InjerenCIA judicial para debilitar a sus enemigos

La nueva estrategia de Estados Unidos

José Eduardo Rojas
Publicado en julio 2019 en La Migraña 31
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Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación de los grupos mediáticos de poder, y condena decidida de antemano. El término lawfare cuya traducción es «Guerra Jurídica» comenzó a utilizarse fuerte en países como: Ecuador, Brasil y Argentina. Lo vemos contra Lula en Brasil, contra Correa en Ecuador o contra Cristina Kirchner en Argentina. El ejemplo más llamativo es Venezuela con la conformación en Colombia de un «Tribunal Supremo en el exilio» (TSJ), que ya ha «sentenciado» a Maduro a más de 18 años por corrupción vinculada a los juicios contra la firma Odebrecht en Brasil. Ahora, le gustaría establecer un «Gobierno de transición» desde Colombia, donde tiene su sede. Mientras tanto, los países del Grupo de Lima —Argentina, Colombia, Paraguay, Chile y Perú— solicitarán al Tribunal Penal Internacional (CPI), el inicio de un procedimiento preliminar contra Maduro por «crímenes de lesa humanidad» cometidos por su Gobierno.

Detrás de todo esto se ocultan los intereses de Estados Unidos, lo que hace es aplicar —desde hace más de 50 años— diferentes estrategias de intervención e injerencia, buscando controlar los procesos políticos y económicos de los países, no solo en este, sino en cualquier continente.

Esta estrategia jurídico-política tiene su origen en la guerra contra el terrorismo, impulsada después del 11-S de 2001 en EE. UU. para intentar crear una nueva interpretación del espíritu del derecho cuando se aplica a los conflictos armados. Su pretensión era hacer desaparecer las grandes diferencias que existen entre el derecho penal interno y el derecho internacional humanitario. Enrique Santiago Romero, político y abogado español, Secretario General del Partido Comunista de España, comentó en un artículo que Estados Unidos ha «intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en las leyes internas ni internacionales, como el ‘combatiente enemigo ilegal’ o su derecho unilateral a ‘vigilar y ejecutar’ con el que justifican la utilización de drones asesinos. Un paso más ha sido la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la ‘corrupción’, aplicada de forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa latinoamericana que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la injerencia»1Esta cita es extraída de la columna de opinión de Santiago Romero en el periódico El Diario de España. https://www.eldiario.es/tribunaabierta/lawfare-guerra-juridica-democracia_6_806029406.html .

«Cuando intentamos manipular o influir en las elecciones de otras naciones, o incluso cuando hemos querido derrocar sus Gobiernos, lo hemos hecho pensando en los mejores intereses de la gente de esos países» dijo James Robert Clapper Jr, ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ante un comité judicial en Washington, D.C., el 8 de mayo de 2018, pretendiendo justificar la injerencia electoral de Washington en más de ochenta países2La cita se encuentra en varios medios internacionales, entre ellos: https://www.annurtv.com/nota/52524-norteamerica-eeuu-justifica-la-injerencia-electoral-en-otros-paises.html.

Esta injerencia a través del lawfare conlleva siempre el mismo modus operandi y los hechos de estos últimos cuatro años en Latinoamérica lo confirman. Veamos:
En un «juicio político», iniciado desde el Senado, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo y condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 2016. En menos de dos años, el 24 de enero de 2018, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción en el polémico caso Oderbech, resulta inhabilitado para la reelección presidencial debido a una ratificación de su sentencia del Tribunal Supremo de Brasil. El actual presidente, Jair Bolsonaro, quien hace poco expresó su intención de instalar en territorio brasileño una base militar de Estados Unidos, país con el que busca una estrecha alianza ya que comparte su preocupación con la relación entre Venezuela y Rusia. Casualmente, Bolsonaro viajó en marzo de 2019 a Washington acompañado de seis ministros, entre ellos: el canciller Ernesto Araújo, el titular de Economía Paulo Guedes y el de Justicia y Seguridad, Sergio Moro.

La misma persecución sufrió la expresidenta argentina Cristina Kirchner —entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018— con tres procesamientos judiciales que recibió, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994. De igual forma, en Colombia, cuando el 9 de abril 2018 la Fiscalía ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EE. UU. contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz, Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EE. UU. «Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia»3Santiago Romero, El Diario..

Brasil, Argentina y Colombia forman parte de los 12 países americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) que conforman el llamado Grupo de Lima, que se formó el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana para encontrar «salidas» a la crisis en Venezuela y exigir, entre otras cosas, la liberación de los «presos políticos» venezolanos. Las intenciones políticas y los intereses norteamericanos que hay detrás del Grupo de Lima son bastante claros. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, fue claro al denunciar la «imposición de EE.UU. del texto de una Declaración que emitirá el lunes 25 de febrero el llamado Grupo de Lima, en presencia del (vicepresidente estadounidense) Mike Pence»4La noticia aparece en varios medios, entre ellos: https://oncubanews.com/mundo/america-latina/cuba-denuncia-injerencia-de-eeuu-en-declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-venezuela/.

Bolivia, el Lawfare y las ONG norteamericanas

En el año 2015, un equipo de investigación boliviano —autosostenible y totalmente independiente— se contactó con un grupo de personas víctimas de una aplicación deshonesta de la justicia, todos ellos denuncian que sus casos judiciales fueron armados por las ONG (Organización No Gubernamental) norteamericanas y que están en complicidad con jueces, fiscales y policías. Durante más de 90 días se logró el registro de, al menos, 30 testimonios de personas que se consideran víctimas de estas ONG, en Cochabamba y La Paz, la mayoría están privados de libertad y otros son familiares que dicen haber sido manipulados para dar falsos testimonios.

El relato de las víctimas tiene un asombroso parecido. Todos los casos tienen las mismas irregularidades en el procedimiento judicial, los denunciantes son las ONG norteamericanas y siempre están en complicidad: fiscales, jueces y policías, además, de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicio Departamental de Gestión Social de las Gobernaciones (SEDEGES).

El relato de las víctimas se repite, más o menos, así: fiscales, policías y funcionarias municipales, directa o indirectamente relacionados a las ONG, se encargan de entregar y asegurarse de hacer firmar las notificaciones iniciales, bajo presión, desinformando al acusado y en ausencia de sus abogados. Aprovechan esos momentos de ofuscación y sorpresa para realizar registros fotográficos, a través de actores encubiertos.

A partir de ese momento, la justicia está en manos de una red de fiscales que inician las investigaciones discrecionalmente, con el apoyo abierto y descarado de las ONG que utiliza a un grupo de personas —entre voluntarios extranjeros y familiares de sus «clientes»— que aplican una estrategia de amedrentamiento a los acusados, induciendo a iniciar riñas y peleas para aplicar medidas cautelares de manera inmediata. Además, promueven rumores en el entorno laboral, generando miedo y estrés en sus víctimas.

Las investigaciones fiscales se caracterizan por la ausencia de Cuadernos de Investigación para la defensa y un acceso irrestricto para las ONG, que además capacitan a jueces, peritos y otros funcionarios municipales de las Defensorías, muchos de los cuales son, además, sus ex trabajadores. Como se declaran los casos en reserva, las audiencias son, literalmente, una farsa, pues se objeta todas y cada una de las frases pronunciadas por los abogados del acusado. De esta manera, las ONG llevan los juicios de sus mismos «clientes», con sentencias favorables y bajo procedimientos irregulares, vulnerando el Debido Proceso y la Presunción de Inocencia.

Tienen un grado altísimo de efectividad en sus denuncias y en el incremento de porcentajes en los indicadores de sentencias y detenciones preventivas. Exactamente como se operaba con el incremento de arrestos en la falsa guerra contra el narcotráfico en la década de los 90.

Luego de una cuidadosa recolección de estos testimonios, se inició una investigación que permitió, desde un primer momento, develar la injerencia de los intereses de Estados Unidos, a través de ONG norteamericanas en Bolivia usando a la infancia e instaurando un régimen de apología del delito a título mediático de la violencia.

Esta denuncia devela dos grandes intenciones encubiertas, por un lado, de las ONG y por otro del Departamento de Estado norteamericano. Por un lado, se ataca directamente al sistema judicial, corrompiéndolo desde la raíz a fin de crear una aparente «ilegalidad» del Estado; y por otro, afecta a sectores sociales vulnerables que son absorbidos y usados políticamente por agrupaciones partidarias.

Este modus operandi de las ONG norteamericanas responde a un modelo político que se visibiliza no solo a partir de los hechos históricos, sino también del análisis de varios pensadores y teóricos.

Norberto Bobbio sugiere que la soberanía es la racionalización jurídica del poder legítimo de un Estado que, de acuerdo al modelo político de sociedad, otorga la supremacía del ejercicio de la fuerza otorgado por Ley (voluntad del pueblo) a un actor o grupo de actores. Así, el poder soberano se ejerce en los ámbitos: interno —cuando se elimina y neutraliza toda actividad nociva interna desde afuera por medios y procesos administrativos legítimos— y externo —cuando son regulados por el derecho internacional, se produce en la relación de Estado a Estado—. Por otro lado, el sociólogo Henry Pratt, contribuye que en un Estado se diferencian tres tipos de soberanía: jurídica (primacía de un orden jurídico internacional sobre el derecho nacional); política (monopolio de la administración del Estado asumida por un Gobierno) y, del pueblo (derecho de gobernarse a sí mismo).

El caso de IJM5Esta denuncia ha sido dada a conocer a través de cuatro testimonios de víctimas acusadas de violación y el respaldo de una lista de siete personas de Chonchocoro y tres libres que están en juicio, todas ellas respaldadas por la Asociación Nacional de Víctimas Inocentes (ANVI) y la Fundación REDES. La ONG IJM está siendo investigada por la Asamblea Legislativa, la cual ha pedido informes a la Cancillería, la Fiscalía, el Consejo de la Magistratura, el Comando de la Policía Nacional y otras instancias del poder Ejecutivo, así como por el Gobierno Municipal de La Paz.

La Organización No Gubernamental (ONG) norteamericana International Justice Mision (IJM)6https://www.ijm.org/our-work/, que está en estrecha relación con iglesias cristianas presbiterianas y evangélicas7Esta relación es totalmente evidente, hay muchísimas evidencias, algunas de ellas se puede ver en https://archive.is/bWM5q y en https://es.wikipedia.org/wiki/International_Justice_Mission, https://www.christianpost.com/news/ijm-founder-gary-haugen-explains-in-ted-talk-the-locust-effect-why-poverty-still-exists-how-to-fight-it-137989/ y https://www.christianitytoday.com/ct/2004/januaryweb-only/1-26-22.0.html, actúa en Bolivia desde 2001 manipulando el Sistema Judicial a través de funcionarios de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de La Paz8Marcos Villegas y Edith Espejo de la DNA de La Paz. En el blog Voluntaria IJM hay fotos de los investigadores encubiertos y del abogado de DNA. http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html, exmagistrados del Consejo de la Magistratura9Cristina Mamani, Dolka Gómez y Francisco Tarquino del Consejo de la Magistratura son promotores de varios de sus eventos, muchos de ellos irregulares, sitúan en evidencia la manipulación de esta ONG con los casos judiciales. El documento demuestra que IJM tuvo acceso privilegiado a jueces y sus despachos para hacer un «estudio», mientras su personal llevaba querellas, dando lugar a sospechas sobre sentencias obtenidas a su favor. IJM-Estudio-de-Rendimiento-del-Sistema-de-Justicia-Boliviano.pdf, jueces10Un ejemplo de los jueces es Patricia Pacajes, quien ha sido detenida por el caso de Jhery Fernández, acusado en falso por la muerte de un niño, cuya abogada (actual candidata a la vicepresidencia) firma memoriales en un caso similar con una mediática funcionaria de IJM, igualmente, cuestionado., fiscales11Las víctimas entrevistadas ofrecen sus cuadernos de investigación del Ministerio Público como prueba, sobre las cuales, se masifican los pedidos públicos y movilizaciones sociales en busca de “Auditorías Jurídicas” debido a la sistemática vulneración del Debido Proceso en sus casos. y (ex)agentes de la Policía Boliviana12El ex policía, Ángel Avendaño, es actual funcionario de IJM y es el encargado de amedrentar a veces participar en situaciones violentas contra víctimas acusadas de violación por la misma ONG en que trabaja. Él participa en los arrestos haciéndose pasar por policía. https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=22579 para obtener sentencias judiciales favorables en casos de abuso sexual a menores en La Paz y El Alto13Esta investigación se hizo pública en algunos medios de prensa, como Página Siete https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/12/3/acusan-ong-de-montar-19-casos-de-violacion-por-dinero-201948.html#, no se hizo nunca una indagación profunda. .

IJM —que en la Cancillería está inscrita como organización «norteamericana» y «laica»— entrena a todo su equipo durante un mes en Washington, con una reserva absoluta, y dónde les prohíben sacarse fotografías o tener un contacto con el exterior. Así se pueden ver en dos documentos recolectados: el primero es el blog de una voluntaria estadounidense y el otro un reporte de un abogado, también norteamericano. Ambos justifican estas acciones como «medidas de seguridad por los delicados casos que IJM lleva adelante»14http://ashleyinlapaz.blogspot.com/2014/08/mission-completed.html.

La ONG, está estrechamente vinculada al Departamento de Estado a través de muchas instancias15https://www.state.gov/j/tip/rls/other/2018/279214.htm , las más relevantes son el actual Juez de Distrito de Texas de Donald Trump16Nombramiento de FR Jr. como Juez de Distrito de Texas https://www.nbcnews.com/news/latino/who-trump-s-first-latino-judicial-nominee-fernando-rodriguez-jr-n845446, Fernando Rodríguez Jr., que fue Oficial de Campo de IJM Bolivia 2010-2013, miembro de la Iglesia Bíblica Malasilla17https://vid-moon.com/channel/youtube:UC67YB1dltM2G6UABukQoOows, https://www.facebook.com/Iglesia-Biblica-de-Mallasilla., vicepresidente de la Red Departamental de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en La Paz18Hoja de vida de Fernando Rodríguez Jr. https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Rodriguez%20Jr%20SJQ.pdf y que intervino directamente en acuerdos y convenios con el exmagistrado Francisco Tarquino19https://archive.is/o/UQEe5/https:/www.ijm.org/our-model%23phase3more y la Fiscalía General. Por otro lado, el fundador de IJM Gary Haugen fue funcionario de Estado en EE. UU20http://www.tipheroes.org/gary-haugen/ Gobierno que financia el trabajo de IJM en varios países.

La ONG es solo un eslabón de una red internacional de ONG que operan para los intereses del Departamento de Estado21Puede verse la investigación del CELAG en https://www.celag.org/intereses-eeuu-bolivia-mas/ , entre ellas la ONG cochabambina A Breeze of Hope (ABH)22http://www.abreezeofhope.org o Centro Una brisa de esperanza (CUBE23También denunciada por armar casos falsos de Abuso Sexual Infantil https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/12/3/acusan-ong-de-montar-19-casos-de-violacion-por-dinero-201948.html) de Brisa de Angulo y Palmer Parker, ambos profesores de la escuela de leyes RUTGERS en Estados Unidos24Vinculaciones de Brisa de Angulo https://law.rutgers.edu/directory/view/brisade y Parker Palmer https://law.rutgers.edu/directory/view/parkerp con RUTGERS https://law.rutgers.edu/directory/subtype/lawadjunct , que no solo es su principal financiador25http://www.abreezeofhope.org/partners.html , sino que está totalmente vinculada a IJM a través de RUTGERS CHURCH PRESBITERIAN26https://www.rutgerschurch.org y RUTGER-IJM27https://rutgers.campuslabs.com/engage/organization/RutgersIJM. ABH ha sido acusada del mismo modus operandi de IJM, corrompiendo a jueces y fiscales para beneficiarse de casos judiciales en temas de abuso sexual a menores en Cochabamba. RUTGERS está vinculada a las publicaciones del Interamerican Institute For Democracy (IID)28https://www.intdemocratic.org/es/, cuyo vicepresidente es Carlos Sánchez Berzaín, todas relacionadas a las «dictaduras latinoamericanas».

Se han recolectado pruebas que muestran la red de corrupción que se ha generado a partir del modus operandi de IJM. Por ejemplo, el grado de intervención que tiene en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, a través de sus ex trabajadores y actuales cabezas de sector de las instancias que, precisamente, son las que inician las falsas acusaciones. Además, han realizado una agresiva intromisión en universidades públicas y privadas, insertando sus agendas en las curriculas para la inducción de la práctica de futuros profesionales. Para disfrazar una aparente legalidad en sus acciones, se realizaron convenios con la Magistratura y la Fiscalía de La Paz y que son totalmente irregulares porque le autorizan a realizar capacitaciones, estudios y otros servicios legales, mientras lleva adelante juicios, utilizando además sus propios casos, como parte de sus prácticas.

Diariamente la población regional es bombardeada con noticias sensibles sobre trata y tráfico, violencia sexual, inseguridad ciudadana, violencia doméstica, instaurando la alegoría mediática de las violencias gestadas desde las ONG que replican el modelo norteamericano a escala global. Sintomáticamente, los últimos diez años han proliferado las denuncias por el incremento de «denuncias penales falsas» advirtiendo sobre la institucionalización de la vulneración del derecho al Debido Proceso, a escala global.

Paradójicamente, las operaciones de dichas ONG han repercutido directamente en la opinión pública nacional, pues es común el argumento que las autoridades judiciales denunciadas por corrupción «fueron posesionadas por el actual Gobierno» los últimos trece años; sin embargo, al analizar el tiempo de operaciones de dichas ONG norteamericanas superan los diez y ocho años, lo que demuestra que estas organizaciones «para-estatales» están en relación con autoridades judiciales más tiempo que los últimos cinco Gobiernos nacionales: ¿Quién corrompe a quién? Adicionalmente, la relación de sujeción que dichas ONG sostienen con sus «clientes y sus familias», demuestra claramente la perversión del discurso de la vulnerabiiidad, pues se constituye en una lucrativa fuente de ingreso de «cooperación» que financian estas operaciones, acto denominado como «incentivo perverso29https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/12/7/diputados-indagan-una-ong-por-montar-casos-de-violacion-202397.html » norteamericano.

Estamos en contra de todo tipo de violencia y no negamos la existencia de crímenes y la necesidad de proteger a la población de este flagelo; sin embargo, reprochamos la tergiversación de las normas y el uso abusivo y lucrativo del sistema judicial y de grupos vulnerables con fines políticos e injerencistas.

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José Eduardo Rojas

Sociólogo en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Cursó la maestría en Comunicación y Desarrollo en la UASB. Investigador social transdisciplinario. Presidente de la Fundación REDES. En 2010 propone el concepto de Violencia Digital develando un orden global de control de las comunicaciones electrónicas que van más allá de la violación de la privacidad de grandes grupos de población y devela la instauración de un proyecto histórico de constitución del sujeto mercancía

Publicaciones

Reporte de DD. HH. en el Trópico de Cochabamba (2003) por encargo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Injerencia en la justicia boliviana (2019), develando una estrategia global de toma del Poder Judicial a escala global, con Organizaciones No Gubernamentales encubiertas y financiadas por el Departamento de Estado de EE. UU y Canadá.


Nota: