La Justicia como bien público

Jörg Stippel
Publicado en Noviembre 2016 en La Migraña 19
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Con estas palabras el vicepresidente Álvaro García Linera se dirigió a la “Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien1” celebrada en Sucre el 10 de junio 2016 en la que se diseña actualmente una nueva reforma de la justicia boliviana.

A la luz de esta intervención cabe preguntarse primero ¿cuándo y cuánto satisface la justicia nuestras necesidades y nos beneficia a todas y todos? Y segundo ¿en qué medida la justicia puede ser considerada un bien público al servicio de la gente?

Una justicia que satisface nuestras necesidades

Podemos comenzar el análisis indagando sobre quiénes somos “nosotros” y cuáles son las necesidades que la reforma de la justicia en ciernes deberá hacer frente.

Nosotros

Parece evidente que “nosotros” en el contexto de esta intervención no son los gobernantes, sino el pueblo boliviano en su conjunto y diversidad. El pueblo no es un grupo homogéneo, no se trata, por ejemplo, de la clase media paceña, cruceña, tarijeña o de la población rural de alguna localidad. La misma Constitución en su artículo 3 estipula que “El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y a las comunidades interculturales y afrobolivianas”. Cuando nos referimos al pueblo es necesario por tanto tomar en cuentalas diferentes categorías y grupos que lo componen, a saber: el género, residentes en área urbana y rural, clases sociales, naciones y pueblos indígena originario y campesinas y, por último, las comunidades interculturales y afrobolivianas.

El constituyente pretendió así consagrar la diversidad del pueblo boliviano en el marco de la unidad del Estado. Son estas las categorías básicas que deben considerarse al momento de definir políticas públicas en todas las aéreas, también en materia de justicia. Esto no implica que deba existir una política pública específica para cada grupo o categoría. Al contrario, el constituyente obliga a todos los poderes del Estado a diseñar sus políticas públicas en consideración de las diferencias que emanan de la pertenencia, entre otras, a diferentes clases sociales, pues el pueblo boliviano es de “composición plural”2.

Debemos preguntarnos entonces qué necesidades de justicia se pueden identificar para cada una de estas categorías y grupos a sabiendas que dichas necesidades dependerán de lo que entendamos por “justicia”.

Justicia

El vicepresidente habla de la justicia como bien público, no se refiere al derecho y tampoco a la ley o a la función judicial. ¿Qué es la justicia entonces?

La Constitución no establece una definición explícita de la “justicia”.

En el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, encontramos varias definiciones:

  1. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.
  2. Derecho, razón, equidad.
  3. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene.
  4. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pido justicia.
  5. Pena o castigo público.
  6. Poder judicial.

Si partimos de la primera definición de la justicia como principio moral, tendríamos que preguntarnos ¿quién define lo que le corresponde o pertenece a cada uno? ¿Se trata de una autoridad divina o terrenal? ¿Qué correspondería entonces darle a una persona integrante de un pueblo indígena, originario y campesino? La respuesta que se da hoy, ciertamente es diferente a la que se hubiera dado hace diez años atrás. Además habría que ver cómo ese principio moral coincide con los principios ético-morales que se ha dado el Estado boliviano en su Constitución4.

La segunda definición tampoco nos permite entender cabalmente las palabras del vicepresidente. Si la justicia es “derecho, razón, equidad”, ¿cómo podemos hacer que el derecho, la razón o la equidad sea beneficiosa para todas y todos? Es difícil pensar que justicia equivale al derecho, pues existen normas de derecho que pese a estar en vigor pueden ser consideradas injustas o ilegitimas tal y como sucede, por ejemplo, con el castigo al aborto. Si la justicia equivale a la razón, ¿cómo explicamos que se esté castigando la posesión de ciertas drogas y no el consumo de alcohol? Si justicia es equidad también es imparcial ¿cómo garantizamos entonces la igualdad en el trato de las personas o en el reparto de ciertos bienes?

La tercera definición considera la justicia como el conjunto de todas las virtudes. Tendríamos que entender que este conjunto de virtudes sería el bien público “justicia”, pero ¿a qué virtudes se refiere? Si justicia fuese aquello que debe hacerse según derecho o razón, ¿qué prevalece, el derecho o la razón cuando éstos entran en colisión? Entender la justicia como un bien público, nos impide concebirla únicamente como pena o castigo. Hay penas y castigos como, a menudo, la pena privativa de libertad, que no benefician a nadie, ni a la sociedad y tampoco a la víctima. ¿Cómo podemos considerar tal pena como un bien público? Finalmente parece que el vicepresidente tampoco se quería referir únicamente al poder judicial5.

A pesar de todo, podemos constatar que las distintas ideas de justicia han guiado de alguna manera al constituyente, pues encuentran su reflejo en el listado de principios que deben guiar el ejercicio de la función judicial. La constitución establece que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”6.

La “justicia” debe ser entendida entonces como todo acto en cuya determinación se hayan observado todos los principios enunciados en el artículo citado. Algunos de los principios tienen implicaciones en el tipo de procedimiento que se diseña para encontrar lo que es “justicia”, otros guían el contenido de los resultados. Podríamos decir que un proceso es justo cuando se lo haya realizado de manera independiente, imparcial, público con celeridad y gratuidad. En cambio el resultado de éste proceso puede únicamente ser percibido como “justicia”, si contribuye a la armonía social y equidad, sirviendo así los intereses de la sociedad.

Esta definición tiene implicaciones profundas. Si nos fijamos en el ámbito de la justicia penal, tendríamos que concluir que solo aquella sanción que contribuye a la armonía y equidad social responde a las exigencias constitucionales. Desde esta perspectiva podríamos preguntarnos, ¿cómo contribuyen las penas privativas de libertad a la armonía y equidad social? Probablemente tendríamos que concluir que en la mayoría de los casos no hacen aporte alguno a la armonía social, que profundizan la desigualdad constituyendo un obstáculo al respeto de la equidad.

Por ello, las necesidades de justicia de cada uno de los grupos y categorías que forman el pueblo boliviano deben ser identificadas mediante un análisis de las deficiencias legales y judiciales concretas que obstaculizan la observancia de los principios de equidad y armonía social.

Justicia como bien público

En base a la acepción constitucional de la noción de justicia arriba expuesta, podemos definir en qué medida la justicia puede ser considerada un bien público y cuya misión es la protección de la gente en su conjunto y diversidad.

Para que sea un bien público no basta con una institucionalidad y normativa para la aplicación de justicia. Ambas deben coincidir con los valores y principios de justicia enunciados en la Constitución. La justicia es por ello un bien público cuando está a servicio de la sociedad, se basa en la participación ciudadana, en el pluralismo jurídico y en la interculturalidad. No se trata de un bien público a servicio de ciertos grupos, sino la justicia está a servicio de cada uno de los grupos y categorías de personas.

El derecho como herramienta de promoción de la justicia

¿Cómo logramos transformar la justicia en un bien público beneficioso de todas y todos?

La respuesta clásica sería mediante cambios y reformas legales. Usaríamos la ley para promover el cambio, para garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución entre los que se encuentra el de la justicia7. Cabe preguntarse entonces si el derecho y la ley son realmente instrumentos para el cambio social

El jurista mexicano Rodríguez considera que una de las funciones principales del derecho es mantener el orden social y garantizar la seguridad jurídica, por lo que ve una contradicción insuperable entre derecho y cambio social8. Aun cuando el derecho intente regular las relaciones sociales básicas no puede transformarse rápidamente o servir de instrumento al cambio. De otra forma perdería su efectividad9. El derecho debería adaptarse al cambio social e impedir al mismo tiempo un quiebre en la estabilidad social. Opina que en muchos países de América latina y también en las antiguas colonias en África y Asia subsiste la tendencia a importar instituciones de otros países, en muchas ocasiones con resultados positivos, sin embargo cuando esta importación se realiza en forma acrítica sin considerar el respectivo contexto social sucede lo contrario10.

Rodríguez percibe entonces que el derecho refleja el cambio social. Si la sociedad no “vive justicia”, ninguna ley podría ayudar para promoverla.

Por otro lado, el penalista, criminólogo y político chileno Juan Bustos Ramírez (1935-2008) sostiene que el Derecho y la ley aparecen como una actividad desligada de las condiciones sociales concretas desde el siglo XVIII, como un campo aislado que no puede ser asignado a una determinada sociedad, un esquema ideal para un determinado sistema de poder: la sociedad burguesa. Por ello bastaría el estudio de la mera dogmática del Derecho y la Ley para exportar leyes desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados sin mayor modificación. El Derecho se transforma así en una mera ideología, un juego de abalorios, sin efectividad. Se trata así de una forma de dominación de los grupos privilegiados sobre la mayoría de la población y, en el mejor de los casos, una nueva forma de paternalismo ilustrado11.

Cualquier intento de promover cambios legales para promover la justicia, desde esta perspectiva, podría ser criticado como una imposición o un acto de paternalismo ilustrado.

El jurista chileno Gonzalo Figueroa Yañez (1929-2011) considera a su vez engañosa la contradicción entre el derecho como instrumento del cambio y el derecho como instrumento de dominación. Opina que el derecho puede ser ambas cosas al mismo tiempo y si produce finalmente un cambio depende, entre otros, del momento histórico, de las materias en las cuales se busca introducir innovaciones y de si las normas jurídicas reflejan valores (son expresivas) o instrumentales12.
Coincidimos con lo afirmado por Figueroa Yañez. El Derecho no es sólo un reflejo o un obstáculo al cambio social13. El Derecho está inserto en una red de relaciones, donde se entrelazan los ámbitos político, económico y cultural. En esta relación dinámica, el Derecho va codo a codo con el cambio social, pero comprende al mismo tiempo posibilidades que podrían hacer de él mismo un factor favorable al cambio social14. Esto no se puede limitar conceptualmente a que el Derecho acompañe, promueva u obstaculice el cambio social. Cada vez que el Derecho logra impulsar el cambio, también lo refleja. Todo depende también de las convicciones y visiones que tienen las personas que trabajan en los poderes públicos, en el ejecutivo, legislativo y judicial15.

En consecuencia, existe una interacción dinámica entre Derecho y sociedad que posibilita utilizar las normas como un medio para promover reformas sociales, como la creación de una “justicia” como bien público. Esta conclusión es especialmente pertinente con respecto a la cultura jurídica boliviana.

En relación a la situación en Chile, Agustín Squella, afirma que predomina la opinión de que la ley o el derecho positivo es la fuente de derecho suprema y más importante16. Con ello se matiza la importancia de otras fuentes del derecho, como el derecho consuetudinario, la jurisprudencia y la ciencia jurídica. Si se habla de fuentes del derecho y se consulta quién está facultado para producirlas, se parte de la base de que este derecho le corresponde únicamente al legislativo y al ejecutivo. En la práctica se diferencia entre legislación y aplicación del derecho como dos actividades absolutamente distintas, sin ninguna relación entre ellas, asignadas por ley a diferentes órganos del Estado17. De ello se desprende la visión que el Poder Judicial no tiene ninguna responsabilidad sobre la situación del derecho en la sociedad, o dicho más concretamente, por el contenido de sus sentencias18.

Pensamos que en Bolivia la situación no es muy diferente a la descrita por Squella en el caso chileno. Desde esta perspectiva parece que un cambio normativo es indispensable para promover un cambio de la realidad social.

Es necesario llevar la reforma que propone el vicepresidente al debate público19, sin olvidar que en una democracia el discurso político se encuentra transmitido por los medios de comunicación. Según Neumann, los gobiernos dependen de los medios de comunicación de masas pues normalmente no disponen de medios propios para llegar a la población20. La lógica mediática repercute así sobre la concreción y las posibilidades de éxito de todo proyecto de reforma. Debemos por todo ello avanzar en un dialogo real, honesto y transparente entre los componentes del pueblo boliviano para formular la reforma global y duradera que la justicia boliviana necesita.

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Jörg Stippel

En 1993 estudió un semestre en la Universidad Católica de Bolivia. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en un estudio empírico sobre las condiciones de vida en la cárcel de San Pedro. Años después trabajó en el anteproyecto de la posterior Ley de Ejecución de Penas y Supervisión (Ley No. 2298). Se ha desempeñado como jefe de proyectos de cooperación en Chile y Liberia. En 2010 se doctora en derecho en la Universidad de Bremen. Posteriormente se desempeña como investigador en el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos en Viena-Austria, formando parte del equipo del ex relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas, Manfred Nowak. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Central en Chile. Es autor de varios libros.


Nota: