Cooperativistas mineros: de la movilización social a la estrategia militar

Ximena Centellas Rojas
Publicado en Noviembre 2016 en La Migraña 19
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El siguiente artículo retoma seis ejes de análisis del conflicto que embarga al Estado frente las cooperativas mineras, porque en este fenómeno se evidenció una capacidad estratégica de enfrentamiento que rebasó las posibilidades de cualquier sector social movilizado dando la impresión de una clara injerencia extranjera que ocasionó los trágicos resultados.

1. Contexto internacional y un nuevo perfil de golpe de Estado

Para analizar en toda su dimensión el reciente conflicto entre el Estado y los cooperativistas es imprescindible considerar el contexto internacional, porque el fenómeno responde a una política de agresión continental que se viene desarrollando contra los gobiernos progresistas.

En la actualidad, a consecuencia de la profunda crisis económica mundial del capitalismo, las transnacionales se han replanteado estrategias que les permitan recuperar sus niveles de ganancia, para lo que intentan retomar el dominio sobre los países a los que consideran “su tras patio”, es Latinoamérica de donde desean extraer recursos naturales baratos y obtener ganancias a partir de la sobre explotación de los trabajadores y sobre cuyas espaldas, una vez más, recargarán el peso de su crisis económica.

La estrategia imperialista desarrollada durante los últimos años en contra de América Latina, responde a una lógica depredadora de recuperación financiera a través del dominio geopolítico, como contra ataque a la ola progresista que se vivía en nuestro continente. Con esta finalidad se buscó y busca aún desestabilizar los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador; lo que efectivamente se consiguió antes en Honduras y Paraguay y recientemente en Brasil y Argentina.

En los últimos años, la ola progresista latinoamericana, sustentada en la fuerza de movilización popular ciudadana, demostró que se puede deponer gobiernos neoliberales de forma pacífica y por la vía electoral, abriendo la posibilidad de que el pueblo liderice transformaciones profundas del Estado, y la sociedad en la perspectiva del Vivir Bien, y del Socialismo del Siglo XXI. Ante este potencia del movimiento popular, el imperialismo afinó una nueva estrategia de golpe de Estado, diferente a la desarrollada en las décadas pasadas cuando implementó el Plan Cóndor que impuso las dictaduras militares en distintos países del Continente, las mismas que por la sistemática violación de los derechos humanos ocasionaron miles de muertos, desaparecidos, torturados, exiliados y presos políticos pero también y en consecuencia, una nueva consciencia popular encaminada a la defensa de la democracia y a la lucha de los pueblos latinoamericanos hasta deponer las dictaduras.

Ahora los métodos de dominación imperialista, han sido “renovados” y adecuados a la realidad actual, porque hoy no se puede recurrir a la fuerza de los tanques y de las bayonetas como en el pasado, por lo que el imperialismo transnacional desarrolla el Golpe Blando para deponer los gobiernos populares o progresistas a través de las siguientes tácticas:

a) Ofensiva ideológica: Se trata de una campaña sistemática realizada por algunas fundaciones, ciertas ONGs e instituciones que socializan temas en contra de los gobiernos, con la finalidad de crear una base social de oposición conservadora. Se puede mencionar para el caso boliviano a la National Endowment for Democracy – NED(Donación Nacional por la Democracia), la que sólo el año 2015 invirtió más de un millón de dólares destinados a 15 diferentes instituciones, entre las cuales figura el “Plan para promover en la sociedad civil ideas y valores capitalistas”, la misma que recibió 225.000 dólares americanos.

b) Desgaste mediático: Los medios masivos, de comunicación generan una campaña permanente de desprestigio gubernamental, con base en calumnias, rumores, y medias verdades que confunden a la población, creando dudas acerca del comportamiento de las autoridades. En Bolivia se creó el caso Zapata para desacreditar a Evo Morales, en Brasil fueron las calumnias de corrupción contra Dilma Rousseff y Luis Ignacio Da Silva, en Argentina fueron las acusaciones contra Cristina Kishner. A decir de Noam Shomsky, se utilizó la emotividad popular para instalar la mentira en la opinión pública, la que más tarde no dio atención a las aclaraciones respectivas, por verdaderas que éstas sean o hayan sido. Una vez desarrollado el show mediático, el daño estaba hecho, se consiguió la desconfianza y la desmovilización de la ciudadanía que bajó su apoyo a los gobiernos progresistas.

Esta táctica fue muy efectiva porque permitió al imperialismo desarticular y desorganizar a las fuerzas populares, las que se desconcertaron y hasta desmoralizaron a causa del show mediático. En la actualidad, los medios de comunicación han logrado sustituir la labor de los partidos de oposición derechistas, losque demostraron su impotencia, ineficacia y falta de capacidad para generar base social opositora.

c) Promoción de conflictos por reivindicaciones “justas”: Como los casos en que se financia y asesora conflictos de sectores en que demanda a los gobiernos buscando ampliar o radicalizar el conflicto como por ejemplo el caso boliviano de trabajadores de ENATEX que defendían sus fuentes de trabajo y que fueron infiltrados por sicarios del oriente. O está el caso venezolano que repartió viviendas sociales gratuitas y la derecha trató de organizar a los beneficiarios para que el Estado bolivariano les diera el derecho a vender sus casas.

d) Desarticulación y descabezamiento de los movimientos sociales: financiando grupos internos que generen conflicto y dispersión, que hagan paralelismo, hasta como asesinatos selectivos como el de Bertha Cáceres activista defensora del medio ambiente de Honduras asesinada en su propia casa.

e) Asesoramiento y financiamiento a los partidos de oposición: Si bien los partidos neoliberales no tiene ningún planteamiento alternativo al del gobierno, carecen de discurso y de credibilidad. Sin embargo, para poder potenciar el accionar derechista, el imperialismo trabaja en pos dela cohesión de la derecha, a finalidad de que sus pequeñas fracciones se puedan convertir en referentes sociales.

Estas cinco tácticas configuran un Golpe Blando, con ataques suaves pero constantes hasta dispersar la potencia de las fuerzas populares, hecho que lamentablemente va teniendo resultados nefastos en distintos horizontes sociales, tales como Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil. En palabras simples ese trata de la estrategia de: “la gota que labra la piedra” y que está en proceso de desarrollo en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

2. Ámbito Económico y la tendencia a la privatización de las antiguas cooperativas solidarias

El conflicto de los cooperativistas exige tomar en cuenta las particularidades del sector. En épocas previas al neoliberalismo, el cooperativismo en Bolivia nació como una forma solidaria de producción, las cooperativas agrupan cómo sociosa personas físicas que, mediante un trabajo en común, realizan una actividad económica de producción de bienes o servicios. La “relocalización” de los mineros de la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, posibilitada por el Decreto Supremo 21060, impulsó el crecimiento del cooperativismo minero que llegó a absorber alrededor de 20.000 trabajadores.

Durante los gobiernos neoliberales, especialmente el de Sánchez de Lozada, se fue desmontando la COMIBOL. En aquella época se entregó a grandes empresas privadas y a las transnacionales, en concesión y/o mediante la de socios cooperativistas, maquinaria, perforadoras, extractoras, etc. Desde entonces los mineros cooperativistas se transformaron en pequeños empresarios aliados de las grandes compañías.

Las cooperativas mineras se desarrollaron gracias a los gobiernos neoliberales que acabaron con la minería estatal. El cooperativismo sirvió para, por una parte, resolver parcialmente el agudo problema del desempleo de esos años, y por otra parte, para que las empresas mineras privadas pudieran acceder a las vetas que antes eran explotadas por la COMIBOL.

En la actualidad el registro oficial que se tiene acerca de las cooperativas mineras no llega a establecer con precisión la realidad del sector. Según Héctor Córdoba en Bolivia se cuenta con 1664 cooperativas mineras que aglutinan a 119.069 socios, la más alta concentración de cooperativas se encuentra en la ciudad de La Paz, la que aglutina 1.239 de ellas.

Las cooperativas, como formas solidarias de producción se establecieron en contradicción al mercado y a la economía capitalista, aunque según la opinión de algunos se trata más bien de una forma de reproducción capitalista con tendencia a la acumulación. En todo caso, el cooperativismo minero en Bolivia tiene contradicciones con las formas solidarias y comunitarias de producción, siendo que algunas cooperativas se convirtieron en empresas privadas con inversión de capitales privados que explotan la fuerza de trabajo minera y generan diferencias jerárquicas entre socios y peones contratados. Los últimos efectivamente se han convertido en la fuerza del sector cooperativista minero, aunque no sean los que más ganen. Sin embargo, hay que destacar que existen también cooperativas que aún mantienen rasgos solidarios, y que paradójicamente son las que cuentan con menores posibilidades económicas y están sometidas dentro del sector.

Por el neoliberalismo, la situación económica del país se caracteriza por la expansión de las prácticas productivas informales y de comercio, que consolidaron sectores amplios de gremiales, “cuenta propistas” y cooperativistas, salidas ocupacionales éstas que encararon históricamente el derrumbe del la política estatista. Por ello, la forma de asociación solidaria como fuerza económica activa en el país es reconocida y respetada por la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.

Bajo éste marco, no se pueden meter en un mismo saco a todas las cooperativas de servicios o de producción, porque existen las que mantienen sus principios de asociación solidaria, mientras que otras por su potenciamiento económico, transitan hacia una lógica privada que rompe la forma solidaria de producción para desarrollar una lógica francamente explotadora, en perjuicio de los trabajadores asalariados que contratan y en desmedro del medio ambiente al que progresivamente van contaminando, en una vía depredadora advertida por la población.

En el caso específico de las cooperativas mineras, existe un grupo reducido de las mismas, que empoderadas económicamente, se convirtieron en entes de acción privada empresarial hegemónicas dentro del sector, que se colocaron por encima de las cooperativas de asociación solidaria. Entre estas cooperativas hegemónicas se cuenta por ejemplo con la Cooperativa Poopó dependiente de la COMSUR; o como refiere el Viceministro Alfredo Rada algunas cooperativas potosinas que suscribieron contratos con la empresa Manquiri, nombre boliviano de la transnacional estadounidense Coeur d’ Alene Mines Corporation, la que explota el segundo yacimiento de plata más grande del país ubicado en San Bartolomé.

3. Ámbito político y los detonantes del conflicto

Las cooperativas convertidas en empresas con lazos fuertes con el capital privado y hasta transnacional, buscan impulsar cierto poder político que resguarde sus intereses. Las medidas que se pretenden implementar desde el gobierno representan una afrenta a los intereses de los grupos empoderados dentro de los cooperativistas mineros. El conflicto tiene desde su nacimiento un sentido claro de cuestionamiento del poder. Como sector que posee poder económico y fuerza cuantitativa, los cooperativistas no aceptarán límites o regulaciones por parte del gobierno.

El conflicto entre el Estado y el sector minero se generó cuando los cooperativistas mineros reaccionaron contra las modificaciones que el gobierno realizó a la Ley No. 356 de Cooperativas Mineras. Dichas disposiciones obligaban a los cooperativistas a regirse normativamente a nuevos aspectos. Primero, el gobierno fijó que hasta el 13 de Mayo de 2016 las cooperativas debían adecuar sus estatutos a la nueva Ley de Cooperativas, si no lo hacían hasta esa fecha debían hacerlo hasta el 2018, el incumplimiento de este nuevo plazo derivaría en la cancelación de las concesiones o autorizaciones no ratificadas y se ordenaría la disolución, liquidación y extinción de tales cooperativas.

Segundo, el gobierno señaló respetar el derecho a la sindicalización de los trabajadores de servicios de las cooperativas, aspecto que no era contemplado por las cooperativas mineras. En la ley se estableció además que “en resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se respetan en las cooperativas, los derechos sindicales, laborales y de asociados de los sindicatos que incluyan asociadas y asociados pre-existentes a la promulgación de la presente Ley, así como de los que fueren a constituirse a futuro en los sectores de Servicios y Servicios Públicos. Esta disposición molestó profundamente a los cooperativistas, quienes convertidos en patrones capitalistas, se opusieron a la posibilidad de que se generen nuevos sindicatos en el interior de sus empresas.

Tercero, otra delas modificaciones de la Ley No. 535 de Minería y Metalurgia se orientó a prohibir la inversión privada en las cooperativas, sean éstas provenientes de empresas nacionales o transnacionales, por el contrario, se obligó a que las concesiones mineras sean otorgadas por COMIBOL. Cabe recordar que al momento del conflicto, los cooperativistas tenían firmados al menos 31 contratos con empresas privadas, algunas de ellas transnacionales como la COMSUR de Sánchez de Lozada, por tanto esta disposición estatal atentaba contra los intereses capitalistas del sector.

Todas estas reformulaciones a la Ley de Minería orientadas por el gobierno, no fueron arbitrarias sino que se enmarcaron en el artículo 311 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que determina que: “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado”1

En respuesta a las disposiciones oficiales, por su parte la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) presentó al gobierno un pliego de las siguientes peticiones: Rechazar el reconocimiento de sindicatos en las cooperativas, respetar la Ley General de Cooperativas Mineras y anular la modificación a la Ley Minera, generar un fideicomiso a favor de la Empresa Metalúrgica de Vinto, para pagar la entrega de minerales a las cooperativas, flexibilizar las regulaciones medioambientales, incrementar los recursos del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), incluir representante cooperativista en el Directorio de la Caja Nacional de Salud y generar una solución práctica que consolide las áreas de la cooperativa 26 de Febrero en el yacimiento de Colquiri; sustituir al Viceministerio de Cooperativas y crear un Ministerio para el sector; tender redes de energía eléctrica sobre todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas; finalmente, reinvertir las regalías mineras en proyectos para el sector.

Durante el desarrollo del conflicto no hubo la suficiente difusión ni reflexión acerca de los 10 puntos en demanda, que a simple vista denotaron una excesiva petición sectorial. Este pliego petitorio posteriormente se extrapoló llegando a la formulación de 24 puntos.

4. La estrategia militar
de las cooperativas

Al analizar la confrontación directa que hizo el sector minero cooperativista hacia el Estado, se puede apreciar la presencia de una estrategia militar de confrontación, que a nuestro criterio sobrepasa las intencionalidades de los dirigentes cooperativistas, y evidencian en cambio la presencia de un asesoramiento infiltrado desde afuera que llevó a la polarización y al extremismo. A continuación pasamos a desmenuzar esta estrategia:

El primer aspecto relevante de la estrategia militar cooperativista fue la provocación del sector al Estado, rechazando sistemáticamente las invitaciones al diálogo con argumentos absurdos tales como “que no asistían al diálogo porque no les llegaba a tiempo la invitación”, pretextos que buscaban generar impaciencia en el ejecutivo y llevar la situación al conflicto. Siendo intolerantes y evasivos a la conversación los cooperativistas dejaron plantado al Vicepresidente y algunos ministros, no respondieron a la respuesta escrita entregada por el gobierno. Sin terminar aún el período de negociación la estrategia cooperativista se encaramó a desatar el primer bloqueo, que dio como resultado la detención de 10 cooperativistas y un muerto que sirvió como bandera de auto-victimización del sector. Durante el conflicto los cooperativistas generaron una fuerte agresión hacia los policías, con el objetivo de que generar en ellos una reacción desmedida generada por la rabia y el descontrol a finalidad de demostrar la violencia estatal. Después de este lamentable suceso el sector minero dirigencial emitió amenazas directas y desafiantes hacia el gobierno por los medios de comunicación. Durante los bloqueos en Panduro las agresiones de los mineros se extendieron a dos periodistas, Marco Ayllón, camarógrafo de Red UNO y José Lavayén, fotoperiodista de La Razón. La intensión era demostrar fuerza, combate y agresividad del sector que evidenciaba marcadamente la falta autoridad estatal que “no podía contener el conflicto”.

El segundo aspecto de la estrategia militar cooperativista fue la conspiración siendo quela confrontación con el gobierno fue planificada, preparada y financiada con apoyo internacional. La conspiración tuvo un financiamiento, explosivos, mechas y otros implementos fueron financiados desde el exterior a través de una cuenta abierta en el Perú de la que se extrajeron en varias oportunidades decenas de miles de dólares, tal como lo demuestran los extractos bancarios y el dinero en efectivo que se encontraron en las mochilas de los cooperativistas detenidos2.

Con este auspicio económico las esposas de los cooperativistas compraron durante semanas importantes cantidades de explosivos para el enfrentamiento. Empero, los cooperativistas que participaron masivamente de los conflictos no eran los asociados, sino los peones contratados que fueron obligados a combatir bajo la amenaza de que de lo contrario perderían sus fuentes de trabajo, por lo que estuvieron en primera fila cargando con los muertos del conflicto.

La tercera característica de esta estrategia militar fue el auto-atentado, los cooperativistas buscaban muertos que agudicen el conflicto, así que algunos de los mismos fueron dispuestos como francotiradores que con rifles de mira telescópica, quienes dispararon sobre sus compañeros a distancia, se pasó por las redes el video de un minero disparando a varios metros del grupo de cooperativistas. Un experto en armas explicó que el disparo que dio muerte a Fermín Mamani no pudo ser realizado desde la falda del cerro, lugar donde se encontraban los efectivos policiales, no existe bala alguna que pueda ascender y hacer una herida transversal en el tórax, técnicamente se afirma que el trayecto de la misma desde esa ubicación sólo podría alcanzar a perforar una extremidad.

La quinta vertiente de la estrategia militar se refiere a la ubicación estratégica que adoptaron los mineros durante el bloqueo, la provocación y el enfrentamiento con la policía. Los cooperativistas se localizaron en la parte superior del cerro, mientras que la policía quedó en sus faldas, esta posición otorgó una gran ventaja a los mineros al momento de lanzar los explosivos. En cambio la ocupación espacial poco estratégica de la policía provocó que los químicos antimotines perdieran potencia y llegada para generar la dispersión de los manifestantes.

Como sexto paso, la estrategia militar cooperativista configuró una trampa, durante el conflicto toda la base del cerro fue minada con explosivos, a finalidad de que el contingente policial una vez que se decidiera a subir para reprimir a los cooperativistas, que apedreaban desde la cima, terminarían volando por los aires al ser cercados por ambos flancos (en forma de U) y agredidos con llantas portadoras de dinamita que rodando cerro abajo hubieran generado una gran cantidad de bajas. Cabe recalcar que la policía sólo contaba con equipo anti-motines.

La estrategia finalizó con un funesto sexto paso, el secuestro y asesinato de una autoridad estatal. Algunos dirigentes habían señalado una supuesta predisposición de diálogo con el Estado, bajo la exigencia de que el encuentro sea en el lugar del bloqueo. En este contexto, el Viceministro Rodolfo Illanes se ofreció voluntariamente a encaminar el diálogo, trasladándose a la zona de conflicto, tal como lo demandaban los cooperativistas. En dicho escenario, la autoridad estatal fue secuestrada y torturada. No se puede asumir simplemente que el suceso que acabó con la vida del Viceministro se debió al accionar de una turba enardecida, el hecho fue planificado como lo evidencia la presencia constante de los máximos dirigentes junto a la autoridad asesinada o la llamada de los dirigentes cooperativistas al Ministro Carlos Romero quienes le señalaron que “el viceministro Illanes estaba regresando con los dirigentes”3, cuando en realidad en ese momento ya había fenecido.

5. El desenlace de la confrontación de las cooperativas mineras frente al Estado

Una vez conocida la situación el Viceministro Illanes, el rescate planificado contaba con cerca de 5.000 efectivos policiales que estaban destinados a intervenir en Panduro, carretera Oruro – La Paz. Sin embargo, se debía considerar que un rescate implicaría «numerosas bajas» de policías y mineros, pero se coordinó que miles de efectivos se movilicen desde varios departamentos para intervenir en Panduro la madrugada del día siguiente. La Policía fue movilizada en vuelos extraordinarios de Boliviana de Aviación BOA y Transporte Aéreo Militar TAM, y se solicitó equipos anti-motines a las Fuerzas Armadas (FFAA).

El día 25 de agosto 2016, durante el secuestro de Illanes, se contuvo a la policía en espera de resolver la situación obedeciendo el protocolo de la ONU que establece que en caso de secuestro se debe priorizar la negociación y el repliegue, antes de la intervención violenta.

El conflicto con los cooperativistas llegó a disolverse gracias a la reacción de la población boliviana en contra del crimen. La indignación de la ciudadanía llevó a demandar la reversión de las concesiones a los cooperativistas, bajo la consciencia generalizada de que los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos y no sólo a un sector.

Ante el trágico desenlace, el gobierno, afianzado por el apoyo ciudadano, la COMIBOL, la COB, los dirigentes cocaleros, etc., adoptó medidas que respondieron a la demanda de nacionalización de las cooperativas, única solución a largo plazo. El Estado aprobó entonces cinco Decretos Supremos, señalados a continuación.

El primer decreto básicamente revierte a dominio del Estado las áreas sobre las que se suscribieron contratos a riesgo compartido entre mineras cooperativistas y empresas privadas. El segundo decreto, otorga la facultad al Ministerio de Minería para revertir áreas de cooperativas mineras que no tengan actividad. La tercera medida estipula el control y la fiscalización de todas las cooperativas mineras del país, verificando el número de asociados, la entrega de información del volumen y del valor de la producción. La fiscalización verificará también si la distribución de los ingresos por gestión es equitativa.

El cuarto decreto señala que todos los trabajadores que prestan servicios a cooperativas mineras, y no sólo los socios, deben ser protegidos por la Ley General del Trabajo y el Seguro de Salud. El quinto decreto aprobado en Gabinete estableció la prohibición del uso o la tenencia de explosivos durante movilizaciones sociales públicas, quebrar tal disposición conllevaría una figura penal criminalizada, remitiendo al artículo 211 del Código Penal, sancionada de 1 a 4 años de cárcel.

El conflicto tuvo el lamentable saldo de 5 personas muertas, 4 mineros cooperativistas y del Viceministro4. Como bolivianos no podemos estar de acuerdo con las 5 muertes del conflicto, todas merecen ser investigadas a profundidad y deben ser establecidos los responsables de cada una de ellas. Nos indignamos por la crueldad y sadismo de la muerte del Viceministro Illanes y porque los dirigentes responsables estuvieron junto a él todo el tiempo, sin generar ningún tipo de defensa sobre su integridad.

En el caso de la muerte de Freddy Ambrosio la causa de su deceso fue la manipulación de dinamita, con relación a la muerte de los otros tres cooperativistas mineros, el Ministerio Público desarrolla la reconstrucción de los hechos, el levantamiento de pruebas y todas las diligencias que esclarezcan las causas y los responsables. En el caso del Viceministro Illanes, se estableció un cuadro de 17 personas vinculadas en el asesinato, de las cuales, 10 están encarcelados y 7 se encuentran prófugos5.
Con relación a los responsables de la conspiración, las investigaciones pudieron establecer que entre el grupo de los ideólogos están Jaime Zambrana, Freddy Ontiveros, Roberto Carlo Durán y Ramiro Paredes, quien fue vocal del TSE. En la conducción política del sector están responsabilizados Carlos Mamani, Agustín Choque (ambos también están entre los vinculados con la muerte de Illanes) Federico Escóbar, Feliciano Mamani y Albino García.

6. Algunas perspectivas a manera de conclusión

A partir del conflicto generamos las siguientes reflexiones:

Las transnacionales generaron una estrategia militar o golpe blando en el contexto nacional a finalidad de recuperar hegemonía en el continente. La retoma de nuestros recursos naturales y la sobre explotación del pueblo boliviano permitiría a estas entidades resolver la profunda crisis económica que las embarga. El imperialismo va a impulsar el conflicto continuo que debilite el Proceso de Cambio y promueva el derrocamiento del gobierno.

Se hace cada vez más evidente que existe una permanente injerencia extranjera por parte de las transnacionales, quienes asesoran, financian y promueven conflictos para debilitar la gestión gubernamental.

Existen sectores minoritarios ligados a las transnacionales que buscan un empoderamiento político a finalidad de evadir las regulaciones gubernamentales e incrementar así su capacidad de enriquecimiento en detrimento del bien común. Es necesario buscar el derrocamiento de los actores que promueven demandas sectoriales, regionales buscando una espiral de conflictos que progresivamente desgastan al gobierno.

Los sectores capitalistas y al servicio del imperio siguen una campaña de desprestigio contralas autoridades, en base a calumnias e invenciones que los desacrediten y les restan popularidad. La perspectiva de la derecha, la oposición y las transnacionales, es la de intentar por diversos medios generar una base social adversa al gobierno para defenestrarlo. El imperialismo necesita recuperar su hegemonía en América Latina para sobrevivir y salvar su crisis.

Nosotros como país, con el Proceso de Cambio y el modelo económico exitoso que hemos implementado, abrimos la posibilidad de que Bolivia se convierta en un polo energético continental. Un gobierno de indios y trabajadores está demostrando al mundo que se puede hacer crecer un país con honestidad y eficiencia, con una distribución más equitativa de las riquezas y con la recuperación de la dignidad.

En otras palabras, nuestro destino puede seguir dos caminos. El primero, avanzar en la construcción del Socialismo Comunitario y del Vivir Bien, destruyendo el capitalismo. O el segundo, que el imperialismo y sus aliados internos logren defenestrar al gobierno e impidan que el socialismo comunitario se afiance en Bolivia.

Ambas fuerzas, ellos y nosotros, no podemos más que luchar para vencer, es una contradicción definitiva en la que se juega todo. Es necesario tomar una posición, definir de qué lado se está en la construcción general y en cada batalla, por eso, es una verdad profunda cuando el Presidente Evo Morales dice: “Patria o muerte (…) venceremos!!!”.

Fuentes primarias:

– Constitución Política del Estado C.P.E. Edición distribuida por Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2010.
– Ley No. 535 de Minería y Metalurgia del 19 de mayo del 2014.
– Ley No. 356 General de Cooperativas del 11 de abril del 2013.

Referencias bibliográficas:

– Chomsky Noam. Artículo “¿De qué manera los grupos mediáticos pusieron a Macri como Presidente?”, 10 Febrero 2016 en Nac&Pop-Red Nacional y Popular de Noticias.
– Córdova Eguívar Héctor. Exposición: “Cooperativas, cooperativismo y realidad” en el Conversatorio: “Demandas de los Cooperativistas y Acciones Estatales” en Vicepresidencia del Estado, 28 de septiembre del 2016.
– García Néstor Iturbe editor del boletín electrónico: “EL Heraldo” (Cuba) sarahnes@cubarte.cult.cu.
– Puente Rafael. Artículo-exposición: “En memoria de Rodolfo Illanes”, 06 de septiembre del 2016 en Escuela de Formación Política.
– Rada Alfredo. Artículo-exposición: “El mayor avance de los derechos laborales en una década”, 06 de septiembre del 2016 en Escuela de Formación Política.ç

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Ximena Centellas Rojas

Revolucionaria desde los 14 años, mujer luchadora por nuestra emancipación, militante del Socialismo Comunitario en Bolivia, e internacionalista.

Dirigente universitaria, miembro del Comité de Defensa del Salar de Uyuni, Graduada de la Escuela Julio Antonio Mella de Cuba, Directora de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, Coordinadora de la Escuela Nacional de Formación Política del MAS-IPSP, Coordinadora del Instituto para la Democracia Intercultural IDI del Tribunal Supremo Electoral y actualmente Jefe de Redes de Conocimiento Internacional de la Vicepresidencia.


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