Sobre la gestión de los gobiernos populares:

Entre el reformismo restaurador y los avances revolucionarios

Isabel Rauber
Publicado en enero 2019 en La Migraña 29
Rounded image

El agotamiento del tiempo posneoliberal

Los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios que se constituyeron en Latinoamérica en los últimos veinte años han sido y son una resultante de las gestas de resistencias, luchas, creaciones y construcciones colectivas de nuevas propuestas de vida de los pueblos: en las comunidades indígenas, en las comunas campesinas o urbanas y en los de movimientos sociales diversos; ellas respaldan y fortalecen las búsquedas hacia un nuevo mundo, hacia una nueva civilización, anclada en nuevos paradigmas histórico-culturales de pensamiento, organización y funcionamiento metabólico socio-natural superadores del predominio del capital.

Sin embargo, el recuento crítico de los acontecimientos políticos vivido en Latinoamérica en las últimas dos décadas revela que los ejes de las propuestas políticas que definieron el quehacer de los gobiernos populares estuvieron marcados por la urgencia de responder a los desafíos impuestos por la catástrofe neoliberal y sus democracias “de mercado”. Esto imprimió a tales gobiernos el sello “posneoliberal” como característica predominante; definió tareas y sujetos. En ese sentido, los gobiernos populares fueron, a la vez, una respuesta y un paso en la exploración de caminos posibles hacia los nuevos horizontes civilizatorios populares en búsqueda y construcción1Aquellos procesos que sin proponerse un horizonte socialista, abren las perspectivas para sobrepasar al capitalismo. [Samir Amin, 2009].

Pero el tiempo posneoliberal no sería eterno; puede afirmarse que se agotó al finalizar la primera década.

Un nuevo tiempo de posibilidades y definiciones germinó en su seno y planteó a dichos gobiernos –y las fuerzas populares y de izquierda participantes–, interrogantes claras en torno a los rumbos posibles de su quehacer sociopolítico, económico y cultural: ¿Quedarse en los límites del capitalismo, constituyéndose –de hecho– en su salvador o reciclador, o conjugar las tareas del momento con aquellas orientadas a la superación del capitalismo (poscapitalista), abriendo espacios a las búsquedas, nuevas creaciones y construcciones de los pueblos encaminadas en esta dirección?

Un vértice de bifurcación política: ¿Conservar logros o profundizarlos y ampliarlos?

Todo ello reconfiguraba el quehacer político, social y económico gubernamental y, particularmente, su relación con los pueblos. Nuevos desafíos se perfilaban y ponían tensiones –que pueden considerarse revolucionarias– a los procesos iniciados por las sendas posneliberales, planteando claramente a sus referentes políticos y gubernamentales la posibilidad de arriesgarse a reajustar el rumbo hacia el horizonte poscapitalista o quedar entrampados en la lógica del capital.

Como señala Houtart, estudioso del proceso de la “Revolución ciudadana”, “…no se trata de ignorar los logros obtenidos por una política pos-neoliberal, pero no se puede tampoco cerrar los ojos frente a la realidad de un proyecto que, a pesar de su discurso, no abandona la lógica del capitalismo. Sabemos que no se puede establecer un ‘socialismo instantáneo’ y que frente al poder del capitalismo de monopolio generalizado (Samir Amín) debemos definir transiciones y aún no temer la palabra ‘reformas’ (Samir Amín), pero no veo tampoco porque el papel de la izquierda sea el de ser el ‘redentor’ del capitalismo senil” [Houtart, 2016].

Envueltos en estas tensiones, al evaluar las dinámicas de la nueva coyuntura, dos tendencias marcaron su predominio:

  • Una, mayoritaria, visualizó la recuperación y reorganización política de las fuerzas locales del poder del capital y definió ese nuevo tiempo como el inicio de una etapa de ofensiva de la derecha. En virtud de ello prefiguró su respuesta –a la defensiva–, entendiendo que esta situación inauguraba un tiempo donde lo principal sería “conservar lo logrado”. Esto se tradujo rápidamente en inmovilismo y retroceso: defensa y acentuación de políticas posneoliberales (estatismo, centralismo innecesario, relegamiento o exclusión del quehacer político de los actores sociales, extractivismo, rentismo, rechazo a toda reflexión crítica proveniente de la militancia, intelectualidad orgánica, organizaciones sociopolíticas, etcétera.)
  • Otra, minoritaria –aunque compartiendo la caracterización anterior acerca de la reanimación de las fuerzas adversas a los procesos populares–, entendía y entiende que la respuesta política ante tal amenaza requiere “profundizar los cambios” iniciados, ampliar los campos de acción y decisión del poder popular construido desde abajo, buscando impulsar procesos democratizadores encaminados a desmontar –de mínima– el soporte cultural de las aristas sociales, económicas y jurídicas de la pirámide del poder institucional (instituido) del capital y sus personeros locales; es decir, abrir caminos hacia un horizonte poscapitalista.

Esas dos lecturas acerca de la coyuntura actual derivaron en conclusiones y posiciones políticas muy diferentes: conservar o profundizar.

Está claro que los gobiernos populares han tenido y tienen la decisión de “torear” la actual coyuntura y enfrentar la avanzada ideológica, económica y cultural de los poderosos. Esta es una primera definición política importante. Pero las opciones de cómo hacerlo y con quiénes, varían según sea el posicionamiento ante lo anteriormente mencionado.

Entre aquellos que buscan “conservar” el gobierno. En aras de ello fructificaron incluso pactos de “gobernabilidad” con actores del poder del capital (que buscaron y buscan derrocarlos). Pero no hay atajos. Como señaló Zizek, “…tarde o temprano, por lo general después de un par de años, se topan con el dilema fundamental: ¿se atreven a tocar los mecanismos capitalistas, o se deciden a ‘seguir el juego’? Si uno perturba los mecanismos, uno es muy rápidamente ‘castigado’ por las perturbaciones del mercado, el caos económico y el resto.” [Zizek, 2015]

En función de la “conservación”, los gobiernos populares optaron también por frenar el protagonismo popular y –con ello–, el proceso de cambio. Esto abre paso a tres elementos (entrelazados) que pueden destacarse –entre otros–, como debilidades:

  • Fortalecer los acuerdos de cúpulas aliándose con sectores del poder económico y político considerados “moderados”… (cogobernar).

Se observa una tendencia fuerte a tratar de mantener la gobernabilidad ateniéndose a los cánones establecidos por la jurisprudencia del capital, pactando con sectores del poder económico y político que se aspira derrotar. Paradójico, pero real. Se pasa por alto que estos sectores son parte del guión de desestabilización económica y política, diseñado y ejecutado por el “poder detrás del trono” para generar la “ingobernabilidad”.

Tales acuerdos suelen lograrse porque cada uno de los bloques políticos contendientes necesita ganar tiempo para fortalecer sus posiciones en pos de lograr sus objetivos. O sea, no se trata de acuerdos estables y ambas partes lo saben. El tema es cómo se prepara cada una de ellas para sostener la pulseada y transitar ese tiempo en función de “ganarlo” para sus objetivos y no “perderlo” actuando en función de los otros. Para ello no basta solo con tener “la intención de”… Es vital prever las jugadas del adversario, anticiparse, para evitar ser políticamente funcional a sus intereses (error muy frecuente en gran parte de la izquierda político-partidaria latinoamericana).

  • Aferrarse a la institucionalidad caduca y sus bases jurídicas, apostando a hacer “buena letra” para demostrar la “buena voluntad” democrático-institucional.

Detrás de la escena, invisibilizados, quedan los intereses de clase que representan y defienden tanto las instituciones como sus estructuras y funcionamiento, el andamiaje jurídico-legal que las justifica y regula, y el sistema político-partidario que las afianza social y culturalmente. Estos son factores del poder colonial del capital que configuran el sistema jurídico-político-institucional de los Estado-nación dependientes que responden a las necesidades del modo de producción y reproducción capitalista global, con todo lo que ello implica social, política, ideológica y culturalmente. Al atenerse a dicho sistema económico-jurídico-político-institucional como si respondiera a un mandato universal abstracto –cuasi divino–, los gobiernos populares se tornan –lo quieran o no–, en un puente hacia el reciclaje del sistema.

Pese a la buena fe de los gobernantes populares que se empeñan en hacer una “buena gestión” –honesta y ajustada al “derecho” público–, esperando convencer a los poderosos que son “buenos gobernantes”, los sectores del poder global y sus representantes locales han centrado y centran sus políticas en hostigar, acorralar y criminalizar jurídica o culturalmente a los gobiernos populares y sus representantes, formateando una opinión pública desfavorable a ellos con la acción sistemática de los grandes grupos mediáticos empresariales, abriendo el camino hacia el derrocamiento “constitucional” de los/las gobernantes o buscando la próxima la derrota electoral de los representantes populares.

Ambas modalidades son parte de un engranaje golpista institucional e institucionalizado que actúa en la región contra los procesos de cambios sociales populares y sus gobernantes. No hay peor cuña que la del mismo palo, dice un refrán. Pues la actual estrategia de los poderosos busca que sean amplios sectores del pueblo –manipulados, quienes se encarguen de hacer la tarea “sucia” de los dueños del capital y sus representantes locales: derrocar o derrotar a sus gobernantes.

  • Ajustarse a la democracia propia del sistema democrático-burgués existente y su sistema jurídico, mostrándose inofensivos ante los poderosos, esperando tal vez no caer en su mira criminalizadora.

Pero las democracias existentes son parte del modelo sistémico excluyente del poder político institucional del capital, al cual responden y tributan. Esto es: hay que entender a las democracias como parte de una gran red de generación de consenso social; no reducirla al ejercicio electoral. Y es bajo ese paraguas de la red democrática que coexisten y se interdefinen gobierno, Estado, poderes legislativo y judicial, y el modo de producción; y viceversa. A este sistema político-económico-social y cultural corresponde también una modalidad de gobierno (y de gobernar) que se asume cuando se ganan elecciones.

Si no se encara una transformación integral y sistémica de las bases de la democracia, de su funcionamiento y de los sujetos socio-políticos a los que responde, el círculo del poder irá cerrándose, primero “dulcemente” hasta que pueda volver a sacar a relucir toda la agresividad ofensiva que lo ha caracterizado históricamente para provocar el derrumbe de los gobiernos (golpes “blandos” o institucionales, la modalidad de este tiempo en el siglo XXI) o la derrota electoral de los gobernantes. En realidad ambas opciones actúan combinadamente, pues la derrota electoral de los candidatos progresistas o populares es una resultante de múltiples maniobras desestabilizadoras potenciadas con la guerra mediática y cultural. Al igual que las guerras preventivas, estas buscan la destrucción moral y el aislamiento social local e internacional del adversario antes del momento de confrontación “definitivo”.

En tal situación, el ciclo del gobierno popular, con su fracaso, será funcional a los intereses del poder: apuntalará la idea políticamente nefasta para los pueblos, de que no queda otra opción que aceptar el modelo excluyente e injusto del capitalismo porque “no es posible” construir ni sostener otra cosa. Y así, el “sistema democrático del capital” termina reciclado y revitalizado nuevamente en contra del mundo del trabajo –léase de la justicia social y la redistribución de las riquezas que se generan en el país–, y redobla la exclusión política, cultural y social de amplios sectores sociales, además de la exclusión económica.

Está claro que la “resignación” es el triunfo ideológico mayor del capital sobre la humanidad.

Se entiende que luego de la hecatombe neoliberal de los noventa, los gobiernos populares que asumieron debieron abocarse a tareas que caracterizaron sus primeros años como un tiempo posneoliberal, pero esto no puede considerarse como una “etapa” aislada del proceso de cambios. Es decir, las tareas posneoliberales deberían haber coexistido con la transformación simultánea de las bases jurídico-institucionales del gobierno, el Estado y de los otros poderes constituidos; y todo ello anclado en el potenciamiento de la participación popular en la toma de decisiones. Tareas yuxtapuestas y no pocas veces contradictorias, que marcan las tendencias al cambio raizal de la sociedad y no a la conservación-reciclaje del status quo.

Al respecto podrían señalarse dos factores claves, mayormente ausentes o secundarizados en los procesos populares del continente:

  • Convocar y llevar a cabo asambleas constituyentes. Ello resulta central e insoslayable, aunque si se las concibe de forma aislada respecto de las transformaciones en el aparato estatal y su funcionamiento y respecto del sistema de representación política e institucional, resultan insuficientes para salir del estrecho marco político partidario y del funcionariado y construir un sistema democrático popular participativo.
  • Abrir paso al protagonismo político de los sectores populares; no limitar la gestión social gubernamental al logro de mejoras económicas para el pueblo. Si estas no transforman de raíz la situación de vida de quienes “las reciben”, resultan transitorias y terminan fortaleciendo prácticas clientelares que no construyen sujetos autónomos, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo cultural. Al contrario, por esa vía la dependencia se acentúa y las capas populares terminan siendo objeto del chantaje o la manipulación de los poderosos. Y esto se entrelaza con el segundo factor –y principal– de las deficiencias políticas medulares presente en la mayoría de los gobiernos populares: Transformar a los pueblos en “espectadores” de lo que debió ser “su historia”… desplazar a los sujetos populares de la toma de decisiones políticas, sustituirlos por funcionarios y relegarlos a ser –además de espectadores– clientes del proceso político que construyeron e hicieron posible con sus resistencias, luchas y propuestas. Esto significó también, en muchos casos, dar la espalda a innovadoras experiencias sociales de base, cerrando el paso a los cuestionamientos al poder contenido en ellas, limitando el alcance de sus espacios de intercambio y debate e incluso, en algunos casos –escudados en el pensamiento binario polarizador excluyente–, descalificando políticamente toda posibilidad de crítica proveniente del campo popular.

En resumen: Lo expuesto –aunque sintético–, arroja elementos suficientes para comprender que:

  • El conservadurismo reformista constituyó y constituye el centro de las mayores debilidades políticas de los gobiernos populares: Regirse por los códigos establecidos por las “democracias burguesas” (de mercado y para el mercado); concentrar la política en pocas manos (partido/s ganador/es de las elecciones); no profundizar la democracia y no abrir las puertas del Estado y el gobierno a la participación protagónica de los sectores populares, de las comunas, de las comunidades, de los movimientos sociales, del feminismo… propiciando su empoderamiento; profundizar las economías extractivistas; asumir las tareas posneoliberales sin articularlas con aquellas encaminadas a un horizonte poscapitalista.

Estas debilidades, donde crecieron, abrieron una brecha político–social entre el pueblo creador constructor de lo nuevo y el gobierno popular, favoreciendo la germinación de contradicciones insospechadas entre el poder popular naciente (construido desde abajo por los pueblos) y el viejo poder constituido, paradójicamente personificado por representantes del gobierno popular. “No se trata de hacer un juicio moral contra personas, sino de un sistema, de una lógica, de una concepción del desarrollo. Sin duda hay también intereses económicos del nuevo “capitalismo moderno” que han tomado un peso siempre más grande en el gobierno. Sin embargo, este modelo posneoliberal y no poscapitalista está creando contradicciones crecientes con las partes más vulnerables de la población, precisamente la que se pretende defender.” [Houtart, 2016]

Estas contradicciones han contribuido al desgaste político de los gobiernos, han creado fisuras sociales y políticas con sectores populares, al tiempo que los sectores del poder desplazado del ejercicio del Ejecutivo, reacomodaron sus mecanismos y herramientas de producción de hegemonía y consensos sociales a las nuevas realidades. Con el despliegue de la guerra mediática legitimaron sus nuevas acciones desestabilizadoras, de guerra económica, ideológica y sicológica y relanzaron su estrategia injerencista.

El golpe “parlamentario” ocurrido en Honduras en junio de 2008, anunció claramente el fin del período de reacomodo y supuesta aceptación de las reglas democráticas por parte del poder hegemónico, y la apertura de una nueva era de acciones desestabilizadoras, destituyentes y golpistas en el continente.

Pero tales acontecimientos fueron –hoy se ve– subestimados, tal vez por otorgar excepcionalidad al “caso hondureño”, como antes también al proceso separatista que buscaba derrocar a Evo Morales (2008), o el ataque a Correa (2010), o la destitución de Lugo (2012), hasta que llegó el turno a los “grandes” como Brasil, Argentina, Venezuela… Está claro hoy que la “convivencia” democrática de proyectos diferentes es pura fantasía; que países soberanos con un modo de vida diferente al que requiere el colonialismo imperialista no serán tolerados por el imperio y sus lugartenientes locales en su “patio trasero”. Hoy, inaugurando “la era Trump”, los tentáculos del secular poder imperialista se revuelven, aggiornados, contra los pueblos del continente con renovada furia y ensañamiento. La disputa es prácticamente cuerpo a cuerpo, pero centrada en las mentes, factor clave –ayer y hoy–, para la dominación.

  • Los gobernantes que tomaron la decisión de profundizar los procesos populares de cambios iniciados; radicalizándolos –cada quien a su manera–, asumieron y asumen un camino lleno de incertidumbres y contradicciones. En tanto lo nuevo es inédito es y será obra de la creación y empeño colectivos de los pueblos. La prueba y el error atraviesan estas experiencias; en ellas se configuran elementos del nuevo poder popular y van madurando los nuevos saberes acerca de él.

Optar por este camino de búsquedas habla de una definición política a favor de la vida enlazada con la determinación de la conciencia y la voluntad colectivas de los pueblos para conformar una nueva izquierda indoafrolatinoamericana, para organizarse y constituirse en sujeto (político-social) popular articulado, para ir transitando –en medio de diversas contradicciones y conflictos–, el camino de la creación y construcción del poder popular desde abajo, orientado hacia lo que un día podrá llegar a ser una nueva civilización.

Esta perspectiva estratégica revolucionaria –aunque algunos pretendan invisibilizarla tras el discurso del “fin de ciclo” –, late hoy también en el continente, en los procesos de Bolivia, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Nicaragua… y aguijonea la pulseada constante con los poderosos y sus apéndices locales. Contradicciones y amenazas florecen por doquier y convocan a los pueblos, a las organizaciones sociales y políticas y a los gobiernos populares, revolucionarios o progresistas, a hacer un alto en el camino, analizar las políticas actuales y la correlación de fuerzas, reflexionar críticamente acerca de lo realizado y definir –colectivamente– un camino a seguir: ceder para conservar (retroceder) o profundizar para avanzar (continuar los procesos de cambio iniciados afianzando su orientación poscapitalista).

En virtud de tal posicionamiento se reinterpretará el alcance de lo que se ha logrado y sus limitaciones; los sujetos sociales y políticos plantearán las nuevas tareas y se identificarán como tales a partir de ellas, en tanto las definirán, concretarán y sostendrán con sus prácticas. La adopción de uno u otro enfoque arrojará conclusiones muy diferentes para el quehacer político actual. Ellas configuran, por tanto, un punto neurálgico de “bifurcación” política de los procesos populares, progresistas o revolucionarios del continente: mantener (y defender) el status quo alcanzado, abonando un camino de reformas restauradoras del capitalismo, o profundizar los “avances revolucionarios”2Aquellos procesos que sin proponerse un horizonte socialista, abren las perspectivas para sobrepasar al capitalismo. [Samir Amin, 2009] iniciados, apostando a la creación y construcción raizal de “otra geometría del poder” (popular) anclada en la participación protagónica de los pueblos, abriendo cauces a la “refundación de la política” desde abajo.

Democracia, un escenario inédito
de lucha de clases

La “democracia no es anodina”, ni inocua, ni incolora, ni insípida, ni descafeinada; en las contiendas políticas entre mayorías y minorías se expresan intereses de clases. Estos atraviesan y se posicionan –particularmente en el caso de los gobiernos populares–, en el debate político institucional, económico, social, cultural, jurídico, ideológico y mediático.

La experiencia de los primeros años de gobiernos populares significó, tanto para los gobernantes como para los pueblos, deslumbramientos, caída de vendas ilusorias, logros, desengaños, cooptaciones, dogmas puestos en cuestión, vacíos teóricos, creaciones colectivas, conflictos, aprendizajes y desafíos. Rápidamente fue tangible que “gobierno y poder no son sinónimos”, que no es posible enfrentar los cimientos del poder directamente, al mismo tiempo ni del mismo modo en todas las realidades, pero tampoco desconocer las contradicciones que ello introduce en los procesos de cambio, ni las exigencias que implica, tanto para aquellos con vocación revolucionaria como para los de orientación reformista-populista.

Para los poderosos de siempre, el primer período de los gobiernos populares ha implicado una “adaptación” a las nuevas reglas del juego, pero una “adaptación” que no fue –ni es– “aceptación” del nuevo estado de cosas, sino un tiempo de preparación activa de condiciones (desestabilización, guerra mediática, económica y cultural), para retomar el mando del rumbo político-económico-cultural de las sociedades latinoamericanas en favor de sus intereses de clase. Y esto habla de las nuevas condiciones en las que han tenido y tendrán lugar las luchas sociales y políticas en este tiempo.

En tal situación, pretender que solo con el apego a la legalidad (pre)existente y la repetición de los ciclos electorales un gobierno popular puede garantizar la continuidad de los procesos transformadores en “democracia” es, cuando menos, una ingenuidad. En este punto confluyen varias confusiones y simplificaciones.

Por un lado, como señalé anteriormente, se reduce la democracia a los procesos electorales, aislándolos del sistema jurídico, político, económico y cultural al que pertenece y al que tributa; es decir, sin comprenderla como parte de una red constructora y soporte de los concesos sociales que garantizan la repetición de sus ciclos, acorde con los intereses de las clases a las que responde. Esto se anuda, a la vez, con otra simplificación: creer que la observancia de la ley (del capital) es garantía de estabilidad y continuidad, cuando está claro en la historia del continente que no ha sido –ni es– así. En este sentido, vale recordar las palabras de Luis Britto García: “La mayoría de los procesos progresistas latinoamericanos bajo asalto son intentos de abrir pacíficamente el camino hacia una transformación revolucionaria respetando las reglas de los adversarios que no respetan regla alguna.” [Disparen contra los progresistas, 27/08/2016] Por otro lado, este “respeto” evidencia un peligroso desconocimiento del carácter de clase de todo el andamiaje jurídico-constitucional-institucional que sirve de base a la conformación y funcionamiento de las instituciones gubernamentales y estatales de un país.

En tercer lugar –y siempre articulado a lo anterior–, este desconocimiento –que se traduce en apoyo acrítico a la legislación vigente–, conduce a menospreciar el protagonismo político de los pueblos desplazándolos del centro del escenario político, extirpando con ello a la política del centro neurálgico del proceso de cambios. Se pretendió anclar la estabilidad y continuidad de los gobiernos en el respeto a las reglas del juego del poder que los adversa. Esto implica, de hecho, poner un freno a los procesos de cambio social ya que saca del escenario del conflicto político central a los actores populares. Y, a la vez –quizá pretendiendo dar muestras de su “confiabilidad”–, no pone en cuestión las bases jurídicas del Estado, ni se plantea su modificación raizal con Asambleas Constituyentes (tantas como lo demande el proceso). Deja de lado entonces, de hecho, la verdad históricamente comprobada de que la soberanía de los pueblos está anudada a los procesos raizales de cambio social. Y estos al cambio de toda la institucionalidad política (el poder constituido) y sus bases jurídico-constitucionales junto con las económicas y culturales.

El funcionamiento de los mecanismos institucionales (jurídico-normativos) heredados, impone –naturalmente– a quien gobierne sus lógicas y fundamentos. Quedarse encorsetado en sus límites coloca a los gobiernos y los Estados en una dimensión jurídico-administrativa, supuestamente al margen del escenario concreto de los conflictos políticos; desplaza los movimientos sociales y la ciudadanía popular del quehacer político y promueve la desmovilización popular. Así, poco a poco, transforma a los otrora protagonistas en clientes espectadores de su historia. De conjunto, esto constituye el primer paso inequívoco hacia la derrota. Como dijo García Márquez refiriéndose al golpe de Estado contra el gobierno de Allende, en 1973: “No se puede hacer revolución administrando un sistema ‘apolillado y podrido’; y quienes lo hagan, estarán condenados a hundirse con la misma estructura corrupta que pretenden defender en aras de un ficticio ‘Estado de derecho republicano’. Esta es una ley de la historia y es importante tenerla presente”.

No son las instituciones, ni los funcionarios, ni las leyes, ni los partidos políticos, los “sujetos del cambio”, sino los “pueblos”.

El territorio revolucionario está en las calles, en los barrios, en las comunidades, en las comunas, en las fábricas, en el campo. Es decir, donde habitan los trabajadores informales, los obreros, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores del campo, los pequeños campesinos, los comuneros, las poblaciones indígenas originarias, los pobladores urbanos de barrios históricamente marginados… y sus organizaciones sociales. El nuevo poder popular instituyente nace y crece allí, en la creación y construcción de lo nuevo por los protagonistas sociopolíticos del proceso: los pueblos. Este proceso constituye, simultáneamente, la base material que posibilita la articulación intersectorial popular hacia la (auto)constitución de sus integrantes en sujetos políticos de los cambios. Atender constantemente a ello es uno de los desafíos políticos centrales de todo el proceso de cambios y no puede obviarse o secundarizarse.

Entre las responsabilidades políticas de gobernantes y funcionarios progresistas o revolucionarios está la de “abrir las instituciones” y su funcionamiento a la “participación popular protagónica”; favorecer el empoderamiento del pueblo y el desarrollo de sus nuevas modalidades democráticas de participación y representación, con sus nuevas institucionalidades e instituciones.

Si no se abren las compuertas del poder institucional estatal y gubernamental a la información, participación y control de los pueblos, no hay posibilidad de cambio revolucionario ni de reformas de fondo; el reciclaje se impone y los intentos revolucionarios terminan o terminarán ahogados –en el mejor de los casos , por el reformismo restaurador. Esto lo revelan muy claramente, por ejemplo, las palabras de Lorena Peña, Diputada del FMLN y Presidenta de la Asamblea Legislativa del El Salvador, cuando –frente a los intentos de desestabilización del gobierno del FMLN desde el ámbito del Tribunal Supremo de Justicia de ese país–, afirma: “Lo nuestro está en las calles y no en la guerra institucional.” (Entrevistada por mí; inédita).

Las experiencias enseñan que es insuficiente tener “buenos gobernantes” en cargos institucionales; hay que transformar también las instituciones y las bases sociales, jurídicas, económicas y políticas de su funcionamiento. Y ello reclama la articulación de empeños desde “arriba” con la participación protagónica de los “de abajo”, abriendo procesos integrales de empoderamiento popular. Los hechos del último año evidencian, por si quedara alguna duda, que la posibilidad de la soberanía de los pueblos está anudada a procesos raizales de cambio social y a la construcción y reconstrucción constante del sujeto popular colectivo.

Las autodenominadas “revoluciones democráticas” no son sinónimos de la otrora “vía pacífica”, suponen la profundización del conflicto político-social. Un “nuevo escenario de lucha de clases” se configura y expande: a la histórica “lucha de calles” se suma la construcción de poder popular en los territorios (comunal, comunitario, laboral…). Aunado a ello, la necesidad de asumir activamente la lucha de las ideas, para enfrentar las llamadas guerras culturales, la guerra global por el dominio de las mentes que se aúna al quehacer de jueces y tribunales de Justicia que pretendiendo ser “independientes” –con el aval de los grandes medios de (in)comunicación masiva–, actúan en favor del poder del capital global, sin escrúpulos ni sonrojos (Brasil, El Salvador, Ecuador…)

Hegel se hace nuevamente presente en la escena política del continente sirviendo de fundamento a políticas reaccionarias: Si todo lo racional es real, la tarea entonces consiste en hacer racional(izable) todo lo que se quiere instalar como real (creíble y aceptado por la población). Y para ello están: el aparato jurídico de cada país, las “maniobras” económicas y las cañoneras mediáticas en manos de los grandes grupos empresariales y financieros del mundo.

Entre las responsabilidades políticas de los movimientos sociales están: atender a la batalla cultural y la lucha por la hegemonía popular; organizarse, construir propuestas para el cambio social y exigir participar protagónicamente en las decisiones de Estado y gobierno y prepararse para ello; salir a las calles para reivindicar tomar parte en la definición de las políticas públicas, para ampliar los derechos del pueblo transformando raizalmente la democracia. No se trata pues, solo de mirar críticamente a los que gobiernan o gobernaron, sino, simultáneamente, interrogar a las propias prácticas. Tal vez se descubra, por ejemplo, que hubo un cierto acomodamiento a las nuevas condiciones creadas con la instauración de los gobiernos populares –como si fueran estáticas–, como si los poderosos hubiesen abandonado definitivamente el escenario político y restara solo disputar con los nuevos gobernantes para mejorar las condiciones de vida y lograr un mejor “pasar”. Esta disputa, obviamente, es parte del proceso; lo erróneo fue –en todo caso–, centrarse unilateralmente en aspectos sectoriales (que confluyen fatalmente hacia lo corporativo), olvidando o descuidando el reconocerse y reubicarse como actores políticos en las nuevas condiciones, identificando los nuevos núcleos de convergencia sobre los cuales asentar y promover nuevas articulaciones reconstituyentes del sujeto político popular colectivo en el nuevo tiempo político.

La reflexión crítica y autocrítica es imprescindible. Y no se limita a los movimientos sociales, partidos políticos de izquierda o gobernantes; abarca también a una parte de la intelectualidad de izquierda y progresista del continente.

Cuando los movimientos sociales tuvieron que moverse en las nuevas condiciones, con gobiernos populares, hacerse cargo de algunas áreas de gobierno, la nueva situación que los propios movimientos habían construido de modo directo o indirecto, los sorprendió; tantos años, décadas o siglos de exclusión, de resistencia y lucha por sus derechos, formó en ellos una arraigada cultura de oposición a lo establecido que se tradujo en desconfianza y rechazo a todo lo gubernamental o estatal y, de ahí, en conciencia antigubernamental o antiestatal.

En las nuevas condiciones políticas, aquellas prácticas sociopolíticas coadyuvaron –en algunos actores sociales–, por un lado, a la sobrevivencia del rechazo a toda relación con el Estado y gobierno, bajo el fantasma de la cooptación. Por otro –y anudado a lo anterior , obstaculizando que los actores sociopolíticos se reconozcan y replanteen a sí mismos como sujetos de este nuevo tiempo, re-articulándose acorde con la realidad y las tareas del nuevo tiempo, asumiendo las tareas e interrelaciones sociopolíticas que ello implica. Por ejemplo, disputa ideológico-política con los sectores (desplazados) del poder histórico; reorganización y fortalecimiento de las organizaciones sociales y su articulación; replanteo de sus relaciones con el Gobierno y el Estado… Es decir, era imprescindible pasar de “opositores a participantes”; aprender a moverse y actuar en tiempos de “baja” conflictividad social, “baja” en lo que hace a la interacción gobierno-Estado-pueblo, pero no en relación con los nuevos conflictos que se abrieron (y se abren), relacionados directamente con la disputa de poderes por la hegemonía, y la posibilidad de traccionar el proceso de cambio hacia su profundización, anclado en la participación popular, en la lucha ideológico-cultural, etcétera.

¿Qué ocurrió? El peso de la anterior –prolongada- cultura de oposición, traducido en pensamientos y conductas, le ha jugado al conjunto del campo popular una “mala pasada”. Ya sea, impidiendo identificar (a tiempo) las nuevas realidades, posibilidades y potencialidades del nuevo tiempo, o analizando lo nuevo con el viejo rasero analítico y práctico, lo cual –de hecho– terminó convergiendo con conductas políticas –en el fondo– iguales al factor anterior supuestamente negado o superado.
¿Y el pensamiento crítico comprometido?, ¿y los intelectuales? ¿Y la izquierda partidaria?

En el ámbito intelectual tuvo lugar algo similar a lo que ocurrió con los movimientos sociales. Una parte de la intelectualidad reconocida de la izquierda latinoamericana quedó entrampada también en la vieja cultura de oposición. Esto es: excelentes críticos de los Estados neoliberales, con capacidad para contribuir a identificar rumbos políticos para su superación, luego, en tiempos de los gobiernos populares, evidenciaron manifiestas incapacidades para posicionarse críticamente, tanto en su interrelación con los gobiernos (y los gobernantes) como con los movimientos sociales. ¿Qué ocurrió?

Además de las dificultades que se desprenden del peso de las viejas prácticas de oposición y desconfianza en lo institucional, la llegada de los gobiernos populares encandiló a muchos obstaculizando su capacidad crítica, tornando no pocas veces , su analítica y discurso en obsecuencia hacia los gobiernos amigos. Se pueden consultar escritos de hace poco tiempo, de muchos de ellos y se constatará la pobreza de sus contenidos; la crítica constructiva necesaria, fue desplazada por una secuencia de justificaciones de lo hecho por los gobiernos o por sus políticas de Estado…

Estar comprometidos con los pueblos y sus búsquedas de liberación es fundamental punto de partida e implica, a la vez, posicionarse desde –y en– el proceso de cambios sin perder la visión crítica, vital para el aporte constructivo que la intelectualidad –en tanto orgánica– puede hacer a los procesos de transformación, conjuntamente con los sujetos. Diagnósticos actualizados de la correlación de fuerzas, identificación de los principales focos de conflictividad auspiciados por los poderosos desde la sombra, identificación de los cambios producidos en las propias fuerzas del cambio: sociales, políticas y de gobierno, y su interrelación para contribuir a la reconstitución y rearticulación de los sujetos populares en actor colectivo, sujeto político acorde con las nuevas condiciones creadas colectivamente en luchas y resistencias.

En el nuevo tiempo abierto con la llegada de los gobiernos populares, el tablero de las fuerzas en disputa se reconfiguró con nuevos protagonistas y nuevas dinámicas. Esta realidad exigía de los sujetos, análisis y propuestas actualizadas para revalidarse como tales sujetos en las nuevas condiciones; es decir, para (re)constituirse en la fuerza político social de liberación del nuevo tiempo, capaz de marcar el rumbo de los acontecimientos en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario y construir la conducción política del proceso de cambio.

Sin absolutizar, hay que reconocer que entre el valioso caudal de intelectuales progresistas o de izquierdas del continente, se cuentan también algunos que lejos de contribuir con sus reflexiones críticas a la sostenibilidad, continuidad y profundización de los procesos populares de cambio social , sostuvieron una actitud de “falso compromiso” basado en la aceptación absoluta de las políticas y el quehacer gubernamental-estatal.

El pensamiento binario: “O esto, o lo otro”, inculcado históricamente por la ideología del poder marcó también aquí su predominio, configurando un pensamiento y conductas que respondieron al: “Si no estás conmigo, estás en mi contra”. Esta actitud fue potenciada y reforzada políticamente por algunos sectores partidarios de las izquierdas, quienes –cerrando filas con los entornos gubernamentales–, promovieron entre sus pares –a través de sus medios de difusión y áreas de influencias–, la aceptación monolítica de las políticas oficiales de los gobiernos, definiéndolas –además– como signo de “fidelidad política” y “fortaleza ideológica”. Esto contribuyó también a invisibilizar experiencias de base que construían territorialmente poder popular y que, por tanto, suponían –para esos sectores– una amenaza potencial para –lo que entendían eran– sus posiciones de poder en municipios, departamentos, estados, provincias… Tales prácticas fomentaron actitudes acríticas en las filas partidarias y alentaron el silenciamiento o consentimiento oportunista ante fallas o errores visibles, en el entorno cercano de quienes así actuaban. De conjunto, la reiteración sostenida de estas conductas abonó el empobrecimiento cultural, político y social de los procesos populares, y estimuló la retracción política de gran parte de sus protagonistas de base popular.3“Contradicciones en el seno del pueblo” las llamaba Mao Zedong. Con el declive de su personalidad y la pérdida de influencia de sus ideas, los planteamientos que elaboró sobre la “revolución cultural” fueron desplazados de los debates y del quehacer político de la izquierda. Todo quedó colocado y organizado externamente a los sujetos, simplificado y binarizado: lo bueno y lo malo, lo uno y lo otro, lo positivo y lo negativo, los capitalistas y el proletariado, los que apoyan y los que se oponen… Los espacios de disputa correspondientes a la internalización de los códigos del poder del capital y sus mecanismos de funcionamiento, fueron desconocidos y rechazados. Se mimetizaron entonces tras frases engañosas como, por ejemplo: estar a favor del proceso o en contra; tener fortaleza o debilidades ideológicas. La posesión de la verdad, siempre presente en toda disputa, volvió a hacerse presente entre pares de la izquierda, pero en este contexto las disputas disfrazadas de tolerancia , buscaban esclarecer en “los hechos” quien poseía verdaderamente la verdad verdadera. Esto puede parecer quizá un juego de palabras, pero no lo es. Vale recordar la fuerza que aún tiene entre nosotros el axioma lógico-formal que admite una sola verdad y descalifica a las demás; y en cuestión política, al interior de las fuerzas populares, esto se expresa con mucha fuerza. “Tener razón” se asimila con la posesión de la verdad, y en tanto “poseer la verdad” implica “saber”, esto es “tener poder”. ¿Será acaso un hecho sin importancia que determinados planteamientos se asuman como decisiones colectivas en una asamblea o en un debate interno, o en determinadas decisiones gubernamentales? Ganar discusiones, debates, ser portadores de propuestas que resultan seleccionadas como proyectos políticos, hacer la síntesis de los encuentros, etc., significa “saber”, y esta posesión del saber es, a la vez, poder. Razón suficiente para comprender que tras toda disputa de saberes, de conocimientos, de lo que se puede o no considerar “verdad” acerca de acontecimientos o procesos sociales, implica siempre y en todo lugar una disputa de poderes, en este caso, en el seno del campo popular. Rechazarla, negarla o invisibilizarla solo hace el juego al saber-poder hegemónico que, mimetizado como “lo habitual y natural” supervive como lo único verdadero posible (y permitido) para el sentido común de las mayorías, previamente moldeado precisamente para ello.

La visión crítica incluye naturalmente el reconocimiento de los avances, lo positivo, pero esto no requiere de una retórica triunfalista. La fusión de lo analítico con lo propagandístico fortaleció el empobrecimiento teórico. Y en tanto existe correspondencia entre teoría y práctica, el empobrecimiento teórico se tradujo en empobrecimiento práctico.

La dinámica binaria reforzó las políticas de polarización, frenó o limitó la posibilidad de acumulación de fuerzas populares con autonomía (que no significa estar “en contra”) de los gobiernos (y sus gobernantes), allanó el camino para la uniformización política mediática del campo popular, condición subjetiva que fue utilizada por los poderosos en función de sus intereses: Sobre esa base –apoyados en estigmatizaciones y criminalizaciones continuas de los principales referentes de los gobiernos populares y su proyecto político–, construyeron la derrota moral de sus adversarios (y con ellos, del campo popular), allanando el camino para la restauración neoliberal.

El triunfo ideológico-cultural del poder hegemónico ha sido condición previa al voto en las urnas o a los procesos destituyentes parlamentarios. Sin embargo, este factor ha sido abordado sin mayor relevancia por los “expertos” de las batallas mediáticas, tal vez por considerar que el eje de la batalla ideológico-cultural pasa por desmentir a los principales medios de comunicación masiva, en vez de promover modalidades de acción política diferentes en el campo popular: amplias, participativas, plurales… construyendo paso a paso la unidad del campo popular (o más exactamente indoafropopular), respetando la diversidad de los posicionamientos, de las cosmovisiones, de las identidades diversas… en vez de buscar un encolumnamiento absoluto y vertical tras líderes o gobernantes.

La disputa de las mayorías, la lucha de ideas por el fortalecimiento de la conciencia política de los pueblos, articulada con la participación y organización para la creatividad y el crecimiento colectivo de los pueblos quedó frecuentemente desplazada a un segundo o tercer plano. Y si algo está claro hoy es que las fuerzas del poder dedicaron grandes empeños a la batalla de ideas, a la disputa de la subjetividad de las mayorías para ponerlas en función de sus intereses. No es una casualidad que logren ciertos consensos populares hacia posiciones de derecha en el continente, particularmente en las recientes expresiones electorales. Estas pudieran catalogarse como coyunturales, pero siempre representan una síntesis de la proyección estratégica en disputa.

Vale nuevamente reiterar aquella sabia sentencia de John W. Cooke: “…la teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística manejan unos pocos iniciados, sino un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ellas. No les llega como un conjunto de mandamientos dictados desde las alturas, sino como un proceso de su propia conciencia hacia la comprensión del mundo que han de transformar”.

Está claro que las izquierdas de ayer, las del presente y las nuevas del futuro, en cualquiera de sus variantes, si tienen vocación de poder, para cambiar la realidad tienen que estar ancladas a las mayorías populares, ser parte de ellas para –con ellas– construir las políticas, reconstituyéndose permanentemente en mayoría; es decir, no solo hay que construir la mayoría, sino conservarla y ampliarla. Esto es: atreverse a crecer, a ampliar los espacios de participación, de creatividad y toma de decisiones, a ceder espacios de poder que se pretenden propios para tener colectivamente, como pueblo organizado, como sujeto colectivo, más poder, creando y construyendo día a día las confianzas colectivas, las coordinaciones, articulaciones y propuestas de acciones compartidas que vayan definiendo un horizonte común en cada momento, cimentando el empoderamiento colectivo, expresión y avance del nuevo poder popular. La intelectualidad orgánica tiene mucho que aportar en este sentido.

¿Tendrían que romper o distanciarse de sus partidos o de los gobiernos populares para aportar críticamente? De ninguna manera. Basta con asumirse como lo que cada uno es (o podría ser): “intelectual orgánico del movimiento popular sociotransformador”, conscientes de que la mirada crítica es indispensable tanto para la recuperación de los aprendido en las experiencias colectivas de creación y construcción de lo nuevo, como para reevaluar continuamente el quehacer de los gobiernos y Estados populares en materia de participación popular, un bastión central del nuevo poder, clave para la sostenibilidad de los procesos, para –de conjunto–, revitalizar–actualizar en cada momento los nexos internos que dan existencia y sustento sociopolítico al sujeto popular colectivo y a los procesos de cambios sociales que protagonizan y animan, transformando permanentemente las democracias desde la raíz popular, fortaleciendo también las capacidades políticas e ideológicas de los sujetos que las hacen posibles y las definen a imagen y semejanza…

Reconocer esto es importante para dejar en claro que la autocrítica y el aprendizaje no atañen solamente a los gobernantes, ni a los partidos de izquierda, ni a los movimientos sociales populares, sino también a los intelectuales de izquierda y progresistas. No vale pretender ubicarse “fuera” de los acontecimientos; no es desde allí que se consigue la “objetividad” tan inculcada por las academias. En política revolucionaria la objetividad se logra ubicándose adentro del proceso del cual se opina, pensando críticamente con la diversidad de los actores del campo popular, para actualizar constantemente la conciencia política y el pensamiento sociotransformador en las condiciones concretas, en el tiempo concreto, con los sujetos concretos, de modo que el proceso de cambios pueda también aprender de sus errores y nutrirse continuamente de las experiencias cotidianas de creación de lo nuevo por parte de los pueblos, las comunidades, las comunas, los movimientos… aprender y enriquecerse con sus empeños en la construcción de lo que se llama contrahegemonía popular, aportando claramente a la construcción de un “nuevo pensamiento crítico popular colectivo”. Esto es también parte de los desafíos del presente.

En tanto la nueva civilización es producto de la creación de los pueblos, es inédita; es decir, no puede ser copiada de ningún texto ni lugar. La primera y principal fuente de aprendizaje que tenemos es la experiencia colectiva de los pueblos y reflexionar críticamente a partir de ellas es fundamental. Al decir de Houtart: “Ver–juzgar–actuar, constituye la base de nuevas esperanzas que puedan reconstruir la adhesión de nuevas generaciones, actualmente muy despolitizadas.” [2016]

La creación–construcción de la nueva civilización supone un proceso permanente y articulado de acción y reflexión, la definición de nuevas metas y los análisis críticos sistemáticos de los empeños concretos. Reflexionando a partir de ello he identificado un conjunto de nudos temáticos que –en alguna medida– son parte de los debates actuales acerca de los gobiernos populares y del quehacer político presente y futuro de los movimientos sociales populares y la izquierda indoafrolatinoamericana en aras de reconstruir el movimiento de emancipación de los pueblos:

  • Modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo.
  • Crear y desarrollar un nuevo modo de producción y reproducción.
  • Recuperar la centralidad protagónica de los sujetos.
  • Salir del cerco ideológico, político, cultural y mediático del poder hegemónico.
  • Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural.
  • Replantearse la transición hacia la nueva civilización.

Rounded image

Isabel Rauber

Doctora en Filosofía de la Universidad de La Habana, Directora de la revista Pasado y Presente siglo XXI y coordinadora de la red de investigación del mismo nombre. Investigadora adjunta del Centro de Estudios sobre América, coordinadora del Laboratorio de Pensamiento Argentino del Centro Cultural Caras y Caretas de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Lanús, profesora adjunta de la Universidad de La Habana, miembro del Consejo Científico Asesor de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) e integrante del Foro del Tercer Mundo y del Foro Mundial de las Alternativas. También es investigadora de la UNESCO en temas de género, pobreza urbana y procesos de transformación social. Es investigadora invitada del Centro de Estudios Tricontinental (CETRI) de Lovaina la Nueva, colabora con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ginebra, y dirige el Programa de Formación Sociopolítica a Distancia (PROFOSD).


Nota: