Las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas como un campo de disputa

Pilar Lizarraga
Publicado en febrero 2017 en La Migraña 20
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1. La constitución política del estado y la constitución del sujeto colectivo como sujeto del contrato social

En la perspectiva liberal las constituciones son la expresión de un pacto social que expresa la correlación de fuerzas en un determinado momento histórico, este pacto social se cimienta en valores y principios liberales que fragmentan la dimensión colectiva comunitaria de los sujetos, dando paso al individuo ciudadano que fundamenta la construcción del pacto liberal que sustenta el Estado.

Santos (2009) plantea la importancia de leer, en el proceso boliviano y ecuatoriano, como las fuerzas, luchas y resistencias, además de plasmar y trastocar los acuerdos establecidos anteriormente, fundan una corriente llamada contratualización social fundada en valores emancipatorios. En este planteamiento se pone en el debate la noción de contrato social como un mecanismo de la modernidad, a partir del cual se fundamenta el Estado y la sociedad capitalista. El abordaje de este fundamento nos plantea la necesidad de leer las tensiones de la condición del sujeto en su adscripción colectiva o individual y la relación con su base material.

Desde el planteamiento de Rousseau (2005) el contrato social establece la regulación entre individuos libres que buscan regular su convivencia. Estos individuos libres ceden su voluntad al ceder a la “comunidad” y al someterse a la mayoría. En este acto de ceder se pasa de un estado natural a un estado en el que es un estado de libertad a partir de su obediencia a la Ley (pp7). Pero el sentido de comunidad es el sentido de constitución de algo imaginario que se significa a partir de la voluntad y coincidencia de la mayoría. Acto que desarraiga y desnaturaliza la base material del sujeto.

Santos (1998) plantea que el contrato social se asienta en criterios de inclusión, que son también criterios de exclusión. Estos criterios permiten ver la fragmentación de la dimensión colectiva del sujeto en su base material y simbólica constituyendo el ciudadano de base individual. Esta inclusión apenas reconoce a los individuos y asociaciones, excluyendo la base comunitaria en el proceso de regulación.

Este proceso de fragmentación leído en la base material se funda en el criterio de la ciudadanía territorialmente fundada, donde “Só os cidadãos são parte no contrato social. Todos os outros –sejam eles mulheres, estrangeiros, imigrantes, minorias … são deles excluídos”. Entonces la exclusión se fundamenta en la definición del ciudadano en su dimensión de individuo desarraigado de su base material y política.

Esta perspectiva del contrato social asentada en la noción de relación entre individuos libres, sin adscripción territorial colectiva, es trastocada con la emergencia de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) como sujetos colectivos del Estado Plurinacional, que plantean el establecimiento de un acuerdo entre colectividades (pueblos y naciones IOC) con diferentes matrices históricas con individuos. Esta emergencia trae la base territorial desde la cual se constituye el sujeto y se proyecta planteando como un mecanismo central la posibilidad de la reconstitución desde la propuesta de la autonomía.

En este sentido, la regulación ya no se plantea solo entre ciudadanos con adscripción individual, sino entre ciudadanos con adscripción colectiva. Pero ¿Cómo se plantea esta expresión de lo colectivo del sujeto, tanto en la CPE cómo en el estatuto de autonomía como instrumento de regulación?

En el artículo 2 de la CPE se plantea la adscripción de los pueblos y naciones desde su condición de preexistencia y el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Esta noción de Pueblo nos plantea la adscripción de las diversas matrices históricas y territoriales que expresan la dimensión del sujeto colectivo, Pueblo y Nación Indígena Originaria Campesina, expresando al sujeto del Estado Plurinacional. En el Artículo 3 de la CPE se expresa que “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afro-bolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. Es en el marco de estas definiciones que la adscripción de lo colectivo refunda la noción del contrato social liberal dando paso a otro contrato que se cimienta en la relación de lo colectivo- individuo.
Estas dos enunciaciones de los artículos 2 y 3 fundamentan el Estatuto de Autonomía Indígena Guaraní Iyambae que plantea la conformación de la Entidad Territorial en la interacción de hombres y mujeres mayoritariamente guaraní, como así también de diverso origen social cultural, regional, nacional, condición económica y creencias que hacen al conjunto de su sociedad como colectividad diversa (artículo 1 Estatuto Charagua Iyambae). Aquí nos preguntamos si ¿el planteamiento entre los dos instrumentos avanza en la constitución de una noción que plantea la expresión de las otras ciudadanías?

En el contenido del Estatuto Guaraní Charagua Iyambae, se trae la regulación de la dimensión colectiva del sujeto que está relacionada con los derechos territoriales y sistemas políticos ancestrales y la de los individuos libres en su concreción de ciudadano individual expresado en sistemas políticos modernos, que se expresa en el sistema de gobierno de la entidad territorial de la AIOC guaraní. Es decir, el sujeto transita y trae consigo la dimensión colectiva, a partir de su adscripción territorial. Lo guaraní no solo en la adscripción de identidad cultural sino en la construcción societal y se adscribe al sujeto caray en su dimensión de individuo adscrito en una matriz territorial que permite avanzar en términos de representación política. En este marco lo guaraní se expresa por la vía de los usos y costumbres, que es la vía de la matriz comunitaria y lo caray por la vía liberal, la vía del partido. En este sentido el significante de diversidad que se adscribe en ambos instrumentos normativos traen esa diversidad de matrices sobre las que se asienta y se remueva la sociedad mono cultural y mono-étnica para dar paso a una sociedad plural y diversa.

El Estatuto plantea la adscripción de lo territorial y lo expresa en el sistema político en términos de equivalencias políticas, reconfigurando las relaciones de poder en el campo político. La Asamblea del órgano legislativo expresa la forma de organización territorial que le permite al Pueblo el control del territorio por la vía de los usos y costumbres y también refleja las tensiones y contradicciones que se tienen históricamente dentro del Pueblo y también en términos de las estructuras institucionales que son constituidas en el marco de la estructura colonial y republicana. Como es el caso, por ejemplo, de la representación del parque área protegida del KayA.

2. Autonomía indígena como mecanismo emancipatorio

Las autonomías Indígenas Originarias Campesinas se constituyen en una de las propuestas centrales para avanzar en el proceso de reconstitución de los territorios indígenas afectando las estructuras institucionales de la gramática del Estado-Nación que ha fragmentado los sistemas políticos y de control expresados en términos de los sistemas de democracia a partir de los pueblos indígenas. Desde la lucha de los pueblos, la Autonomía Indígena Originaria Campesina se constituye como un mecanismo político para poder avanzar en los procesos de autodeterminación y la liberación de los pueblos y es resultado de las diferentes luchas y movilizaciones que se han planteado los pueblos, no es un regalo ni una concesión del Estado y la Sociedad como lo afirman líderes y dirigentes de los diferentes pueblos y naciones “… muchos venimos diciendo que es un proceso que se viene queriendo legalizar y formalizar en la legislación nacional, pero nace a partir de nuestras luchas y movimientos históricos, siempre nos hemos considerado autónomos.. (Canda S, 2015).

En este sentido la Autonomía se constituye en el marco de los distintos procesos de lucha e interpelación que se plantean los pueblos y esta es “un derecho que históricamente los pueblos y naciones indígenas reivindicamos, ya que siempre los hemos ejercido en nuestras comunidades territorios, independientemente del reconocimiento tácito y legal del Estado” (CICOL, 2015).

En esta perspectiva “la autonomía Indígena no pasa por que alguien no las reconozca o nos dé un certificado diciendo que somos autónomos, las comunidades por su naturaleza, como pueblo pre-coloniales somos autónomos, la autonomía indígena se vive en las comunidades, por eso las comunidades tienen sus reglamentos que son sus normas, algunas que están escritas, otras que están siendo transmitidas oralmente de generación, en generación…” (Anacleto Peña, Primer cacique del Pueblo de Lomerío, 2015).

En el proceso y ruta que se plantea para que estas formas de autogobierno sean reconocidas por el Estado se visibiliza una serie de obstáculos a partir de la naturaleza del propio Estado que mantiene una institucionalidad que no se ha transformado por el hecho de nombrarse como Estado Plurinacional y es aquí donde los pueblos encuentran una serie de problemas para constituir las AIOC, entre estas se encuentran por ejemplo, la acreditación como pueblos pre-existentes y sus certificados de ancestralidad, o el certificado de cualidad gubernativa, o en su caso el idioma para pueblos como el campesino Chapaco que fruto de la violencia colonial ha perdido la lengua ancestral.

Desde la perspectiva de los PIOC este paso hacia el marco del Estado se constituye en un mecanismo para avanzar en la expresión de la institucionalidad indígena y generar algunos recaudos para que el despojo no avance sobre los pueblos.

3. Construyendo las bases de otro contrato social

En el planteamiento de Santos los criterios de inclusión son también criterios de exclusión y estos están en una lucha y disputa permanente. Aquí nos planteamos la pregunta ¿si es posible que el sujeto que está excluido se incluya sin tener la faceta de la exclusión del incluido? ¿En qué medida se puede plantear que los excluidos que terminan siendo “incluidos” no excluyan a partir de la emergencia de la noción de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) en el marco del Estado Plurinacional Comunitario (EPC) y –o que los que antes eran excluidos excluyan a los propios excluidos (matrices históricas diversas de los PIOC)? ¿Cómo se plantea la relación incluidos- excluidos y viceversa?

Para abordar esta cuestión nos planteamos analizar ¿qué paso en el proceso de construcción de la Autonomía Indígena Guaraní Charagua Iyambae con el sujeto que era el dominante, el que excluía a la mayoría, el sujeto adscrito y que cimienta el contrato social liberal, el caray?

El proceso de tránsito hacia una autonomía dentro del Estado se inicia con la autodefinición del Si a la autonomía. Son 12 pueblos que el 2009 optan, a través del Referéndum el 2009, transitar hacía la autonomía, ya sea por la vía de la conversión o por la vía del territorio. El Pueblo Guaraní de Charagua, el 2009 expresa el SI a este proceso de conversión y se gana e impone el proyecto histórico del Pueblo Guaraní de avanzar en el proceso de reconstitución territorial. El No expresa una complejidad muy grande, ya que no solo es el caray el que se posiciona con esta consigna, sino también el Guaraní que ha mantenido la relación clientelar con el sistema político tradicional. Este NO plantea un primer nivel de autoexclusión a la propuesta planteada de conversión de Municipio a Autonomía Indígena.

En el proceso de construcción del Estatuto, según lo estipulado por la CPE, se plantea la elección de los representantes por normas, usos y procedimientos propios y la conformación de la Asamblea Autonómica Guaraní en Charagua. La conformación de este campo político plantea una reconfiguración de la gramática del poder colonial y la expresión de la matriz territorial de los pueblos, donde se adscribe a los representantes a partir de las lógicas de gestión territorial, quedando la asamblea constituida por 59 asambleístas, hombres, mujeres y jóvenes, 45 del pueblo Guaraní y 14 del área urbana. Esta composición es cuestionada por, la opción del NO, planteando que esta asamblea debería reflejar el porcentaje del 40 % en la constitución de este órgano (Canda, 2015).

La construcción del Estatuto fue desarrollada en base a una convocatoria amplia. Se conformaron seis comisiones que levantaron las propuestas desde las bases relacionadas a los temas de bases fundamentales, estructura y organización de gobierno, participación y control social, visión de desarrollo y regímenes especiales. Se trabajó en base a la estructura orgánica en asambleas comunales, zonales e interzonales y a reuniones donde se convocó a los del pueblo para que puedan participar (Canda, 2015). En esta etapa, los del NO definieron no participar de este proceso, autoexcluyéndose en la inscripción y en el debate.

En este contexto, se plantea que este sujeto asumió como estrategia política la autoexclusión para bloquear el proceso de reconstitución y conversión hacia la autonomía en el marco del Estado. Como testimonia el Padre Bacardi (2015), esta autoexclusión de estos grupos en Charagua en los diferentes momentos de la construcción del estatuto de autonomía, que va del 2009 al 2015, es una estrategia para preservar y mantener el privilegio político, la cual se fundamenta en una actitud racista, colonial y conservadora sobre la cual se constituye las bases de su poder.

Estos testimonios reflejan la mirada que el caray tiene sobre el indígena y en términos del juego de poder termina autoexcluyéndose del proceso de construcción del proceso de la Autonomía y del Estatuto por diversos criterios: el primero es la colonialidad que marca a este sujeto frente al indígena Guaraní. Ellos consideran que el Pueblo Guaraní no podrá gobernar ya que su cultura es otra y que no tienen la capacidad de poder gobernar todo el territorio de Charagua. Sitúan su posibilidad de gestión territorial, en el territorio localizado del guaraní, que es la comunidad y donde este es constituido en su dimensión de productor e individuo adscrito a una identidad cultural, pero sin dimensión política. En este marco, plantean que el Guaraní está bien y se le respeta en su comunidad, pero no en todo el municipio. La autoexclusión ocurre a partir de criterios de colonialidad que se expresan desde el propio sujeto, que ve en el otro, el inferior, pero también por un cálculo político de que este proceso no tiene posibilidades para constituirse en un sistema de gobierno municipal capaz de articular lo plural y diverso. El tercer criterio que nos planteamos de autoexclusión es a partir de generar resistencias para mantener la gramática de poder como lo afirma la lidere del comité cívico que es quien representa a esta postura del NO, “no estamos por lo tanto no hay representación plural y con eso es posible que en el ejercicio político podamos resquebrajar la construcción política autónoma”.

En este proceso desatado por el Pueblo Guaraní, los excluidos por el sistema liberal, plantean desde abajo un otro campo de relacionamiento que se cimienta en la perspectiva de lo plural, en la perspectiva de reconstituir las gramáticas de poder a partir de las adscripciones territoriales.

Esta otra forma y narrativa plantea la inclusión de los individuos ciudadanos libres que constituyen la base del contrato social del estado colonial, a partir de simetrías y otras narrativas y gramáticas de poder a partir de la relación de lo colectivo – individuo. En este estatuto se plantea que el ejercicio político tiene que estar relacionado con los vínculos territoriales y esto conecta la ciudadanía con su derecho y dimensión territorial. Esta idea de que los excluidos incluidos ahora terminan excluyendo al incluido queda en cuestión en la experiencia del Estatuto de Iyambae.

Otra dimensión central que se plantea en el análisis que pone Santos es acerca de la adscripción de los derechos de la madre tierra y la constitución de esta como sujeto de derecho. Parte del análisis que en el contrato social liberal la única naturaleza que incluye es la humana, condicionada a su individualidad, a un concepto de ciudadanía y a interés público (ver cuadro). Queda fuera la dimensión colectiva, los pueblos y naciones y las territorialidades de los pueblos.

En el preámbulo de la CPE se plantea la incorporación del concepto de la Madre tierra para establecer una forma de relación con la sociedad. En esta Ley se establece a la Madre tierra como un sujeto de derechos colectivos. Se plantea la no mercantilización de las dimensiones ambientales y se incorpora una serie de estipulaciones para avanzar en procesos de restitución y de preservación de su calidad de vida que se relaciona con el Vivir Bien de los Pueblos y Naciones. Esta determinación plantea que todas las acciones que se realicen que afecten a la naturaleza de la misma tienen que ser puestas en consulta, es una dimensión que avanza en el restablecimiento de las relaciones entre sujetos. Este postulado en el momento de la implementación plantea una evidente tensión ya que el modelo económico del Estado está fuertemente sustentado en un modelo neo-extractivista que avanza sobre los derechos territoriales en lo que corresponde a los pueblos de tierras bajas (matriz ancestral y pre existente) y en lo que se impone un criterio de universalidad dentro del territorio del Estado Plurinacional.

Si bien tanto la Constitución como el Estatuto estipulan las bases para establecer un derecho colectivo de la Madre Tierra, es importante ver si los fundamentos del modelo económico dan un giro en las bases extractivas que sustentan al modelo de la economía boliviana y si hay un replanteamiento en la relación sociedad- naturaleza, asumiendo que la dimensión del Estado involucra a la sociedad y que los propios planteamientos terminan condicionados por la lógica del capital. Para esto es importante ver cuáles son las alternativas que se plantean y ver en los marcos de los procesos de transición la expresión de las Alternativas que desde los mundos indígenas se traen al planteamiento del Estado Plurinacional Comunitario.

Este abordaje nos trae el debate entre democracia y economía que lo plantea Rosa Luxemburgo cuando analiza el problema de la acumulación originaria del capital. Partimos de la afirmación que la democracia, lo político, y el restablecimiento del locus y del agora, encuentran límites frente a las necesidades de acumulación del capital y donde el espacio privilegiado de la reproducción de la lógica del capital es la economía.

Charagua es un territorio donde se encuentran campos de explotación que se constituyen en una de las fuentes de generación de ingresos económicos para el desarrollo de Bolivia y del departamento de Santa Cruz. En este territorio, ahora territorio autónomo, se tiene previsto ampliar las exploraciones y explotación en el territorio y autonomía indígena (anuncio realizado antes del Referéndum), sentando con esto un vínculo entre Autonomía y modelo extractivo y subordinando la autonomía al capital.

En el marco de la construcción de las autonomías uno de los debates que se plantean los Pueblos es la asignación de los recursos para avanzar en la autonomía, que tienen como una de las fuentes los recursos del gas, ya sea por la vía de la compensación o por la vía de las regalías. El caso de la Autonomía Guaraní Iyambae entra en el mismo laberinto, en la medida, en que su posibilidad de gestión bajo la figura de la conversión a autonomía está supeditada a los recursos que ingresan por concepto de la explotación hidrocarburifera.

En esta línea se avizora la tensión entre democracia y economía en un circulo virtuoso en que cada uno de ellos prospera aparentemente en la medida en que los dos prosperan conjuntamente (Santos, pp 8), tensión que se constituye en la contradicción del significante de los enunciados que nos plantean la posibilidad de reconstituir significantes y transitar hacia ese otro horizonte histórico.

En este marco consideramos que esta dimensión de constituir la madre tierra como la base del contrato social, a través de la emergencia del sujeto colectivo, es una dimensión en la que se tiene que avanzar y plantearse escenarios de transición para romper con el capital. El pueblo Guaraní tiene el desafío de reconstituir el modelo económico a partir de su forma de ser y proyectar desde este territorio las Alternativas hacia esos otros mundos posibles.

Algunas cuestiones

Leyendo los procesos que se han planteado en el marco de la construcción del Estado Plurinacional se puede ver como a partir de la potencia y la acción movilizadora de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, se avanza en la inscripción de otros significantes en la base del contrato social liberal.

La resignificación de la dimensión colectiva del sujeto y la reconstitución de su base material nos permiten afirmar que este proceso inscribe otra construcción política que se plantea desde la dimensión y las matrices comunitarias colectivas y comunitarias, inscribiendo las bases de un constitucionalismo que plantea la relación entre pares “iguales pero diferentes” que se expresa en el sujeto colectivo del Estado Plurinacional, los Pueblos y Naciones Indígenas Originarias Campesinas y el sujeto individual, el ciudadano sin adscripción colectiva.

Por otro lado, se puede visibilizar el desafío que se plantea para las autonomías indígenas para poder reconstituir desde el espacio de lo político, lo económico y avanzar en la resolución de la tensión democracia y economía, descentrado el núcleo donde se reproduce el capital que se expresa en el modelo extractivo que es el que servirá como recurso para afianzar la AIOC. El desafío en este plano es en varias dimensiones, una de ellas tiene que ver con establecer una nueva reconfiguración de la redistribución de los recursos que provienen del gas y que se concentran en la capital (Santa Cruz), y por otro el de transitar hacia un modelo de economía de la AIOC que permita expresar las Alternativas al capitalismo.

Bibliografía

Rousseau, Juan (2005). El contrato social. Buenos Aires: AGEBE.
Santos, Boaventura de Sousa (1998). Reiventar a democracia: entre o precontratualismo e o pos- contratualismo. Coimbra: CES
Santos, Boaventura de Sousa (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Programa Democracia y Transformación Global.
Santos, Boaventura de Sousa (2011). Derecho y Emancipación, Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición.
Canda Silvia. 2015. “Autonomía Indígena Guaraní Charagua Iyambae”. En: Diversitas N 23. Tarija: JAINA.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 2009. Constitución Política del Estado. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

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Pilar Lizarraga

Es Licenciada en Economía por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba. Doctorante en la Universidad Federal Fluminense (UFF) en Niteroit- Río de Janeiro- Brasil (2013-2017), con maestría en Geografía por la Universidad Estadual Paulista (UNESP) Sao Paulo- Brasil. Directora de la Comunidad de Estudios JAINA. Coordinadora del Grupo Desarrollo Rural y Descolonización de CLACSO. Coordinadora del Observatorio de la Plurinacionalidad. Miembro del grupo Otros bicentenarios.