Acerca de la dependencia y la soberanía

Venezuela: ¿Un caso de soberanía limitada?

Luis Britto García
Publicado en en La Migraña 25
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El actual ordenamiento constitucional venezolano incorpora puntos jurídicamente débiles que han permitido agresiones contra nuestra soberanía.

Así, el artículo 151 de la Constitución acoge una posible excepción que permite someter las controversias sobre los contratos de interés público de Venezuela a la jurisdicción de leyes, tribunales y juntas arbitrales extranjeras. En virtud de ello, la transnacional ExxonMobil embargó activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el exterior, y pretendió embargar las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta brecha en nuestra inmunidad de jurisdicción alienta una granizada de demandas temerarias para apoderarse de nuestras exportaciones.

¿Qué hacer? A través de normas de rango legal se puede perfectamente limitar una excepción que hasta el presente casi se ha aplicado como regla. El poder Ejecutivo debe asimismo impartir instrucciones a sus órganos prohibiéndoles incluir en los contratos de interés público cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros.

Otra peligrosa brecha figura en el artículo 26 de la Constitución, que atribuye rango constitucional e incluso supraconstitucional a los tratados sobre Derechos Humanos. En función de alguno de dichos tratados, una conjura judicial externa o interna podría deponer al Presidente de la República mediante condena que le atribuyera una supuesta violación de los Derechos Humanos. Acciones en tal sentido han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El abogado y diplomático venezolano Alí Rodríguez informó que en 2002 las aseguradoras del Lloyd bloquearon nuestros muelles declarándolos inseguros e invalidando las pólizas otorgadas a naves que recalaran en ellos. Una conjura semejante podría hacer inaccesibles nuestros puertos y aeropuertos, o prohibirnos los extranjeros en un momento de crisis.

Lealtad de ciudadanos y funcionarios hacia potencias extranjeras

Gracias al régimen de doble nacionalidad permitido en el artículo 34 de la Constitución, ocupan puestos claves para la soberanía de Venezuela personas con la nacionalidad de otros estados, hacia los cuales siguen ligadas por indisolubles deberes de fidelidad, obediencia, lealtad y servicio militar.

En virtud de otras disposiciones constitucionales, la totalidad del ejército venezolano salvo el ministro de la Defensa; la totalidad de nuestro poder Legislativo salvo Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional; la totalidad de nuestro poder Judicial salvo pocos funcionarios del Tribunal Supremo, podrían estar integrados por personas con otra nacionalidad. La totalidad de las gobernaciones y alcaldías, salvo las fronterizas, podrían ser ejercidas por personas con otra nacionalidad. Estas personas están ligadas a distintos deberes de lealtad y obediencia igualmente válidos, que en casos de conflicto o confrontación externa resultarán inevitablemente contradictorios.

Parte significativa de nuestra dirigencia viene de la migración europea de los cincuenta; la cual fue seleccionada por la Comisión de Migraciones Europeas en función de su demostrado derechismo, certificado por los párrocos de las localidades. Muchos han optado por recuperar su nacionalidad originaria, o la de sus padres o abuelos.

En caso de ser enjuiciados, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden viajar a su otro país y alegar su otra ciudadanía para evitar la extradición, como lo hizo el banquero Álvarez Stelling o, más recientemente, el venezolano-estadounidense Antonini Wilson. Gracias a los tratados contra la doble tributación, muchos están excluidos de pagar impuestos en Venezuela, donde obtienen la totalidad de sus ingresos. Tenemos así una porción significativa del estamento dirigente con todos los derechos y casi sin obligaciones hacia el país, que puede llamar y de hecho llama en su defensa a su otra patria cada vez que un interés suyo es afectado en Venezuela.

Por otra parte, unos cuatro millones trescientos mil colombianos habitan en Venezuela. La Constitución colombiana considera traidor a la patria a quien no defienda con las armas a Colombia, aunque haya adquirido otra nacionalidad. Ninguna norma venezolana la equilibra o contrarresta. Sería interesante especular sobre el país al cual serían leales en caso de conflicto. Por admitir brasileños como funcionarios en su cancillería, perdió Bolivia más de 300.000 kilómetros cuadrados. Las leyes de México prohíben a mexicanos con otra nacionalidad desempeñar cargos vinculados con la Defensa.

¿Qué hacer? Urge que Venezuela revise sus normas y políticas sobre la materia, de acuerdo con los principios según los cuales a los países con grandes emigraciones les conviene conservar los nexos con sus emigrados, mientras que a los países con grandes inmigraciones, como Venezuela, les conviene integrar plenamente a los inmigrados, lo que implica constituir vínculos de fidelidad y lealtad exclusivos y excluyentes en lo civil y político, sin menoscabo ni perjuicio de las vinculaciones sentimentales y culturales que todo ser tiene, puede tener y cultivar con las distintas civilizaciones del mundo.

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Luis Britto García

Es escritor, historiador, ensayista y dramaturgo. Se graduó como abogado en la Universidad Central de Venezuela en 1962 y de Doctor en Derecho en esta universidad en 1969. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela desde 1966 donde tiene el rango de profesor titular desde el año de 1988. Fue autor de varios libros y guiones cinematográficos. Por la calidad y contenido de sus obras fue portador de premios literarios.