Historia y Revolución:

El movimiento minero en la historia política (1900-1946)

Luis Oporto Ordóñez
Publicado en febrero 2018 en La Migraña 25
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Las masacres, constante en la historia del movimiento obrero

Las luchas por las 8 horas de trabajo llegaron a Bolivia en el Siglo XX, ligadas a la lucha por el derecho de organización, como se observa en incipientes organizaciones mineras en Portugalete, Huanchaca y la Compañía Llallagua. Al igual que en Chicago, la respuesta fue la represión. La primera masacre se realizó en Uncía, julio de 1918. La segunda masacre se produjo en la misma ciudad, en septiembre de 1919. La tercera masacre, en marzo de 1923. La lucha obrera tuvo en el primer convenio laboral por las ocho horas de trabajo, entre la Empresa Minera “El Porvenir” de propiedad de Simón I Patiño y sus trabajadores, su punto más alto de tensión. Como se puede ver, las masacres, entendidas como parte integral del método coercitivo para aplastar las protestas sociales, fueron empleadas por las empresas mineras capitalistas, desde principios del siglo XX de forma sistemática.

En julio de 1918 los trabajadores de “La Salvadora” reclamaron sueldos sin abonar. Obreros de Socavón Patiño y Callapería, de la Empresa La Salvadora de Simón I. Patiño, “(…) cansados de soportar vejámenes y ultrajes formularon su reclamo del pago de haberes que no les fueron abonados íntegramente en ese mes; la tarde de un sábado la respuesta a esta hecho fue la represión violenta, ordenada por el Jefe de Punta un tal José Soruco (alias “El Rosco”) armado de un nervio,1 lo que motivó el levantamiento y consiguiente indignación de estos obreros, que apedrearon y asaltaron la Pulpería y la Caja, hecho que fue puesto en conocimiento del entonces Gerente Don Máximo Nava. Éste en compañía de los empleados y de sus guardias blancos armados de carabinas y pistolas, subieron a la mina donde ocurrió el suceso (…). [Máximo Nava], “victimó personalmente a un Chivato y [su Guardia] varios obreros”. (Solís, 1944: 6). Los trabajadores se defendieron con “una especie de bomba casera en tarros de conservas y en botellas”, preparada a base de dinamita, haciendo volar los techos del Ingenio, desatándose un tiroteo con el saldo de un muerto en la hueste de Nava (el mecánico Ayala del Ingenio) y varios obreros heridos. Nava regresó a La Salvadora e informó al apoderado de Patiño, Arturo Loayza, quien consiguió –con aval del Presidente de la República José Gutiérrez Guerra—el despacho urgente de un Regimiento de Infantería, cuyo comandante “con la misión de resguardar los intereses de la Empresa, apresó, fustigó y persiguió a los cabecillas de los obreros”. (Soliz, 1944: 6).

La lucha por la jornada de 8 horas

La segunda masacre ocurrió en septiembre de 1919, ocasión en la que se reivindicó las ocho horas de trabajo. A raíz de las acciones de Emilio Díaz (alias “El Tigrillo”) Administrador de la Compañía Estañífera Llallagua, quien siguiendo consejos de Nava “comenzó a presionar a sus obreros imponiendo reglas, rebajando jornales y precios a los contratistas”, generando la protesta obrera que solicitó su “arreglo” y retiro. Trabajadores de Cancañiri, Azul, Blanca y otras secciones bajaron a la Administración de Catavi “donde fueron recibidos por Díaz y sus secuaces a bala”, victimando a obreros. Muchos cadáveres desaparecieron y otros “convertidos en humo en los hornos de calcinación del Ingenio Catavi”. Díaz solicitó un Regimiento que resguarde sus intereses mediante apresamientos y confinamientos.

Ante esa situación, en una acalorada asamblea general, dirigida por Manuel Pareja Abecia, el 13 de noviembre de 1919, “los trabajadores de la mina y del ingenio de Huanuni, aprueban un pliego de peticiones, en el que se fija la jornada de ocho horas de trabajo como máximo”, con la declaratoria de huelga general. La empresa condiciona realizar el diálogo en Oruro ofreciendo tren para el traslado de los dirigentes pero los obreros deciden cubrir el trayecto a pie, desde la Plaza de Huanuni hasta la Casa de Simón I. Patiño, “escoltados largo trecho por mineros armados de fusiles y cartuchos de dinamita”. (Barcelli, 2015: 77) El conflicto se prolonga por 54 días, desde el 17 de noviembre de 1919 hasta el 20 de enero de 1920, con la firma del “Acta de Compromiso” entre la Compañía Minera Porvenir y los delegados de los trabajadores, con la presencia del prefecto del departamento.

El pliego de peticiones del Sindicato de Trabajadores “El Porvenir”, se expresaba en siete puntos:

“a) Reducción de la jornada de trabajo a ocho horas; b) elevación de los salarios en una proporción de 10 a 15%; c) Supresión de las multas; d) Supresión de los descuentos de beneficencia, debiendo correr los gastos que ella demanda por cuenta de la empresa; e) Fijación de una cuota mortuoria correspondiente a los salarios de un año para los obreros y empleados que fallecen como consecuencia de accidentes de trabajo; g) mejoramiento de las habitaciones”2.

El acuerdo firmado el 10 de enero de 1920 puso en vigencia un régimen laboral de insospechado alcance, al implantar la jornada de ocho horas y los turnos en tres puntas; aumento salarial; régimen de accidentes de trabajo; gastos de entierro por causas naturales y de accidentes de trabajo; mejoramiento de viviendas de los campamentos mineros; supresión de multas por el “San Lunes” y pago de doble jornal en domingos de quincena, así como las horas extras de trabajo; preferencia en la contratación de nacionales en puestos superiores y contratas de corrida”; trabajo de menores de catorce años y el trabajo de mujeres; previa notificación de retiro e indemnización por retiro forzoso y pensión por enfermedad profesional o accidente de trabajo.

Los términos del convenio redactados por Manuel Pareja Abecia, se convirtieron en la base para el derecho social boliviano. Su efecto fue devastador para la gran minería, pues se constituyó en plataforma de reivindicaciones sociales que se implantaron de forma gradual –masacres mediante–por dos leyes nacionales promulgadas por Bautista Saavedra: la Ley de ocho horas de trabajo para empleados de comercio y otras industrias y la Ley de Accidentes e Indemnizaciones. (Paredes Pareja, S. y C.: 2016).

La primera organización sindical minera

Los antecedentes de organización gremial en Bolivia se extienden al siglo XIX. Es así que el gremio de carpinteros de Sucre (1853) y La Paz (1854) se organizan en Sociedades de Socorro Mutuo y Beneficencia entre 1871 y 1920. Otro hito importante corresponde a 1913 con la fundación de la Sociedad de Empleados de Comercio al que se adscriben los trabajadores de la industria minera. (Chuquimia, 2013: 87, 175 y ss).

Los trabajadores decidieron fundar la Federación Obrera Central de Uncía (FOCU), eligiendo a su directiva, con el fin de lograr entendimiento con las empresas para el normal desenvolvimiento de sus actividades y evitar la represión.3 Los industriales veían en la FOCU un peligro para sus empresas optando por el uso de la fuerza para disolverla, reiterando que estaba abolido el derecho de reunión o asociación en sus minas, generando desde marzo de 1923 una pugna con los trabajadores. Una manifestación de protesta del 1° de mayo, organizada por la FOCU mostró su potencialidad, hecho que alarmó al Gerente de La Salvadora, Francisco Blieck y Emilio Díaz, quien planteó, en reunión secreta con Blieck: “Hay que contrarrestar. Hay que matar al monstruo al nacer no más todavía. Para conseguir la disolución de ésa Federación no importa gastar y gastaremos con gusto”. (Rivera López, 1967: 32 y ss.). Se impulsó el divisionismo con la creación de la Unión de los Obreros de Llallagua, compuesta “por elementos de trabajo más salientes [que] viven en el Cantón Llallagua y laboran en la Compañía, con un personal de 2.500 hombres”, implantó medidas restrictivas para salarios y jornales y un incremento de precios en las pulperías.4 La UOL trató de deslegitimar a la FOCU, afirmando que los trabajadores de la Compañía “ganamos altos jornales, gozamos de bienestar y comodidades, [y] no podemos entregar nuestros intereses a tinterillos, peluqueros, zapateros, tipógrafos y sastres de pueblo, que ganan mucho menos que nosotros y que hacen la vida de miseria debido a su misma ineptitud”. (Rivera López, 1967: 38).

Ante el rechazo patronal a su petitorio, la FOCU “decretó la huelga o paro general de sus labores previa notificación reglamentaria, la que duró de tres a cuatro días”. Los Gerentes, gracias a Arturo Loayza, “sombra fatídica del obrerismo”, lograron la autorización del Presidente Bautista Saavedra, para destacar los Regimientos “Abaroa” de Caballería comandado por el Tcnl. J.V. Ayoroa (alias “El Cartón Leva”) y “Campero”, 5° de Infantería al mando del Tcnl. Villegas (alias el “K’olu Ningri”) y “pusieron en ejecución aquel plan siniestro”. Los militares apresaron a la directiva de la FOCU, cuando se encontraban en Asamblea en el Teatro Municipal, con la orden de desterrarlos. Los obreros “en tumulto se apersonaron a las autoridades que entonces asumieron los Comandantes de Regimiento (…) demandando libertad de sus dirigentes”. Los militares respondieron con balas de fogueo primero y luego “con proyectiles de guerra que dispararon desde el Hotel Francia, ubicado en la Plazuela Alonso de Ibáñez”, acribillando más de un centenar de obreros, mujeres y niños, la noche del 4 de junio de 1923. “Los cadáveres de sus víctimas de esta hecatombe sangrienta fueron transportados en carretas de la Empresa al Cementerio y abandonados a medio enterrar… otros fueron también trasladados al Ingenio Miraflores, para consumirlos en humo en sus potentes Hornos de Calcinación” (Soliz, 1944: 13-14), relata Alberto Molina Aguilar, Secretario General de la FOCU, quien “ha visto ocularmente la masacre de Uncía del 23 de junio de 1923”. (Soliz, 1944: 13-14).

Las primeras conclusiones que arroja el análisis de este periodo es que, de la misma manera que sucedió en EEUU, tras generalizarse la conquista laboral en la década del 50, las empresas de la Compañía Aramayo de Minas no ejecutaron tal medida, como lo establece Julio Calla Vargas (2010) en su estudio sobre las ocho horas de trabajo.

A partir de los hechos de 1918 y 1919, se establece que ambas empresas coordinaban sus actuaciones para rechazar los reclamos obreros y coartar sus derechos sociales y políticos, prohibiendo conformar “agrupaciones autónomas o federaciones sin la venia o intervención de los personeros de estas empresas”. (Soliz, 1944: 10).

Arturo Borda y la situación de las minas de 1927

El 19 de enero de 1924, Bautista Saavedra promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo, el 25 de enero promulga la ley de Ahorro Obrero Obligatorio y el 17 de noviembre de 1924 la ley de las 8 horas de trabajo en el comercio y las minas, con lo que cambia la dramática situación de los trabajadores mineros.

Sin embargo, Arturo Borda denuncia que la mayoría de las empresas no dieron cumplimiento a esas disposiciones y el Ahorro Obrero era escamoteado por los industriales, ante la incapacidad manifiesta del Gobierno de imponer la ley, debido a que inspectores y subprefectos fueron rápidamente cooptados por los industriales. Ante ese panorama el presidente Hernando Siles solicita al genial pintor socialista, un informe oficial, “acerca de la ineficacia de la Legislación del Trabajo, respecto al proletariado nacional”, que se convirtió, por deseo íntimo del autor, en denuncia pública sobre las condiciones de trabajo y seguridad industrial en las minas de Bolivia, publicado con el título de A los trabajadores de Bolivia (La Paz, Imp. Artística) en 1927.
El célebre artista visitó los centros mineros del sur para observar la situación de los trabajadores mineros y concluyó su trabajo el 14 de febrero de 1927, entregando su Informe al Presidente Siles. En sus conclusiones afirma que “la ley de accidentes e indemnizaciones, es letra muerta fuera de un radio inmediato a las capitales de Oruro y La Paz, de manera que en las industrias distantes, especialmente mineras, es como si no existiera, tanto por el interés de las empresas como por la ignorancia de los trabajadores acerca de las garantías que la ley les otorga”. Borda constata que las empresas “se encuentran interesadas en mantener esa ignorancia y los obreros se hallan empeñados en conquistar algún alivio a sus miserias”. Enfatiza que la solución al drama de los trabajadores mineros es la obligatoriedad del Ahorro Obrero, y la obligatoriedad de las empresas de contratar seguros que cubran accidentes. Los testimonios muestran de manera descarnada la dramática situación de los trabajadores y sus familias y que pese a la vigencia de la Ley de Accidentes e Indemnizaciones, las empresas incumplían con la aquiescencia de venales funcionarios de la Oficina Central de Trabajo.

El informe está contenido en 28 puntos, que tratan diversos temas relacionados con la seguridad industrial, pero que se extiende de manera sutil al ahorro obrero y a los depósitos de las cuentas de accidentes a los bancos de la época, mecanismo ideal para evadir responsabilidades económicas de los industriales hacia los trabajadores. Los temas que trata el informe de Arturo Borda son:

“Efectos del uso de Chicharras con las que los trabajadores taladran las minas; Trabajo infantil y Trabajo de mujeres; Horas de trabajo; Salario mínimo; Servicio militar; Trabajadores ocasionales; Servicios médicos; Agua potable; Casas edificaciones; Casas de los trabajadores; Ley del sufragio; Toma de las vías públicas por las empresas; Contratos de trabajo; Sueldos y salarios; Situación de contratistas y jornaleros; Retiros; Rescatadores de mineral; Difusión de la Legislación del Trabajo; Libertad de denuncia de accidentes; Indemnización por muerte del trabajador; Multas; Paros de trabajadores; Investigaciones de accidentes; Independencia de inspectores; Señales de puntos de peligro; Escuelas; Educación; y la Responsabilidad de los contratistas por accidentes”.

El informe muestra de manera abierta y sin tapujos, el cruel sistema de trabajo empleado por los Barones del Estaño, en su afán de enriquecimiento, despreciando la vida humana y sometiendo a sus trabajadores a horarios laborales extremos de 24 y 36 horas. Para fundamentar su implacable denuncia, enumera 18 casos de infracciones a la Ley –por parte de las empresas– trágicos sucesos que grafican las condiciones de trabajo y el riesgo de perder la vida en cada jornada:

“murió asfixiado Sierps y a su familia no le dieron nada en Siete Suyos”, “otro obrero apretado por el tojo –derrumbe—y su familia tampoco recibió nada”; “A Basilio Zuriabe lo retiraron sin motivo de Oploca, sin pases ni desahucio”, “de la misma Oploca retiraron a más de cuarenta trabajadores, cada uno con diez y doce años de servicios, sin que tampoco hayan recibido ni un centavo en ningún concepto”; “por Saturnino Altamirano que murió con hernia doble, a su familia solo dieron cien bolivianos”; “en Oploca Tomás Moreira perdió la vista del ojo izquierdo a consecuencia de un tiro de dinamita, sin que por ellos obtuviera indemnización alguna, y más bien lo retiraron hasta sin desahucio”, “a Francisco Borjes, quemado en Río Blanco, no le dieron nada”, y el rosario continúa.

La denuncia pública

Los testimonios convierten al informe en una denuncia pública, descarnada, sin concesiones, saliendo de los límites administrativos de esa “consultoría externa” para analizar la aplicación de la Ley de Accidentes e Indemnizaciones, al ser éstas burladas por las empresas mineras. Su objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores mineros. Incisivo, Borda que nada tiene que perder, denuncia que:

“las empresas no dan cumplimiento a la ley, y el obrero debe resignarse, aun conociendo que la ley le protege (…) En la pavorosa disyuntiva que a cada paso se le abre, no le queda derecho alguno de elección. Debe callar y sufrir. La ley es para él algo intangible e irreal, cuya eficacia ni se halla al alcance de sus manos ni va con oportunidad en su ayuda, entonces, como alguien debe hablar por ellos, lo hago ante usted, señor Presidente de la República”.

No obstante, tal es la situación de desconfianza de lo que el gobierno podría hacer con su informe presionado por el Superestado minero, que Borda preparó una versión destinada a su publicación, como estrategia premeditada para que el mismo sea de conocimiento de la clase obrera, quizá con la sospecha íntima que el informe oficial, presentado al Presidente, fuera archivado por los mandos medios. Con la ironía que caracterizó su accionar público, Arturo Borda manda imprimir en la contratapa de su modesta publicación un sugerente aviso:

“Se ruega a los compañeros que después de leer [han de] circular este folleto; pues es muy posible que las empresas traten de hacer secuestrar este informe, porque no les conviene que los trabajadores sepan del amparo que la ley otorga a sus derechos”.

Eso explica que el histórico informe esté dirigido “A los trabajadores de Bolivia”.

Arturo Borda recomienda al presidente H. Siles “que sustente la reforma y ampliación de la Legislación del Trabajo, mediante decretos”, aspecto que el presidente tomó en cuenta, pues de las de 33 disposiciones legales en temas laborales y de previsión social aprobadas durante su gobierno, en 27 que se promulgan desde el 18 de abril de 1928 se observa la influencia del informe de Arturo Borda en la profundización de la legislación obrera, por la vía de decretos supremos, que Siles no pudo consolidar debido a su derrocamiento por una Junta Militar.

El poder del Superestado minero, detentado por los tres Barones del Estaño, impuso su visión, aunque la debacle estaba a la vuelta de la esquina. El informe de Arturo Borda muestra la íntima convicción del gobierno constitucional del Dr. Hernán Siles sobre el triste destino de la clase obrera y expresa su genuino deseo de limitar la influencia de las empresas mineras, erigidas en un Superestado, denuncia valiente que hace pública Arturo Borda.

La estrategia para aplastar al movimiento obrero minero

Los mineros privados imponen al Gobierno una estrategia para aplastar al movimiento minero, financiando las masacres, el apresamiento, exilio, destierro y expulsión de los militantes comunistas de las minas. Se puede afirmar que la partida de “Gastos Reservados” destinada a la represión, se origina a principios del siglo XX. La nefasta estrategia patronal de 1923, planeada por la empresa de Simón I. Patiño y la Compañía Estañífera de Llallagua de capitalistas chilenos, será aplicada en el futuro con éxito:

  1. Alianza de las empresas con el Gobierno: las empresas capitalistas reclutaron grupos influyentes dentro del Estado, que sirvieron a los intereses empresariales. Abogados, políticos, diputados, senadores, ministros, formaron un consorcio denominado “La Rosca”, que legisló a favor de las empresas y detuvo iniciativas a favor de los obreros; influyó ante los presidentes para que autorizaran el envío de tropas militares para sofocar las manifestaciones sociales.
  2. Propugnar el paralelismo sindical: las empresas reclutaron, de manera coercitiva a grupos de trabajadores para crear sindicatos paralelos, reconocidos por los patrones, dividiendo a la clase obrera.
  3. Usar la fuerza armada para la represión (masacre cruenta). El uso de las fuerzas militares fue una constante en las minas bolivianas. Las empresas cubrían los gastos de traslado (usaban el tren de Patiño), alimentación (pagaban los alimentos de los oficiales y las tropas), estadía (dispusieron ambientes para el vivac y posteriormente construyeron cuarteles), munición y logística (pagaron el costo del parque empleado en las represiones y facilitaron las comunicaciones desde las empresas).
  4. Declarar “zonas militares” a los centros mineros. El expediente de declarar zona militar era el mecanismo legal para traspasar la autoridad a los mandos castrenses, así como las responsabilidades políticas de las masacres.
  5. Despido selectivo de dirigentes sindicales (masacre blanca). Consumada la masacre y asumida la autoridad por los militares, las empresas pasaban a identificar a los elementos “disociadores” y “agitadores sociales”, instruyendo su despido, lo que significaba dejar el campamento en plazo perentorio. Muchas veces los dirigentes optaban por entrar en la clandestinidad, lo que provocaba la reacción de la empresa contra su familia, a la que se le expulsaba hasta Oruro, pagando la liquidación y otros beneficios.
  6. Destierro, exilio y desaparición de dirigentes mineros. Las fuerzas militares apresaban a los dirigentes, ubicándolos en sus domicilios, implantando en las zonas militares el “toque de queda”. Los dirigentes eran trasladados a casas de seguridad y sacados fuera del campamento en horas de la noche, con la complicidad de la Policía y apoyados por la fuerza parapolicial de serenos que cumplían esa misión. Muchos eran enviados directamente al exilio y la mayoría eran desterrados a zonas tropicales en el Oriente, la Amazonía o el Chaco, o en su defecto a zonas extremadamente gélidas en el altiplano.
  7. Expulsión del distrito y creación de las “Listas Negras”. Los dirigentes sindicales eran incluido en “Listas Negras” y expulsados de manera directa de los campamentos y centros industriales. Se impuso el peregrinaje minero por las ciudades en busca de trabajo con serias dificultades para encontrar trabajo en las empresas textileras y manufactureras a cuyas gerencias eran remitidas las “Listas Negras”. Esto forzó a los trabajadores a cambiar de identidad.

La Convención de 1938

Germán Busch, es uno de esos jóvenes patriotas que tomó el poder derrocando a su antiguo protector, el Gral. David Toro. Llegó a Palacio de Gobierno decidido a servir a su patria. Convocó a la Convención Nacional de ese año, que legitimó su investidura, eligiéndolo Presidente Constitucional y sancionar una nueva constitución.

Los convencionales de ese histórico congreso,5 sancionaron la Constitución que introdujo, por primera vez en la historia de Bolivia, el Régimen Económico Financiero del Estado, que debía responder “esencialmente a los principios de justicia social, que tiendan a asegurar una existencia digna del ser humano”. En su Art. 107, declara como “dominio originario del Estado (…) todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico”; consagra la potestad del Estado para “regular el ejercicio del comercio y de la industria, asumir la dirección superior de la economía nacional”; prescribía que “la exportación del petróleo de propiedad fiscal o particular, se hará por intermedio del Estado o de una entidad que lo represente”; ordenaba que “todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país, se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la república”, y finalmente, como broche de oro, el Estado reconocía y garantizaba “la existencia legal de las comunidades indígenas y el fomento de la educación del campesino mediante núcleos escolares indígenas”.

La Constitución de 1938 sentó las bases de la futura revolución democrática y social. Marca el inicio de una larga batalla por recuperar el derecho de los bolivianos a explotar sus recursos naturales, vivir con dignidad y reconocer los derechos de los campesinos. La medida concitó apoyo popular, pero al mismo tiempo, rechazo de la gran minería y la oligarquía feudal-latifundista y mercantil, que había construido con esmero desde 1825 un régimen entreguista y servil, por ello la misma noche del 28 de octubre en que el “Camba” Busch promulgó el texto constitucional, decretó la guerra a muerte a su gobierno. El 23 de agosto de 1939, el joven militar aparecía muerto, aparentemente por mano propia en acto suicida. La tranquilidad había vuelto al seno de la vieja clase dominante que impuso de inmediato una Junta de Gobierno presidida por el Gral. Carlos Quintanilla.

La “Rosca” toma la revancha

Más tarde, el 21 de diciembre de 1942, el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda instruye la cruenta, torpe y salvaje masacre minera de Catavi, que a la postre provocará su caída, a manos otro militar patriota, Gualberto Villarroel, que retoma la línea de Busch, el 20 de diciembre de 1943.

El sindicalismo revolucionario se fortalece como resultado de las masacres perpetradas por el ejército boliviano en las minas en ese fatídico 1942. Durante el gobierno de Gualberto Villarroel, se convoca al congreso nacional minero del 11 al 13 de junio, en Huanuni (Oruro), con la participación de delegados de 19 sindicatos, (Rodríguez, 1991: 124) gran parte de ellos afiliados al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y al Partido Obrero Revolucionario (POR). El Congreso Minero de Huanuni funda la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), el 11 de junio de 1944, configurando un poderoso sindicato con 60,000 mineros afiliados. Juan Lechín Oquendo, miembro del MNR, fue elegido como su primer Secretario Ejecutivo, lo que vendría a ser “una dirección sindical digitada por el aparato burocrático del movimientismo” (Rodríguez, 1991: 124), que se evidencia en el apoyo explícito del gobierno que envió a su ministro de Trabajo a la inauguración el Primer Congreso Nacional Minero, ocasión en la que el Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social, Víctor Andrade “llevó un saludo del gobierno y explicó los alcances de la política social y el deseo ferviente de que mejoren las condiciones del trabajador boliviano”6.
Sin embargo, rápidamente la FSTMB mostró su independencia política, con identidad propia, en gran medida a raíz de “la alianza del trotskista POR con la fracción lechinista, establecida desde mediados de 1945” (Rodríguez, 1991: 125). En el Congreso Minero del 8 de noviembre de 1946, la FSTMB aprobó la “Tesis Central de la FSTMB”, conocida en la historia política como “Tesis de Pulacayo”, mediante la que convoca a una revolución obrera, propugna la nacionalización de las minas, caracteriza a Bolivia como un país capitalista atrasado, identifica al proletariado como la clase social revolucionaria y a los mineros como su vanguardia en todo el país, propugna la revolución socialista, impulsa la transformación de la revolución burguesa en socialista (Revolución Permanente), la lucha contra el capital financiero internacional, la ocupación de las minas, el armamento de los trabajadores, la escala móvil salarial, el establecimiento de la jornada de 40 horas, el contrato colectivo, la independencia sindical7. La línea maestra de la Tesis es: “aplastar a la clase dominante mediante la revolución”. (Zelada, 2013: 157, 160-162).

Por otro lado, organizó un brazo político, el Bloque Minero Parlamentario, que participó en las elecciones de mayo de 1947, logrando llevar al congreso 10 parlamentarios8, tomó como programa la Tesis de Pulacayo bajo la dirección política del POR, con la consigna de “subordinar su actuación a la acción directa de masas y convertir el Legislativo en tribuna revolucionaria a fin de poder propagar la ideología proletaria” (Zelada, 2013: 169). Al interior del Congreso el BPM se caracterizó por su posición crítica, generando rechazo de los sectores conservadores, mayoritario en el cuerpo parlamentario, que los calificó como “agitadores”, siendo objeto de acusaciones y procesos, que culminó con su licenciamiento formal. En un análisis autocrítico, Lora (1980) afirma que “la táctica parlamentaria fue inoportunamente aplicada, pues contribuyó, en alguna manera, con aletargar a la mayoría nacional. Sin embargo, la actuación del Bloque Minero Parlamentario puede considerarse como un modelo de la conducta que deben observar los marxistas en este plano. Estas conclusiones no pueden aplicarse a los dirigentes sindicales que permanecían, abierta o solapadamente, fieles al MNR, pues para ellos lo más importante era poner a salvo el pellejo y permanecer agazapados momentáneamente”.
En su estertor de agonía, la oligarquía se ensaña contra el presidente militar, usando su poder económico y el favor de la “rosca”, logra la adhesión del PIR, el PURS y las organizaciones universitarias con las que toma por la fuerza Palacio, asesina al presidente y martiriza su inerte humanidad, colgándolo de un farol de la Plaza Murillo, el 21 de julio de 1946. Sin embargo, el viejo régimen herido de muerte, inicia su cuenta regresiva, con un amago de guerra civil en 1949, y la urgente convocatoria a elecciones en 1951, en las que triunfa inesperadamente la fórmula del Movimiento Nacionalista Revolucionario, liderado por Víctor Paz, Hernán Siles, con el 42.91% de los votos. En una torpe reacción, el presidente Mamerto Urriolagoitia dimite el poder a favor del Gral. Hugo Ballivián Rojas, con el consecuente apresamiento y destierro de la dirigencia ‘movimientista’, que no obstante se rearticula y planifica un golpe de mano con la complicidad del Gral. Seleme, Ministro del Interior.

Bibliografía

  • Cámara de Diputados (1948): Anuario Legislativo 1947. La Paz, Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados.
  • Barcelli, A. (2015): Medio siglo de luchas sindicales revolucionarias en Bolivia. La Paz, Biblioteca Laboral.
  • Borda, A. (927): A los trabajadores de Bolivia. La Paz, Imp. Artística.
  • Calla Vargas, J. (2010): Aplicación de la jornada laboral de las 8 horas en la Minería Boliviana. La Paz: Centro de Estudios de Desarrollo Laboral, 2010.
  • Chuquimia, F. (2013): Las sociedades de Socorros Mutuos y Beneficencia en La Paz, 1883-1920. La Paz, CEPAAA.
  • Lora, G. (1980): “El Bloque Minero Parlamentario”, en Historia del Movimiento Obrero, La Paz, Los Amigos del Libro. Tomo 4, Capítulo VIII.
  • Paredes Pareja, S. y C.: Reescribiendo la historia: Manuel Pareja Abecia pionero de la jornada de ocho horas de trabajo en Bolivia-Huanuni; máximo líder sindical minero (1914-1920). La Paz, Cedla.
  • Rodríguez Ostria, G. (1991): El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros. Siglos XIX-XX. La Paz, ILDIS.
  • Solís G., R. (1944): Masacres Obreras en Bolivia. La Paz, Libertad, 1944.
  • Zelada Bilbao, F. (Comp.) (2013): Historia del Movimiento Obrero Boliviano (100 años de verdadera historia). Resumen de cuatro tomos de Guillermo Lora. La Paz, Artes Gráficas STS.

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Luis Oporto Ordóñez

Magister Scientiarum, en Historias Andinas y amazónicas. Estudió Archivística en la Escuela Nacional de Documentalistas de Madrid (España). Docente titular de la Carrera de Historia de la UMSA. Jefe de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente del Comité Regional de América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo de la Unesco-Mowlac (2017-2019). Miembro del Consejo Asesor del Congreso de Archivología del Mercosur (CAM). Fundador y miembro del Comité Permanente del Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (EBAM). Fue investigador visitante en Smithsonian Institution (Washington DC, EEUU) y en el Museé de l’Homme de París (Francia). Es autor de Guardianes de la Memoria: Diccionario Biográfico de Archivistas de Bolivia (2016), Uncía y Llallagua. Empresa minera capitalista y apropiación real del espacio, 1900-1935 (2007), Archivos Militares de Bolivia. Historia y tratamiento archivístico (2011), Historia de la Archivística Boliviana (2006), Legislación Archivística de Bolivia (2006), Las Mujeres en la historia de Bolivia. Imágenes y realidades 1900-1950 (2001).