El ejemplo de la ASOFAMD:

La validez política de la memoria

Mariano García De las Heras
Publicado en mayo 2018 en La Migraña 26
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El escenario latinoamericano representa la región que ha establecido un significado maximalista del deber de investigar y sancionar los delitos que suponen una violación de los derechos humanos. Algunas investigaciones sugieren que este cambio señala una nueva etapa de la justicia transicional enmarcada en la actualización de los debates sobre la memoria y las iniciativas públicas de conmemoración1.

La violación masiva y sistemática de los derechos humanos en muchos de los países latinoamericanos es una huella histórica de las dictaduras militares implantadas durante la segunda mitad del siglo XX. En las últimas décadas asistimos al nacimiento de numerosas organizaciones que reclaman un proceso de justicia transicional y este fenómeno es sumamente relevante por diversas razones. En primer lugar, sus iniciativas favorecen el campo epistémico mediante las reivindicaciones impulsadas desde la memoria para dilucidar los acontecimientos eclipsados del pasado reciente. En segundo lugar, sus campañas animan la profundización de los sistemas democráticos a través del reconocimiento y la reparación de las víctimas.

En el caso particular de Bolivia, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) es un agente social relevante en el proceso de impugnación histórica de la dictadura boliviana. Su principal propósito consiste en abanderar la lucha contra los responsables políticos de la represión ejercida entre los años 1964-1982.

Las líneas que constituyen el presente texto pretenden señalar la importancia sustantiva de la memoria, como recurso político movilizador en contextos democráticos que aspiran a solucionar procesos de justicia transicional incompletos. El planteamiento de este hilo conductor figura en el esquema propuesto, que consta de una reflexión teórica inicial y de una breve exploración relativa al escenario boliviano.

Herramientas teóricas:
memoria y justicia transicional

La explicación teórica consta de dos elementos: la memoria, que recientemente ha conquistado mayores cuotas en el terreno académico2; y la justicia transicional, que “representa uno de los desarrollos políticos más amplios en la historia internacional reciente”3.

La memoria es una herramienta que favorece la apropiación del pasado y, por tanto, su significado está dotado de un contenido específicamente político desvinculado de las estrictas restricciones impuestas por la producción emanada de discursos dominantes y privilegiados. La disyuntiva que constituyen la memoria y el olvido concentra una de las máximas preocupaciones de los grupos que “han dominado y dominan las sociedades históricas”4.

La idea de Jacques Le Goff redunda en la potencialidad política de la memoria institucionalizada, que permite moldear un determinado orden social porque la deliberada afirmación/negación contrarresta los efectos del olvido/recuerdo en la escena pública. La politización de la memoria desvela su contribución en el transcurso del mundo moderno, especialmente a través de la producción de unas narrativas que aluden a unos fragmentos históricos seleccionados para sedimentar los contornos de las sociedades contemporáneas. Esta perpetuidad adquiere visibilidad en la confección de las tradiciones, que son ideadas desde la práctica rutinaria de una serie de ritos que conectan con episodios históricos singulares5. En cambio, las condiciones de esta reproducción implican la posibilidad de experimentar rupturas propiciadas por la exigencia de la memoria en incorporar la experiencia en el presente.

Los recuerdos individuales están anclados “en los grandes marcos de la memoria de la sociedad”6. En efecto, el tejido de la memoria es colectivo porque circula a través de unas prácticas manifestadas en espacios, fechas o dispositivos que configuran y otorgan sentido a determinadas expresiones de la vida social7.

La reflexión sobre la memoria colectiva coincide con las prácticas sociales que transmiten una concepción del pasado a un determinado grupo y el componente social implícito en la construcción de la memoria individual8. Estos atributos conducen al segundo componente teórico planteado: la justicia transicional.

La transición operada entre una dictadura y un modelo democrático requiere un proceso de reconciliación habilitado por el principio de la justicia transicional9. Este fenómeno alude a un conjunto de prácticas, mecanismos y preocupaciones dirigidas a afrontar las violaciones de los derechos humanos en épocas pretéritas10.

La confluencia de disciplinas en el estudio de la justicia transicional ―filosofía, historia, derecho, ciencia política, antropología― subraya su relevancia y desprende un enorme grado de complejidad11. Estas cuestiones suscitan innumerables debates e introduce constantes reformulaciones conceptuales ―verdad, reparación, reconciliación, justicia, olvido, memoria, etc.― que propician un “laberinto transicional”12. En líneas generales, la interrogante esencial es la siguiente: ¿Cómo afrontar los abusos masivos perpetrados por una dictadura o un régimen autoritario a partir de un proceso de transición hacia la democracia? Por tanto, la justicia transicional describe un fenómeno que permite a una sociedad sustituir un pasado desintegrado por un futuro común.

La caracterización de este amplio proceso exige una triple perspectiva histórica: reconocimiento, revisión y aprendizaje13. La justicia transicional ejerce una notable influencia en el discurso jurídico y sociopolítico no sólo en las sociedades que experimentan un cambio social fundamental, sino que también fiscaliza el comportamiento a escala global porque su marco legal es el Derecho Internacional.

La jurisprudencia de organismos internacionales revela la existencia de múltiples normas vinculantes que señalan la obligación de superar la impunidad de los regímenes dictatoriales14. De este modo, los Estados asumen el compromiso de responder ante situaciones definidas por la vulneración de los derechos humanos15.

La justicia transicional asiste en la tarea de reconciliación mediante diversas acciones, pero este proceso no es sinónimo de impunidad, perdón u olvido. No obstante, la legalidad internacional considera que la impunidad infringe la obligación de todo Estado de investigar las violaciones de los derechos humanos para procesar, juzgar y condenar a los responsables de los delitos16.

Los movimientos contemporáneos inscritos en el terreno de la justicia transicional ilustran un repertorio de ideas y prácticas que confluyen en el ámbito jurídico. El resultado de esta convergencia es la emergencia de una cultura legal desarrollada por unas tendencias que incluyen, de un modo particular, “la reciente reanudación de los esfuerzos en muchos países latinoamericanos para perseguir penalmente a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos”17. En conclusión, la memoria y la justicia transicional son piezas teóricas que favorecen la construcción de un saber estratégico con capacidad de alterar la lógica impuesta por las relaciones de poder.

ASOFAMD: la disputa contra la impunidad de la dictadura boliviana

La movilización política de la memoria no simboliza una lectura aislada y, en el caso latinoamericano, la principal motivación reside en la preocupación que generan los vestigios de las dictaduras implantadas en el Cono Sur entre las décadas de 1960 y 198018. El curso de este ciclo militar está marcado por la política exterior estadounidense en el contexto definido por la bipolaridad de la Guerra Fría. La búsqueda de un orden favorable a los intereses de la Casa Blanca en el tablero continental precisa la eliminación de la subversión capitalizada por diversos grupos vinculados con la izquierda política. La máxima expresión de esta injerencia radica en la célebre Operación Cóndor19, que opera de un modo transfronterizo mediante “un plan secreto que coordinó tareas de inteligencia, persecución y asesinatos de opositores a las dictaduras realizadas por organismos represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay”20.

La particular escena política boliviana está dominada por el encadenamiento de unas dictaduras militares que cobran protagonismo entre los años 1964-1982. El comportamiento de sus autoridades políticas está marcado por el constante quebrantamiento de los derechos humanos a través de múltiples procedimientos: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, utilización sistemática de la tortura y desapariciones forzadas.

Los vestigios represivos de estos regímenes invitan a la formación de diferentes colectivos sociales, que demandan la necesidad de reparar la dignidad truncada de las víctimas y reclaman un proceso de justicia transicional. En el caso boliviano, la ASOFAMD es el actor motriz en la lucha contra la impunidad de la dictadura boliviana desde su creación en el año 1983. Sus acciones responden a la divisa común que reclaman los movimientos de desagravio en todas las latitudes: verdad, justicia y reparación21.

El reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de unos cauces jurídicos formales en la búsqueda de justicia respaldan las iniciativas lideradas por la ASOFAMD, que ejemplifican un impulso democratizador ejercido desde la memoria al cumplir con las premisas planteadas por Elizabeth Jelin: “la necesidad de construir órdenes democráticos en los que los derechos humanos estén garantizados para toda la población”22.
La participación en este tipo de disquisiciones implica la identificación con la memoria histórica de unos proyectos y criterios políticos. La movilización política de la memoria rescata las voces omitidas en la penumbra de la historia. Esta recuperación no repara únicamente la dignidad de unas víctimas desplazadas por los discursos autorizados de la dictadura, sino que también proporciona un instrumento con capacidad suficiente para forjar un proyecto político distanciado de una época marcada por la represión masiva y la vulneración de los derechos humanos.

El fundamento de un escenario transformador habita en el compromiso político de la agencia estatal que ha experimentado una violación masiva de los derechos humanos23. La tarea esencial consiste en abanderar el proceso de justicia transicional, que facilita los mecanismos suficientes para el reconocimiento de las víctimas y el apuntalamiento de unos principios democráticos básicos.

La demora institucional evidencia la impunidad de la dictadura en los primeros gobiernos democráticos bolivianos durante las dos últimas décadas del siglo XX. El giro político que introduce la llegada de Morales a la Presidencia es un incentivo para las demandas de la ASOFAMD, que capitanea un proyecto de ley junto a otras organizaciones. El cumplimiento de este mandato es la formación de la Comisión de la Verdad mediante la Ley 879 sancionada el 23 de diciembre de 2016.

La aprobación de la citada norma manifiesta el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la Presidencia de Evo Morales y aprobada por la Asamblea Legislativa, que decreta la formación de una entidad independiente con el objeto de dilucidar las “violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982” (Art. 1).

En definitiva, este proceso muestra el vigor de la identidad social como agente del cambio político operado en Bolivia. La formación de la Comisión de la Verdad y el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades originarias indígenas en la Constitución de 2009 son dos indicadores de la validez política de la memoria, que articula funciones cohesionadoras, legitimadoras y socializadoras24.

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Mariano García De las Heras

Historiador y politólogo. En la actualidad prepara su tesis doctoral en el programa en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del equipo de investigación del proyecto “Los discursos geopolíticos en la Península Ibérica durante las dictaduras de Salazar y Franco” (Ref. HAR2015-68492-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español en su programa de Investigación, Desarrollo e Innovación. Sus principales líneas de estudio son las repercusiones de la memoria en las Ciencias Sociales, los paisajes culturales fronterizos y las manifestaciones de la violencia política en el mundo contemporáneo.