Desde el derecho de inspiración occidental

Propiedad intelectual y patrimonio biocultural

Dulce María Romo Zúñiga
Publicado en enero 2019 en La Migraña 29
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Estos últimos 40 años las naciones del mundo occidental y desarrollado han tenido que reconocer la existencia de otros sistemas de vida comúnmente desconocidos o ignorados social, política, económica y culturalmente; pero la sociedad se mueve, como en el levantamiento Zapatista de 19941Después de los Acuerdos de San Andrés –febrero 1996– se consolidó la reforma constitucional al art. 2 en el que se menciona la composición pluricutural de la nación mexicana. y la refundación de los Estados como Bolivia y Ecuador –en Estado Plurinacional– son ejemplos de los procesos de transformación social que en algunos casos han evolucionado y han sido constantes en el debate social, cultural y económico. Sin embargo, quedan puntos delicados pendientes, temas de importancia para las comunidades originarias, sobre todo agrícolas y campesinas como son el acceso a las recursos genéticos, la protección de los conocimientos tradicionales la preservación de la biodiversidad y la bioseguridad; así mismo son temas que atañen a toda la población mundial pues de ellos dependemos en gran medida para la preservación de la especie humana debido a la necesidad de alimentos, medicamentos y recursos naturales que aún no han podido ser sustituidos por ningún desarrollo científico. Sabemos que las comunidades originarias son más cercanas a dichos bienes, a su posesión y tratamiento; en dichas comunidades no se apuesta solo a obtención de ganancias, a la acumulación de riquezas ni a la determinación de la oferta y la demanda, sino a la necesidad práctica de la obtención de alimentos y medios para aliviar sus males, cuidar el ambiente, el agua y los suelos así como preservar el grupo.

Dichos temas críticos son objeto de discusión en foros internacionales, regionales y nacionales, entre los que a mi juicio cabe destacar el que nos ocupa es esta reflexión general “la propiedad intelectual y patrimonio biocultural de los pueblos indígenas”, para centrar la discusión y explorando sobre la situación de la nación mexicana estimo pertinente reflexionar acerca de cómo proteger efectivamente los conocimientos tradicionales.

Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos2El carácter jurídico de esta norma internacional es solo declarativo, es decir las naciones que la firman no están obligadas a ningún cumplimiento –es decir no es obligatorio ni vinculante-, son orientativos de acciones de esa nación. reconoce en su artículo 27:

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora (ONU, 1948).
Tenemos que las legislaciones que permiten las protección del patrimonio cultural en México son variadas3Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arts. 1º. , 2, y 133; Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. UNESCO. 1972 y la reforma de 2003 en su artículo 2; Convenio 169 de la OIT, arts. 4, 7 13, 15, 16, 23, 27; la Ley Indígena de México, de 2001, art. 2; la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 y las reformas de 2011, arts. 15, fraccs. X, XIII, 47 y 158 y la Ley Forestal de 1992, sus reformas de 2001, art. 1, fracc. III., desde el ámbito constitucional hasta leyes secundarias y reglamentos; sin embargo, actualmente es posible distinguir los resultados negativos y poco satisfactorios que se han logrado para las comunidades originarias con el fin de proteger legalmente sus territorios, la biodiversidad y los recursos en ellos, así como los conocimientos tradicionales. Los sistemas implementados por las legislaciones predominantes hacen muy difícil el acceso de las comunidades a los procedimientos de defensa legal, los registros son complejos en fondo y forma; siendo muchas veces necesaria la ayuda de intérpretes para la realización de trámites lo cual dificulta y encarece los servicios legales a los pretensores del registro. Así mismo también, resulta crítica la posición de los grupos indígenas la identificación del titular de los derechos, pues para el registro se necesita la indicación plena del titular del derecho y pone en conflicto las decisiones de los grupos, pues desde su idiosincrasia la existencia de ese conocimiento se ha dado en razón de la existencia en la colectividad, y en muchos de los casos en una o varias colectividades.

Considero que una de las más fuertes razones para poder determinar las acciones de defensa de los conocimientos tradicionales, en la perspectiva de derecho occidental, el cual es la forma legal establecida predominantemente para su localización y protección, debe determinarse: 1) la naturaleza de su existencia, es decir evitar la confusión entre lo que se entiende como conocimientos tradicionales, 2) cuál es su lugar en la cultura de los pueblos originarios y 3) cuál es su lugar en el patrimonio cultural de ese pueblo.

El proceso es largo y debe ser definido por los actores involucrados en él:

El Estado que como autoridad responsable, eficaz y de manera respetuosa debe colocar en el mismo nivel sus intereses de control y organización para no avasallar a las culturas diferenciadas –minoritarias– inmersas en el seno del Estado.

Las comunidades originarias, todas y cada una en el mismo nivel, independientemente de su ubicación, posesiones, número de integrantes4En 2014 en un programa de Foro TV, canal 4, México. http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/259949/buscan-preservar-lengua-indigena-bc/ trataron el tema de una comunidad indígena de Kumiai en Baja California de la que sólo sobrevivían en 2012 36 hablantes, dos de ellos mayores de 80 años; para tener apoyos del INAI –económicos, de desarrollo social o de educación- el número mínimo requerido es de 50 habitantes. Aunque el 2009 se realizó una recopilación de frases más comunes del Kumiai y se realizó un diccionario de esta lengua mexicana que está condenada a desaparecer, en la actualidad no hay datos sobre el estado que guarda esa población hablante o el rescate y preservación de su lengua. merecen protección, medidas de prevención para la defensa de sus intereses, para que no se vuelva a repetir el daño por acción u omisión, etc. Tienen derecho a aportar y ser escuchadas en la formación de planes y programas de sistematización, almacenamiento, interpretación, difusión y explotación de conocimientos, teniendo siempre prioridad para desarrollar las actividades anteriores en oposición a intereses del Estado y de particulares no miembros de su comunidad.

Ello con el fin de crear una auténtica gobernabilidad democrática de los recursos bioculturales considerando su enfoque intelectual-patrimonial expongo las siguientes reflexiones.

Primera reflexión: patrimonio y derecho de explotación, una posición desde la cultura mestiza

Desde una obligada posición mestiza y occidentalizada, en vías de desarrollo (tal y como se aprecia el Tercer Mundo en términos políticamente correctos) se nos ha difundido la idea y se pretende que la aceptemos de «sujetar toda actividad humana a las leyes» –ahora de manera más explícita atendemos a las leyes «del mercado»– es la mejor manera de aprovechar y utilizar todos los recursos que tenemos a la mano, incluyendo al mismo ser humano. A todo recurso –que a la vez es componente de la biodiversidad– y a todo conocimiento se le ha dotado de un valor y por ello han adquirido un carácter estratégico científico y económico; sin embargo, yo me inserto en el grupo de personas que pensamos y actuamos en consecuencia en la creencia de que no todo en la vida se puede comprar, ni que todo permanece solo para uso y servicio; asimismo apostamos por la preservación y el cuidado de la vida y de todo lo que ello implica: salud, medio ambiente sano, alimentos y agua para todos, bienestar, proyecto de vida, etc.

Soy consciente de que muchos aspectos que parten de nuestras culturas ancestrales han sobrevivido, como lo que llamamos “propiedad intelectual” –sobre recursos y saberes propiamente– y que hoy más que nunca están en riesgo de apropiación por parte de particulares y de desaparición por una explotación inmoderada.

Propiedad intelectual y patrimonio biocultural, patente de invención, marca, denominación de origen, avisos comerciales, nombres comerciales, modelos de utilidad, secreto industrial, certificado de protección de variedad vegetal, son los nuevos términos y reglas a los que se enfrentan las comunidades originarias, estos que operan a manera de “conquistadores” como ocurre en cada acuerdo o tratado comercial, siendo hasta el momento para México el proyecto más agresivo el ATTP, Acuerdo de Asociación Transpacífica, cuya negociación se obstaculizó con la llegada de Trump pero que de seguir adelante –recordemos que la guerra comercial es ficticia en el orden de que las grandes economías se necesitan– es un gran peligro sobre todo para los países que sí tienen gran biodiversidad y son nicho de conocimientos ancestrales y que obviamente no están protegidos. Dicho acuerdo comercial internacional propone la obligación a todas las partes a unirse a la UPOV (Obtención de vegetales y semillas; acta 1991) y al Tratado de Budapest, así como que todas las partes dispongan de patentes para plantas, animales, o al menos para los inventos relacionados con plantas lo que incluye variedades vegetales, a pesar de que Australia quiere restringirlo a variedades no elegibles para la protección UPOV.

El acuerdo ATTP prevé restricciones legales sobre la circulación y uso de recursos genéticos como también sobre conocimiento tradicional relacionado con la biodiversidad. (Grain, 2014, s/p).

Segunda reflexión: desde las interrogantes a las medidas
inmediatas de protección

Tomemos las medidas legales más inmediatas respecto de organismos y acuerdos internacionales para la salvaguarda de biodiversidad y su relación con la propiedad intelectual: ¿En qué medida el Convenio de Biodiversidad Biológica (CDB) respeta los derechos de los pueblos, en particular sus derechos sobre los conocimientos tradicionales?, ¿Puede considerarse que el CDB tiene una perspectiva y una preocupación auténticamente intercultural? Esta es la esencia de la discusión en torno al fondo y a la forma en que se pretende legislar –cuño internacional/nacional– sobre los conocimientos tradicionales y los “derechos” sobre los mismos. Territorios, recursos naturales, conocimientos, grupos humanos, formas de ser y de percibir la vida y el futuro de la misma están constantemente en la mesa de discusión y se toman decisiones sin que su opinión y decisión se juzguen válidas para participar de las determinaciones que en ella intervienen; “las partes” no son valoradas de la misma manera. Considero que el organismo no se ha sustentado con la suficiente capacidad moral para elaborar convenios, se ha conducido como juez y parte. Debe replantearse las funciones del CDB.

Ahora, ya, es tiempo de cambio; el CDB fue una herramienta en su momento y ya cumplió su cometido hace casi 40 años, es tiempo de cambiar, de revisar normas, de sujetarse a nuevos modelos, de participaciones con transparencia y con órganos de control y medidas de prevención y de sanción verdaderamente funcionales. Si las formas de apropiación cambian ¿Por qué no habían de replantearse las formas de protección?

Y como dirían nuestros antiguos mexicanos, hay que ver hacia adentro, de nosotros mismos, de nuestras instituciones y organizaciones que desde el gobierno dictan y dirigen las normas que se involucran en la vida de nuestras comunidades indígenas. No es posible censar las actividades de los órganos de carácter internacional sin que haya más cuidado en el quehacer doméstico. No es correcto solo seguir cumpliendo metas dictadas en el exterior sino hemos tenido precaución y conciencia de saber qué necesitamos y cómo lo necesitamos en casa.

Tercera reflexión:
desde los elementos de estudio

Obligada mención de los enfoques de reflexión y de la tarea de estudio puesto que: a) Situación en riesgo sobre la propiedad intelectual de su pueblo; b) Escenario de negociación, por ejemplo, describir la posibilidades de relación con agentes externos; c) Su relación o no con el marco de acuerdos en relación a los recursos bioculturales y d) Relación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otros posibles, forman un proceso definido y continuo de la problemática del tratamiento de los derechos sobre patrimonio y conocimiento de los pueblos originarios en los que las instituciones creadas occidentalmente (órganos del Estado, organismos y normas) son la herramienta del Estado, del Derecho; con las que se pretende normar, controlar la vida de los ciudadanos que nos son tratados enteramente con justicia –una principio superior a la legalidad–.

En México tenemos el grave problema de que la voluntad legislativa y la administrativa, la legislación vigente y las prácticas legales van por distintos caminos. Es necesario un verdadero involucramiento de las partes interesadas y afectadas en la formación de la norma, en su aplicación y vigencia, como vigilantes de la ley y de las prácticas que afectan su funcionamiento, y para ello hay que dejarlos participar. Por desgracia, en pleno siglo XXI estamos todavía inmersos en conductas notoriamente discriminatorias que atentan contra el ejercicio de los plenos derechos de individuos, en este caso de comunidades enteras.

Sí hay casos de éxito de protección de la biodiversidad sin llegar al marco legal de la patrimonialización privada, así se expone en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México Plan de Acción 2016-2030 (CONABIO, S/f) y los Cien casos de éxito de Patrimonio Natural de México (CONABIO, 2010), pero no es suficiente. En el caso de propiedad intelectual están pendientes procesos de protección a la fabricación del papel amate, tejidos de lana de Tenango, trabajos artesanales huicholes, etc., debido a la continua apropiación creativa en diseños de artes manuales, procesos de producción, manejo de biodiversidad –arenas, animales, plantas, hongos microorganismos– y procesos medicinales, obras literarias, etc., de indígenas mexicanos. Aunque en agosto de 2018 se anunció la iniciativa de ley para proteger la propiedad intelectual de pueblos indígenas (Sánchez, 2018) queda pendiente la actuación de la próxima administración presidencial para llevar a cabo una efectiva salvaguarda.

Conclusiones

Lecturas, reflexiones, compartir ideas, exponer, chatear a modo de discusión y retroalimentación, revisar, atender las ideas de los demás, tomar a todos en cuenta, mediar, sin beneficiar a nadie en específico, conocer sus reflexiones, extraversión de mis dudas y escuchar las de los demás y el compromiso de cumplir, es la manera más clara para exponer que se puede “negociar”, intentar ceder; algo que nos deje a cada quien lo que necesitamos sin despojar al otro de lo que le pertenece; pero quien no cumpla con los requisitos, los requerimientos, quien no siga el proceso, quien no respete la regla no obtendrá nada. No siempre se obtiene lo que se quiere, justicia es obtener lo que mereces, derecho es obtener lo que ganas. Usar el diálogo que debería de llevarse a cabo en las políticas a establecerse en materia de biodiversidad, acceso y manejo de recursos naturales y conocimientos originarios, de ello depende la vida de todos, “negociar” utilizando el término desde una posición amable y cordial pues con la salud y con la vida no se juega, se decide y las decisiones siempre tienen consecuencias.

He pensado que el lenguaje de la política, de derecho, de la economía esta tan trillado y tan resuelto para usarse de manera distinta a lo que tradicionalmente y filológicamente se refiere que es por ello que su utilización es aprovechada en razón de función de tiempo, se resuelve ahora y sirve ahora, lo que suceda después lo resolverán los que lleguen después; entonces la tierra no tiene tiempo, pero los que pretenden intervenir en ella tienen el aquí y ahora. Hacer un uso de los lenguajes y de las costumbres por beneficio es cambiar la historia. Seguir haciendo las cosas tal y como las hacemos hasta ahora es “seguir la historia”; pero aún la historia occidental está marcada por cambios, ¿por qué no aventurarse y marcar un hito?

Mi propuesta es cambiar la historia

En México necesitamos dejar de ser los “sin rostro”, tanto indígenas como mestizos –todos– debemos tomar conciencia en la parte de la lucha que aún nos toca librar. Es necesaria una legislación nacional que asuma una concepción auténticamente intercultural en relación con la problemática de la propiedad –material–, de la propiedad intelectual, de los conocimientos, innovaciones, prácticas tradicionales, que debe partir del reconocimiento de la identidad de cada pueblo y de que cada uno de ellos es sujeto de derechos y más necesaria una práctica auténtica y sin simulaciones, en el quehacer cotidiano y en todo rincón de México de una protección a los sistemas bioculturales. La crisis de los sistemas económicos ha sido el detonante más importantes en los cambios de políticas tanto económicas, políticas y sociales, de los que no son ajenos las comunidades indígenas, siempre han sido sujetos a una constante confrontación de los modelos que los rigen desde lo autóctono hasta lo occidental el problema siempre acaba por afectar a las comunidades y somos testigos que son las únicas alternativas de dichas comunidades: la pauperización de la vida comunitaria o la migración.

El caso panameño de defensa de la práctica de la mola kuna –conocimientos– (Arenas, 2010) y de la solicitud de revocación de patente otorgada a una empresa estadounidense respecto de la ayahuasca o yagé planta sagrada para comunidades nativas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú –biodiversidad– (ONU; Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, Panel Comercio y pueblos Indígenas, Caso Ecuador. 26 abril al 5 de mayo 2000), nos brindan lecciones de vida para todos aquellos grupos indígenas que pretenden proteger su pasado y construir un mejor futuro: desde su crisis económica y de la confrontación de los modelos jurídicos autóctono-occidental, el manejo del problema desde el interior de las comunidades –asumiéndose, sí, como comunidades indígenas pero como sujetos de derechos, ciudadanos– el apoyo del Estado y como desenlace la construcción de una solución legal pero con una pesada connotación política y social.

En nuestro país, México, desde la perspectiva de los derechos humanos, insertos en la reforma constitucional5http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf de 2011 y en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en el pacto internacional respectivo6PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Art. 1. Reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, incluido el derecho a «determinar libremente su condición política», procurar su desarrollo económico, social y cultural, y gestionar y disponer de sus propios recursos. Se reconoce un derecho negativo de un pueblo a no ser privado de sus medios de subsistencia, e impone la obligación de que las partes todavía responsable de la no autónomos y territorios en fideicomiso (colonias) para estimular y respetar su libre determinación. http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm, así como los dictados del CDB7Sobre todo en lo que respecta al artículo 8 J conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas tradicionales. http://www.cbd.int/convention/wg8j.shtml aún nos falta mucho camino por recorrer pero en principio es importante la voluntad política para lograr el cambio. También es importante no bajar la guardia respecto de las comunidades indígenas desde los activistas y los operadores comunitarios en la labor de divulgación hacia adentro y hacia afuera de las comunidades indígenas y obviamente contar con el apoyo del Estado.

Es necesario conocer nuestra historia y cambiarla, necesitamos nuevas reglas, nuevo vocabulario, nuevos sentidos, nuevas posiciones, no necesitamos soluciones teóricas a problemas prácticos, todo en la vida son alternativas, así como hay un derecho, hay un revés, sólo es necesario voluntad… No dudo en que muchas comunidades indígenas se han dado cuenta de ello, y trabajan –a su paso– para avanzar en la defensa de sus derechos y su patrimonio, ellos son una parte y tienen su palabra, pero han estado sujetos a la palabra de los demás, la otra parte es la que falta y las palabras de los demás. Ya que estamos parados justo en el punto de inflexión podemos empezar por integrar en los procesos de construcción de un ambientalismo humano, no antropocéntrico ni individualista, en el que las reglas sean simples y sean dadas desde el sistema natural no el económico, con voluntad política, responsable y con visión integral basada en el paradigma del bien común.

Si pensamos en esa sencilla fórmula tenemos una afirmación simple para confirmar la siguiente sentencia: no hay dinero suficiente para satisfacer necesidades y reparación de daños cuando hay escasez de alimentos o cuando sufrimos desastres naturales.

Bibliografía

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Dulce María Romo Zúñiga

Licenciada en Derecho por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (España), inicialmente en el programa “Elementos avanzados de Gestión Pública” y por determinación del Claustro de la UCM denominado, “Europa en Transformación” (1996).

Doctora Honoris Causa por el Claustro Académico Universitario del Centro Universitario Morelos en 2017. Docente en Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la Licenciatura de Relaciones Internacionales en las asignaturas Derecho Constitucional, Construcción Histórica de México I y II.


Nota: