El nuevo tejido social que conecta el país

Juan Manuel Arbona, María Elena Canedo, Carmen Medeiros, Nico Tassi.
Publicado en Noviembre 2016 en La Migraña 19
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Desde la constitución de la República, la estructura territorial de Bolivia ha sido concebida como un archipiélago de centros urbanos y nodos civilizados en el medio de un mar indígena salvaje, atrasado y anacrónico (Finot, 1990). Esto tomaba la forma de unas haciendas –controladas por gamonales capaces de monopolizar la propiedad de la tierra– vinculadas por medio del comercio con los centros mineros. Estas dos entidades se constituían en los nodos de un archipiélago con el monopolio político e institucional de la ley y de la fuerza (cf. Tapia, 2010), en el medio de un supuesto vacío institucional indígena. Esta estructura y lógica territorial se mantienen a lo largo del siglo xx con la conformación de unos enclaves político-económicos modernos, vinculados a la explotación de materias primas con tecnología de punta y elevada productividad que se oponen a una economía de subsistencia con precarias condiciones laborales, intensa utilización de la fuerza de trabajo e incapaz de articularse con el sector industrial por su escasos conocimientos y capacitación (Casanovas, 1988; Wanderley, 2003).

Esta estructuración territorial es la base de lo que Zavaleta definía como un Estado aparente “en la medida en que no ha sido producido desde dentro en todos los territorios del país sino que responde a solo una parte de ellos” (Tapia, 2010, p. 102). En la concepción de Zavaleta (1986), justamente este archipiélago de la modernidad política tenía las características para postularse como centro monopolizador del poder en una lógica moderna de Estado –sin embargo, incumplida. De hecho, el mismo Zavaleta (ibid.) indica que ese monopolio es quebrado por la persistencia de estructuras indígenas que responden a lógicas, culturas y propósitos políticos distintos de un Estado moderno.

En el proceso de cambio, la forma de lidiar con este Estado aparente ha sido el intento de constituir un Estado plurinacional que pudiera irradiar hacia todos los rincones del país –y de la sociedad– la conducción/construcción de un Estado fuerte (García Linera, 2012, p. 28). Este tipo de proyecto político se fundamenta en tensiones irresueltas entre el monopolio político estatal y la participación política de diferentes grupos sociales y culturas, el interés general cristalizado por el Estado y los intereses particulares de gremios populares y movimientos sociales (García Linera, 2015). En este capítulo, resaltaremos cómo la “irradiación” del Estado hacia todos los rincones del territorio se ha ido realizando paralela y complementariamente con un tejido político popular que, partiendo desde los espacios marginales y anclándose en formas e institucionalidades propias, ha ido articulando múltiples espacios, territorios y actores. Como hemos delineado ya en el capítulo anterior, este tejido ha logrado permear y moldear las formas de operación de las instituciones oficiales y generar sinergias entre espacios sociales, económicos y políticos que no lograban, supuestamente, generar articulaciones virtuosas entre sí.

La capacidad de este tejido para fundamentarse en prácticas propias, en procesos de elevada movilidad espacial y en un sistema de controles autodefinidos, sin delegar soberanía a un cuerpo político transcendente, ha permitido delinear unas prácticas capilares de penetración del territorio por medio de actores encadenados y sinergizados que han puesto en jaque una concepción de la institucionalidad oficial basada en nodos jerárquicos –gobierno central, gobernaciones, municipios– a veces con limitada coordinación entre ellos y con “huecos” en su capacidad de controlar el territorio (pnud, 2007). Las redes populares que tejen el país no solo parecen llenar los huecos entre los enclaves y el mar de economía precaria de subsistencia (Arbona et al., 2015) o entre modernos centros urbanos y regiones fronterizas alejadas, induciéndonos a pensar en otra forma de país, sino que también se proponen como una estructura portante que “como agua del mar conecta el país” (Justo Ramírez, comunicación personal, 4 de junio de 2012), desafiando así la estructura territorial histórica de un archipiélago de islas civilizadas y modernas en un mar indígena estático, tradicional y no necesario. Esta afirmación del tejido popular que se diferencia estructuralmente de la lógica organizativa e institucional del archipiélago, con sus nodos jerárquicos y esparcidos en el territorio, nos permite delinear una lógica política o, como veremos, un “proyecto” político popular con connotaciones ideológicas y territoriales inéditas.

Del archipiélago al tejido

En este último año se han acentuado, tanto en los medios de comunicación como en el mismo gobierno, las condenas enfáticas hacia las organizaciones populares, alegando que en estas anidan grandes emprendedores con intereses divergentes de la organización matriz y que buscan beneficiarse del régimen tributario simplificado para camuflar sus alcances económicos frente a las instituciones oficiales y a Impuestos Internos. Estas condenas se han traducido en intervenciones directas por parte de las autoridades de gobierno en el intento de fragmentar o, por lo menos, aislar sectores de organizaciones populares que supuestamente diluirían los intereses del “proletariado”. En junio de 2015, por ejemplo, el ministro Arce e Impuestos Internos, apoyados por una vasta campaña de prensa, intentaron intervenir en las estructuras organizativas de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (futecra) de El Alto con el fin de establecer diferentes regímenes de tributación para vendedores minoristas, mañazos (viajeros al Altiplano y Cochabamba), distribuidores de carne beniana y productores de las zonas rurales altiplánicas para así evitar una negociación única de futecra con el gobierno.

El Ministro Arce argumentaba la necesidad de separar del resto de la organización a los distribuidores alteños de carne beniana que tendrían intereses contrapuestos a los de los minoristas y pequeños revendedores de mercados, friales y puestos, lo que no permitiría a estos últimos una justa representación y negociación de sus verdaderos intereses frente al Estado. Es interesante ver cómo esta actitud entra en contradicción con los análisis de las transformaciones de las formas organizativas populares en los años 2000, cuando miembros del actual gobierno fueron pioneros en leer la recomposición de las formas organizativas populares que, a diferencia de la forma sindicato, tenían la capacidad de hacer coexistir, en una misma organización, actores –asalariados y cuentapropistas– y sectores distintos en un intento de consolidar, por medio de redes de múltiples actores, formas de control de territorios –a veces extensos– más que una representación sectorial frente al Estado (García Linera, 2005; 2008).

Futecra, a pesar de caracterizarse por los mismos problemas de liderazgo que hemos descrito en el capítulo 1, donde la afirmación de una multiplicidad de asociaciones desafía cotidianamente el rol de los líderes de profesión con trayectoria de décadas como dirigentes, se encuentra sobrepuesta a un impresionante sistema de asociaciones articuladas y actores encadenados capaces de controlar los mataderos, las rutas de distribución, los centros de aprovisionamiento, pero también el transporte y los servicios a lo largo de territorios que incluyen ciudades intermedias en el Altiplano, mercados rurales, centros de distribución en El Alto e incluso caminos vecinales en el Beni. Lo interesante es que estas redes y estos actores encadenados parecen fundamentarse en el ensanchamiento de un sistema de conexiones y articulaciones de los mañazos urbanos con la producción rural del Altiplano, desde el Perú hasta las múltiples ferias rurales tradicionalmente definidas y controladas por los linajes locales (cf. Langer, 2004). En futecra, participan mañazos, viajeros, minoristas de friales, puestos y mercados, distribuidores, además de pequeños productores altiplánicos de distintos rubros: vacunos, porcinos, ovinos, camélidos y avícolas. Es interesante porque este sistema de actores que controla las rutas de aprovisionamiento y los mataderos mantiene un flujo constante de información sobre precios y demandas, lo que permite, cotidianamente, una distribución controlada a los puestos de venta, evitando desabastecimientos así como excesos de carne que bajarían el precio del producto (Tassi, 2012).

Por medio de las articulaciones y redes –fundamentadas en los mecanismos sociales y rituales que hemos visto–, futecra logra controlar las rutas, los centros de acopio, los mataderos y la distribución de la carne desde Beni hacia La Paz –estamos hablando de la ruta de distribución de Nor Yungas. El potenciamiento de este tipo de articulación territorial ha sido políticamente estratégico para el mismo gobierno. La misma carretera del tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) estaba pensada como un nodo estratégico articulador entre Beni, Cochabamba y La Paz que permitiría puentearse a los ganaderos cruceños y a un empresariado hostil a la lógica de privilegiar la producción para el mercado interno1. Por esto, actitudes gubernamentales que, en vez de capitalizar las estructuras y redes populares existentes en el control de procesos socioeconómicos, espacios y rutas estratégicas, intentan reordenar el asociacionismo popular para hacerlo más apto a las negociaciones con el Estado, revelan una distorsión de la comprensión del país y deslegitiman la construcción de un Estado monopolizador de lo político.

A pesar de las recientes inversiones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (emapa) para dotarse de tráileres y frigoríficos y para abastecerse de carne en el Beni con el fin de desplazar al sistema de redes y controles de actores populares que contrariarían el desarrollo del país, la logística, el acopio y la distribución siguen siendo controladas por las ramas de futecra. Estos sistemas reticulares de control no solo han impedido el acceso de emapa a la carne beniana sino también, paradójicamente, han inducido a fortalecer los lazos de emapa con los operadores en Santa Cruz donde ya tiene un convenio con la mayor empresa privada de producción y comercialización de carne, la única en el país que cuenta con certificación para la exportación de carne, revirtiendo los anteriores esfuerzos del gobierno para puentearse a los ganaderos cruceños hostiles a las políticas gubernamentales; o sea que la lógica de desarrollo de la institucionalidad oficial parece delinear mayores complicidades con la lógica de los empresarios convencionales, tradicionalmente más hostiles al proceso de cambio que con el tejido sociopolítico de los mismos sectores populares –que es una instancia constitutiva del mismo proceso.

Tejiendo el norte amazónico con el resto del país

Otro espacio estratégico que nos permite visualizar este proceso de “reticularización” del país y de interconexión de espacios considerados como cultural y económicamente diferentes es el norte amazónico. La ruta del norte amazónico representa un espacio peculiar por su topografía accidentada, que combina valles interandinos, barrancos profundos y zonas aluviales que dificultan la transitabilidad y ponen a prueba los vehículos y la pericia de avezados conductores. No solo el transporte pesado brasileño está impedido de transitar en las estrechas carreteras de los Yungas, con normas sobrentendidas que prevén en ciertos tramos el cambio del sentido de circulación para que el chofer pueda mantener constantemente un ojo al precipicio; el Estado tampoco cuenta con condiciones para operar en estos espacio y, a menudo, deja la provisión de servicios, la reglamentación y los controles a lo largo de la ruta a gremios y organizaciones locales.

En los últimos años se ha ido perfilando una reorientación cultural y económica–de alguna forma, parecida a la que hemos descrito en el caso de Santa Cruz– de las regiones del norte amazónico. Después de haber sido enclaves de la producción de goma, más vinculada a la economía global que al resto del país, estas regiones se han articulado paulatinamente con los centros políticos y económicos a nivel nacional, tejiendo un interesante eje nuevo, potencialmente estratégico, para el desarrollo del país. Así, por ejemplo, en nuestra investigación encontramos que los productores de ajo de Culpina y Tarija o de los ajíes chuquisaqueños venden sus productos a viajeros alteños productores de abarrotes. Después de elaborarlos y confeccionarlos en El Alto, los mandan por medio de cooperativas de transporte pesado a las ciudades del norte amazónico, apoyándose en los servicios de gremios de mecánicos y vivanderas a lo largo de la ruta que no solo proveen servicios, sino que generan cierta institucionalidad y formas de control en aquellos espacios tradicionalmente desatendido por las instituciones oficiales.

De forma parecida, cooperativas o sindicatos de transportistas-comerciantes alteños y yungueños compran papaya y piña de los productores de Caranavi y de Alto Beni para revenderlas al por mayor no tanto en El Alto, sino en Cochabamba, Sucre y Potosí. En estas ciudades de destino, los transportistas se vinculan con otros transportistas-comerciantes: mayoristas orureños, vallegrandinos, cochabambinos que se asientan en zonas periféricas para evitar las molestias de las autoridades. Estos actores no solo se constituyen en gremios de mayoristas sino que, paulatinamente, sus parqueaderos en la periferia se van convirtiendo en centros de acopio y mercados mayoristas, vinculados a la distribución urbana y a los comerciantes locales y donde se va reproduciendo la misma estructuración por segmentos que hemos descrito anteriormente.

Estas dinámicas producen un tejido de grupos directa e indirectamente encadenados que cristalizan un nuevo eje norte-sur, perpendicular al eje tradicional este-oeste, con una capacidad de plasmar formas y lógicas urbanas, reglamentar y controlar rutas, generando constantemente nuevas institucionalidades. Por una parte, esto permite que, por ejemplo, en las ciudades del norte amazónico, tradicionalmente más vinculadas a Brasil que al resto del país, se empiece a consumir comida nacional con productos abastecidos por redes de alteños y también a escuchar morenadas y caporales. Por otra parte, se ve cómo el tejido popular logra reorientar y redefinir un tipo de país que históricamente se preocupó poco de la infraestructura socioeconómica local para concentrarse en la exportación de materias primas. Sin embargo, lo más notable es la capacidad de estos actores para generar conexiones y sinergias virtuosas entre múltiples territorios, actores y organizaciones, tejiendo redes de asociaciones y rompiendo el esquema y la estructura territorial del archipiélago y de los enclaves. Este tejido integrador genera una infraestructura física y material –mercados, carreteras, servicios– como institucional y social –normas, controles, información. De esta manera, se logra cristalizar un circuito cuyas necesidades, lógicas y características se diferencian estructuralmente de una disposición político-económica orientada a la exportación de materias primas ya que se fundamentan en recursos y normas locales.

La capacidad de las asociaciones populares articuladas para ocupar espacios, asentar presencia, encadenar servicios, controles e información generando una institucionalidad propia que permite reglamentar el acceso de actores externos–desde las empresas madereras a los transportistas brasileños–, su capacidad de “hacer país” (Perrier, 2011) bolivianizando patrones culturales y comerciales en las fronteras del norte amazónico tradicionalmente articuladas con Brasil, no pasó desapercibida por un gobierno que justamente intenta generar presencia boliviana y recuperar territorios fronterizos. El norte amazónico ha sido un espacio emblemático para entender cómo el sistema popular autonormado, en su capacidad de tejer territorios y grupos y en su sentido de tejer país, se convierte en una herramienta estratégica para cumplir funciones del Estado como controlar la frontera o recuperar territorios ocupados por colonos brasileños. Es por esta razón que las concesiones de territorios fronterizos por parte del gobierno a sectores populares, en vez de traducirse en un simple acto de asentamiento de población migrante, mantienen cierto grado de tolerancia hacia las prácticas de elevada movilidad de los actores del tejido, permitiendo así anclar y redefinir una frontera articulada a una variedad de espacios nacionales.

Una articulación más fluida entre lo urbano y lo rural

Una consecuencia de esta capacidad para tejer articulaciones múltiples, de esta “reticularización” de las prácticas organizativas, ha sido el rediseñar la relación entre lo urbano y lo rural. Como hemos visto, en Bolivia la jerarquización entre lo urbano y lo rural tomaba a menudo la forma de una contraposición entre polos citadinos modernos y una ruralidad enraizada, sin posibilidad de redención, así como de archipiélagos de civilización en un mar indígena. En los años noventa, ciertas propuestas de planificación urbana de El Alto plantearon la constitución de una serie de cinturones verdes que pudieran separar, tanto física como culturalmente, la ciudad de unas zonas rurales atrasadas que entorpecerían su modernización y desarrollo. Esto se complementaba con proyectos de construcción de viviendas maquilas para vincular directamente a los sectores populares alteños con el capital transnacional (Laserna, 2005; Molina, 2013) desconociendo –o buscando desestructurar– su anclaje en lógicas rurales tradicionales. Sin embargo, particularmente en El Alto en la última década, la relación con lo rural, en vez de ser una carga agobiadora que hay que superar, se ha convertido en una herramienta económica, social y política. De esta manera, se han conformado una serie de vínculos fluidos, de ida y vuelta, con regiones rurales y se han generado formas importantes de interpenetración territorial, cultural y organizativa.

La importancia de la relación urbano-rural se evidencia no solo en la multiplicación del número y de las formas de transporte entre el campo y la ciudad, sino también en la variedad de formas organizativas sobrepuestas –comunidades, cooperativas, sindicatos de volqueteros– que enlazan actores rurales y urbanos, autoridades indígenas y gremios de comerciantes. Un ejemplo que nos parece ilustrativo es el caso de la explotación de piedra comanche en Challoma, en la provincia Loayza. Durante su gestión como autoridad de la comunidad, Eugenio, comerciante de la 16 de Julio, conformó una cooperativa para la explotación de piedra comanche de una cantera en el territorio de la comunidad. Cada miembro de la comunidad, inscrito en la lista, ahora recibe regalías mensuales –aproximadamente unos 300 bolivianos– de la cooperativa. Entre los socios de la cooperativa hay varios comunarios que se encargan de la maquinaria y/o del transporte de la piedra a la ciudad, como también “residentes” originarios de la comunidad, algunos propietarios de volquetas, y también “puenteros”, alteños todos ellos, a los que se les garantiza cierta tolerancia en lo referido a las normas de la cooperativa–que estipulan la sola participación de lugareños– por su aporte en términos de capital y/o sus vínculos con las estructuras y redes de comercialización.

Como secretario general de la comunidad y socio de la cooperativa, Eugenio ha negociado la compra, a nombre de la cooperativa, de un terreno en Huaraco–a la altura de la apacheta en el camino a Oruro– para almacenar la piedra, cortarla y comercializarla. Después de haber evaluado la posibilidad de vender directamente la piedra a una empresa de construcción, Eugenio y los otros socios han decidido hacerse cargo directamente de la comercialización, tanteando sus contactos y redes socioeconómicas y averiguando las potencialidades de venta en el mercado. Después de ubicar a un compañero loayzeño, dirigente de los maestros constructores en El Alto, bien posicionado en la Alcaldía y articulado con las juntas de vecinos alteñas, Eugenio lo ha involucrado en las actividades de la cooperativa. Esta ha sido una operación estratégica debido a la existencia de una normativa que da preferencia a la utilización de piedra comanche en la construcción de estructuras públicas y plazas, evitando así la dependencia del cemento. La otra vía de comercialización ha sido por medio de los hijos e hijas de los cooperativistas, en particular los ingenieros y los arquitectos que han ido introduciendo el producto en la construcción privada alteña y paceña, donde el gusto por materiales chinos de importación se ha ido complementando con materiales locales de buena calidad. Este tipo de formas de enganchar a un paisano para poder participar de manera más efectiva en actividades económicas puede parecer trivial, pero representa uno de los mecanismos para construir un tejido político popular. En el contexto del proceso de cambio se han generado condiciones para que este tejido aflore y se extienda.

Por una parte, con el proceso de cambio, en las regiones rurales se han multiplicado las inversiones y las infraestructuras en caminos, escuelas, mercados, carreteras y energía eléctrica. Esto ha acentuado la complejización y diversificación de la estructura económica rural con la reactivación de minas, la explotación de piedras e insumos para la construcción, el boom del transporte rural, la intensificación de la producción agropecuaria vinculada al alza de los precios de los productos y a una sofisticación de la demanda (Tassi et al., 2013; Arbona et al., 2015). El tipo de tejido que hemos descrito anteriormente y que articula comunidades, cooperativas, gremios urbanos, pequeños productores, mercados y transporte, parece constituir una herramienta estratégica para dinamizar este fermento rural, permitiendo acceder y generar sinergias con las redes urbanas de comercialización, penetrar espacios urbanos, tanto sociales como económicos, y finalmente redefinir una relación contrapuesta entre campo y ciudad.

Por otra parte, vemos unos sectores populares urbanos que, a pesar de articularse fluidamente con dinámicas globales en China, reinvierten en zonas rurales, simultáneamente, en viviendas, hatos lecheros, ganado de engorde, productos agrícolas o también en la explotación de piedra de construcción, revirtiendo así un imaginario difuso de la inviabilidad económica de las regiones altiplánicas (Bebbington, 2000). Tanto los mañazos como los revendedores urbanos de productos agrícolas con los que trabajamos nos contaron cómo las relaciones con los productores rurales se han ido redefiniendo y, si antes estos últimos “se rogaban” para que les compren sus productos, ahora se han vuelto bastante más exigentes con sus contrapartes urbanas (cf. Tassi, 2012). El otro tema interesante que observamos es cómo una serie de “residentes” encuentran a menudo en sus áreas rurales de origen un espacio para posicionarse política y socialmente por medio de las organizaciones campesinas, lo que les permite puentearse a representantes y estructuras de partido.

Los clústeres de relaciones: El control y la reproducción del tejido

A diferencia de las discusiones sobre movimientos sociales que describen actores organizados en torno a un territorio o tema delimitado o a una lucha definida, los actores populares tienden a generar articulaciones que sobreponen territorios, temas e intereses (cf. Escobar, 2008; Álvarez et al., 1998). Como lo explicó anteriormente Ramiro, las asociaciones, gremios y fraternidades, en vez de concentrarse en readaptarse a las formas cambiantes de la institucionalidad oficial, se direccionan cada vez más marcadamente en su papel y capacidad de saber articular y lograr vincularse con sectores y espacios distintos para, así, construir un tejido que tanto económica como políticamente parece constituir una herramienta que les permite lidiar con presiones externas y movilizarse en sus términos.

Como hemos visto en el ejemplo de futecra o de Eugenio, este tejido no se fundamenta en una serie de conexiones lineales e individuales entre actores sino que, más bien, reproduce la lógica de los segmentos articulados donde los bloques y las asociaciones –segmentos flexibles y manejables– desarrollan clústeres de relaciones múltiples con otros grupos y sectores. Por medio de estos clústeres de relaciones se activan formas constantes de control social que permiten gradual, pero cotidianamente, rectificar y penalizar la forma de operar de estas instancias organizativas. Lo que este proceso paulatino de controlar y rectificar a su vez activa es un proceso de estabilización de la estructura del tejido y de su capacidad de controlar social y económicamente una multiplicidad de actores.

Cuando exploramos las relaciones socioeconómicas entre los importadores populares y sus contrapartes chinas (Tassi et al., 2015; Arbona et al., 2015; Tassi, 2016), nos dimos cuenta de que un sistema de clústeres de relaciones similar tejía a las diferentes familias chinas de productores, expedidores e intermediarios, reglamentado, a su vez, por normas no oficiales. Sin embargo, en China los conflictos y problemas eran a menudo dirimidos por personas consideradas como referentes por su autoridad y honor (big players, Xiang, 2005)2. En el caso del tejido popular, a pesar de que intervengan padrinos y compadres en las disputas, no hay una autoridad jerárquica que decide y dirime sobre el hecho. Más bien, hay todo un sistema de actores entretejidos que cotidiana y gradualmente corrige el operar de grupos o actores potencialmente disfuncionales y redefine constantemente el equilibrio político para que no se manifiesten excesos de poder de un grupo sobre el otro.

Si el proceso de reglamentación de este tejido se basa en una lógica parecida a la que hemos visto de controles recíprocos entre grupos y segmentos, la expansión territorial del tejido se fundamenta en la expansión de lo local a lo nacional de una serie de segmentos, formas y estructuras. Sin embargo, esto no se identifica con el crecimiento numérico y espacial de un segmento local –que, como hemos visto, tiende a mantener límites claros a su crecimiento–, sino con la reproducción a escala nacional de pequeños segmentos que, además, se van encadenando y sobreponiendo.

En el caso de la expansión de las fraternidades, estas han ido generando sus “filiales” en los diferentes espacios de operación de los gremios, desde Santa Cruz a Trinidad, desde Buenos Aires a São Paulo. La creación de filiales es acompañada por la reproducción, en estos nuevos territorios, de un sistema de santuarios y eventos sociales alrededor de los cuales se van reestructurando fraternidades y bloques, gremios y asociaciones –con la misma lógica que hemos descrito en el capítulo 1– y tejiendo así un sistema de segmentos articulados a lo largo del territorio. Grupos, santuarios y eventos sociales no solo constituyen herramientas estratégicas en la reproducción y lubricación de los mecanismos de esta estructura, sino que también son elementos para permear y apropiarse de espacios locales y conformar modalidades de operación propias (véase Benencia, 2012, en el caso de Buenos Aires).

Aunque en continuo contacto con las formas y las lógicas de la economía global y las estructuras estatales, el tejido popular va anclándose en una serie de controles, modalidades organizativas y estructuras de relaciones propias y tradicionales de los sectores populares que permiten la reproducción, prolongación y extensión del tejido de acuerdo a ritmos propios y necesidades locales. Por ende, las formas de la economía global y de la política estatal –con las excepciones mencionadas–, en vez de desplazar al tejido se van redibujando en la urdimbre, en sus patrones organizativos y en sus provisiones socioculturales que se convierten en un terreno estratégico de negociación.

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Juan Manuel Arbona, María Elena Canedo, Carmen Medeiros, Nico Tassi.

Nico Tassi es doctor en Antropología por la Universidad de Londres e investigador asociado del University College London (UCL) y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS). Ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación a los pueblos indígenas de las tierras altas y a los sectores populares urbanos enfocándose en su relación con la modernidad, el Estado y el mercado. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de religión, economía e institucionalidad popular. Es miembro del colectivo de investigación.

Juan Manuel Arbona tiene un doctorado en Economía Política Urbana de la Universidad de Cornell. Ha realizado investigaciones en El Alto desde 1996 y actualmente es docente universitario y miembro del colectivo de investigación.

María Elena Canedo es psicóloga e investigadora social. Lleva más de 30 años de trabajo en Bolivia y países de América Latina, en coordinación gerencial y ejecutiva de instituciones de desarrollo, diseño, evaluación y monitoreo de programas y proyectos de gestión territorial, desarrollo alternativo, desarrollo municipal, diseño y capacitación en metodologías e investigación aplicada al desarrollo. Es miembro del colectivo de investigación.

Carmen Medeiros tiene un doctorado en Antropología Cultural de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Es docente universitaria y miembro del colectivo de investigación. Sus áreas de especialización son antropología crítica del desarrollo, debates sobre raza, etnicidad y clase, y debates acerca de la teoría feminista y post-colonial.


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