Bolivia: seguridad, proceso de cambio y estrategia regional

Juan Carlos Pinto Q.
Publicado en agosto 2017 en La Migraña 22
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América aprende a mirarse
en el espejo

América Latina está viviendo momentos de transformación revolucionaria. Nunca antes se habían sumado las condiciones revolucionarias para hacer posible un cambio histórico-estructural en nuestros países. Décadas de lucha revolucionaria de nuestros pueblos han permitido este momento histórico en el que varios países latinoamericanos han votado en el marco de la democracia formal, por un proceso de cambio que tome en cuenta a las mayorías siempre olvidadas y vilipendiadas por los grupos de poder y la historia construida por ellos.

Bolivia, con más razones que muchos ha tomado este camino. Desde el reconocimiento de su diversidad y la reivindicación de su dignidad, ha empezado el camino de la transformación desde un liderazgo que representa a los millones de rostro indio que pueblan esta porción de América, interpelando a la historia oficial la condición de ciudadanía negada, que ha construido una democracia excluyente y colonial.

Estos procesos de cambio estructural aún en el marco de la democracia formal, hacen pensar a los detentadores imperiales y locales del poder en un proceso revolucionario; y lo es, aunque la revolución del cambio consiste simplemente en construir una democracia con identidad propia que incluya a los siempre excluidos. Sin embargo, los enfrentamientos para lograr este cometido se han dado a lo largo de toda nuestra historia a veces como resistencia silenciosa y por momentos en intensos levantamientos e insurrecciones; ahora, cuando la mayoría ha logrado llegar al gobierno, la confrontación se torna en permanente, en una lectura neoliberal que entiende la democracia como ausencia de conflictos, vivimos un proceso creciente de inseguridad local y continental.

Esta construcción democrática como forma de organizar los conflictos y construir una cultura de paz, inclusión y participación entre los diversos, está transformando los términos de la comprensión de la convivencia en nuestra sociedad pluricultural y también en nuestra relación con los países, donde el mercado no puede ser el único parámetro de las relaciones. Más aún entre los que han tenido una historia común de lucha anticolonial y de pueblos indígenas, que han sido los originarios y hoy siguen siendo una identidad fundamental para entendernos.

La inseguridad de la
sumisión colonial

Es evidente que desde los términos de la dominación colonial e imperial, vivimos hoy un proceso de inseguridad regional, que pone en tela de juicio las formas de dominación-subordinación en las que históricamente se han desenvuelto nuestras relaciones. Es cierto, que el fenómeno imperial y capitalista continúa siendo el modo de producción dominante y que ha condicionado nuestra forma de ser como países en el contexto internacional, siendo relegados a ser imitadores y subordinados de los países del primer mundo. Así históricamente funcionó el orden imperial de convivencia, a través de los grupos de poder que simplemente reprodujeron esquemas y políticas que no tenían que ver con nosotros y sí con los intereses mezquinos y particulares de pequeños grupos de poder locales y “nacionales”, que se enriquecieron subastando nuestros recursos naturales y explotando nuestra fuerza de trabajo.

La lógica comercial, de explotación intensiva de nuestros recursos y de compra-venta de los mismos, fue la pauta fundamental de relación impuesta desde la colonia hasta la época republicana, se buscó desintegrarnos y enfrentarnos en los espacios del mercado dependiente, creado por el imperio capitalista para amarrar de mejor manera nuestros recursos y tener mejores posibilidades para sus intereses.

Nunca tomaron en cuenta los lazos estructurales que nuestro pueblos poseen entre sí y que los han reproducido una y otra vez a lo largo de la historia, como en las “no fronteras” que tenemos con los vecinos, que en realidad son la continuidad de una misma identidad, cortada y obligada a la diferenciación “nacional” por sobre la identidad del ser indio de nuestros pueblos. Incluso la república, en los sueños de sus precursores tenía el proyecto continental de la unidad y de la reconstitución de una nueva identidad con la diversidad que somos; sin embargo, esos sueños perecieron bajo los intereses y las armas de los grupos de poder que se repartieron los países y definieron las fronteras que nos separan.

Esta lógica confrontacional existente en la construcción histórica del Estado Nacional en el continente, buscaba justificar los intereses “supremos” de los grupos de poder locales, que se repartieron la tierra y los recursos naturales por sobre los pueblos originarios e indígenas. Algunos países optaron por el exterminio de millones de indígenas que en el continente reclamaban el derecho a ser tomados en cuenta para un nuevo tiempo. Otros, que no podían substraerse a su mayoritaria identidad indígena, heredera de pueblos que ya eran naciones en el momento de la colonización, los sometieron a una explotación intensiva de su fuerza de trabajo y a la exclusión histórica de toda participación política, con un tinte racista que buscaba justificar la superioridad colonial sobre los vencidos.

De esta manera, nuestros países se construyeron de espaldas a los intereses y sueños de la mayoría, y les hicieron creer que la única forma de ser y de vivir en su territorio era la de la indignidad de la subordinación y la limosna, viviendo siempre el complejo de no ser parecidos a los colonizadores que vinieron a decirnos como debemos imitarlos.

Los conflictos bélicos y de seguridad en el continente han tenido que ver con los intereses mezquinos y de poder, que los grupos elitarios de cada país han desenvuelto para construir una identidad nacional que les permitiera asentar su estrategia de dominación hegemónica, que basada en el reconocimiento del mestizaje como ciudadanía pudiera dejar de lado las diferencias étnicas y raciales para dar paso a las relaciones de mercado.

Bolivia y la colonialidad estatal

Bolivia a lo largo de toda su historia ha vivido múltiples ejemplos de confrontación bélica que sin excepción han terminado en derrotas frente a países vecinos que terminaron apropiándose de parte de su territorio. Nació como república de espaldas a su realidad plurinacional, negándola para que los grupos de poder hicieran una característica nacional el de la exclusión; así, hasta el año 52, formalmente sólo entre el 2 y el 5% de los bolivianos contaban con los derechos de ciudadanía y luego a pesar de su reconocimiento en el voto universal, las formas y contenidos de la convivencia societal jamás dejaron de ser excluyentes y racistas.

En esos términos, la seguridad regional tenía una lectura basada en la inseguridad permanente respecto a la territorialidad, con el trauma histórico de haber sido desmembrados como país en diferentes ocasiones, con el permanente ingreso de ciudadanos vecinos que libremente procedieron a la explotación de nuestros recursos naturales en fronteras abandonadas por el Estado y para organizar su presencia material en las ciudades donde el ejercito y las fuerzas de seguridad se concentraban en enfrentar a los movimientos populares que no cesaban de demandar al Estado la inclusión en las políticas públicas.

Los momentos de tensión vividos con países vecinos, tuvieron como componente central, aspectos que tenían que ver con la imposibilidad histórica del Estado boliviano para la constitución hegemónica de la territorialidad; que se basaba más en los intereses económicos de mercado que, además de permitir el ingreso de los vecinos con una clara intención expoliadora, creó un puente de corrupción institucionalizada en las autoridades fronterizas que sólo buscaban provecho económico personal, siendo la expresión de un Estado incapaz de sentar presencia institucional, dejando a grupos y oligarquías locales el usufructo del territorio nacional como patrimonio familiar.

Los gobiernos militares y también los democráticos hicieron uso de las tensiones con los vecinos, principalmente con Chile, para llamar a una cruzada nacional permanente en torno a una bolivianidad que construyera la identidad y borrara las diferencias, sin darse cuenta que los conflictos y la confrontación interna habían generado una interpelación permanente a la forma de existencia del Estado boliviano que sostenía un doble discurso moral, pues mientras llamaba a la recuperación histórica de nuestros recursos territoriales y marítimos perdidos, en el marco del mercado propugnaba el libre intercambio económico en beneficio de los declarados enemigos.

En definitiva, la presencia de un Estado como monopolio de la fuerza y de la represión para la sostenibilidad de modelos económicos de mercado excluyentes, era al mismo tiempo un no-Estado en los procesos de inclusión y construcción de ciudadanía. En esta situación es comprensible entender el comportamiento político de los sectores dominantes, que en una lógica de guerra buscaron históricamente someter y no convencer ni incluir a la mayoría, en un horizonte de país que estructuralmente no podía generar sino la confrontación permanente.

La seguridad a partir
del “vivir bien”

Evo Morales como reivindicación histórica del liderazgo indígena, representa el quiebre histórico de esta lógica estatal, que presa de sus contradicciones no pudo resolverlas en el marco de la confrontación y fue vencida en la lógica de la democracia formal, que le dio el triunfo contundente y mayoritario por primera vez en la historia del país a un indígena.

El tema de seguridad es abordado desde el principio, desde una nueva perspectiva, la que permita a la población mayoritaria el acceso a mejores condiciones de vida y la de permeabilizar el Estado para ser un reflejo y una construcción de la mayoría plurinacional del pueblo boliviano.

El vivir bien como filosofía del nuevo Estado es la posibilidad de construcción de la equidad y de la inclusión ciudadana, donde el Estado es puntal central en el proceso de redistribución y de inclusión ciudadana a los derechos fundamentales. Las nacionalizaciones y la transformación paulatina de las condiciones sociales de la mayoría, expresan precisamente este gran cambio respecto al Estado neoliberal, donde la seguridad jurídica a la inversión y las empresas era el centro de la acción estatal, para dar paso al Estado plurinacional que prioriza la transformación social y la garantía de seguridad de una mejor vida para las mayorías.

El ejército del proceso de cambio

El actual gobierno, a decir del Vicepresidente del Estado Plurinacional, ha definido un papel estratégico de las FFAA en Democracia, como no había ocurrido antes. Desde la vuelta a la Democracia, las FFAA habían sido abandonadas a una especie de crisis existencial institucional, pues ya no eran la institución que reclutaba a dictadores de turno, y además habían sido obligados a convertirse en garantes de una soberanía que era ofertaba por los neoliberales en los mercados internacionales.

En el nuevo contexto, la nacionalización de las empresas y el control del excedente económico por el Estado, le dan una base técnica-material a la soberanía relativa del mismo y por tanto su estabilidad, que es principio organizador de las FFAA en cualquier país. Esto dio lugar a un ensamble histórico entre las fuerzas sociales indígenas campesinas populares y las fuerzas armadas, que a diferencia de lo que ocurría antes en el país, bajo tutelaje militar, ahora tiene el liderazgo moral e intelectual de sectores indígena populares, representados en el presidente Evo Morales.

De esta manera, los viejos puntales de la lógica estatal colonial se encuentran en proceso de transformación, a partir de nuevas condiciones y renovadas funciones que permitan un proceso de cambio en Democracia. El viejo ejército represor, cuya última acción costó la vida de más de 70 ciudadanos en la ciudad de El Alto para que el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada pudiera escapar del país, transcurre por un proceso de cambio interno que ha implicado su deselitización, permitiendo que en el colegio militar, eje de la formación militar de las élites y de su relación formativa con el imperio, hoy exista la participación obligatoria de los pueblos indígenas.

De la misma forma, su papel estatal se ha transformado a lo largo de estos años, por cuanto el excedente producto de la nacionalización gasífera, convertidos en bonos para niños, ancianos y mujeres, son gestionados y entregados por los militares a lo largo del territorio nacional, generando una relación diferente con la ciudadanía y transformando su papel, para convertirse en la imagen del nuevo Estado. En el rol propiamente de seguridad fronteriza, el ejército ha desplazado la mayor parte de sus efectivos a las fronteras y está construyendo nuevos cuarteles en ellas, en la perspectiva de sentar soberanía, y al mismo tiempo, participar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

También existe una nueva relación con el Alto Mando, que se reúnen una vez por semana con el Presidente, a quien reconocen plenamente como su comandante general, y bajo su mando han soportado las arremetidas de los grupos paramilitares y cívicos que han tomado instituciones públicas y han humillado a los soldados en la espera de una respuesta represiva que nunca llegó y agotó la lógica de la violencia hasta la masacre, como la realizada en el departamento de Pando, donde paramilitares prefecturales de oposición asesinaron a cerca de 40 indígenas y campesinos, obligando al Estado a actuar a través del ejército, interviniendo el departamento y capturando a los culpables.

En esta actitud fundamental que hace a los rasgos del nuevo nacionalismo en el país, donde militares y pueblo son parte de los mismos actos, donde ambos se reconocen como pueblo, no habrá que perder de vista de que en su estructura fundamental es el mismo ejército que en su jerarquía, que ha sido formada por la Escuela de las Américas en su gran mayoría, que siguiendo órdenes o por iniciativa propia han sido parte de las masacres sufridas por los bolivianos, que en los avatares del terrorismo cívico separatista se ha detectado la presencia de militares de rango, tanto en servicio activo como pasivo, como parte del plan subversivo. Es por eso que la creación de la Escuela Militar Antiimperialista es un salto de calidad más, para crear una nueva oficialidad con perspectiva política del nuevo tiempo, además los retos que proporciona a la institución militar representar su calidad de pueblo armado antes que su poder represor.

Policía: ¿viejas tareas
con nueva visión?

En el caso de la Policía Nacional, guardián de la seguridad ciudadana en el contexto del viejo Estado, los esfuerzos por su transformación han sido infructuosos en su mayoría. Sin embargo, se ha logrado, al igual que en el ejército, deselitizar la escuela del Alto mando policial, para facilitar el ingreso de representantes indígenas al estudio de la carrera policial, y en perspectiva también lograr que la democracia interna permita una mejor representatividad en los cuerpos policiales. En todo el país se ha incrementado de forma sustancial la infraestructura otorgada a la policía para la mejora de su accionar.
Los cuerpos especializados de lucha contra el narcotráfico, han visto incrementado su accionar, desde que el gobierno boliviano decidió expulsar a la DEA del país, por cuanto se detectó no sólo que tenían un doble papel en la lucha antinarcóticos (denuncias que se remiten a casos como el de Huanchaca donde según investigaciones en ese gigantesco laboratorio, protegido por la DEA, se obtenían fondos para las luchas de desestabilización de gobiernos como el de Nicaragua en apoyo a los contras). Desde que salió del país esta institución norteamericana, los logros de incautación y represión al narcotráfico se han duplicado, a pesar de la permanente migración de los carteles, que por el efecto “globo”, cuando la represión se incrementa en Colombia o Perú, se incrementan las fábricas en Bolivia, y también en el otro sentido. Es cierto que no existen los recursos tecnológicos necesarios, con los que contaba la DEA, pero el gobierno en un principio de soberanía decidió que la lucha contra el narcotráfico debía ser comandada por los propios bolivianos, consiguiendo recursos y comprando tecnología que permita la desarticulación de los carteles de la droga que actúan en nuestro territorio.

Aún somos una economía frágil, en la que el tema de la coca sigue siendo un importante ingreso para gran cantidad de familias en el trópico boliviano; se ha buscado a través de políticas de conciliación y acuerdos la disminución de las plantaciones de coca en los márgenes legales, lográndose importantes éxitos que pasan por la erradicación voluntaria de las organizaciones sindicales para acompañar de forma comprometida los objetivos que el gobierno se ha propuesto.

Inseguridad ciudadana
y linchamientos

La inseguridad ciudadana en Bolivia, no contempla las cifras escandalosas que tienen los países vecinos; sin embargo, el narcotráfico y su internacionalización ha permitido que los márgenes de violencia se incrementen, ligando los delitos violentos con el tráfico de drogas y la existencia de bandas internacionales, que han generado la demanda ciudadana de una mayor policialización como política de seguridad ciudadana.

En muchos casos, son los pobres del campo y las ciudades los que han sufrido las consecuencias de la delincuencia, pero también de la ineficiencia policial, de jueces incapaces de cumplir con los plazos de ley para el cumplimiento acusatorio, que se han dado a la tarea de desprestigiar la norma legal por su flexibilidad, así como de esconder en este argumento los altos niveles de corrupción existentes en el órgano judicial.
Esta condición ha dado lugar al incremento de los casos de linchamiento, principalmente en los márgenes de las ciudades, donde la población organizada ha tomado la justicia por mano propia. Para las autoridades judiciales y los medios de comunicación, opositores en su gran mayoría al gobierno, ha significado la posibilidad de atacar al reconocimiento de la justicia indígena y comunitaria, que arbitrariamente y bajo una intencionalidad política ha sido confundida con los linchamientos.

Golpes cívicos, terrorismo
y acción policial

La policía junto al ejército han tenido un importante papel en los procesos de levantamiento y subversión ocurridos contra el gobierno de Evo Morales. El golpe cívico-prefectural del año 2008, tuvo a ambas instituciones como guardianas y no como represoras, para evitar el proceso de victimización de los agresores; muchos uniformados, incluida la jerarquía fueron golpeados y humillados en el cumplimiento de su deber. Luego el proceso investigativo de la labor delincuencial en esos hechos que dañaron el erario nacional, contaron con culpables identificados, que no pudieron ser apresados o enjuiciados en su gran mayoría por contar con la complicidad del poder judicial, también opositor al gobierno.

La labor de inteligencia desarrollada por la policía nacional, dio como resultado la desarticulación de un grupo terrorista separatista, que contratado por los grupos cívicos prefecturales buscaba desatar una guerra civil en Bolivia. Su eliminación trajo consigo, la desarticulación política del grupo opositor; sin embargo, buscaron camuflar a los culpables y financiadores, acusando al gobierno y a la policía de “violación a los derechos humanos”, en la acción y posterior persecución de los culpables. Uno de ellos, hoy refugiado en EUA, es el ex presidente en Bolivia de “American Watch” una institución norteamericana, “veedora del respeto a los derechos humanos”, y que financiaba con recursos y cobertura a las acciones del grupo terrorista.

Esta eficacia institucional en unos casos y en otros la falta de institucionalidad, se complementa con el alto nivel de corrupción que existe en los niveles jerárquicos y de base de la policía nacional, que la han hecho una de las instituciones menos confiables para la ciudadanía boliviana. La corrupción, encarnada en la manera orgánica de ser Estado en el pasado republicano y neoliberal, se ha apropiado también de las instituciones que la defendían, con sus características jerárquicas y excluyentes, discriminadoras y autoritarias, como forma de organización del poder de la violencia desde el Estado. Hoy es un reto mayor la transformación institucional, que contemple y sostenga el servicio público como labor fundamental de la Policía antes que el aprovechamiento personal y corrupto que ha caracterizado a una parte importante de la institución en los últimos años.

Nueva institucionalidad
en el Estado Plurinacional

Como podemos ver, estos factores institucionales determinantes en el marco de la comprensión de la seguridad nacional del Estado colonial y republicano, como son el ejército y la policía, si bien conservan su papel institucional, existen factores que están permitiendo su transformación en el marco del nuevo Estado y como complemento necesario de la nueva comprensión de seguridad que el Estado Plurinacional busca construir. Sus roles institucionales se conservan, en el marco de la nueva CPE que ha mantenido la redacción de la anterior Constitución referida al tema, para evitar además fricciones institucionales entre ambas fuerzas.

Sin embargo, la misma CPE subraya como un principio fundamental en su Art. 10 el que Bolivia es un Estado pacifista, que rechaza las guerras de agresión y prohíbe la instalación de bases extranjeras en su territorio. Asumiendo que frente al pasado colonial de la confrontación y de ocultar bajo la sombra del agresor externo los verdaderos conflictos que vive la población, es necesario entender que junto a los otros principios que hoy guían la Constitución, el auto reconocimiento de nuestra plurinacionalidad y la necesidad de la construcción de la equidad y la justicia social, son el mejor camino para construir la seguridad nacional y regional.

Construyendo la seguridad regional desde el bienestar
de los pueblos

Los procesos de transformación social, que están en marcha en América Latina, han asumido que los procesos de revolución que hoy vivimos en cada uno de nuestros países, cada uno con sus propias características y procesos históricos acumulados, guardan como fundamento común la construcción de una identidad latinoamericana propia a partir de nuestra identidad múltiple, acompañada de los procesos de hermandad que manden sobre los designios del mercado para construir redes sustentables de solidaridad que desechen la confrontación.

Importantes caminos se han abierto a partir de este acercamiento, así a más de planes macroeconómicos continentales sin la participación del imperio, se han dado señales históricas nunca antes asumidas: En el caso Boliviano, el acercamiento y la solidaridad mutua, se da con países con los que viejos rencores que fueron atizados por los grupos de poder locales, como aquellos con los que tuvimos enfrentamientos bélicos importantes que dejaron heridas y pérdidas territoriales, como Chile y Paraguay. Así en el caso del mar, más allá de las agresiones del vecino y discriminación a los conciudadanos, se ha optado por internacionalizar nuestra visión sobre el conflicto en la denuncia ante La Haya, que permita obligar a Chile para sentarse a tratar la temática.

Esta diplomacia directa, asumida en la hermandad de nuestros pueblos, tiene sus bemoles en gobiernos que han apostado francamente a favor del imperio y se han convertido en sus portavoces en el continente, a cambio de la otorgación de preferencias e intereses comerciales. Es el caso de Colombia, con la aceptación de la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio, ha cargado el ambiente continental de belicosidad, en la comprensión de que el imperio está dispuesto a saldar cuentas con quienes se alejan de la servidumbre y subordinación a sus proyectos continentales de dominación. Convirtiendo a algunos países como el colombiano, que a pesar de haber logrado importantes procesos de pacificación definitiva con la guerrilla, en su política exterior sigue aportando a convertirse en portavoz de la intervención como es el caso de la amenaza sobre Venezuela.

Bolivia, a través del liderazgo continental de Evo Morales, ha concitado la plena identificación y apoyo de los pueblos originarios e indígenas a lo largo del continente; ellos se ven reivindicados ante la historia por la figura del presidente indio, que expresa simbólicamente que ha llegado el tiempo de los pueblos indígenas. Nuevas luchas y reivindicaciones en curso, hoy se atizan en el continente, demandando a sus respectivos gobiernos participación política y territorio como reivindicación histórica.

El tema indígena y el de la construcción de sociedades más justas y equitativas, deben ser parte de la agenda política latinoamericana y por decisión de los mismos pueblos; esto provoca que las estructuras establecidas de dominación y exclusión se vean interpeladas, generando inseguridad regional en las viejas formas de organizar el poder; pero al mismo tiempo, provocando una nueva forma de entender, crear y participar en democracia, donde nadie pueda ser excluido y la seguridad fundamental se encuentre en la capacidad de los estados para comprometerse a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, en el marco de su participación y desde las identidades originarias e interculturales que son el sustento de nuestro ser latinoamericano.

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Juan Carlos Pinto Q.

Sociólogo boliviano, diplomado en Derechos Humanos. Ex prisionero político. Ha escrito libros sobre temas relacionados con democracia intercultural, y el sistema penal y penitenciario. Ha sido coordinador nacional de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica. Fue coordinador nacional de la REPAC (Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente) y posteriormente el coordinador general de la organización y sistematización de la Enciclopedia histórica documental del proceso constituyente boliviano. Fue director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Actualmente es el director general de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.


Nota: