras y trabajadores, como garantía para evitar el despido arbitrario e indiscriminado, reforzada por el principio de la inversión de la prueba en favor de la trabajadora y el trabajador.

“III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”.

Incorpora la protección a la estabilidad laboral, prohíbe el despido injustificado, incluido el acoso laboral como variable empresarial para obtener la renuncia de los trabajadores.

“Artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.

Ratifica el carácter autónomo y especial del derecho del trabajo, de sus procedimientos y de sus entidades jurisdiccionales y administrativas.

“Artículo 51.
I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley”.
Como elemento importante incluye el derecho a la sindicalización de todas las trabajadoras y todos los trabajadores a la sindicalización, sin ninguna restricción, como, por ejemplo, trabajadores eventuales.

Pero, además, debe tenerse en cuenta que por el tipo de sindicalismo boliviano, la sindicalización implica a todo tipo de trabajadores que no sean asalariados como los campesinos, trabajadores por cuenta propia, etc. conforme al artículo 46 de la Constitución.

“II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo”.

Constitucionaliza los principios sindicales conforme a los que rigen históricamente en el sindicalismo boliviano y la Central Obrera Boliviana.

“III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad”.

En el marco de sus específicas funciones economicistas o salarialistas, con características tácticas.

“IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices”.

Reconoce la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos respecto al Estado, para evitar su estatización y control por parte de Gobiernos neoliberales, militares, empresariales o coloniales, con lo que se reconoce el objetivo estratégico y político de la lucha sindical. Incluye, además, que se consideran conformados y en funcionamiento los sindicatos desde su organización por los trabajadores y no por su reconocimiento estatal.

“V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable”.

Al ser inviolable cualquier intervención o atentado que realiza la patronal o el Estado, será sancionado por la norma penal. Al ser inembargable, los bienes muebles e inmuebles de los trabajadores están garantizados en su conservación. Y, al ser indelegable, por ningún mecanismo ni la patronal ni el Estado pueden apropiarse de estos bienes, como sucedió con el despojo de bienes sindicales de los Fondos Complementarios de Seguridad Social con la Ley de Privatización de Pensiones 1732 de 29 de noviembre de 1996.

“VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical”.

Profundiza y amplía la protección al fuero sindical modificando esta figura desde la Constitución 1945.

“VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses”.

Conforme a lo ya señalado. Es importante hacer notar que en otros países existen centrales o confederaciones generales de trabajadores pero solo para los asalariados. En Bolivia todos los estratos, sectores, clases, grupos, etc., están organizados y sindicalizados, por tal motivo, son parte indisoluble de la Central Obrera Boliviana, es una de las características más importante del sindicalismo boliviano, que lo hace único en el mundo.

“Artículo 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley”.

Ratifica el derecho a huelga sujetándolo a la ley, cuyo origen se remonta al Decreto de 24 de septiembre de 1920. Se debe tener en cuenta que el Gobierno a dictado varias leyes que descriminalizan la huelga en Bolivia.

“Artículo 54.
I. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa”.

Es un tema nuevo en nuestra Constitución porque establece el derecho al empleo y obliga al Estado a propender al pleno empleo, para toda la población.

“II. Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y de los servicios estatales”.

Debido al histórico saqueo inmisericorde de nuestro país y a las anteriores políticas de privatización y capitalización, dispone como obligación estatal y de la población la defensa del aparato productivo y de servicios del Estado, por tanto establece que todo boliviano tiene el deber jurídico de impedir toda forma de privatización o corrupción en las empresas e institucionales estatales.

“III. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.

Establece la legalidad de las acciones de los trabajadores para la defensa de su empleo y puesta en marcha de su fuentes de trabajo, cuando estas se cierren, quiebren, ingresen en concursos o liquidaciones, etc. Los trabajadores podrán intervenirlas y reabrirlas para ponerlas en funcionamiento.

7. Conclusión

El trabajo y el empleo como derechos fundamentales son transversales a toda la Constitución.

Se ha realizado un diseño que dignifica a los trabajadores, protege y consolida sus derechos históricos, incorpora nuevas instituciones y figuras jurídicas, y reconoce su particularidad en el campo sindical.

Es notorio que protege la estabilidad e inamovilidad laboral, rodeándole de garantías que por distintos canales impiden que se produzca la paralización de la producción o de los servicios, por tanto, genera opciones para que la empresa se mantenga en marcha. Impone un nivel de conciencia social que obliga a la defensa de las empresas estatales y recursos naturales contra cualquier forma de enajenación o privatización.

Se ha producido una interrelación con el bloque constitucional de derechos humanos, de tal forma que permite postular la existencia de una nueva comprensión de los derechos laborales como de derechos humanos laborales.

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José Gonzalo Trigoso Agudo

Licenciado en Derecho, ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés, fue asesor de la Asamblea Constituyente boliviana, ministro de Trabajo, viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; Viceministro de Seguridad Ciudadana.

Realizó un postgrado en Derecho en la especialidad de Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca–España, Diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula en Educación Superior y Diplomado de Alto Nivel en Filosofía, en la Universidad Mayor de San Andrés..

Fue asesor legal de la Federación y Confederación de Trabajadores Fabriles, asesor de los Jubilados y Rentistas de Bolivia, asesor legal de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, asesor legal de la Central Obrera Boliviana del Departamento de La Paz, asesor legal de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otros.

Ha participado como expositor en diversos seminarios a nivel nacional e internacional, para exponer temas relacionados sobre todo del área laboral. También tienes varias obras publicadas sobre temas del Derecho y temas del Sindicalismo.


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