El caso de Bolivia:

Fenómeno de la corrupción y la violencia política hacia las mujeres:

María Eugenia Rojas Valverde
Publicado en julio 2018 en La Migraña 27
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Lucha contra la corrupción

La corrupción socava la democracia y el estado de derecho de todos los países, genera delincuencia organizada y afecta principalmente a los más vulnerables (las mujeres y las niñas), porque desvía los recursos destinados a mejorar su calidad de vida. Por todo esto, la corrupción es un obstáculo muy importante en la lucha contra la pobreza y en lograr el desarrollo1http://www.unodc.org/bolivia/es/lucha_contra_la_corrupcion.html.

Bolivia, como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada en 2006, asumió diversos compromisos, agendas y planes para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Sin embargo, existen serias preocupaciones respecto a la corrupción en Bolivia, además de indicaciones de su existencia en todos los niveles del Estado —en especial en el nivel local— y prácticamente en todas sus instituciones. El problema está relacionado con el proceso de descentralización del país iniciado en 1994, que implica la transferencia de fondos del tesoro nacional a los gobiernos municipales. Un reto fue y es la carencia de servidores públicos capacitados en los 339 gobiernos municipales y los 9 gobiernos departamentales.

De acuerdo con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), en 2015 los gobiernos municipales han sido las instituciones más denunciadas por hechos de corrupción, juntamente con la Policía, el Órgano Judicial y el Ministerio Público. El 30% de las denuncias que llegan al Ministerio se relacionan con los gobiernos locales y durante cada periodo fiscal, por lo menos 100 cuentas de gobiernos municipales llegan a ser congeladas.

Hay un alto nivel de permisividad social y de tolerancia frente a la corrupción, tanto por parte de los servidores públicos como de la población en general. Esto tiene un impacto directo y corrosivo en la gobernanza democrática. Algunas áreas, como la contratación pública de obras y servicios, tanto en el ámbito local como nacional, tienen serias deficiencias en términos de transparencia, dando lugar a que prevalezcan prácticas corruptas, como las comisiones clandestinas (coimas).

¿Cuánto afecta el fenómeno de la corrupción por patrones de género?

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), las mujeres de todo el mundo perciben consistentemente mayores niveles de corrupción en las instituciones públicas que los hombres. En particular, esto sucede con los servicios públicos con los cuales tienen mayor contacto las mujeres en general: las instituciones educativas, de salud y, también con el gobierno local.

La corrupción retrasa los esfuerzos de los países y de la ciudadanía para lograr mayores cotas de desarrollo humano y reducir las desigualdades, entre ellas las de género. En un estudio global realizado en 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encontró que la corrupción tiene un impacto negativo en el empoderamiento y la participación de las mujeres. En su rol tradicional de cuidadoras del hogar, las mujeres experimentan la corrupción en su vida diaria cuando inscriben a sus hijos en las escuelas, cuando participan en programas de subsidios, cuando denuncian abusos, cuando participan en procesos electorales2Género y corrupción en América Latina: ¿Hay alguna conexión? Documento de Trabajo, PNUD, 2014 y a su vez en su rol de gestoras públicas3Derechos políticos de las mujeres: entre la inseguridad y la violencia política de alto riesgo. María Eugenia Rojas Valverde, 2014.. El análisis de la conexión entre género y corrupción es todavía bastante incipiente en la región y en Bolivia.

PNUD, el 2014, señala la “corrupción como el abuso de un poder acordado o encomendado para beneficio privado”4UNDP – UNIFEM: Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections, Primers in Gender and Democratic Governance, N.º 5, New York, 2010, p. 3, y PNUD: Programas Anti-Corrupción en América Latina y el Caribe, Centro Regional para América Latina y el Caribe, Panamá, 2012., asimismo define los hechos ilícitos o delitos que tipifican conductas corruptas, se basan en la categorización adoptada en las convenciones y tratados internacionales específicos.

El abordaje encontrado sobre el tema se refiere a algunos mitos en los estudios existentes para cuestionar con evidencias algunas aseveraciones que se han instalado en el imaginario colectivo, “las mujeres por naturaleza son menos corruptibles que los hombres y, por lo tanto, cuando hay más mujeres en los puestos de toma de decisión baja la corrupción”. Ese tipo de enfoques “esencialistas” se ven reflejados en algunas respuestas políticas de anticorrupción en algunos países de la región con estrategias de incremento de mujeres en las instituciones como la policía (brigadas de mujeres). Aunque beneficioso en el corto plazo, en términos de democracia paritaria, a la larga puede tener efectos contraproducentes si se pone las expectativa de frenar la corrupción con las mujeres (y en “su naturaleza incorruptible”) sin poner el foco en los factores que actúan como promotores y desencadenantes de la corrupción (PNUD, 2014).

La relación entre corrupción y género plantea que la primera junto a la transparencia estarían influenciadas o determinadas por el género5Se entiende por género como el conjunto de atributos, relaciones y oportunidades sociales asociados con el hecho de ser mujer u hombre. El género es una construcción social que es, en esencia, histórica y se modifica en función del contexto cultural de cada sociedad en cada época. El género se vincula con las relaciones de poder entre hombres y mujeres y “determina lo que se espera, es permitido y valorado en una mujer o un hombre en un determinado contexto.” http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions. Entre uno de los problemas frecuentes en la escasa literatura sobre género y corrupción es la identificación de cualquier tipo de ilícito6La pequeña corrupción o corrupción “minorista” se da en las relaciones personales entre individuos y el aparato estatal, localizándose en los niveles inferiores de la administración pública, e involucra a los que interactúan a diario con la población en general en temas de servicios públicos. Los actores en estos intercambios no tienen poder para fijar ni cambiar las políticas públicas, pero sí pueden adoptar decisiones discrecionales que afectan a individuos concretos en su vida diaria. Este tipo de corrupción tiene una esfera central de acción en lo referido a la prestación de servicios y el acceso a derechos por parte de la población. No solo cambian los actores involucrados y las víctimas de la corrupción de la “gran corrupción”, sino que estas dos formas de corrupción se diferencian también por la moneda de cambio, tanto en lo referido a los montos involucrados, como en cuanto a la naturaleza de esa moneda. En el caso de la gran corrupción generalmente la moneda de cambio es el dinero en cantidades significativas. En el caso de la pequeña corrupción no solo se utiliza el dinero como moneda de cambio, sino también la prestación de servicios personales y en algunos casos los favores sexuales. —particularmente aquellos delitos que afectan a las mujeres— como si fueran casos de corrupción7Ver, por ejemplo, Thiteux-altschul, M. (edit): Género y corrupción. Las mujeres en la democracia participativa. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2010. Prólogo, p. 12-13 y Ekeanyanwu, L.: Nexo entre Género y Corrupción. ¿Mito o realidad?, en el mismo volumen, Capítulo VIII, en especial p. 160..

El enfoque más reconocido en los estudios sobre género y corrupción está relacionado a las condiciones y características psicológicas o incluso morales que diferenciarían a hombres y mujeres, sugiriendo que “las mujeres son más honestas y menos tolerantes a la corrupción” y que la mayor presencia de mujeres en el gobierno y en la actividad económica coincidiría con menores grados de corrupción8WORLD BANK: “Engendering Development. Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice”, Oxford Univ. Press, Washington, 2011.. Esta interpretación esencialista se basó en el cruce de información sobre la percepción de corrupción en los países de la región y las estadísticas sobre participación de las mujeres especialmente en el parlamento y en el gabinete9Dollar, D. et Al.: Are Women really the Fairer Sex? Corruption and Women in Government. World Bank Development Research Group, Washington, 1999. Ver también Swany, A .et Al: “Gender and Corruption”, 2000, en http://web.williams.edu/Economics/wp/Swamy_gender.pdf.

El problema de este enfoque es la ausencia de otras variables que podrían ser las determinantes no solo de la menor percepción de corrupción, sino también de la mayor presencia de mujeres en el gobierno, tal es el caso de la plena vigencia del estado de derecho, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos y el grado de inclusión garantizado por el sistema democrático10Sung, H.: Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption Revisited”, The University of North Carolina Press, Social Forces, Dec -2003, 82(2), pp. 703-723..

Aunque los estudios sobre psicología social han demostrado en los últimos años que la honestidad e integridad no son condiciones consustanciales a ser hombre o mujer, es llamativo que aún en la actualidad algunos gobiernos sigan adoptando políticas públicas con base en presupuesto de que las mujeres por naturaleza son menos propensas a la corrupción que los varones (PNUD, 2014). Por ejemplo la decisión de las autoridades del Estado de México, que conformaron exclusivamente con mujeres los equipos de policía de tránsito autorizados a poner multas por infracciones, precisamente aduciendo la mayor honestidad de las mujeres, como una forma de prevenir y evitar la corrupción.

Fuerza Especial de Lucha Contra
la Violencia a la Mujer

Aunque puede ser válida la correlación: mayor presencia de mujeres en la política-menor corrupción, el análisis de los datos existentes en la actualidad para América Latina no avalaría una relación causal, siguiendo esta lógica, los datos en Bolivia tampoco se encuentran acorde a tal relación.

La investigación efectuada por Ciudadanía que junto con el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Los Tiempos presentan resultados de un estudio que aborda varias problemáticas como seguridad ciudadana, confianza en las instituciones, justicia, empleo y política internacional. Los bolivianos, al menos los que viven en las grandes regiones metropolitanas de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, consideran que las prioridades importantes del país no tienen que ver con tener más canchas de fútbol o lograr una salida al mar, sino con mejorar los servicios públicos como educación y salud, y reducir la pobreza, según datos de la última encuesta del Foro Regional. Sobre los principales problemas del país señalaron principalmente a: la corrupción, la falta de buenos empleos, la mala calidad de los servicios públicos y la pobreza11http://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/media_imagen/2017/8/6/01-encuesta-6-de-agosto-okk.png?itok=NDfN0Jed. Es decir, la gente quiere menos corrupción y mejores servicios.

Son datos ilustrativos, pero dejan claro que si bien puede haber correlación, no existe causalidad directa entre las dos variables y tampoco una correlación clara y unívoca: mayor presencia de mujeres en la política-menor corrupción (PNUD, 2014).

La respuesta frente a una encuesta sobre percepción de corrupción puede diferir sustancialmente de la actitud concreta de una persona frente a la experiencia de corrupción12Otro estudio sobre la base de experimentación que tampoco encontró un sesgo de género significativo en materia de corrupción puede verse en: FRANK, B. et Al.: “Gender and Corruption. Lessons from Laboratory Corruption Experiments” en European Journal of Development Research (2011) 23, pp. 59-71. , mostrando que el sexo de una persona no determina su grado de integridad y tolerancia a la corrupción. Sin embargo, si —como sostiene Alatas— “la actitud frente a la oportunidad de la corrupción de las personas es lo que determina y no si son hombres o mujeres”, entonces las medidas anticorrupción deben ir más allá de solo el incremento de funcionarias públicas y tomadoras de decisiones mujeres.

Si se parte de la premisa de que las mujeres son menos tolerantes a la corrupción y menos propensas a involucrarse en tratos corruptos, la mayor presencia de mujeres en la función pública y en las decisiones de políticas públicas debe ser promovida dentro de las medidas anticorrupción. Obviamente, hay que tener presente que la mayor participación de las mujeres en la política no es solo una cuestión instrumental, sino también un principio fundamental que hace a la calidad de la gobernabilidad democrática, con plena inclusión y reconocimiento de los derechos de toda la población (Bareiro,L y Tórres I, 2009)

Un estudio reciente identifica el riesgo como uno de los factores que puede explicar una diferente actitud de hombres y mujeres frente a la corrupción. En un contexto democrático caracterizado por el pluralismo de opiniones, el estado de derecho y la justicia eficaz y la transparencia los riesgos y costos de involucrarse en tratos corruptos aumentan considerablemente en comparación con contextos autoritarios caracterizados más por la discrecionalidad, la impunidad y la opacidad de los procesos decisorios. Según Esarey y Chirillo los riesgos de ser descubierto y sancionado tanto legal como socialmente impactan diferenciadamente en hombres y mujeres “y las mujeres sienten mayor presión para acomodarse a las normas vigentes en torno a la corrupción”. En consecuencia en contextos democráticos donde los riesgos de involucrarse en corrupción son altos, los incentivos a una conducta de hombres y mujeres en general hacia la corrupción juegan en favor de ser más intolerables y menos propensos a involucrarse. Por el contrario, en contextos donde el riesgo es bajo o nulo –o donde incluso es más riesgoso enfrentar la corrupción que plegarse a ella– los incentivos juegan en favor de ser más tolerables a la corrupción y a mayor probabilidad a involucrarse en ella. (PNUD, 2014).

La cuestión del grado de riesgo en contextos democráticos donde la gobernabilidad democrática presenta diversos grados de desarrollo, mayores o menores, registrándose avances y retrocesos. Hay que tener en cuenta que el aumento del riesgo para las conductas corruptas se produce en la medida en que está “vigente” el estado de derecho y las normas se cumplen, donde existe independencia de poderes y donde los controles –formales e informales– son eficaces para evitar la impunidad (Ibidem).

Es posible también –como sostiene Goetz– que la supuesta o mítica mayor honestidad e integridad de las mujeres en la función pública se deba en algunos contextos a la falta de oportunidades, porque la mujer no integra aún las redes de poder real y efectivo, aunque esté presente en la política y en la burocracia. Posiblemente, el cambio de liderazgos traería aparejada una práctica menos corrupta. Pero también es posible que al entrar las mujeres en esas redes –es decir, al tener la oportunidad de la corrupción y la protección o impunidad que garantiza la red– el número de mujeres y varones involucrados en tratos corruptos fuera similar.

Esta idea de que el género predispone a los hombres a ser más corruptos que las mujeres es una aseveración que aún está siendo debatida y analizada a nivel internacional. No existen pruebas claras de que las mujeres no ofrezcan sobornos si se les presenta la oportunidad. Algunos sugieren quizá tal vez no sean capaces de encontrar los puntos de acceso a las redes donde se concretan los sobornos. En la práctica se ha determinado que las mujeres perciben y experimentan la corrupción de un modo distinto que los hombres. Las mujeres parecen ser menos (proclives) tolerantes, y también menos vulnerables a la corrupción, que sus contrapartes masculinas, según un estudio que analiza la dimensión de la percepción de corrupción en función del género. Un informe reciente de UNIFEM13UNIFEM. ¿Quién responde a las mujeres? Género y rendición de cuentas. El progreso de las mujeres en el mundo 2008/2009. (Nueva York, NY: UNIFEM, 2009). www.unifem.org/progress/2008/publication.htm confirma esas conclusiones, al igual que lo señalan encuestas realizadas por Transparencia Internacional (TI)14Transparencia Internacional (TI). Gender and Corruption. (Género y corrupción), Documento de trabajo 03/2007 (Berlín, Alemania: TI, 2007)..

  • Es necesario revisar los supuestos y mitos, cuáles son las áreas en que la corrupción y la lucha contra la corrupción presentan efectos y dan lugar a actitudes diferenciadas por género en cada contexto político, económico y cultural.
  • Además de analizar la corrupción como un fenómeno social y político es necesario verificar si el factor género influye en la configuración de la corrupción como problema de política pública en Bolivia.
  • Estudiar si hay alguna diferencia de género cuando se trata de denunciar la corrupción real y concreta, cuando se trata de proponer soluciones, cuando se enfrentan dilemas reales de ética pública.
  • Esto permitirá desarrollar políticas anticorrupción más eficientes y –cuando sea necesario– diversificar esas políticas en atención al género.

Corrupción y las desigualdades de género en los servicios y la gestión pública

Muchos de estos hechos fueron parte de las denuncias de corrupción presentadas por las mujeres concejalas en Bolivia en el ejercicio de su “función de fiscalización”. Aunque no hay denuncias presentadas por hombres contra mujeres ante el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, esto no implica que no existan casos de corrupción realizadas por mujeres, sino que las mujeres son, en promedio, más proclives que los hombres a solicitar ayuda15La Ley N° 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, define en el capítulo III al Concejo Municipal como un “Órgano Legislativo Deliberativo y Fiscalizador”. Es pertinente mencionar que las mujeres concejalas, en su actuación de fiscalización, hicieron las denuncias proporcionadas por ACOBOL, 2014, provenientes en muchos casos de actos de corrupción contra funcionarios y autoridades ediles, que sirvieron de base y respaldo estadístico para la Ley N° 243, logrando insertar las definiciones de acoso y violencia política en el art. 7 y de los actos de acoso y violencia política el art. 8. (Rojas, 2014)., debido al acoso y violencia política del que son víctimas una vez hecha la denuncia (Rojas, 2014).

En Bolivia, el proceso de descentralización trajo la argumentación de que la municipalización16Se plantea usar el municipio como unidad básica para la estructuración de una nueva gobernabilidad democrática., reducía la corrupción y el patrimonialismo de los partidos, con aumento de rendición de cuentas y al dar oportunidad de mayor participación de otros sectores y actores/as excluidos/as, según Prats J., 2003.

Sin embargo, la realidad mostró lo contrario, que las principales dificultades en el nivel local están relacionadas con la falta de transparencia en la administración municipal, la debilidad institucional y la carencia de rendición de cuentas, así como con la prevalencia de prácticas corruptas.

Estos problemas están interrelacionados y tienen un impacto directo y corrosivo en la gobernanza democrática, dado que los gobiernos locales son los más cercanos a los/as ciudadanos/as.

Una encuesta realizada por la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, muestra que en caso de sufrir acoso y violencia política (AVP), un 35% de ellas no saben a qué instancia pública acudir, tampoco cuentan con asesoría legal; aunque en caso de sufrir AVP un 18.5%, recurre generalmente al asesor del concejo municipal, que es el asesor del alcalde, hombre en el 94% de los casos (que se encuentra implicado en el caso). Otra encuesta de la misma institución, ACOBOL, 2010, muestra que del total de denuncias recibidas, el 20% fueron atendidas por organizaciones de mujeres, 23% atendidas por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y 20% por la Defensoría del Pueblo. El 53% de ellas requirieron asistencia legal, 8% representación y apoyo institucional, y un 39% información para canalizar su denuncia.

En 2013, ACOBOL recibió 275 denuncias de AVP, de estos hechos la mayoría suelen producirse en los municipios rurales o más alejados del centro urbano. Asunta Melgar, concejala de la Guardia en Santa Cruz de la Sierra, señala que las concejalas no denuncian por falta de recursos económicos, y por temor a sufrir represalias. Del total de denuncias, 40% fue derivado a instancias de gobierno sin resolución, 32,4% no tuvieron ningún tipo de respuesta, y en 7,6% las instituciones se excusaron arguyendo su falta de competencia en la cuestión (Rojas 2014).

En general, se puede establecer que una de las causas del AVP en Bolivia se debe a las denuncias por supuestos actos de corrupción en los gobiernos locales, en el ejercicio de su función de fiscalización, por parte de las mujeres (electas y suplentes) hacia los hombres en la gestión municipal.

La falta de transparencia, conjuntamente con una baja participación ciudadana y un bajo control social, crea un ambiente ideal para las prácticas corruptas (coimas), el cual puede generar inestabilidades institucionales, violencia política y protestas sociales17Ibidem, 2014.

En cuanto a la prestación de servicios, por las entidades del gobierno, existe cada vez mayor conciencia de que el género actúa como una lente que magnifica los impactos de la corrupción, particularmente cuando se trata de la prestación de servicios en países en desarrollo. La corrupción en los servicios básicos, tales como salud y educación, puede tener consecuencias desproporcionadamente negativas para mujeres y niñas. Puede comprometer seriamente su acceso a centros educativos y hospitales/centros de salud de calidad, su propio empoderamiento social y económico e incluso las perspectivas de su país en términos de crecimiento, de igualdad de género y para lograr un cambio social amplio. La corrupción frustra directamente los avances en todas estas áreas al exacerbar la pobreza y las diferencias entre los géneros. En los países en desarrollo, los efectos pueden ser aún más crudos en el caso de servicios básicos de baja calidad y de inequidades de género importantes (Transparencia Internacional, 2007).

En Bolivia persiste la conjugación de varios factores que incluyen la precarización de las condiciones laborales del sector salud sumado a las debilidades de la gestión pública local, así como las fallas en el relacionamiento y la coordinación institucional (derivadas del traspaso de establecimientos de salud a los entes locales), terminan por enfrentar a un sector altamente organizado y foco de alta conflictividad social, más proclive a corrupción, poca transparencia y menor rendición de cuentas. Esta situación disminuye la eficacia de los servicios e incide, en su calidad118Conflictividad Y Gestión Pública Local, Fundación Unir Bolivia, 2013.. Las más afectadas son las mujeres, por su tendencia al utilizar los servicios de salud más frecuentemente que los hombres que no pueden interpretarse como una expresión de ventaja social por parte de éstas, ante las necesidades diferenciadas entre ambos:

  1. las mujeres tienen una mayor necesidad de servicios de salud que los hombres derivada, particular pero no exclusivamente, de su rol biológico en la reproducción;
  2. el tamaño y la dirección de la diferencia por sexo en el consumo de servicios de salud depende, entre otras variables, de la edad, el tipo de servicios, la clase de afiliación a planes de aseguramiento, el estrato socioeconómico y el nivel de instrucción/educación; y
  3. la pobreza restringe desproporcionalmente el acceso de las mujeres a los servicios de salud (INE, 2016).

Otro ámbito de corrupción que afecta más a las mujeres es el de trata y tráfico. La corrupción es señalada, cada vez con mayor frecuencia, como una de las principales razones por las cuales la trata continúa y los traficantes siguen en libertad. La trata, que puede estar vinculada con redes globales o regionales, contribuye a la corrupción de los países, funciona valiéndose de sobornos a policías, jueces y ministros. De este modo, la corrupción facilita la trata y contribuye a mantener el flujo de personas que son víctimas de esta práctica, desestabilizando además a los gobiernos democráticos, debilitando el estado de derecho y frenando el desarrollo de las naciones19Transparencia Internacional, 2014.

Recomendaciones

El análisis pone de manifiesto que se debe investigar no solo a nivel teórico, sino sobre las prácticas culturales, sociales y políticas públicas concretas del país relacionado con género y corrupción. A continuación, se hace un listado de algunas líneas de trabajo e investigación para que investigadores, El Estado, la academia, otros actores/as puede realizar para promover la temática.

Verificar hasta qué punto el desarrollo democrático y la consolidación del estado de derecho en el país influye en la relación entre género y corrupción. Sería interesante verificar los cambios producidos en el tiempo (históricamente) sobre si la creciente incorporación de las mujeres en la política y en la gestión pública ha determinado alguna variación en la percepción de corrupción, en las políticas de transparencia y/o en la instalación de temas anticorrupción en la agenda pública. Determinar también si la corrupción es una causa fundamental del constante acoso y violencia política hacia las mujeres a partir de las denuncias de estas.

El punto relativo a denuncia está relacionado con analizar la mayor tendencia de las mujeres a denunciar. Es decir que se debe analizar la incidencia del género en las instancias de construcción del problema público. Un área que merece ser estudiada es la de la denuncia de casos de corrupción, para determinar no solo si hay un sesgo de género respecto a los canales de denuncia (¿quiénes denunciaron más, mujeres u hombres?, ¿qué tipo de denuncia ocurrió: grande o pequeña corrupción? ¿en qué nivel del Estado se da mayor corrupción? ¿quiénes son los implicados directos e indirectos?, etc.), sino también en lo relacionado con el tratamiento de las denuncias recibidas (¿cuántas denuncias fueron realizadas por mujeres y cuántas por hombres?, ¿cuántas fueron atendidas?, ¿cuántas fueron solucionadas?).

Se podría ligar el tema de corrupción con los partidos políticos y su relación con el género. El Barómetro Global de Corrupción identifica a los partidos políticos como una de las instituciones más afectadas por la corrupción. Si la percepción sobre corrupción en el país se refiere a la que ocurre dentro de los partidos y/o a la de la dirigencia política y su actuación en el gobierno, desde los esquemas de grande y pequeña corrupción. También sería importante analizar la corrupción desde el enfoque de género.

Analizar la relación de los diversos sectores de la administración pública que se perfilan como propicios para un sesgo de género en materia de corrupción. Entre ellos, salud, educación, programas sociales, policía y justicia.

Respecto a la evaluación de programas anticorrupción y transparencia, analizar casos concretos de planes o programas que se han desarrollado bajo el supuesto de que la presencia de mujeres en ciertas áreas (Policía de Tránsito, por ejemplo) disminuye el grado de corrupción, y en qué ámbitos del Estado tiene mayor ocurrencia: municipal, departamental o nacional. Además determinar, dimensionar y relacionar los montos del daño al Estado (tanto de micro como de megacorrupción).

Otra área que requiere profundización es la relativa la exposición y victimización diferenciada entre mujeres y varones en casos de corrupción, para poder tener un análisis más certero sobre los impactos de la corrupción en la vida de las personas.

Respecto a promover el tema de género en la elaboración de políticas públicas anticorrupción, tanto en los aspectos normativos y regulatorios como en su implementación, se podría investigar las agendas y programas anticorrupción de las mujeres en los ámbitos legislativo y ejecutivo de los diversos niveles de gobierno (nacional, departamental y local). Y también sería muy interesante, sobre todo en contextos de campaña electoral, observar las distintas perspectivas de políticas públicas sobre el tema de los candidatos hombres y de las candidatas mujeres.

Sobre sugerencias en materia de políticas públicas anticorrupción, del análisis previo se resaltó algunas áreas que requerirían la atención de los decisores para generar dichas políticas que prevengan la corrupción y disminuyan simultáneamente el sesgo de género. En este sentido es importante:

  1. generar información y formación para que la ciudadanía, y en particular las mujeres, conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos;
  2. crear o fortalecer espacios y mecanismos efectivos de rendición de cuentas transparentes y permanentes para que las autoridades de cuenta de sus acciones y decisiones a la ciudadanía;
  3. facilitar canales o espacios para la denuncia de corrupción ágiles, gratuitos y que no impliquen riesgo de represalias (líneas especiales, protección de testigos), con atención especial al sesgo de género que puede afectar la disposición a denunciar casos de corrupción;
  4. establecer controles eficientes para evitar la pequeña corrupción, en particular en las áreas críticas de prestación de servicios, asignación de recursos y ejercicio de derechos, poniendo el acento en aquellos sectores en los que las mujeres están más expuestas a la corrupción o el delito (microtráfico, trata y otros);
  5. establecer o fortalecer los sistemas estadísticos y las herramientas de análisis, ya que sin datos ciertos y confiables es muy difícil hacer una evaluación veraz, diseñar las políticas apropiadas y controlar eficientemente la ejecución de las mismas. Es notorio el déficit de sistemas estadísticos en materia de género y políticas públicas;
  6. evaluar las políticas públicas una vez implementadas y verificar sus resultados a través del tiempo. Esto permitirá —especialmente cuando se diseñen políticas anticorrupción con un componente de género— ver cuán efectivo es el enfoque.

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María Eugenia Rojas Valverde

Ha estudiado ciencias económicas y financieras, es activista comprometida por los derechos de las mujeres, especialista en derechos humanos y gestión al desarrollo, cuenta con títulos académicos a nivel licenciatura, maestría, diplomados y post grados en diversidad de países y universidades. Estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, así mismo es parte y socia activa de la RED LAD. Ha escrito varios artículos y documentos relacionados a la vulneración de los derechos políticos de las mujeres e indígenas originarios campesinos, entre estos el libro titulado “Derechos Políticos de las Mujeres; Entre la inseguridad y la violencia política de algo riesgo”. Desde el aporte investigativo ha realizado estudios de género, apoyando a las instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia INE, Unión Europea UE, PNUD y ONU MUJERES.