Thelma Cabrera y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos:

Insubordinación democrática de plebeyos en Guatemala

Ollantay Itzamná
Publicado en julio 2019 en La Migraña 31
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Guatemala, un país pequeño
donde todo queda lejos

El poeta maya quiché, Humberto Ak’bal, se refería a Guatemala como: “País pequeño donde todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…”. Efectivamente, Guatemala es un país geográficamente pequeño, pero con inconmensurables contrastes.

Su territorio apenas mide 108 mil Km2 (mucho más pequeño que el territorio del Departamento de Potosí, Bolivia), pero tiene un Producto Interno Bruto de más de 75 mil millones de dólares (cerca del doble del PIB de Bolivia).

Tiene una población total de cerca de 16 millones de habitantes, pero de ellos cerca del 10 millones se encuentran en situación de pobreza. En algunos departamentos del país, 9 de cada 10 niños menores de cinco años de edad se encuentran en situación de desnutrición, en especial niños indígenas.

Es el país que ocupa el primer lugar en desnutrición infantil en la región. El Presidente de la República gana un salario equivalente a 20 mil dólares (uno de los salarios más altos de América Latina).

En el territorio de esta República bicentenaria cohabitan cuatro pueblos: Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo. Este bicentenario Estado, en 1821, fue instituido por los criollos (hijos de españoles nacidos en estas tierras), sin la participación de las grandes mayorías. Hasta 1952, legalmente mantuvo en la servidumbre/esclavitud a indígenas.

Fue durante la República, específicamente durante la primera Revolución Liberal (1871), que se desmanteló legalmente las tierras indígenas (bajo propiedad colectiva que venían desde la Colonia) para transferirlos a propiedad individual a los cafetaleros mestizos. Así fue como los siervos con tierra fueron convertidos en siervos sin tierra. Y, obligados a trabajar, por Ley de la República, en las haciendas de criollos y mestizos ricos.

Los pueblos indígenas, que representan, según información oficial 2015, el 42 % de la población total nacional, fueron “arrinconados” hacia los precipicios y montañas agrestes del país durante la República. Allí restauraron su tejido sociocultural con evidentes limitaciones. Pero, la “tercera ola de la invasión empresarial hacia los territorios”, impulsada por los grupos financieros internacionales, y ejecutados por el Estado y empresas transnacionales, obligaron a las comunidades indígenas y campesinas a organizarse en resistencia social.

Acuerdos de Paz y la legitimación
del sistema neoliberal

En el intento de la construcción del proyecto de Estado nación, en 1944, por segunda vez, Guatemala vive un histórico proceso revolucionario. Dicho proceso que impulsó cambios estructurales y prometía modernizar al país semifeudal de aquel entonces, fue violentamente abortado con la velada intervención militar norteamericana en 1954.

Años después, ante los impactos negativos de la contrarrevolución, a inicios de la década de los 60, algunos militares conscientes decidieron organizarse y resistir militarmente desde las montañas al Estado-Ejército pronorteamericano.

Así fue como el gobierno norteamericano, con la colaboración de la oligarquía guatemalteca, empujó al país al sangriento conflicto armado interno que duró 36 años (1960 a 1996), y costó más de 200 mil vidas, decenas de miles de desaparecidos, aldeas completas de poblaciones indígenas arrasadas.

En esta guerra los pueblos indígenas se encontraron en medio del “fuego cruzado”. A nivel de los altos mandos e intermedios, ni el Ejército, ni las guerrillas revolucionarias estaba conformadas por indígenas. Pero, al final, las víctimas, en más del 90 % fueron indígenas, y sus tierras ocupadas por los militares y/o políticos serviles a los gobiernos dictatoriales.

Mientras se “libraba” en el país el conflicto armado interno, se implementaba desde el Estado dictatorial las recetas neoliberales que privatizaron los bienes y servicios de Guatemala. Así, al mismo tiempo que firmaban los Acuerdos de Paz entre el Estado/Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), de décadas de enfrentamiento armado, también se firmaban los contratos de concesión de servicios y bienes públicos a favor de empresas transnacionales (en especial europeas y norteamericanas). Es el caso de energía eléctrica, telecomunicación, transporte, entre otros, sin mayor resistencia social.

A medida que pasa el tiempo, para algunos guatemaltecos críticos con la historia oficial, los Acuerdos de Paz no solo se constituyen en el “corpus ideológico” de la izquierda política tradicional complaciente con el sistema neoliberal, sino también lo asumen como una herramienta política e ideológica de “desmovilización” social, en especial para los sectores indígenas y campesinas organizados por los grupos guerrilleros. “Ya firmamos la Paz, no debemos protestar contra el Estado que nos promete bienestar”, fue al parecer el eslogan desmovilizador que “contuvo” las resistencias comunitarias por algunos años.

Lo que sí es evidente es que en las dos décadas de lo que va la etapa post Acuerdos de Paz en Guatemala, los partidos políticos de izquierda (permitidos por los Acuerdos de Paz) jamás cuestionaron el sistema neoliberal. Mucho menos plantearon la necesidad de construir un Estado que exprese la voluntad de todos los pueblos. En algunos casos, la izquierda política tradicional, vapuleó a los movimientos sociales insumisos a los contenidos de dichos Acuerdos. El anti imperialismo presente en la narrativa de los primeros guerrilleros, prácticamente desapareció del discurso político actual de los “exguerrilleros bien portados”, firmantes de la Paz.

Otro actor “sigiloso” de la etapa post Acuerdos de Paz es la cooperación internacional (provenientes de países donde se encuentran la casas matrices de las empresas transnacionales concesionarias de los bienes y servicios privatizados), y las organizaciones no gubernamentales (autodenominadas sociedad civil). Si la cooperación financiera internacional “convirtió” a los pujantes movimientos sociales, anterior a la firma de Acuerdos de Paz, en ONG, éstas despolitizaron y folclorizaron, en su gran mayoría, a las comunidades indígenas y campesinas donde ejecutaron los proyectos. Aunque las excepciones siempre serán honrosas.

Otro actor en los territorios para el afianzamiento del sistema neoliberal (durante y después de los Acuerdos de Paz) es el pentecostalismo evangélico (irradiado desde los EE. UU.) que intentó anular el espíritu emancipatorio de los pueblos subalternizados.

Comunidades en resistencia
y criminalización

Si bien los movimientos indígenas, campesinos y urbanos, en buena medida, fueron desmovilizados como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz, y sus estructuras organizativas centrales convertidas en ONG, con sedes domiciliarias en la ciudad capital, lejos y desligadas de las comunidades que le daban el soporte social. Sin embargo, las comunidades indígenas y campesinas, en la medida que los impactos negativos del sistema neoliberal arreciaban en los territorios, se fueron articulando alrededor de intereses o agendas compartidas, pero lejos de los intereses o acompañamientos de las estructuras centrales de las organizaciones sociales reconocidas por la cooperación internacional y el Estado como actores legítimos.

De esta manera, emerge un fenómeno social inédito en el país, en el sentido que, mientras los dirigentes sociales clásicos, promovidos y financiados por la cooperación internacional ejecutan programas y proyectos de “desarrollo” con una confesa orientación “apolítica” (por su condición de ONG), y viajan por el mundo con una narrativa indigenista, e incluso folclórica, las comunidades en resistencia construyen o reconstruyen sus agendas postergadas por los Acuerdos de Paz.

Así, mientras las ONG y la cooperación internacional promovían los derechos culturales de los pueblos indígenas (vestimenta e idioma), en el marco de la teoría multiculturalista, las comunidades en resistencia promueven y ejercen los derechos políticos como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al consentimiento previo, etc.

En consecuencia, por más que las ONG y la cooperación internacional intentaban controlar/canalizar la rebeldía de las comunidades en resistencia, mediante referentes o dirigentes mediática o académicamente “cualificados”, las comunidades en resistencia contra los impactos del sistema neoliberal se contagiaban entre sí e hicieron su propio camino.

Recuérdese que en las tres décadas de la vigencia del violento sistema neoliberal, ahondando aún más las condiciones de desigualdad y miseria en Guatemala, este asunto jamás estuvo, ni está, en la agenda de las ONG, ni de la izquierda política tradicional, mucho menos de las agencias de cooperación.

En ese contexto, a partir del año 2010, cobra fuerza el movimiento indocampesino denominado Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fundado en 1992, como una estructura organizativa local, pero que jamás se convirtió en ONG, mucho menos trasladó su sede a la ciudad capital. Esta organización creada por campesinos y campesinas para la reivindicación de derechos laborales y acceso a tierra, en la presente década aglutinó, afianzó y organizó centenares de comunidades en resistencia frente a los “abusos/excesos” cometidos por la empresa distribuidora de electricidad (que inicialmente era una española, ahora, es norteamericana).

Al momento, CODECA se convirtió en un histórico movimiento sociopolítico de alcance nacional, organizado y dirigido por los mismos indígenas campesinos “molestos” por los impactos del sistema neoliberal, como jamás existió en la historia de Guatemala. Transitó con medida flexibilidad de su primigenia agenda agrarista a la agenda post neoliberal, bajo la consigna: “Los servicios públicos son derechos humanos, nacionalizarla es nuestro deber”.

Su principal bandera de lucha, que la convirtió en fuerza social del país es la demanda de la nacionalización de la energía eléctrica. “Mientras no se nacionalice la luz, no pagamos las facturas abusivas”, es una de sus consignas. De este modo, centenares de comunidades se niegan a pagar la electricidad, auto declarándose “en resistencia”, en base al artículo 45º de la Constitución Política de la República que estable el derecho a la resistencia ante la amenaza o violación de algún derecho.

La respuesta por parte del Estado y empresas, ante semejante insubordinación socioeconómica no demoró. Se creó una Fiscalía especial Contra el Hurto de Fluidos para perseguir penalmente a los “dirigentes” de las comunidades. Se difamó, encarceló y asesinó a muchos de ellos. Solo en 2018 asesinaron impunemente a 9 “dirigentes” de CODECA. Secuestraron y encarcelaron ilegalmente al Coordinador y fundador del movimiento, junto a su vicepresidenta.

Esta situación adversa obligó a las comunidades en resistencia, articuladas en CODECA, a dar saltos en su agenda y métodos de lucha. Incluso en el lenguaje o narrativas. Por ejemplo, ante la criminalización y desprestigio, todos los y las usuarios de electricidad en resistencia se auto definieron como “defensores de derechos humanos” (en base a la Resolución Nº 53/144 de la ONU, 1998).

La criminalización, estigmatización y asesinatos, lejos de “asustarlos”, los obligó a ya no únicamente exigir la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, sino a demandar la revisión de todos los bienes y servicios privatizados en el país. Y, desde el año 2012, a propagar la necesidad de la convocatoria a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP) para consensuar y crear una nueva Constitución Política y un nuevo Estado.

Propuesta de proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional (ACPP)

La propuesta del proceso de ACPP, por parte de las comunidades en resistencia, surge ante la crisis estatal de Guatemala que cobró su mayor visibilidad desde el año 2015. Un Estado debilitado por la corrupción y cooptado por el crimen organizado. Ante esa coyuntura y la sistemática criminalización que sufren las comunidades en resistencia, estas plantean la necesidad de impulsar un proceso de ACPP para crear un Estado plurinacional (con la participación y presencia de los cuatro pueblos que cohabitan en el país).

Esta idea lo plantearon, por vez primera, en sus movilizaciones en las calles, en el año 2012, cuando el Gobierno central intentó promover modificaciones a la Constitución Política de la República en vigencia. Pero, en 2016, luego de un largo proceso de debates en las comunidades de los diferentes departamentos del país y en una Asamblea Nacional, aprobaron su propuesta con 14 ejes temáticos que deberán ser abordados en la próxima Asamblea Constituyente Plurinacional.

Dichos ejes temáticos consensuados y aprobados van desde el modelo, estructura y funcionamiento del Estado Plurinacional, derechos individuales y colectivos de los pueblos, sistema político con democracias diversas, economía con diferentes actores, pluralismo jurídico, hasta la integración regional entre pueblos. Además, la propuesta contiene la metodología o el procedimiento de cómo se conformaría la Asamblea Constituyente Plurinacional.

Esta propuesta, inicialmente, quizás más por la identidad de los mensajeros, que por el mensaje, no tuvo eco en el país. La izquierda política tradicional, al igual que la demanda de las nacionalizaciones, la desechó expresamente argumentando que: “Para un proceso constituyente nacional no existe correlación de fuerzas políticas favorables”.

Ante esta negativa, y por urgente necesidad de acelerar el proceso constituyente en el país, las comunidades en resistencia, venciendo todas barreras legales y culturales, decidieron crear una organización política propia para disputar el poder político en el país.

Organización política propia
como instrumento de liberación

En los casi dos siglos de la República de Guatemala, jamás el sector de indígenas y campesinos se había organizado políticamente. Los partidos políticos tradicionalmente eran ideados y organizados por actores de la clase media o alta. Si bien los indígenas gozan del derecho al voto desde 1966, sin embargo jamás se les permitió participar como candidatos. Fue recién en 2018, luego de cumplir todos los requisitos legales, las comunidades en resistencia lograron inscribir la organización política denominado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en el Tribunal Supremo Electoral.

Sin dinero, sin “vanguardia revolucionaria”, sin previas experiencias, en y desde las comunidades lograron construir el MLP, de manera ascendente y con la participación activa de los pueblos mayas, xinca y mestizo.

Platearon como objetivos de MLP: la nacionalización de los bienes y servicios privatizados, impulsar el proceso de ACPP, construir el Estado Plurinacional, recuperar y redistribuir las tierras para garantizar la soberanía alimentaria, entre otros.

Plantearon como un horizonte ideológico de MLP la construcción del Buen Vivir que restaure las convivencias equilibradas entre los seres humanos y de estos con el resto de los seres que cohabitan en el país.

Como hijo de su circunstancia sociopolítica, el MLP se plantea como ética básica la austeridad (ningún funcionario público ganará un salario más allá del equivalente a 5 salarios mínimos), honestidad (ningún funcionario público gozará del derecho de inmunidad), y transparencia (ningún funcionario público tendrá secreto bancario).

Con este mandato, casi al filo de las fatales fechas electorales, el MLP participa en las elecciones generales del 2019.

En un país racista, clasista y machista, las comunidades en resistencia eligieron como candidata a la Presidencia nada menos que a Thelma Cabrera, una mujer indígena maya mam, una de las principales defensoras de derechos en CODECA. Para la vicepresidencia va Neftalí López, mestizo urbano. Además, el listado nacional para diputados lo encabeza otra mujer mam, Vicenta Jerónimo, quien también es defensora de derechos.

En un país construido por y para la vigencia del racismo y el machismo, el solo hecho que indígenas y campesinos hayan logrado organizarse políticamente para impulsar sus históricas agendas postergadas ya es un gran logro, más allá de los resultados electorales que se alcancen. Rompieron el mito de: “Para crear una organización política se requiere dinero y contar con alto grado de escolaridad”.

Otro de los logros de la campaña electoral promovida por el MLP es colocar en la agenda nacional la necesidad de debatir alternativas al sistema neoliberal vigente, un tema tabú hasta hace poco en Guatemala.

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Ollantay Itzamná

Quechua. Abogado y teólogo. Docente e investigador en universidades de Bolivia hasta el 2007, realizó investigaciones doctorales en España hasta el 2010. Defensor internacional de derechos humanos y de la Madre Tierra. Actualmente acompaña movimientos sociales e indígenas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Publica en su página personal https://ollantayitzamna.wordpress.com/


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