El saqueo neoliberal

Empresas públicas y gobiernos enajenadores 1985-2005

Iván Castellón Quiroga
Publicado en julio 2019 en La Migraña 31
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Desde la guerra del Chaco hasta 1985, el Estado boliviano había construido más de 200 empresas públicas en todo el territorio nacional. Desafortunadamente, en el periodo neoliberal (1985-2005) la mayoría de las empresas fueron enajenadas (privatizadas, capitalizadas o cerradas) en favor de empresarios extranjeros y locales, con la finalidad de: a) desmantelar al Estado productor; b) eliminar la presencia directa del Estado en la economía y reducirlo a un simple regulador y administrador; c) transferir el manejo del aparato productivo y de servicios, así como el excedente económico al capital privado, y d) fortalecer al capital privado en sus proyecciones ideológicas y hegemónicas.

Ese proceso se ejecutó bajo condicionamiento y patrocinio de organismos financieros internacionales como USAID, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF), con la participación de políticos y empresarios locales que, habiendo estructurado redes de poder, resultaron altamente beneficiados. Al cabo de 20 años, dicho proceso resultó siendo otro de los grandes desastres económicos que sufrió el país.

La creación de empresas públicas

La primera empresa pública creada en el país fue Radio Illimani (1933), instalada por el gobierno de Daniel Salamanca con la finalidad de interpelar a la sociedad boliviana en torno a la guerra del Chaco (1932-1935), en la que se disputaba el territorio y petróleo que había sido previamente enajenado en favor de la estadounidense Standar Oil.
En el contexto de las ideas nacionalistas que empezaron a propagarse como efecto de los desastres provocados por la guerra del Chaco, el Estado boliviano inició un proceso de construcción de empresas públicas. En 1936, el Gobierno de David Toro (1936-1937), creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a objeto de que el Estado intervenga directamente en la producción petrolífera. El 13 de marzo de 1937, una vez nacionalizados los activos de la Standar Oil, YPFB se hizo cargo de sus instalaciones e inició la explotación petrolífera en el país.

En 1942, en el marco del Plan Bohan y de la “Marcha hacia el Oriente” que planeaban una mayor expansión estatal y articulación de espacios territoriales (Chaco y Amazonía) al sistema económico nacional, se creó la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) como entidad de “fomento de las industrias y de la vialidad en Bolivia” (Becerra, 1975: 1). Como tal, la CBF realizó inversiones en la construcción del camino Cochabamba-Santa Cruz, gestionó créditos ante el Eximbank (EE. UU.), recibió préstamos del Banco Central de Bolivia para cubrir inversiones como el camino Santa Cruz-Montero. Operó como intermediaria en la financiación de proyectos de YPFB (perforación, adquisición de maquinaria para refinación y comercialización de petróleo) que, durante la presidencia de Gualberto Villarroel (1943-1946), tuvieron un mayor impulso.

Una vez que triunfó la Revolución de 1952, la política de expansión estatal alentada por el nacionalismo revolucionario, unida a la política de industrialización y sustitución de importaciones propagada por la CEPAL, se tradujo en la creación de más empresas públicas, principalmente de las grandes empresas nacionales: COMIBOL(1952), ENDE (1962), ENFE (1964), ENTEL (1965) y ENAF (1966), y en el fortalecimiento de otras que ya habían sido creadas: LAB y YPFB. En el caso de YPFB, gracias a las inversiones efectuadas durante la década anterior y al descubrimiento de yacimientos petrolíferos, se convirtió de importador en exportador, habiéndose iniciado en 1955 la construcción de oleoductos de exportación primero a Argentina y luego a Chile.

Sin embargo, a ese esfuerzo nacional de construcción de un aparato productivo estatal, también, se atravesaron actos gubernamentales de enajenación, principalmente de recursos naturales como los hidrocarburos, que en 1956 fueron nuevamente entregados al capital transnacional (esta vez, a la Gulf Oil Co.), pero que en 1967 fueron nuevamente nacionalizados por el gobierno militar de Alfredo Ovando y su ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En los años setenta, duplicando las tareas de la CBF, el gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978) reglamentó el funcionamiento de las corporaciones regionales de desarrollo (CORDES); una de sus funciones fue “promover la creación y constitución de empresas que contribuyan al desarrollo de la región” (DL 15307, 09/02/1978, art. 15, f), para luego transferirlas a la comunidad. La “transferencia de empresas a la comunidad” debía entenderse entonces como transferencia al sector privado, anidándose en ella su propia enajenación.

Consiguientemente, entre 1933 y 1985 se crearon más de 200 empresas públicas, producto de una política de Estado de filiación nacionalista, en la que se invirtieron y movilizaron grandes recursos económicos, institucionales y humanos.

Las pocas empresas cuya creación se registra entre 1985 y 1998 (esto es, ya en el periodo neoliberal), en realidad algunas de ellas fueron concebidas y creadas por el gobierno de Hernán Siles (1982-1985), pero, dado el tiempo que duró su instalación (casos: Findesa en Santa Cruz, viveros forestales y frutales en Potosí y otras), su entrega y funcionamiento como empresas públicas recién se dio en los primeros años de instalado el neoliberalismo. La constitución de las empresas municipales de transporte (EMTA) se registra en el periodo neoliberal, pero después de que el D.S. 21060 de 1985 determinará la disolución de la Empresa Nacional de Transporte (EMTA, creada en 1983) y la transferencia de sus activos a las principales alcaldías del país. Otras empresas públicas, creadas durante el neoliberalismo no fueron constituidas con el propósito de fortalecer las capacidades empresariales del Estado, sino para facilitar la enajenación de las mismas empresas públicas; así, en 1990, el Gobierno de Jaime Paz, convirtió la Dirección General de Correos en la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) con la finalidad de incluirla en el proceso de privatización; en 1998, el Gobierno de Banzer y Quiroga creó la Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja SAM (EDEL SAM) sobre la base de una fracción productiva de ENDE para luego someterla a un proceso de privatización; aun así, ambos casos constituyeron procesos fallidos de privatización.

Las 212 empresas que finalmente fueron creadas por el Estado dependían de:

Todo este patrimonio empresarial fue desmantelado por las políticas de privatización, capitalización y cierre de empresas implementadas por siete gobiernos neoliberales, bajo el patrocinio y condicionamiento de gobiernos extranjeros y organismos financieros internacionales (USAID, BM, FMI, BID y CAF) que aportaron recursos financieros a esos gobiernos a condición de que eliminen al Estado productor y transfieran el aparato productivo estatal y el manejo del excedente económico al capital privado, local y extranjero.

Gobiernos neoliberales y enajenación de empresas públicas

La enajenación del patrimonio público empresarial cometida por los gobiernos neoliberales se presentan en los siguientes términos:

1. El Gobierno de Víctor Paz y Julio Garret (1985-1989)

Compuesto por el “Pacto por la democracia” entre el MNR y ADN, dictó el D.S. 21060 (29/08/1985) dando inicio a la eliminación del modelo estatal nacionalista y a la instalación del neoliberalismo en Bolivia. El 21060, considerado la “CPE del neoliberalismo”, constituyó el antecedente directo de las privatizaciones en Bolivia, al dictaminar:

  • La disolución de la CBF y la transferencia de sus empresas a las CORDES
  • La fragmentación de YPFB y COMIBOL
  • El cierre de varias operaciones mineras de COMIBOL
  • La “relocalización” o el despido de miles de trabajadores mineros
  • La libre contratación de trabajadores

Ante la gravedad de las medidas en contra de la Comibol y de los trabajadores mineros, en 1986, los mineros organizaron la multitudinaria “Marcha por la Vida” (Oruro-La Paz), pero no lograron revertir las disposiciones antiobreras del D.S. 21060 y su desmovilización dio inició a su eliminación como actor central de la política boliviana.

Colateralmente, el gobierno de Víctor Paz, encomendó estudios para la privatización de empresas con el auspicio de la embajada de EE. UU. La consultora Price Waterhouse, encargada de tales estudios, estableció que en la sociedad boliviana aun existía una cultura estatista bastante arraigada, por lo que en prevención a desastres políticos electorales en 1989 recomendó al gobierno del MNR no hablar directamente de privatización, sino más bien, utilizar algunos eufemismos como “reestructuración de empresas”; “reordenamiento de empresas” o “transición de empresas”. Y así se obró, el 25 de junio de 1987 se creó la Comisión de Transición Industrial (COMTRAIN), entendiéndose por “transición industrial” a la transición de las industrias estatales al sector privado.

COMTRAIN, a la cabeza de Jorge Quiroga Luizaga (padre de Tuto Quiroga), funcionó con la asistencia técnica del Center for Privatization de EE. UU.; identificó a las empresas de la ex CBF susceptibles de ser transferidas al sector privado; excluyó a las empresas estratégicas en minería e hidrocarburos, pero consideró al LAB, ENTEL y ENAF como objetivos de una primera ola de privatizaciones; también, recomendó fuentes y mecanismos para apoyar financieramente al sector privado en la compra de empresas públicas; realizó proyectos de ley y decretos reglamentarios para la transferencia de bienes públicos, pero que no se aprobaron porque el Gobierno calculó que la relación de fuerzas para iniciar la transferencia de empresas públicas a privados no era aun favorable.

2. El Gobierno de Jaime Paz y Luis Ossio (1989-1993)

Compuesto por los partidos MIR, ADN, PDC y FRI, o el pacto denominado “Acuerdo patriótico”, encaró el plan privatizador de un modo más agresivo que su predecesor.

A fines de 1991, una delegación boliviana1La delegación estaba compuesta por los ministros Samuel Doria Medina, David Blanco, Fernando Kieffer, el viceministro Tuto Quiroga, embajadores, parlamentarios y técnicos gubernamentales (La Razón, 04/11/ 1991). acudió ante el Grupo Consultivo de París para gestionar un préstamo de USD 560 millones. A cambio del préstamo, el jefe de la delegación, Samuel Doria Medina, se comprometió a privatizar todas las empresas públicas de Bolivia en el lapso de dos años, y aseguró: “nunca más vendremos en busca de cooperación para retornar a los días de la vigencia de la ´empresa estatal productiva´; por el contrario, estamos utilizando su ayuda para desmantelarla” (Doria Medina, 1992: 8). Remarcó, “si pudieran visitar Bolivia (en 1993), no encontrarán bancos estatales, ni minas operando bajo la administración gubernamental” (Ibíd: 17).

En esa línea, se promulgó la Ley 1330 de Privatización (24/04/1992) que autorizaba la venta de empresas, activos y derechos estatales al sector privado; asimismo, autorizaba la disolución o cierre de aquellas empresas que no pudieran ser vendidas.

Los gestores de la privatización arguyeron que las empresas públicas eran ineficientes, deficitarias y corruptas, y que había que entregarlas a los empresarios privados que –en las posturas de corte liberal– se consideran eficientes, emprendedores y tecnológicamente modernos. También, dijeron que el dinero que se recaudaría por la venta de empresas púbicas se destinaría a las regiones donde estaban las empresas a ser vendidas para costear políticas sociales en educación y salud, e invertir en capital humano.

El entonces ministro Samuel Doria Medina, solía afirmar que en caso de no vender las empresas públicas, aplicarían el “método bonsái”, de manera que las empresas públicas mueran por inanición y el sector privado tome el lugar de esas empresas y florezca la economía privada. Por todo esto, aseveraba que “la privatización es revolucionaria y comparable a la Reforma Agraria de 1953” (Opinión, 1993).

Para diseñar y operativizar la privatización, se contrataron bancos de inversión, consultoras extranjeras y nacionales, con la finalidad de valuar activos, determinar pasivos, trazar la estrategia de privatización de las empresas públicas, hacer marketing para su venta, y elaborar proyectos de contratos de compra-venta y normas jurídicas. Cumpliendo el mandato de la Ley de Privatización, las consultoras determinaron el valor de mercado de las empresas, pero –a pedido de las autoridades de gobierno– recomendaron valores de liquidación tan bajos que a veces no cubrían ni los gastos erogados en la contratación de las propias consultoras, menos aun solventarían las inversiones en salud, educación y en capital humano que se habían ofertado al pueblo boliviano.

Los ejemplos de este mal negocio llamado privatización son varios. En un caso, el Taller de Cerámica en Sucre fue vendido en USD 6 100, pero a la consultora española Adaro se le pagó UDS 28 155 06 A más paradojas, la empresa Adaro, estableció que el precio referencial de venta del Taller de Cerámica era USD 50, luego corrigió a USD 500, indicando que el primer precio fue causado por un error de dedo. En otro caso, la Fábrica de Cerámica Roja en Trinidad, valuada en USD 64 551, fue vendida en USD 13 000 a la empresa constructora del exministro Andrés Petricevic (MNR); a estas pérdidas se suman los gastos en consultoría: USD 28 155. Como se puede apreciar, los USD 13 000 dólares de la venta, no alcanzaron a cubrir ni los costos de consultoría, menos aun su precio de venta. Entonces, ¿con qué ganancias podían realizar inversiones en salud y educación?

Por otra parte, la COB, algunos sindicatos fabriles y comités cívicos, se opusieron a la privatización con huelgas de hambre, bloqueos y marchas; también, plantearon al gobierno alternativas para hacerse cargo de las empresas a ser privatizadas (casos Fanviplan, Terminal y Hotel de Oruro, Hilancruz), pero no fueron tomadas en cuenta porque la política neoliberal de privatización estaba destinada a fortalecer a la empresa privada, no así a la clase obrera. En consecuencia, el Gobierno de Jaime Paz, apeló al recurso de la fuerza y el apremio: coaccionó a trabajadores, forzó despidos o los sobornó con un “bono extralegal” de USD 2 000, que fue pagado a cada uno de los trabajadores, a fin de que consientan la venta de su empresa.

Usando sus mejores armas discursivas, los privatizadores trataron de convencer a los trabajadores para que se conviertan de “simples propietarios de su fuerza de trabajo” en ”accionistas” o “copropietarios” de las nuevas empresas privatizadas. Bajo ese libreto, Flavio Escobar –un operador medio de la privatización– sugirió a los trabajadores de FABOCE dejar la COB para afiliarse a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Presencia, 30/06/1992). Y aunque los trabajadores de FABOCE se asociaron y aportaron recursos para adquirirla, esta fue transferida a empresarios privados.

Al término de la gestión de Jaime Paz, se privatizaron 29 empresas públicas; además, se cerraron los bancos estatales de fomento a la producción: Banco Agrícola, Banco Minero y Banco del Estado. Por la venta de empresas públicas departamentales durante ese gobierno, se calcula un perjuicio económico cuando menos de USD 9 227 084 vale decir, USD 20 207 314 actuales (CEMIPyC, 2018).

3. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997)

Dirigido por los partidos MNR-MRTKL-UCS-MBL, o el “Pacto por la gobernabilidad”, continuó con la política de privatización implementada por el gobierno de Jaime Paz, pero además, inventó otro método de enajenación de empresas: la capitalización, que se aplicó a las grandes empresas estatales: ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y YPFB, que fueron enajenadas al capital transnacional con la Ley 1544 de Capitalización (21/03/1994).

Los gestores de la capitalización, entre ellos el aymara Víctor Hugo Cárdenas, arguyeron que la capitalización es modelo “made in Bolivia” (El Deber, 24/07/1994), y que se basa en fórmula: 1 + 1 = 2. Según esto, las nuevas inversiones extranjeras inyectarían capital fresco en la economía nacional, doblarían la capacidad productiva de las empresas estatales y generarían doble empleo y doble ganancia. En el caso del LAB, que tenía nueve aeronaves, 22 inmuebles y más de 1 500 trabajadores antes de la capitalización, con la fórmula neoliberal de capitalización, al cabo de seis años de inversión extranjera tendría que haber logrado el doble: 18 aeronaves, 44 inmuebles, 3 000 trabajadores y mayores ganancias; sin embargo, las cosas sucedieron de otro modo: el LAB quebró y el inversor extranjero se capitalizó y huyó.

Al igual que la privatización, para la capitalización, también, se contrataron consultoras extranjeras de las más grandes del mundo (KPMG; Banque Paribas, entre otras) por un monto mayor a USD 10 millones, con la finalidad de que avalúen las empresas y diseñen la estrategia de su transferencia al capital transnacional. Hicieron marketing internacional para la entrega de las empresas estatales al capital transnacional, así como también, consultaron las nuevas leyes sectoriales con empresarios y organismos extranjeros.

En el caso de la capitalización, las consultoras no estimaron el valor de mercado de las empresas como estaba establecido para la privatización; en atención al artículo 2 de la Ley de Capitalización establecieron el valor en libros del patrimonio (un valor contable que casi siempre es mucho menor al valor de mercado), pero sin tomar en cuenta los valores intangibles de las empresas estatales (marca, prestigio empresarial, derechos de explotación de recursos naturales, servicios y otros). Además, en la estimación del valor en libros, varias deudas de esas empresas se cargaron al TGN y muy pocas se cargaron a las nuevas empresas capitalizadas.

Con la capitalización, los inversores extranjeros resultaron propietarios del 50 % de las acciones de la empresa. Por este paquete accionario, esos inversores no pagaron ni un peso al Estado boliviano, y se adjudicaron a cambio de compromisos de inversión productiva a ser cumplidos por lo general en seis años; con la particularidad de que tales compromisos fueron controlados y administrados por los propios inversores extranjeros.

Además de ello, el Gobierno de Sánchez de Lozada entregó a las empresas capitalizadas derechos de explotación de servicios públicos en telecomunicación, electricidad y transporte, mediante contratos de licencia y concesión; en el sector hidrocarburífero, a las empresas transnacionales se entregaron petróleo y gas a valor cero, cuando tenían un valor de USD 3 080 millones.

La resistencia social contra la capitalización fue creciente, y mucho más contra la capitalización de YPFB. Max Fernández (líder de UCS, aliada gubernamental) y Carlos Palenque (líder de CONDEPA) también se opusieron a la capitalización de YPFB; ambos casualmente murieron cuando más estaban visibilizando sus disidencias (noviembre de 1995 y marzo de 1997, respectivamente). El abogado Manuel Morales Dávila, quien había planteado una demanda penal contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada bajo la acusación de traición a la patria, fue injustamente encarcelado. El Gobierno de Sánchez de Lozada, además, activó mecanismos coercitivos para aplacar la resistencia social a la capitalización de las empresas estatales estratégicas; pero no pudo con la resistencia del pueblo orureño que inviabilizó la capitalización de la Empresa Metalúrgica Vinto. A poco de despedirse del Gobierno, en Navidad de 1996, ordenó la masacre de trabajadores e indígenas en las minas de Amayapampa y Capacirca que habían sido entregadas al capital transnacional.

Al término de la gestión de Sánchez de Lozada, cinco empresas estatales estratégicas fueron enajenadas, vía capitalización, y 37 empresas públicas fueron privatizadas. Solo por la capitalización de las cinco empresas estratégicas, más la entrega de reservas hidrocarburíferas, hubo un perjuicio económico cuando menos de USD 9 099 millones; vale decir, USD 19 927 millones actuales (CEMIPyC, 2018).

4. El Gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2001)

Dirigido por la “megacoalición”, compuesta por ADN, MIR, UCS y CONDEPA, continuó con la enajenación de empresas públicas sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ley 1330 de Privatización. Banzer y Tuto en su campaña electoral dijeron que cambiarían los contratos de capitalización firmados con empresas transnacionales en la gestión de Sánchez de Lozada; sin embargo, ambos le dieron continuidad y garantía.

En este Gobierno se privatizaron varias unidades económicas de YPFB ( dos refinerías, plantas de almacenamiento de combustibles y poliductos, estaciones de suministro de combustible de aviación, bloques y licencias para distribución de combustibles); se privatizaron, también, nueve empresas públicas.

Entre las empresas privatizadas estaban SEMAPA y el Proyecto Múltiple Misicuni de Cochabamba, cuya concesión en septiembre de 1999 a Aguas del Tunari S.A. –un consorcio de empresarios extranjeros y locales, entre estos, los exministros Samuel Doria Medina (MIR), Andrés Petricevic (MNR) y el empresario Julio León Prado– causó una desmesurada elevación de las tarifas de agua potable y alcantarillado, y pretendió expropiar las fuentes de agua barriales y de riego que habían sido captadas y construidas por los propios vecinos y labradores. Estos abusos provocaron la sublevación de los vecinos y los regantes, más conocida como la “guerra del Agua” (abril, 2000), que logró anular el contrato de concesión con Aguas del Tunari SA, siendo la primera victoria de la sociedad civil contra la política de privatizaciones en el país. Y aunque la empresa Bechtel planteó una demanda de arbitraje internacional contra el Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, reclamando USD 50 millones, meses después retiró su demanda aceptando un pago simbólico de Bs 2.

5. El Gobierno de Jorge Quiroga (2001-2002)

Compuesto por los mismos partidos y actores políticos, continuó con la implementación de la Ley 1330 de Privatización, con la que terminó enajenando los componentes residuales de YPFB, y concesionó el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC) al sector privado. Concordante con la capitalización gonista, el Gobierno de Quiroga promulgó la Ley 2297 de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera (20/12/2001), otorgando mayores beneficios a las entidades privadas que operan en el sistema financiero y bursátil.

Por la venta de empresas públicas durante el Gobierno de Hugo Banzer y Tuto Quiroga, hubo perjuicio económico cuando menos de UDS 45 503 747, vale decir, UDS 99 653 206 actuales.

6. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa (2002-2003)

Dirigido por otra coalición compuesta por el MNR, MIR y UCS (un año después se acoplaría Nueva Fuerza Republicana de Manfred Reyes Villa), al evidenciar que la política de capitalización no estaba dando los resultados económicos y sociales que se habían prometido, en sentido de que con la capitalización (o el 1 + 1 = 2) las empresas estatales estratégicas se potenciarían y deberían tener doble empleo y doble ganancia, anunció que introduciría ajustes en los contratos de capitalización.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa, en vez de mejorar los contratos de capitalización en favor del Estado y resolver el déficit fiscal que bordeaba el 8 %, pretendió cargar la crisis a los trabajadores con un impuestazo directo al salario (que oscilaría entre el 4,2 % y el 12,5 %), provocando la rebelión de los policías y su enfrentamiento con efectivos militares el 12 y 13 febrero de 2003, el incendio de la Vicepresidencia, de algunos ministerios y las sedes de los partidos políticos neoliberales (MNR, ADN, MIR y UCS). “Febrero Negro”, como se conoce, causó la muerte de 33 personas y decenas de heridos. Después de este saldo fatídico, el Gobierno tuvo que retirar su proyecto impositivo y reconocer que la política de capitalización había fracasado.

Después de “Febrero Negro” y tratando de aplacar el fuego de las protestas, el Gobierno creó la Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización, designando a Juan Carlos Virreyra como delegado. Virreyra, como buen patriota, develó que las empresas capitalizadas controladas por consorcios extranjeros estaban logrando ganancias extraordinarias, pero que poco o nada beneficiaban al Estado boliviano.

Por otra parte, toda vez que el gas en boca de pozo había sido entregado en propiedad a los consorcios extranjeros y se pretendió exportarlo a Chile y EE. UU. a precios irrisorios (70 centavos de dólar por millar de pies cúbicos), y ante la oposición del pueblo boliviano, el gobierno de Sánchez de Lozada tuvo que enfrentar la “guerra del Gas” en octubre de 2003, que terminó con su renuncia y huida a EEUU, junto con algunos de sus ministros, no sin antes cargar en sus maletas dineros del Banco Central de Bolivia.

7. El Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005)

Compuesto por políticos afiliados al MNR, MIR y MBL y políticos “sin partido” de filiación neoliberal. Aunque oficial y públicamente no hubo una alianza entre Carlos Mesa y los partidos de la llamada “democracia pactada”, esta siguió operando en el seno del Legislativo, donde el MNR y el MIR siguieron repartiéndose cuotas de poder parlamentario: el Senado para el MIR y la Cámara de Diputados para el MNR.

El Gobierno de Mesa continuó con la política de defensa del capital privado. El 2 de abril de 2004, Mesa destituyó al delegado Juan Carlos Virreyra, después que presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la Enron (socia de la capitalizada Transredes SA), por una estafa calculada en USD 130 millones en la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil.

Más adelante, el 5 de mayo de 2005, Mesa se negó a promulgar la nueva Ley de Hidrocarburos que fue elaborada y sancionada por el Congreso Nacional en atención a los resultados del referéndum del 18 de julio de 2004, por el que el pueblo boliviano demandaba la recuperación del gas y la intervención del Estado en toda la cadena hidrocarburífera.

Por otra parte, contradiciendo a la institucionalidad regulatoria establecida en la Ley 1600 (28/10/1994) de superintendencias, el Gobierno de Mesa, mediante D.S. 28172 (19/05/2005), otorgó al Ministerio de Desarrollo Económico la representación y atribuciones “…para que ejerza a nombre del Estado todos los derechos necesarios respecto de los contratos y relaciones jurídicas emergentes del proceso de Capitalización”, con lo que facilitó la emisión de actos administrativos ministeriales en favor de la italiana ETI, a la que se dio conformidad a sus inversiones comprometidas en ENTEL y que estaban observadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Resultados de la enajenación

Entre 1985 y 2005, de las 212 empresas públicas, 78 empresas fueron privatizadas, cinco capitalizadas y 74 cerradas; estas últimas –en tanto ocupaban nichos de mercado que después fueron entregados al sector privado– constituyeron parte del desmontaje del Estado en sus capacidades productivas.

Por otra parte, 55 empresas fueron desestimadas en su enajenación, por lo que algunas mantuvieron continuidad empresarial (casos, Transporte Aéreo Militar, Transportes Aéreos Bolivianos), otras empresas fueron transferidas a otras entidades públicas (algunos hoteles prefecturales). Estas empresas desestimadas estaban en la agenda privatizadora, pero por distintos factores (oposición social, procesos administrativos defectuosos, falta de derecho propietario de bienes inmuebles y otros), no concluyeron sus procesos de enajenación. Aun así, las empresas transferidas a otras entidades públicas salieron del ámbito productivo y de servicios, ya que implicaron transferencias de bienes muebles e inmuebles con destino a usos burocráticos (por ejemplo, hoteles que se volvieron oficinas).

Además de la enajenación de empresas públicas, se firmaron contratos para la explotación de recursos naturales. En el caso de YPFB, 107 contratos de riesgo compartido para exploración y explotación de hidrocarburos. En COMIBOL se suscribieron 100 contratos para la explotación de minerales, conforme al siguiente detalle:

Según la Comisión de Investigación de la Privatización y Capitalización del Legislativo, por la enajenación de empresas pequeñas y medianas, el Estado perdió más de USD 27 millones, y por la enajenación de las grandes empresas nacionales perdió más de USD 9 576 millones. A estos perjuicios se deben añadir los costos financieros de la privatización y la capitalización

Bibliografía

  • BECERRA, Rodolfo. Corporación Boliviana de Fomento. La Paz, Los Amigos del Libro. 1975.
  • Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia, 1985-2005 (Tres tomos). La Paz, Editorial del Estado. 2018.
  • DORIA MEDINA, Samuel. El desafío del crecimiento. La Paz. Edobol. 1992.

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Iván Castellón Quiroga

Sociólogo y artista plástico. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Raúl G. Prada y es egresado de la carrera de Sociología de la UMSS de Cochabamba. Complementó su formación artística en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Ha expuesto su obra de manera individual en galerías de Quito (Ecuador), La Paz, La Habana, México y Cochabamba.

Tercer Premio en acuarela del Salón 14 de Septiembre (Cochabamba, 1983); Primer Premio en Grabado del Salón 14 de Septiembre (Cochabamba, 1986); Gran Premio del XXVI Salón 14 de septiembre (Cochabamba, 1993); Primer Premio del concurso Marcelo Quiroga Santa Cruz con su obra Roca (Cochabamba, 1993); Primer Premio en pintura del Salón Alfredo Domínguez (Sucre, 1997); Primer Premio en técnica bidimensional del Salón 14 de Septiembre (2000).


Nota: