Apuntes para la historia de COMIBOL

Minería: tropiezos y desafíos

José Pimentel Castillo
Publicado en enero 2019 en La Migraña 29
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La historia de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) ha sido de una lucha por defender los intereses nacionales contra la dominación y la dependencia, quedándose al final como una mínima expresión de lo que soñamos. Reconstituirla no es solo un deseo, sino una necesidad nacional, porque como poseedores de un recurso natural con valor intrínseco, lo debemos aprovechar eficientemente para construir la base del desarrollo y la prosperidad nacional. Son sesenta y seis años de vida, en los cuales la lucha discursiva sobre la capacidad del Estado en la administración de la empresa pública estaba determinada por mantener la cadena productiva minera unificada y la participación de los trabajadores en la dirección y control del proceso productivo; largo período, que vale la pena repasarlo, para conocer los errores y peligros a que se enfrenta una política soberana sobre los recursos naturales.

Entre la gloria y el desafío (1952-1956)

La nacionalización de las minas anunciada el 11 de abril de 1952, recién se concretó el 31 de octubre. Patiño, Hochschild y Aramayo nunca imaginaron que el MNR nacionalizaría, fue el desenlace victorioso del triunfo del pueblo boliviano, con cientos de muertos, que le obligó al MNR anunciar esta medida revolucionaria. Tuvieron el tiempo necesario para proteger sus intereses: cortando el flujo de materiales, equipos y maquinaria que venían de ultra mar; tomando medidas precautorias como sacar documentación y los fondos bancarios. Además, la minería es una cadena productiva cuyo fin sólo se ve en la comercialización del producto acabado, es decir vender metálico, llave que en el caso del estaño la tenía Patiño con sus fundidoras en Inglaterra.

El mineral nacionalizado lo seguiría fundiendo Patiño que con minas como Cataví y Huanuni y el control de las fundiciones era llamado el rey del estaño: en el mundo capitalista estábamos amarrados, la alternativa era vender el estaño al bloque socialista, el coraje del MNR no daba para tanto.

Por eso el Decreto de creación de COMIBOL resumía esta visión dando a la empresa el control de toda la cadena productiva en su proyección histórica: exploración, explotación, refinación (concentración y fundición), la comercialización y exportación. Así mismo se establecía la participación de los obreros en el Directorio de COMIBOL y el control obrero con derecho a veto en las empresas; estos dos puntos son los pivotes en los cuales se disputa la vigencia de una nacionalización revolucionaria o de una empresa afín a los intereses imperialistas. Sobre estos parámetros se puede calificar la conducta de políticos y dirigentes sindicales.

La economía de Bolivia dependía de la minería del estaño, por eso un problema fundamental a definir era qué se hacía con los recursos que generaba. La lógica del gobierno de Paz Estenssoro era la diversificación e integración del país, por eso se priorizó la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, el plan de colonización y el potenciamiento de YPFB, creado en 1936, hasta esa época no había despegado. Esta visión prohibió la reinversión en la minería que debiera superar su condición mono productora (estaño) y primaria (no fundía). En este período la clase minera percibía con claridad cuál era el proyecto revolucionario alternativo de desarrollo: Industrialización, pasando por la fundición de los minerales.

La COMIBOL fue descapitalizada: la falta de materiales, equipos y maquinarias al igual que la pulpería fue la preocupación cotidiana que atendían los sindicatos y administradores. En algún momento los trabajadores sólo esperaban la pulpería como pago y no los salarios, sin embargo, expresaron su deseo de aportar económicamente para las fundiciones. Mientras tanto, en base a las necesidades de la empresa y los trabajadores se formó una capa de comerciantes que lucraban con el abastecimiento de maquinaria, equipo y materiales a la empresa, alimentos y ropa a los trabajadores. Para este fin se les daba anticipos y el Banco Central les proveía de dólares, que era el otro negocio de la capa gobernante. Sobre esta base se fue creando la nueva burguesía nacional, que no pasó de ser una clase privilegiada con los negocios con el Estado.

Una serie de decretos obligó a COMIBOL a transferir recursos a diferentes reparticiones del estado, desde mantener embajadas hasta subvencionar los gastos de las milicias del MNR, con cargo a ‘anticipo de regalías’. El argot popular comparaba a la empresa estatal de la minería con una vaca lechera rodeada de mamones que cada día la iba dejando más flaca.
Mientras que la agroindustria en el Oriente se dejaba esperar y YPFB tomaba cuerpo, COMIBOL tuvo sobre sus espaldas el mantener el Estado del 52.

Por eso al finalizar el período la empresa estatal minera fue llevada a una crisis, situación propicia para una arremetida contra la gran conquista de los trabajadores mineros, la Nacionalización de las Minas.

La estabilización y la arremetida derechista (1956-1960)

Fruto de la improvisación en la administración de la economía, la caída del precio del estaño, la falta de reinversión en la COMIBOL, le tocó al gobierno de Siles Zuazo (1956-1960) enfrentar la inflación. La visión que se impuso fue la receta del imperialismo yanqui, según la cual el problema era de equilibrio entre el gasto y los ingresos, es decir una fórmula monetarista. Fórmula que se traduce en bajar los gastos del Estado, reduciendo salarios y despidiendo a los trabajadores, más allá de la devaluación del peso boliviano.

La COMIBOL asumió esta política: se cerraron las minas de Bolsa Negra y Kami, convirtiéndolas en cooperativas bajo la tuición de COMIBOL; igualmente la mina de Pulacayo se convirtió en una hilandería, el justificativo fue la caída de los precios del wólfram y la plata; así se consolidaba el carácter mono productor de estaño de la COMIBOL. Pero más allá de esta medida se buscó suprimir la pulpería barata, a ‘cambio de una justa compensación’, lo que fue desmentido en la práctica, volviendo los trabajadores a la lucha por esta conquista, logrando finalmente que la pulpería se mantuviera con cuatro artículos de precios congelados: pan, carne, azúcar y arroz, los tres últimos de ‘producción nacional’. Era la manera como la minería subvencionaba a la naciente agroindustria. Igualmente se indujo al retiro voluntario, alentado con la otorgación de beneficios extralegales, al mismo tiempo que se les ofrecía la dotación de tierras en el oriente boliviano, dentro del plan de colonización.

Si bien, parte de la dirigencia minera aceptó este plan por obsecuencia partidaria, a excepción de los sindicatos de Siglo XX y Catavi, las masas finalmente fijaron una posición clasista, señalando que el problema económico se debía al descuido en la provisión de maquinaria, equipo y materiales para la producción en las minas, al tipo de cambio del dólar con que se beneficiaba al Banco Central, siendo el mayor problema de la minería boliviana la inexistencia de fundiciones de estaño, que significaba el 70% de producción minera. Un informe de la CEPAL señalaba: “Se puede decir que la Corporación Minera de Bolivia ha estado pagando subsidios al gobierno (sobre transacciones de divisas), contribuyó a la economía boliviana con 40 a 44 millones de dólares por año y que podía contar con las divisas y la moneda nacional necesaria para llenar sus corrientes obligaciones anuales”. Sentencia que daba razón a los obreros.

En este problema se centró la lucha ideológica sobre el desarrollo nacional. Los obreros consideraban que este era el punto principal –el apoyo al crecimiento de la empresa estatal minera y la creación de fundiciones– para garantizar la continuidad del proceso revolucionario, lo contrario era matar a la gallina de los huevos de oro. El debate se centraba en la viabilidad de fundiciones en el país, los trabajadores mineros en base a la experiencia de Mariano Peró en Oruro estaban seguros que este objetivo era posible; igualmente se respaldaban con los argumentos de los ingenieros Núñez Rosales y Zalesky, quienes tuvieron una muerte trágica. Al contrario, la derecha planteaba que las fundiciones de propiedad del Estado boliviano debieran instalarse en Estados Unidos, comprando las fundiciones de Wah Chang. Como corolario de este debate llegó la oferta de la Unión Soviética ofreciendo los hornos de fundición gratuitamente, garantizando su funcionamiento. Tamaña oferta simplemente fue calificada como una maniobra dentro de la Guerra Fría, lo que ratificaba nuestra condición de país subordinado a los Estados Unidos. Este debate dejó establecido cual era el problema fundamental de la minería. Para romper la dependencia del imperialismo hay que hacer fundiciones, clamor que recién en 1966 tendría eco cuando el Gral. Ovando determina su instalación y será el Gral. J.J. Torres quien inaugura la fundición de estaño en Oruro en 1971.

El debate dejó profunda huella en la conciencia nacional, es así que en 1967, cuando se consideraba en el Congreso Nacional la suscripción del contrato de la mina de Matilde con la Phillips Brothers, para explotar el zinc, su firma fue condicionada a la instalación de una refinería: naturalmente el compromiso nunca se cumplió.

Es en este período que se comienza a romper la unidad de la cadena productiva de la minería estatal: se fortalece el Banco Minero, a título de apoyar a la pequeña minería, mecanismo que serviría para engendrar a la minería mediana y encubrir el robo de minerales de la COMIBOL (debilitando así su capacidad de comercialización). Posteriormente, este desmembramiento continuará con la creación del Servicio Geológico Boliviano (GEOBOL), para realizar tareas de prospección y exploración.

La creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) en 1966 convierte a la COMIBOL en una empresa exclusivamente productora de concentrados, incapaz de proyectar su futuro sin nuevos yacimientos y sin tener acceso al financiamiento; al haber perdido la capacidad de venta de sus minerales fue marginado del mercado mundial.

El gobierno de Siles Zuazo avanzó en la reorganización del Ejército con ayuda norteamericana; por otro lado aprobó el Código del Petróleo que permitía la adjudicación de concesiones a empresas extranjeras.

“El plan triangular nos quiere estrangular” (1960-1970)

El nuevo período gubernamental de Víctor Paz Estenssoro comenzó el 6 de agosto de 1960. La compañía de Juan Lechín a la vicepresidencia hacía pensar que se volvería a las glorias de su primera gestión, sin embargo, muy pronto la ilusión se esfumó. Lechín fue nombrado embajador en Italia, sacándole del entorno político nacional.

Ya desde la época de Siles se había diseñado un plan para salvar a COMIBOL. Después de desmantelarla ahora se buscaba revivirla: en el fondo se trataba de quitarla su carácter de entidad rectora de la minería nacional y convertirla en un arca para el estado burocrático.

El Plan Triangular fue una propuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo para ‘rehabilitar’ COMIBOL. El diagnóstico del que partían era que la causa de la anarquía y la quiebra de COMIBOL se debía a la injerencia de los trabajadores en la administración de la empresa, al caos salarial, a la falta de autoridad y al atraso tecnológico, lo cual predecía las medidas a tomarse: supresión del control obrero, despido masivo de obreros, rebaja de salarios, nueva normativa que sancione el no cumplimiento de las ordenes, tuición del grupo asesor (extranjero) sobre la dirección de la empresa. Las medidas por su gravedad naturalmente iban a ser rechazadas por los trabajadores. Para viabilizar su aceptación en un ampliado, Paz ordenó la detención de los dirigentes mineros que no respondían a la línea del MNR, dictando el estado de sitio, con el consabido argumento de conspiración comunista.

Se suprimió el Control Obrero con derecho a veto en las empresas y la participación de los trabajadores en el Directorio de COMIBOL en agosto de 1963. El Grupo Asesor tomó la dirección de COMIBOL con tal prepotencia que el Gerente de COMIBOL, Ing. Brossman, renunció “para no perjudicar la operación, y para no hacerse responsable del derroche de dinero que se estaba haciendo”. Fue sustituido por un funcionario del Grupo Asesor. Se elaboró un nuevo Reglamento Interno Tipo, se reforzó con más personal las oficinas en La Paz y Oruro, para centralizar el aparato contable y logístico del conjunto de las minas. El proletariado minero en su Congreso de Colquiri expresó que las banderas de abril habían sido traicionadas, entre ellas la nacionalización de las minas, y para recuperarlas había que derrocar al MNR. Paz no pudo avanzar más allá, las tareas pendientes sólo se las podría aplicar con la fuerza y destruyendo los sindicatos. Se iniciaba el ciclo de las dictaduras militares (4 de noviembre 1964).

El Sistema de Mayo (1965) impuso por la fuerza los objetivos del Plan Triangular. La dictadura del Gral. Barrientos aprobó los Decretos de Mayo que establecían la declaratoria de los campamentos mineros como zonas militares, poniendo a disposición del Código Penal Militar a todos los habitantes de la zona, el retiro de todos los trabajadores de COMIBOL y su recontratación previa evaluación en las nuevas condiciones; dieron por fenecidas las funciones de los dirigentes sindicales y prohibieron la militancia política de los mismos; impusieron la rebaja de sueldos y salarios en cerca del 40 %, se inició la enajenación de los yacimientos mineros para las cooperativas y arrendatarios, se entregó a las transnacionales las colas y arenas de Catavi, las minas Matilde y Bolívar, se rebajó el área de seguridad de las minas de COMIBOL de 10 a 5 kilómetros.

La resistencia no se dejó esperar. En mayo del 65 hubo enfrentamientos en Milluni, Kami, Cerdas en el Consejo Central Sud, las pampas de la Hilbo en Oruro: la ocupación de las minas fue violenta. En septiembre del mismo año hubo una verdadera sublevación en Siglo XX, con el costo de 80 muertos; la resistencia continuó para lograr el reconocimiento de la Federación de Mineros, con sindicatos constituidos a pesar de la reglamentación impuesta, contra las medidas del Sistema de Mayo, resistencia que finalmente fue acallada con la masacre de San Juan en 1967.

A pesar de la represión, la Federación de Mineros siguió funcionando en el panóptico de San Pedro y los sindicatos tenían en ellos su referente; es así que en la apertura democrática de los gobiernos de Ovando-Torres, supo responder a los desafíos políticos del momento: planteó el sistema socialista para superar el nacionalismo revolucionario, la reorganización de la COMIBOL como ente rector de la minería nacional, con participación obrera cogestionada, se revirtieron las minas de Matilde y Bolívar y las colas-arenas de Catavi y se inauguró la fundición de Vinto.

El Plan Triangular fue un fracaso tanto en lo económico como en lo político: de tres años iniciales de ejecución se amplió a diez, de los inicialmente 36 millones de dólares programados, se invirtieron más de 63 millones: la COMIBOL no se rehabilitó y tuvo que pagar el préstamo con una tasa de interés de 4% anuales.

En su propuesta de hacer la COMIBOL funcional al rol de proveedor de materias primas, lo único que logró fue ensangrentar los campamentos mineros. Los trabajadores mineros seguían defendiendo la empresa estatal, a través de la lucha por la estabilidad laboral y la reposición salarial.

Del auge a su destrucción (1971-1982)

A partir del golpe de estado de Banzer (21 de agosto 1971) Bolivia vivió un auge económico, teniendo como base el alza de los precios de los minerales y el petróleo, que en ese entonces exportábamos, lo que le permitió endeudarse y hacer los mayores negocios en obras grandes sin mayores impactos. En este período, el precio del estaño subió de 1,68 USD/libra fina en 1970 a 7,35 USD/libra fina en 1980, por lo que la COMIBOL tuvo ganancias, a pesar de la situación deficitaria de algunas empresas como Matilde y Corocoro, por los altos costos de fundición en el exterior.

Naturalmente fue la minería, modelada por el capitalismo de estado, la fuente de la que surgieron los recursos económicos para el endeudamiento, una vez alejada la participación obrera de la administración de COMIBOL: esta institución y la novísima Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) cargaron con el festín banzerista. Al crearse la Empresa de Fundiciones, al margen de COMIBOL, se le dio ventajas a costo de la empresa minera: se pagó el costo de tratamiento como si se estuviera fundiendo en Inglaterra, se estableció que este costo se mantendría hasta la capitalización de la empresa, posteriormente se le fijo un costo de tratamiento diferenciado, donde COMIBOL pagaba más que la empresa privada; este costo nunca mereció una negociación de las partes sino fue una imposición en la lógica dictatorial. Los problemas que causó el rompimiento de la cadena productiva minera enfrentaron a las dos empresas estatales, llegando el movimiento obrero a plantear el contrato Toll, donde se pagaría a la fundición los gastos de la refinación y la empresa minera podría realizar la venta del metálico en el mercado internacional.

El alza del precio de estaño y en general de los minerales permitió que se emprendieran proyectos que tenían una justificación nacional, pero su ejecución no estuvo ajena a la improvisación y los negociados. Es el caso de Karachipampa, donde se comprometió un crédito alemán por cerca de 200 millones de dólares, para una fundición cuya capacidad de tratamiento era de 50 000 toneladas/año de concentrados de plomo-plata, cuando la producción nacional no llegaba a 20 000. La planta cuya ejecución terminó en 1984 no pudo entrar en funcionamiento por falta de concentrados. Recién funcionó en 2016, con todos los problemas inherentes de un equipo obsoleto y la improvisación en la gestión.

Otro emprendimiento llevado a las patadas fue la instalación de la planta de Volatilización de La Palca, para el tratamiento de minerales de estaño de baja ley. Esta planta de tecnología soviética, que recupera el 90 % del contenido de estaño, frente al 45 % tradicional, demostró su pertinencia en el período de funcionamiento (1983-85). Sin embargo, no estuvo ajeno a la improvisación cuando se eligió un terreno inestable y se tuvo que cambiar de sitio, con los costos emergentes y el retraso de la obra. Un problema estructural fue el aprovisionamiento de concentrados, estos provenían del Cerro Rico de Potosí, que en los niveles inferiores tiene mineral de estaño pero no en las cantidades que requería la planta. En el proyecto se establecía que la fuente principal de aprovisionamiento sería el mineral de Colavi, que por sus características de un mineral micro-cristalino era apropiado para la volatilización; sin embargo, la distancia del yacimiento de 70 km. lo hacía inviable.

Otro negociado fue la construcción del cuadro Centauro en Corocoro: en 1973 se contrató a una empresa sud-africana para la construcción de este cuadro, a un costo de USD 11 203 665. La contratación no se justificó porque la tecnología era de conocimiento nuestro, demostrado en los cuadros Keller en Unificada Potosí y Cruz en Huanuni. Lo peor es que para la realización del trabajo no se hizo el reconocimiento previo del terreno, por lo que no dejó de ser una sorpresa cuando se encontraron con una zona salina incapaz de soportar la infraestructura.

Pese a esta manera irresponsable de dirigir una empresa estratégica, en la COMIBOL se elaboraron proyectos con gran futuro, en la medida que se percibió un cambio en la tendencia de la explotación minera hacia los complejos: Mina Bolívar, para su explotación masiva de concentrados de plomo, plata y zinc; el proyecto ya estaba financiado en 1984 con la empresa finlandesa Outupunku, una denuncia descomedida cuestionó y frustró el proyecto. Igualmente se concluyó el proyecto de San Vicente y la Planta Hidrometalúrgica de Potosí para el tratamiento de complejos. Estos proyectos finalmente fueron el botín de los privatizadores de los gobiernos neoliberales.

La época de la transición democrática (1978-1985) se caracterizó como un período hiperinflacionario, Siles Zuazo tenía la obligación de pagar la deuda externa heredada de los gobiernos militares. En este período la actividad productiva era castigada con la política monetaria. La inflación llegó al 20 000 %; las divisas generadas por las empresas estatales eran reconocidas con un tipo de cambio oficial, 10 veces inferior a la del cambio paralelo: así un kilo de carne costaba más que una libra de estaño. Esto obligó a que la COMIBOL recurriera a préstamos del Banco Central para cubrir sus operaciones. El gobierno de Siles Zuazo concedió la cogestión obrera a la Federación de Mineros, sus esfuerzos fueron nulos en la medida que el problema inflacionario inviabilizaba cualquier actividad productiva. El gobierno de la Unidad Democrática Popular fue una derrota política para toda la izquierda, por acción u omisión.

COMIBOL en el neoliberalismo
(1985-2006)

La nueva política económica del gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989) dispuso un tipo de cambio único en beneficio de los exportadores como la COMIBOL, pero paralelamente decretó su muerte con la relocalización y posterior privatización.

Es sobre esta situación –de derrota política– que se decreta el 21060 en agosto de 1985, donde se descentraliza COMIBOL, para que cada empresa sea autosostenible, se liquida la pulpería barata en su totalidad, se transfiere los servicios de salud y educación a la Caja Nacional de Seguridad Social y al Ministerio de Educación, se obliga al retiro a las personas mayores de 65 años incluidos Beneméritos. Se da inicio al proceso de relocalización que despide a 27.000 trabajadores de COMIBOL y más de 5.000 de la minería privada.

La resistencia de los trabajadores mineros fue heroica, destacan la Marcha por la Vida en 1986, que tuvo que ser parada con la movilización militar más grande desde la guerra del Chaco. Los sucesivos estados de sitio que dictaron los gobiernos de Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer Suárez, Tuto Quiroga no tuvieron otro objetivo que imponer la privatización de las minas por la fuerza. Así el año 2000, después de 15 años de iniciado el proceso privatizador, se concluye con la privatización de las minas de Huanuni, Colquiri y Caracoles y la Fundición de Vinto. La Ley 1777 (1997) convirtió a la COMIBOL en una empresa Administradora de Contratos y Alquileres, con cánones inferiores a los que pagaban Patiño, Hochschild y Aramayo. Ya en el año 2000 no contaba con una sola unidad productiva, su planilla fue reducida a 117 empleados con el denominativo de “consultores”.

La situación de la minería al finalizar el ciclo neoliberal mostraba una minería estatal destruida, los yacimientos de la COMIBOL habían sido descuartizados entre las transnacionales que se repartieron sus minas y proyectos más promisorios –San Vicente, Cerro Rico, Huanuni, Colquiri y Caracoles, y Bolívar y Porco para Sánchez de Lozada– y el resto en manos de las cooperativas, cuyos cánones de arrendamiento variaban entre 1 % y 4 %. La renta minera para el Estado apenas llegaba al 1 %, el único impuesto que se pagaba era el 25 % de utilidades a las empresas, guarismo engañoso desde la época de Patiño. La fuerza laboral reducida, la organización del trabajo sufrió grandes modificaciones que tendían a la explotación masiva y la desaparición del campamento minero como forma de organización comunitaria.

La explotación minera –superando el ciclo del estaño– está dirigida fundamentalmente a la explotación de complejos de minerales –plomo, zinc, plata– pero que llevan como acompañantes el oro, indio, cadmio, estaño, los que se declaran como no comerciables; en este sentido se ratificaba la característica de una minería de explotación primaria en manos de las trasnacionales como Sumitomo, Panamerican Silver, Coeur d’Alene y Glencore.

La minería en el proceso de cambio

La llegada a la presidencia de Evo Morales Ayma, precedida de grandes luchas de nuestro pueblo, marcó una agenda signada por la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Cuando nuestro presidente señaló que nacionalizaría las minas de Goni, ahora en manos de Glencore, fueron los trabajadores de sus empresas que se parapetaron en sus campamentos. El gobierno eligió el camino de las reformas legales para canalizar la recuperación y transformación de las minas, camino que tuvo sobresaltos por los problemas coyunturales que se presentaban en el sector. Así se unificó la producción en la Empresa Minera Huanuni, revertiendo los contratos con las cooperativas en el mismo yacimiento; se nacionalizó la fundición de Vinto, que tenía como principal proveedor a Huanuni; se nacionalizó Colquiri, cuando la empresa hacía operaciones en retirada a favor de una cooperativa; se nacionalizó Mallku Khota cuando la transnacional buscó el enfrentamiento entre los ayllus del Norte de Potosí.

Las reformas en el cuerpo jurídico repusieron la regalía como un derecho departamental, se subió el impuesto a las utilidades del 25 % al 37,5 % en época de precios altos; sin embargo, la definición de la política minera se dio con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). En su capítulo de recursos naturales establece que estos son de propiedad del pueblo boliviano y su explotación se justifica para darle valor agregado. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con particulares para la explotación de estos, debiendo asegurar la reinversión de las utilidades. Si bien establece una economía plural, da al Estado el carácter rector de la política en el sector y delega a una institución autárquica la administración de la industria minera estatal. La Ley de Empresas Públicas (2013) unifica la cadena productiva minera y establece la estructura de la empresa estratégica corporativa COMIBOL, dando participación a los trabajadores. La Ley de Minería (2014) establece plazos para la migración del régimen de adjudicación de concesiones a la suscripción de contratos de explotación minera, ratifica las funciones de la COMIBOL corporativa y delimita sus relaciones respecto a los otros sectores de la minería.

Hasta la fecha toda esta normativa es letra muerta. El planteamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) sobre la refundación de COMIBOL llevó a viabilizar lo establecido en las normas citadas, sin embargo, desde la misma organización de los trabajadores hicieron observaciones que negaban su pedido inicial. La realidad es que el camino escabroso para lograr nacionalizar el sector minero ha creado intereses regionales y particulares que evitan la unificación de la política minera con un sentido nacional.

Esta inacción nos da proyectos que no dan los resultados anhelados: Karachipampa no funciona como se esperaba, inversiones grandes en Huanuni no se concretan en resultados (ingenio y dique de colas nuevos), dineros comprometidos en Colquiri no se ejecutan.

Las empresas mineras tienen un diseño para la operación y sus funciones no son de elaborar proyectos, mucho menos de adjudicarlos y fiscalizar su producción: los gerentes de las empresas tienen mucho que hacer resolviendo los problemas cotidianos con los trabajadores, el control de la producción, el control del costo operativo, el aprovisionamiento de materiales e insumos, para dedicar tiempo a la ejecución de proyectos.

Mientras tanto, la COMIBOL no tiene el equipo ni la estructura de una corporación de empresas, que cuente con políticas, planes y programas para convertirse en la empresa rectora del sector, proyectar sus planes a futuro y dirigir sus empresas. Hoy es una empresa rutinaria que realiza proyectos de exploración hace 10 años sin resultados. Las inversiones se improvisan en función de las presiones regionales y sociales. Su mayor carga es cuidar un inmenso patrimonio que no tiene ninguna perspectiva productiva.

La otra cara es el panorama nacional. La minería estatal no ha llegado sino al 7 % de las exportaciones mineras, la renta minera para el Estado no llega al 10 %. De hecho, se ha acentuado la condición de país exportador primario de minerales, tampoco hay un control estatal sobre los metales agregados que se exportan. La exportación de los minerales bordea los 3 000 millones de dólares anuales, ya que la empresas justifican gastos en el exterior, tales como gastos de realización, que incluyen la fundición, transporte, seguros, etc.

Por lo tanto, es urgente contar con refinerías de los complejos de zinc-plomo-plata para recuperar estos productos y los agregados –indio, cadmio, oro, estaño, etc. – que a veces superan el valor de los productos principales. Es una gran lucha por tener acceso a una tecnología monopólica del sector privado de las transnacionales. No dudo que la frustración de Karachipampa y las dos adjudicaciones de las refinerías de zinc que realizó la COMIBOL se deben a esto.

Es claro que hay que sacudir la modorra en el sector minero, es la esencia productiva de Bolivia. Hay una política minera clara en sus objetivos, es preciso crear la empresa que sea capaz concretar estos objetivos.

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José Pimentel Castillo

Fue miembro activo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (1974 – 1978), trabajó Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Fue dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) (1980-1988), cuando fue retirado de la empresa que redujo su personal al mínimo (“relocalización”).

Fue director de formación política sindical en la Universidad Nacional Siglo XX (1989-1993), fue también catedrático universitario y dirigente sindical de los docentes (1993-2006). Fue diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) (2006-2010). Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia (2010-2012).

Es autor de dos libros: Principios históricos del sindicalismo (1993) y Problemas del sindicalismo (2000).


Nota: