Una mirada con rostro de mujer

La jurisdicción indígena originario campesina

Maria Elena Attard
Publicado en agosto 2017 en La Migraña 23
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Al alba, día a día, desde su juventud, Egberta, una mujer indígena y con poco más de sesenta años, trabajó su parcela de terreno ubicado en el Ayllu Chahuara del Municipio de Huari; sin embargo, desde la muerte de su esposo, las autoridades originarias de este ayllu, la obligaron a ceder sus tierras a favor del hermano varón de su esposo fallecido, pero además, por su condición de mujer, se le denegó el derecho a participar en las asambleas comunales y por rechazar la decisión de la jurisdicción indígena originaria campesina que le obligó a entregar sus tierras al cuñado varón, fue expulsada de la comunidad1.

En otro escenario, en la población de Cochawito, del Municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz, por decisión de dirigentes de la comunidad, se decidió castigar frente a sus padres a una adolescente de dieciséis años por sus cinco meses de gestación, fruto de una agresión sexual. Como sanción, los comunarios golpearon a la adolescente hasta ocasionarle un aborto provocado por la violencia ejercida y posteriormente, de manera cruel, se le arrancó el feto de las entrañas, para luego ser quemado en la plaza púbica como “castigo ejemplificador”2.
Los casos descrito3 evidencian que el gran avance constitucional que consagró el ejercicio pleno de la jurisdicción indígena originaria campesina, en algunas situaciones, como consecuencia de sociedades altamente patriarcales, puede llegar a vulnerar derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores o mujeres con discapacidad, por lo que es importante reflexionar sobre los roles de esta jurisdicción con rostro de mujer y con enfoque en “despatriarcalización”.

En efecto, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en el artículo 190.I señala que las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. En este contexto, el segundo numeral de esta disposición constitucional, señala que esta jurisdicción respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución. Por su parte, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, cuyo objeto es regular los ámbitos de aplicación asignados a la jurisdicción indígena originaria campesina, en el artículo quinto numeral segundo, señala que esta jurisdicción debe respetar los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia; esta disposición establece también en el numeral tercero, la prohibición de sanción con pérdidas de tierras a las personas adultas mayores o con discapacidad; además, en el numeral IV, se prohíbe toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Como se puede advertir, el problema no se encuentra en el ámbito normativo-constitucional, sino más bien, con profunda preocupación puede afirmarse que el gran avance en el reconocimiento de derechos colectivos consagrados en la Constitución aprobada el año 2009, se ve afectado por estereotipos en razón de género y de raigambre patriarcal, que no sólo se evidencian en las áreas urbanas, sino también -e incluso con mayor rigor-, en las comunidades indígena originaria campesinas4. En esta perspectiva, es importante aclarar que los estereotipos en razón a género, son creencias culturales y sociales que asignan roles, conductas o comportamientos que en una sociedad, por imposición, deben asumir los hombres y las mujeres y que en culturas patriarcales generan subordinación y opresión de las mujeres por los hombres y por ende graves supresiones a sus derechos; por ejemplo, en los casos ahora expuestos, el negar el acceso a la tierra a una mujer viuda y por ende condicionar la tenencia de la tierra al varón; o, el “castigar” a una mujer de dieciséis años por un embarazo, sin considerar su situación de adolescente y víctima de agresión sexual, tiene génesis en estereotipos patriarcales que en las comunidades subordinan y oprimen a las mujeres y que hacen que se distorsione el rol constitucional que se asigna a la jurisdicción indígena originaria campesina, cuyo límite concreto es el respeto de los derechos de las mujeres como ya se anotó.

Lo expuesto entonces, nos lleva a mirar el rol de la jurisdicción indígena originaria campesina con rostro de mujer y con un enfoque de despatriarcalización para evitar así que los relatos aquí expuestos sean repetidos. Así, la despatriarcalización, que refleja el rostro de mujer en el ejercicio de los roles jurisdiccionales al interior de las comunidades indígena originaria campesinas, deberá ser explicada desde los fundamentos filosóficos que generaron la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia.

En efecto, la Constitución de 2009, que como ya se dijo consagra la igualdad jerárquica y el ejercicio pleno de la jurisdicción indígena originaria campesina, se estructura sobre cinco pilares axiológicos esenciales: La plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización.

La plurinacionalidad consagra un Estado Unitario con una pluralidad de naciones y pueblos indígena originario campesinos amparados por la cláusula constitucional de la Libre Determinación, en virtud de la cual, tal como reza el artículo segundo de la Constitución, dichas naciones y pueblos indígena originario campesinos, tienen derecho a su autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.

Por su parte, el pluralismo, específicamente en el ámbito jurídico, implica que al margen de las fuentes normativas de producción estatal como por ejemplo las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, coexisten en el sistema de fuentes de derecho, las normas, procedimientos y valores de las naciones y pueblos indígena originario campesinas. En este espectro, ésta coexistencia normativa, está regida por el principio de interculturalidad, que a su vez plantea la complementariedad y el diálogo armónico entre normas, procedimientos y valores tanto de la jurisdicción indígena originaria campesina cuanto de la jurisdicción ordinaria.

La descolonización, desde el punto de vista epistemológico, sustenta la idea esencial en virtud de la cual no existe cultura superior a otra, sino por el contrario, las diversas culturas y plurinacionalidades se complementan y dialogan entre sí. En este contexto, con contundencia puede afirmarse que de acuerdo al esquema constitucional vigente, el pluralismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización quedarían incompletos sin la consagración de la despatriarcalización.

En este marco, el proceso de despatriarcalización, desde el diseño constitucional vigente, plantea un modelo de estado con sistemas plurales de justicia que superen toda normativa, procedimientos o prácticas basadas en estereotipos que opriman, invisibilicen o discriminen a las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores o con cualquier tipo de discapacidad.

Así las cosas, el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina con rostro de mujer plantea la real materialización del proceso de despatriarcalización, especialmente al interior de las comunidades indígena originario campesinas.

En la ruta crítica a seguir, entonces, para evitar hechos tan crueles y atentatorios contra los derechos de la mujer como los ahora relatados, la real materialización del proceso de despatriarcalización y por ende, como ya se dijo, la consagración del rostro de mujer en la jurisdicción indígena originaria campesina, plantea varios retos y desafíos que es necesario analizarlos en estas breves líneas.

En el orden de ideas descrito, un primer desafío está en el empoderamiento de la mujer indígena a través de su participación paritaria en el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina. Este postulado, por ejemplo en tierras altas, rescata la cosmovisión andina del chacha-warmi, que plantea una visión de gestión comunal conjunta y en igualdad jerárquica, tanto del hombre como de la mujer, por lo que en esta lógica, la participación paritaria de la mujer indígena en las estructuras de administración indígena originaria campesina es esencial para materializar este proceso de despatriarcalización, participación que no debe reducirse a una simple formalidad o a una figura “decorativa” de la mujer, sino a un real poder de deliberación y decisión en el ámbito de la jurisdicción indígena originario campesina. Entonces, en la medida en la cual esta jurisdicción tenga una composición paritaria, desde este nivel, podrá evitarse decisiones que invisibilicen, opriman o subordinen a la mujer indígena.
El segundo gran desafío para que la Jurisdicción Indígena originario campesina tenga rostro de mujer y materialice así la despatriarcalización, es el empoderamiento de la mujer indígena para su participación política en todos los niveles de organización territorial del Estado, es decir, en el nivel central y en el ámbito de las Entidades Territoriales Autónomas.

En efecto, debe cumplirse con criterios de paridad, alternancia y enfoque de mujer indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las Asambleas Legislativas Departamentales, en los Consejos Municipales y en las estructuras propias de las Autonomías Indígena originario campesinas, para que así, se asegure un diseño de políticas públicas con enfoque en despatriarcalización.

En el marco antes descrito, es importante señalar que luego de las elecciones generales de 2014, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente en la Cámara de Diputados, de sus ciento treinta miembros titulares, sesenta y seis fueron mujeres con un 51% de representación; en la Cámara de Senadores, de treinta y seis miembros titulares, diez y seis curules corresponden a mujeres, que equivale a un 44% de participación5.

Los datos anotados, evidencian un gran avance del empoderamiento de la mujer en el nivel central deliberativo; sin embargo, la realidad es distinta en los ámbitos departamentales, municipales y de autonomías indígena originario campesinas, ya que precisamente los estereotipos en razón a género descritos, hacen irrisoria la participación política y el empoderamiento de la mujer indígena, aspecto que llama a la reflexión porque sin empoderamiento político la jurisdicción indígena originaria campesina jamás tendrá rostro de mujer.

Finalmente, el tercer gran desafío para la jurisdicción indígena originario campesina, esta en el fortalecimiento de una educación y una transmisión de conocimientos, saberes y costumbres desde la mirada de la mujer indígena empoderada, para que se superen así estereotipos en razón de género y se evite distorsiones de esta jurisdicción que opriman, invisibilicen o discriminen a la mujer indígena.
En conclusión, la jurisdicción indígena originaria campesina con rostro de mujer, es sin duda el eje esencial para un real empoderamiento de la mujer indígena y por ende para una real materialización del proceso de despatriarcalización, para que así, desde su mirada, complementaria con la de los hombres, esta jurisdicción ejerza sus roles sin distorsiones contrarias al orden constitucional vigente y más bien desde sus atribuciones constitucionales, defienda, proteja y asegure el pleno respeto de los derechos de la mujer sin discriminación alguna. Así expuesta la problemática, sin duda, el ejercicio de la Jurisdicción Indígena originaria campesina con rostro de mujer será determinante para que nunca más se repitan las historias ahora contadas y para que la despatriarcalización no quede en lírica o poesía constitucional.

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Maria Elena Attard

Es abogada, especialista en el ámbito constitucional con enfoque en pluralismo jurídico, interculturalidad, descolonización y despatriarcalización. Es Docente de Post-Grado en el área constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés; en la Universidad Mayor de San Simón; en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca; en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Es Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, con título expedido por la Universidad Andina Simón Bolívar; asimismo es Máster en Derecho Internacional Privado, con título expedido por la Escuela Europea de Negocios, Diplomado cursado en la Universidad de Oklahoma Estados Unidos. Viceministra de Justicia Indígena originaria campesina el año 2016. Entre los trabajos publicados figuran los siguientes: Sistematización de Jurisprudencia y Esquemas Jurisprudenciales de Pueblos Indígenas en el marco del Sistema plural de Control de Constitucionalidad; Litigio estratégico en Derechos Humanos; La argumentación, interpretación y juzgamiento con perspectiva de despatriarcalización; El constitucionalismo de la justicia e igualdad como base dogmática del modelo constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia; entre otros.