Tensiones creativas, soluciones creativas

Narrativas constituyentes en Bolivia

María Dolores Lois Barrio
Publicado en Septiembre 2019 en La Migraña 32
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En términos formales y normativos el proceso constituyente en Bolivia es posible a través de una reforma a la Constitución de 1967, efectiva el 13 de abril del año 2004. En ese tiempo, a inicios de los años 2000, el desencuentro entre la política y lo político reflejaba no solo una crisis de representación que afectaba a instituciones y actores, sino también una crisis de régimen, de los acuerdos básicos sobre los que se sostenían la comunidad política y el Estado boliviano. Las consecuencias de las políticas de ajuste estructural basadas en el desmantelamiento de lo público y en liberalización del Estado de los anteriores 25 años confluían con la estructuralidad de la condición colonial, generando un momento de implosión transversal a la “heterogeneidad de tiempos históricos” (Tapia, 2002: 309), donde la diversidad de formas políticas y sujetos colectivos confluía en torno a la necesidad de rearticulación de su núcleo común (Tapia, 2006); esto es, de las narrativas estructurantes de su propia diversidad.

Como búsqueda de una salida a ese tiempo de crisis la reforma constitucional incorporaba a la soberanía popular como base de los poderes del Estado, cuyo ejercicio abría la posibilidad de una reforma total de la Constitución a través de la convocatoria de un proceso constituyente. Así, la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum se establecían como instrumentos para la participación directa de la ciudadanía (art.2, 4 y 232: CPE, 1967). El 6 de marzo de 2006 se formalizaba el inicio de ese nuevo tiempo, cuando el Congreso boliviano aprobaba la Ley Especial 3364 de convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC), mediante la cual se elegirían por sufragio universal a 255 constituyentes el 2 de julio del mismo año. Y ese mismo día, el 2 de julio, se celebraría también una consulta popular, un referéndum sobre las autonomías departamentales, promovido desde febrero de 2005 por el Comité Pro Santa Cruz, la brigada parlamentaria, organizaciones empresariales y otros actores sociales de ese departamento. Ambos procesos en ese momento se concebían más allá de la formalidad jurídica constitucional, “como mecanismos de deliberación y construcción conjunta y colectiva de reglas de convivencia” (Consideraciones previas, Decreto Supremo 28753 de 21 de junio de 2006).

La Asamblea Constituyente de Bolivia forma parte de lo que Hobsbawn (1972) denominaría el pasado social formal; pero la experiencia de apertura de espacios de concertación y diálogo como salida necesaria a la crisis política no es una experiencia agotada. Como proponen Viciano y Martínez (2010), el proceso constituyente y la Constitución boliviana son ejemplos paradigmáticos del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, esto es, de procesos de elaboración de textos constitucionales más allá de lo formal y de lo normativo. Para este constitucionalismo, la transformación radical de las desigualdades estructurales y continuadas en América Latina, y la reformulación de los pactos y de los conflictos sobre los que se construyeron las comunidades políticas en la región serían la esencia política de un proceso legal. La búsqueda de horizontes comunes de cambio a través de la visibilización de la pluralidad, de la participación y de la deliberación consolidaría la legitimidad democrática de los nuevos textos constitucionales, revolucionarios y subversivos no solo por cuestiones de fondo, sino también por cuestiones de forma, como son el sometimiento a referéndum del proyecto de Constitución o la elección de constituyentes por sufragio universal, en el caso boliviano.

Estaríamos hablando, entonces, de un constitucionalismo emancipatorio (Chivi, 2012), donde la idea es “crear derecho desde la realidad y no al revés” (Chivi, 2012: 110). Si bien la Asamblea Constituyente “tiene como única finalidad la reforma total de la Constitución Política del Estado” (LECAC, artículo 3), su desarrollo es un proceso abierto, donde “no hay recetas ni libros señeros, no se tiene moldes ni escaparates que oferten los resultados” (Chivi, 2012: 150). Igual que ocurría con la solución a la crisis anteriormente comentada y que se centró en el proceso electoral de 2005, eran pasos inciertos en un camino por la emancipación de las articulaciones históricas desde las que se han ido constituyendo los múltiples y diversos sujetos colectivos. La irrupción de un escenario constituyente, con la presencia de nuevos actores y de instituciones previamente no institucionalizadas, se convierte en un lugar de confrontación y de diálogo, de concertación y conflicto, de refundación y de consenso; en definitiva, en un espacio y un tiempo de reformulación, de re-construcción y negociación constante de la política y de lo político.

Desde este punto de partida, este texto es un pequeño viaje por algunas narrativas constituyentes, entendidas como relatos estructurantes de la estatalidad boliviana que se actualizan en ese espacio y tiempo constituyente, desde los cuales entiendo que podría adquirir sentido cualquier mirada política y en perspectiva al espacio y al tiempo constituyente formal. Recurriré, entonces, a tres cuestiones para mostrar el proceso constituyente como la materialización de una sociedad diversa que intenta reconstruirse desde un escenario nuevo, pero condicionada por su propia estructuración. Y así, a través de tres momentos específicos, intentaré mostrar cómo se actualizan tres cuestiones políticas claves para comprender la estatalidad y la política boliviana, en sus diversas dimensiones espaciales y temporales.

Estas tres cuestiones (capitalidad; autonomías; y reelección presidencial) serán leídas como tensiones creativas (García Linera, 2013); es decir, como cuestiones no planificadas que surgen en el tiempo constituyente formal y de corto alcance, que, sin embargo, suponen desafíos para un proceso político por su articulación con esos múltiples tiempos históricos. Estas tres tensiones se relacionan con tramas anteriores, con las historias de la estatalidad en Bolivia, con contradicciones no resueltas que forman parte de la diversidad de su comunidad política, y se leerán como narrativas constituyentes, esto es, desde su articulación con la celebración de un proceso constituyente donde aparecen de nuevo en el horizonte de conformación de una nueva legalidad en el país; y no solo desde su contemporaneidad, sino como narrativas estructurantes de su abigarramiento (Zavaleta Mercado, 2008)

1. La capitalidad

El 24 de mayo de 2008, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Sucre, un grupo de personas arrodilladas y semidesnudas cantaban el himno a Chuquisaca frente a la Casa de la Libertad, mientras insultaban al presidente boliviano, Evo Morales, y al partido al que pertenece, Movimiento al Socialismo (MAS). Pero esas personas habían llegado a Sucre con el propósito de asistir a un acto de entrega de equipamientos sanitarios en el estadio Patria que haría el propio presidente. Y justamente ese espacio —la plaza y frente a la casa que conmemora el que ha sido considerado el primer Grito Libertario latinoamericano—, y ese tiempo —un día antes del 199 aniversario de la gesta—, condensaban memorias, sujetos, tensiones, resistencias y voces desde las que leer las dinámicas políticas transversales a la construcción de la comunidad política boliviana en general, y el proceso constituyente, en particular. Los cantos, los insultos, la quema de Whipalas en las que fueron forzadas a participar1Hay mucho material escrito, oral y audiovisual desde el que reconstruir esta escena; he usado varios de ellos, pero ha sido central el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la cuestión, disponible en https://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/51InformeseguimientoboliviaCIDH.pdf eran los significantes constituyentes y contemporáneos de un comportamiento racializado en torno a la categoría indígena campesino originario (en cualquiera de sus posibles y sustantivas combinaciones). Ninguna de estas personas eran constituyentes; tampoco quienes forzaban esos comportamientos, ligados a un Comité Interinstitucional por la capitalía nacido a iniciativa de personas e instituciones públicas de Chuquisaca, incluyendo la Universidad San Francisco Xavier, la alcaldía de Sucre y otros actores sociales, con el objetivo de articular una estrategia departamental, donde, entre otras cosas, la participación de la bancada de asambleístas chuquisaqueños mantuviesen una posición común en torno a la conformación de Sucre como sede de los tres poderes del Estado.

Esta cuestión de la capitalidad actualizada y atravesada por el tiempo constituyente y por la crisis de régimen es, sin embargo, esencial en la conjugación de la memoria larga y corta (Rivera, 2010) desde la que podríamos leer la conformación del Estado boliviano. De hecho, la cuestión de una doble capitalidad de Bolivia tiene raíces en el siglo XIX, en la llamada guerra Federal o guerra Civil de 1899, que enfrentó a Sucre y a La Paz, a conservadores y liberales. El conflicto se saldó con el traslado de los poderes Legislativo y Ejecutivo por decisión presidencial a La Paz, ciudad de origen del bando liberal, y considerada hasta hoy sede de Gobierno. Pero Sucre era la sede del bando conservador, la capital constitucional y sede del poder judicial. Lejos de cerrarse la confrontación la cuestión también fue clave en otros momentos de relevancia para la representación política como la campaña electoral del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de 2002, por ejemplo, en ese momento el entonces candidato a la vicepresidencia, Carlos Mesa, recuperaba esta cuestión, afirmando que “la ciudad de Sucre es la capital de la República, porque así lo determina la historia y tradición constitucional de nuestro país2Nota de la Agencia de Noticias Fides de 25 de febrero de 2002, disponible en https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/candidato-a-vicepresidencia-por-mnr-gestionara-retorno-de-poderes-197628. Firmando un compromiso con el Comité Cívico de Chuquisaca, en el cual se comprometía, en caso de ser elegido junto a Gonzalo Sánchez de Lozada,

“a luchar desde la posición social, política o económica en la que me encuentre a partir de la suscripción del presente documento, en favor del retorno del Congreso y el Poder Ejecutivo a la ciudad de Sucre, capital de la República […] por su historia, por su calidad de haber sido la ciudad que fue líder en la lucha por la independencia, fundación y consolidación de nuestra república libre y soberana” (ibíd.)

En el tiempo constituyente justo tres meses después del inicio de las sesiones de la Asamblea en el teatro Gran Mariscal de Sucre, un constituyente chuquisaqueño proponía debatir las posibilidades de la capitalidad de la ciudad, intentando maximizar la presencia de constituyentes de ese departamento en las directivas de varias comisiones (Carrasco y Albó, 2008). En marzo de 2007, se inicia formalmente la campaña por el traslado de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre con diversas manifestaciones en torno a las consignas como «la sede sí se mueve» y «Bolivia unida, Sucre capital»; en abril, la llamada Junta Autonómica Democrática de Bolivia, integrada por los gobernadores de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija y sus comités cívicos respectivos, suscribía un documento de apoyo a Sucre y su demanda de “capitalidad plena”. La cuestión escalaba de nuevo al centro de la política estatal y, como respuesta, las autoridades departamentales y municipales de La Paz convocaban a un multitudinario cabildo, el 22 de julio de 2007, bajo la consigna “la sede no se mueve”. Como resultado, una vez que la negociación y la política salen de la institucionalidad constituyente, y fuera del espacio sucrense, el tema de la capitalía es retirado de la agenda constituyente. Sin embargo, la polarización en torno a la cuestión dentro del territorio oficial de concertación en Sucre, impide que la Asamblea vuelva a sesionar desde mediados de agosto en el teatro Gran Mariscal (Carrasco y Albó, 2008). La Asamblea es convocada a sesionar tres meses después en un recinto militar custodiado a las afueras de la ciudad (el Liceo Teniente Edmundo Andrade), mientras se conforma una nueva concentración pública convocada por el Comité Interinstitucional en repudio por el traslado. La confrontación entre quienes intentaban tomar el Liceo y quienes intentaban preservar que la Asamblea reanudase su trabajo, mediada por la intervención de las fuerzas de seguridad, se saldó con tres muertos, 400 heridos, y un proyecto aprobado de Constitución aprobado “en grande” con la presencia de 11 fuerzas políticas, mientras el Congreso nacional autoriza —de nuevo, lejos de Sucre— un traslado de la Asamblea por cuestiones evidentes. Nuevamente, se produce un desplazamiento del espacio de concertación y el 9 de diciembre de 2007, en el auditorio de la Universidad Técnica de Oruro, se revisa en detalle lo aprobado en Sucre y se aprueba un nuevo texto, en un acto retransmitido en directo por la televisión pública y varias emisoras de radio, que la presidenta de la Asamblea entrega al presidente del Congreso para que ahí comience el trámite de la ley de convocatoria del Referéndum Dirimidor y de Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.

Esta cuestión de la capitalidad se convierte, entonces, en una narrativa constituyente de carácter esencialmente territorial, que nos permite visibilizar varias cuestiones políticas; por un lado, el evidente desbordamiento de la institucionalidad constituyente por las tensiones creativas y la solución creativa, desde una nueva constelación de poder, donde, sin duda alguna, ya nada es lo mismo. La tensión y la solución están contextuales, pero muestran los sedimentos de los diferentes sujetos colectivos y tiempos históricos. Por un lado, se evidencia la representación de lo indígena originario campesino como sujeto colectivo central del proceso de cambio; pero también las formas de participación históricamente permitidas, visibles y profundamente racializadas para las mayorías indias en el Estado boliviano. De hecho, la masacre de Ayo Ayo, como momento de la guerra Civil en la que murieron al menos 27 jóvenes chuquisaqueños y en la que el líder indio Zárate Willka —entonces en el bando liberal— es el referente que Sucre recuerda como la gesta más heroica en defensa de su capitalidad y que la Universidad San Francisco Xavier conmemora cada año en el cementerio general de la ciudad.

Por otro lado, es interesante apuntar hacia la importancia y la complejidad de la socialización política de los diferentes lugares y cómo esta cuestión condiciona una comprensión específica de los espacios de las comunidades políticas y sus límites (Lois, 2015). A las actividades del Comité Interinstitucional asistían prefectos del Movimiento al Socialismo (MAS); igualmente, constituyentes chuquisaqueños y su presidente (del mismo partido) demandaron la discusión de la capitalidad en la plenaria, y, por la misma razón, varios de ellos participaron en una de las huelgas que impidieron seguir sesionando en el teatro Gran Mariscal (Carrasco y Albó, 2008).

Pero, a mi entender, lo que es más relevante sería la fortaleza de esa escena para desplegar la actualización de conflictos históricos. En otras palabras, la ciudad de Sucre se convertía en el territorio de una disputa política, reeditada en el tiempo constituyente amplio, pero, paradójicamente, imposible de comprender sin incorporar los horizontes comunes bolivianos. Y sitúa en el centro del proceso contradicciones políticas no resueltas, y que no se resuelven exclusivamente con una reforma territorial, sino que debe debatirse lo político de la transformación.

2. Autonomías

En Bolivia, el debate sobre la descentralización administrativa y política, sinónimo de federalismo o de autonomías, ha sido central en varias tramas de la memoria colectiva. Por citar algunas, fue clave en la reforma constitucional de 1868 o en el referéndum constitucional de 1931 y se convierte en la base de la Ley de Descentralización Administrativa y de Participación Popular de 1994.

La cuestión autonómica también fue clave en el tiempo constituyente. De hecho, sería una de las narrativas constituyentes centrales ligada a la Asamblea, desde la propia celebración del referéndum autonómico y el mismo día que se elegían constituyentes, como instrumentos de cambio y reconstrucción del país. De hecho, en las propuestas de autonomías departamentales, el criterio de descentralización administrativa es la base para la descentralización política, con apoyo en amplios sectores sociales precisamente por ser conceptualizado como elemento central de la necesaria reforma política que se reclamaba en todo el país en general y en los departamentos del oriente, en particular. En esta visión, las reivindicaciones de autonomía de los sujetos indígenas originarios campesinos no estaban contempladas. De hecho, en términos de autonomías, el debate presentaba solo dos posibilidades, ya que, la descentralización estatal era planteada en autonomías indígenas o autonomías departamentales y fue polarizado hasta llevarlo a lo excluyente. Estas dos visiones expresaron, de alguna manera, la metáfora que daba cuenta de dos Bolivias, la occidental y la de la Media Luna, cuyos límites se habían demarcado de forma nítida en los resultados de las elecciones presidenciales de 2005, en las elecciones constituyentes y en el referéndum sobre autonomías departamentales, con una geografía electoral claramente delimitada (Galoppo, 2009).

Estas pautas discursivas se visibilizaron, igualmente, en el proceso constituyente donde se complicaba el punto de partida y el reconocimiento del otro. Las deliberaciones colectivas mostraban la necesidad de combinar y conciliar diferentes formas políticas autonómicas; las confrontaciones resurgían cuando se proponía que las autonomías departamentales se subordinasen a las indígenas (o viceversa). Precisamente, la propuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) para la Asamblea Constituyente hacía mención a la necesidad de establecer «modalidades flexibles de autonomías regionales, indígenas, municipales y/o departamentales» (Movimiento Al Socialismo, 2006: s/n), que es lo que se acabará reconociendo.
Sin embargo, al igual que en la cuestión de la capitalidad, es interesante volver sobre algunas capas de esta tensión creativa. Por un lado, existían demasiadas expectativas y propuestas sobre tipos de autonomía en la Asamblea Constituyente, lo que evidencia la inexistencia de una posición definida respecto al tema y, lo que es más importante, de nuevo se ejemplificaba en una cuestión territorial un fondo de reforma política. La autonomía, en sí misma, no es buena o mala; y puede replicar todos y cada uno de los problemas del sistema político, si estos no son deliberados o si se presenta como una solución técnica a un problema político (Lois, 2007).

En todo caso, y con el texto aprobado en Asamblea para someterse a referéndum, —una vez más, fuera del tiempo constituyente formal—, los cuatro departamentos del oriente elaboraron sus propios estatutos autonómicos y, al margen de la Corte Electoral, activaban los mecanismos necesarios para su aprobación mediante referéndums departamentales a celebrarse en mayo y junio de 2008. Esta cuestión, abre de nuevo fuera del espacio constituyente formal un proceso de diálogo para intentar compatibilizar estos estatutos con el texto aprobado por la Asamblea, donde el debate y las tensiones políticas se centraban en la legalidad de los estatutos y sus referéndums, más que en el fondo de la arquitectura constituyente, sus espacios y sus tiempos.

La falta de resultados de concertación desembocaría de nuevo en una paralización del proceso de aprobación del texto constitucional; y en consecuencia, se lanzaría la convocatoria para un referéndum revocatorio para los cargos de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales, que se llevaría a cabo el 10 de Agosto de 2008 y donde serían ratificados ambos cargos y, aunque con un apoyo menor, los prefectos de los departamentos de la Media Luna.

3. Reelección presidencial

Por último, una de las narrativas que muestra que las Asambleas Constituyentes son espacios de concertación para reformar la Constitución, pero que los tiempos históricos se superponen a las formas institucionales y que los espacios de refundación y concertación son múltiples y cotidianos, sería la cuestión de la reelección presidencial.

Como recién veíamos, cuando finalmente se acuerda un proyecto de texto constitucional para someter a referéndum, varias cuestiones son revisadas y renegociadas en el Congreso para conseguir viabilizar la convocatoria del referéndum constitucional. Una de ellas, opacada por la extrema centralidad de las cuestiones territoriales, era la cuestión de la reelección presidencial. El texto que sale de Sucre, incluía la posibilidad de reelección presidencial (y vicepresidencial); sin embargo, viabilizar procesalmente el referéndum constitucional desembocó en una aceptación del presidente y vicepresidente de la modificación de la fórmula ya aprobada y la revisión de un artículo de la nueva Constitución, el 168, que establece que “El período de mandato de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Así, en octubre de 2008, un acuerdo que implicaba una renuncia a una cuestión aprobada en la Asamblea por parte de actores no constituyentes, y mediado por organizaciones internacionales, movimientos sociales, Defensoría del Pueblo o Iglesia católica, permitía desbloquear en el Congreso Nacional la convocatoria del referéndum constitucional. De nuevo, lejos de la espacialidad y del tiempo formalmente constituyente, el pacto fijaba la consulta para el 25 de enero de 2009, y la celebración de elecciones generales para diciembre de ese mismo año. Igualmente, en todo ese proceso, continúan negociándose correcciones al texto aprobado por la Asamblea Constituyente en diferentes materias (descentralización autonómica, reforma judicial, o modelo económico, por ejemplo).

Una vez más, esta narrativa resulta estructurante en la construcción histórica del Estado boliviano y se convierte en una narrativa constituyente, donde moviliza tramas y actores de concertación, diálogo, negociación y conflicto ligados formal e informalmente a la responsabilidad del cambio del país. Y una vez más, es un tema central en la historia constitucional del país, en momentos como la reforma de 1831 (donde se instaura un sistema presidencialista, pero se modifica su permanencia vitalicia); 100 años más tarde, en el plebiscito constitucional de 1931; e incluso en 1961, cuando se aprueba una Constitución donde se consagraban las bases de la Revolución de 1952 (nacionalización de las minas, sufragio universal o la reforma educativa, por citar algunas), junto a la posibilidad de reelección que afectaría a la continuidad del presidente, Víctor Paz Estenssoro. Y, al igual que ocurría con las cuestiones territoriales respecto a las guerras entre conservadores y liberales en América Latina, por ejemplo, la cuestión de la reelección es una cuestión recurrente en la historia de los sistemas políticos presidencialistas de la región. De hecho, desde inicios de la década de 1990, un cuestionamiento a la formulación de la alternancia que había predominado en la región desde el final de las dictaduras y la vuelta a la democracia trae como resultado la introducción de la reelección en los casos de Perú en 1993; Argentina en 1994; Brasil en 1997; República Dominicana en 2002; Costa Rica en 2003; Colombia en 2005; Ecuador en 2008; y Venezuela en 2009, bien sea a través de reformas constitucionales o por interpretaciones judiciales de la norma en tribunales constitucionales. En otras palabras, y como adelantábamos, una cuestión central en los sistemas políticos presidencialistas, excepto en el caso de Estados Unidos. Igualmente, es un tema recurrente en la Ciencia Política, donde constantemente se enumeran y debaten las ventajas y desventajas de las reelecciones presidenciales3Ver, por ejemplo, los clásicos de Linz (1990) o Mainwaring y Shugart (1997)..

Sin embargo, lo que me interesa remarcar en esta última sección es que diez años después, la cuestión sigue en el centro de la política boliviana, reproduciendo los diversos posicionamientos alineados de forma ciertamente similar al dibujado en torno las narrativas estructurantes cuando se reconstruyen como constituyentes. Por otro lado, de nuevo, se sitúa a lo político como un tema procesal, como un fin, más que como medio, para deliberar en torno a un proyecto político a una visión de país.

4. Tensiones creativas, soluciones creativas

La puesta en marcha de un proceso constituyente en Bolivia abría un horizonte de negociación del núcleo común de una comunidad política saturada por la heterogeneidad de los tiempos históricos de la pluralidad de sus sujetos colectivos. Aunque la confluencia de esos tiempos y esa diversidad de sujetos fue reconocida y visibilizada en el proceso electoral del 18 de diciembre de 2005, donde resulta ganador el MAS y elegido presidente Evo Morales Ayma acompañado en la vicepresidencia por Álvaro García Linera, ese momento era solo el inicio, una apuesta de quienes habían representado, luchado y posibilitado la búsqueda de un horizonte nuevo en los 25 años anteriores. Pero la apertura formalizada del proceso de elaboración de un texto constitucional desde una nueva institucionalidad materializada en una Asamblea Constituyente se convertía también en un nuevo escenario para la reformulación de la comunidad política boliviana, de sus geografías políticas, de sus memorias colectivas, de sus historias. Todas estas dimensiones saturan de manera estructurante cualquier narrativa sobre la política del país, y forman parte de su universo de referencia. Y de la misma manera, que el sistema político se construye desde instituciones y actores formalizados, es imposible repensarlo sin tener en cuenta de la multiplicidad de sujetos colectivos que la construyen, cuestionan, resisten o negocian. Por fortuna, porque precisamente, ir más allá de los actores estricta y formalmente implicados en la política amplía los espejos de las responsabilidades y formas políticas, en tiempos de necesaria materialización de un núcleo común.

Desde ese punto de partida he recogido tres tensiones creativas en forma de narrativas políticas estructurantes, que al entrar en el espacio y el tiempo constituyente, se actualizan y desbordan la formalidad jurídica del proceso político. Así, la capitalidad, las autonomías o la reelección presidencial son temas claves en la estructuración de los tiempos políticos del país que, al entrar en un contexto concertado para la deliberación y la negociación, se convierten en tensiones creativas claves para comprender el desarrollo creativo de sus soluciones, y nos permiten visitar dos lugares. Por un lado, la complejidad de sustraerse a una trama de tiempos, espacios y sujetos políticos más allá de la formalidad espacial y temporal constituyente que muestra que los procesos constituyentes son momentos de aprendizaje, de encuentro de la comunidad política con sus problemas políticos; y, en el caso latinoamericano, con la conservación de estructuras políticas basadas en una desigualdad racializada que se resiente con la entrada de las mayorías sociales; pero, al igual que ocurría con las dos propuestas de reformas territoriales para solucionar problemas políticos, propondría pensar que estos procesos son un medio significativo, trascendental para concertar la transformación de ambas cuestiones, de la política y de lo político. Pero no un fin. Como hemos visto, la participación y la deliberación política no tienen un espacio adjudicado ni un sujeto prefijado ni un tiempo jurídicamente formalizado.

Por otro lado, he intentado apuntar cómo, pese al gran nivel de conflicto y violencia que se generó en torno a esas tensiones creativas, la comunidad política boliviana encontró soluciones creativas; pese a las enormes dificultades, se construyeron posibilidades, alternativas, y mecanismos de concertación para poder avanzar en un tiempo nuevo4Resulta sumamente interesante en ese sentido leer a Jordán (2016). . La política y lo político confluyeron en esas soluciones creativas, y, finalmente, se concretó un reconocimiento formal y, sobre todo, participado, de la pluralidad de sujetos políticos que estructuran lo constituyente en Bolivia.

Bibliografía

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María Dolores Lois Barrio

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (2007), docente e investigadora desde 2001 en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración III (Teorías y Formas Políticas y Geografía Humana). Su investigación y docencia se inscriben en el área de la Geografía Política, la Geopolítica y la Geografía Cultural y en los últimos años, en cuestiones de fronteras, en especial, sobre turismo, patrimonio y políticas de escala en las fronteras interestatales de Europa y América Latina.

Investigadora visitante en el Departamento de Geografía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), becada por el Education Abroad Program (EAP) de la Universidad Complutense (2000-2001); en el Centro para la Investigación para Humanidades Ramón Piñeiro (Xunta de Galicia), becada por la Xunta de Galicia (2003); en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela (2004); en la Vicepresidencia de la República de Bolivia (2006); en el Departamento de Geografía de la Universidad de Oulu (Finlandia) (2008 y 2009); en el Niijmegen Center for Border Research (NCBR) de la Universidad de Radboud (Nijmegen, Países Bajos), becada por el Programa Nacional de Movilidad para Jóvenes Doctores “José Castillejo” del ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (2013); y en el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia, 2017).


Nota: